El presidente de Perú, Ollanta Humala, agravó sus diferencias con el Parlamento el jueves nombrando a un ácido crítico de la oposición como séptimo primer ministro, luego de que su antecesora Ana Jara fuera obligada a renunciar tras un escándalo de espionaje político.
“En un cargo como este, estoy obligado a dialogar”, dijo el flamante primer ministro Pedro Cateriano, un abogado de 56 años, a la televisora pública. Era ministro de Defensa desde el 2012 y un crítico acérrimo de los expresidentes Alan García y Alberto Fujimori.
Cateriano requiere, en un plazo de 30 días, obtener un voto de confianza del Congreso para poder ejercer el cargo.
La salida de Jara fue la primera contra un jefe de gabinete en cinco décadas, llevando a la peor crisis política de Humala en su último año de gestión.
El presidente realizó también otros tres cambios en su gabinete, entre ellos en Relaciones Exteriores, con el ingreso de la diplomática Ana María Sánchez, en reemplazo de Gonzalo Gutiérrez, en momentos en que el país mantiene un roce diplomático con Chile, al que acusa de haber realizado un supuesto espionaje militar. (I)
Perú retiró a su embajador en Santiago en protesta contra las supuestas acciones de espionaje por parte de Chile, y aseguró que no volverá hasta recibir explicaciones satisfactorias, mientras su vecino insistió en que no incurrió en esas prácticas y que responderá en su momento.
«En tanto no se den las satisfacciones del caso, se procederá al retiro del embajador del Perú en Santiago de Chile», dijo el ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado la madrugada del sábado. El embajador Fernando Rojas Samanez ya había sido llamado en consulta el 20 de febrero y se encuentra en Lima.
En esta segunda nota de protesta sobre el tema, Perú «reitera su más firme rechazo y profunda preocupación por las acciones de espionaje de Chile en contra de la seguridad nacional, actos que no se condicen con el espíritu de colaboración y buena vecindad que deben guiar las relaciones entre ambos países».
El gobierno de Lima también insiste en que las acciones de espionaje «se encuentran debidamente acreditadas» y remitió información complementaria a la que brindó en una primera nota diplomática del 20 de febrero.
Perú ademas pide con urgencia «recibir una pronta respuesta que contenga los resultados de la investigación interna que se está llevando a cabo en Chile, así como las seguridades de que no se habrán de repetir actos de espionaje».
El canciller chileno, Heraldo Muñoz, insistió en que su país no incurre en esas prácticas, y dijo que buscan «mantener el buen nivel de relaciones que hemos estado construyendo».
En una primera nota diplomática enviada a Chile del 20 de febrero, Perú denunció que tres miembros de la Marina de Guerra peruana fueron pagados para espiar en favor de Chile entre 2005 y 2012. Los tres militares están detenidos en Perú.
En ese momento Perú llamó en consulta a su embajador en señal de protesta. Chile hizo lo propio y entregó una nota diplomática días después, en donde niega que su gobierno promueva estos actos.
Tras la reciente decisión peruana, el canciller chileno Herlado Muñoz dijo el sábado que «no vamos a comentar el contenido de esas notas porque son de carácter reservado y, debidamente en su momento, vamos a responder. No puedo decir cuándo, pero analizaremos el contenido de la nota que nos ha enviado Perú», aseveró Muñoz a la prensa de su país.
El último miércoles, el presidente de Perú, Ollanta Humala, aseguró que aquella respuesta chilena sobre el tema no era satisfactoria y anunció que Perú reaccionaría de forma enérgica, lo que parece cumplirse con el retiro del embajador anunciado esta madrugada.
Paralelamente, la bancada parlamentaria del gobernante Partido Nacionalista, pidió revisar los acuerdos comerciales con Chile, mientras que el gremio empresarial peruano pidió dejar el tema en manos de la Cancillería.
Para algunos analistas y sectores políticos, la actitud de Humala y de su bancada puso en aprietos al cuerpo diplomático peruano, que probablemente podría haber agotado otras instancias antes de llegar a retirar temporalmente a su embajador.
«Normalmente un presidente deja que su cuerpo diplomático resuelva estas cosas. Pero aquí es él quien ha asumido las riendas. Retirar al embajador puede ser una posición desmesurada porque había otros niveles políticos que agotar», dijo a la AFP el expertos en temas internacionales Carlos Novoa, profesor de la Universidad de Lima.
No obstante, fuentes diplomáticas explicaron que la dura reacción del presidente -un comandante del ejército en retiro- tiene un punto clave: las pruebas evidencian que Chile lo espió durante todas las etapas del diferendo limítrofe marítimo que ambos resolvieron finalmente en 2014 en la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
Humala además tiene la prerrogativa constitucional de dirigir la política exterior del país.
Medios peruanos han dado a conocer la identidad de un supuesto espía chileno que pagó a los militares peruanos para obtener informaciones sensibles, dato que está en poder del gobierno de Perú y con el que acreditaría que el hecho se produjo, sobre todo en temas de capacidad operativa de la Marina de Guerra peruana.
A pesar de sus desavenencias, mantienen en la actualidad sólidas relaciones comerciales: Chile tiene invertidos en Perú 14.000 millones de dólares, en tanto que los capitales peruanos en tierras chilenas suman 8.000 millones, según cifras oficiales de 2014.(I)
El presidente del Perú, Ollanta Humala, reveló este miércoles que su gobierno no está conforme con la respuesta que le dio Chile a la protesta peruana por un supuesto caso de espionaje, por lo que se estudiarán las medidas a adoptar.
«Conversaré con la Cancillería con mayor detenimiento, pero puedo señalar que la respuesta del gobierno de Chile no satisface la demanda peruana. Vamos a evaluar una respuesta enérgica a esta situación», dijo Humala en el canal estatal TV Perú.
«Esto no se va a quedar así. El honor de un país no tiene precio», señaló.
Los comentarios de Humala confirmaron especulaciones de la prensa local en el sentido de que la respuesta de Chile, cuyos términos se mantendrán en reserva, como se acostumbra en diplomacia, no era convincente para Lima.
Medios de prensa de los dos países coinciden, citando fuentes extraoficiales, en que Chile niega haber practicado espionaje. En lo que hay diferencia es que algunos dicen que Santiago promete una investigación y otros señalan que ni siquiera eso se ofrece.
Humala aseguró además que el Perú tiene «pruebas fehacientes» sobre la compra de informaciones confidenciales.
El escándalo estalló a mediados de febrero, cuando el gobierno del Perú, después de que un noticiero de televisión propalara la noticia, se vio obligado a reconocer que tres suboficiales de la Marina peruana están presos por venderle información a Chile, básicamente entre 2005 y 2012.
El 20 de febrero, el Perú entregó la nota de protesta y llamó a consultas a su embajador en Santiago. Este último gesto fue imitado por Chile, cuyo gobierno había negado ya en forma extraoficial estar involucrado en espionaje.
Los marinos Alfredo Domínguez, Johnny Philco y Alberto Gonzales, expertos en Inteligencia y comunicaciones, será procesados por el fuero castrense, donde están expuestos a penas de no menos de 25 años de cárcel por traición a la patria, infidencia y/o desobediencia.
La situación ha vuelto a tensar las relaciones diplomáticas entre Chile y el Perú, que han mostrado en los últimos lustros una evidente mejoría después de que fueran hostiles desde el siglo XIX.
El anterior caso de espionaje en el Perú se conoció en 2009, cuando el suboficial de la Fuerza Aérea Peruana Víctor Ariza fue condenado a 35 años de cárcel por venderle información clasificada a Chile. (I)
El presidente del Perú, Ollanta Humala, reveló este miércoles que su gobierno no está conforme con la respuesta que le dio Chile a la protesta peruana por un supuesto caso de espionaje, por lo que se estudiarán las medidas a adoptar.
«Conversaré con la Cancillería con mayor detenimiento, pero puedo señalar que la respuesta del gobierno de Chile no satisface la demanda peruana. Vamos a evaluar una respuesta enérgica a esta situación», dijo Humala en el canal estatal TV Perú.
«Esto no se va a quedar así. El honor de un país no tiene precio», señaló.
Los comentarios de Humala confirmaron especulaciones de la prensa local en el sentido de que la respuesta de Chile, cuyos términos se mantendrán en reserva, como se acostumbra en diplomacia, no era convincente para Lima.
Medios de prensa de los dos países coinciden, citando fuentes extraoficiales, en que Chile niega haber practicado espionaje. En lo que hay diferencia es que algunos dicen que Santiago promete una investigación y otros señalan que ni siquiera eso se ofrece.
Humala aseguró además que el Perú tiene «pruebas fehacientes» sobre la compra de informaciones confidenciales.
El escándalo estalló a mediados de febrero, cuando el gobierno del Perú, después de que un noticiero de televisión propalara la noticia, se vio obligado a reconocer que tres suboficiales de la Marina peruana están presos por venderle información a Chile, básicamente entre 2005 y 2012.
El 20 de febrero, el Perú entregó la nota de protesta y llamó a consultas a su embajador en Santiago. Este último gesto fue imitado por Chile, cuyo gobierno había negado ya en forma extraoficial estar involucrado en espionaje.
Los marinos Alfredo Domínguez, Johnny Philco y Alberto Gonzales, expertos en Inteligencia y comunicaciones, será procesados por el fuero castrense, donde están expuestos a penas de no menos de 25 años de cárcel por traición a la patria, infidencia y/o desobediencia.
La situación ha vuelto a tensar las relaciones diplomáticas entre Chile y el Perú, que han mostrado en los últimos lustros una evidente mejoría después de que fueran hostiles desde el siglo XIX.
El anterior caso de espionaje en el Perú se conoció en 2009, cuando el suboficial de la Fuerza Aérea Peruana Víctor Ariza fue condenado a 35 años de cárcel por venderle información clasificada a Chile. (I)
El presidente del Perú, Ollanta Humala, rechazó hoy la decisión de la Fiscalía de reabrirle investigación a su esposa, Nadine Heredia, por presunto lavado de activos, y lamentó que se construyan procesos a partir de «titulares periodísticos».
«Como esposo claro que me siento maltratado. Se está sentando un precedente jurídico funesto. ¿Si esto le pasa a la primera dama, qué le podrá pasar a un ciudadano de a pie?», dijo Humala en un encuentro con corresponsales de prensa extranjera en Palacio de Gobierno.
Para el mandatario, el fiscal del caso, Ricardo Rojas León, ha incurrido en irregularidad al reabrir una investigación que había sido calificada en segunda instancia como «causa decidida», lo que en términos fiscales equivale al «cosa juzgada» de la Justicia.
Rojas León reabrió la investigación con el argumento de que hay nuevos indicios de que más de 200.000 dólares acumulados en una cuenta bancararia por Heredia entre 2006 y 2010, que en principio habían sido documentados como pagos por servicios profesionales de dos empresas peruanas y una venezolana, tienen otro origen.
Los documentos supuestamente indican que ese dinero no fue depositado por esas empresas sino por personas del entorno de Heredia con escasas posibilidades económicas, entre ellos su hermano Ilán.
«Y ahora, como no tienen esas pruebas, se quieren meter con las propiedades de mi suegra», se quejó Humala en referencia a las pesquisas a que han sido sometidas compras inmobiliarias hechas por la madre de Heredia, Antonia Alarcón.
Las investigaciones tienen en el centro de la mirada a Heredia, presidente del gobernante Partido Nacionalista Peruano (PNP) y de quien la oposición asesgura que es por carácter y conocimientos quien en realidad gobierna al país. (I)
Perú llamó en consulta este viernes a su embajador en Santiago y envió una nota de protesta al gobierno de Chile, país al que acusa de realizar acciones de espionaje, informó la primera ministra peruana Ana Jara.
La ministra ratificó así una nota de prensa enviada previamente por el Ministerio de Relaciones Exteriores en donde se informó del llamado en consulta al embajador y donde se afirmó que se entregó al encargado de negocios de Chile en Perú una nota diplomática en la cual el gobierno peruano expresa «su más enérgica protesta y rechazo por acciones de espionaje en contra de la seguridad nacional».
El llamado en consulta es una medida diplomática en donde el embajador retorna temporalmente a su país con carácter de urgencia, como una señal de descontento con una medida o acción del estado con el que mantiene relaciones.
En la nota oficial, la cancillería peruana le pide al gobierno chileno que realice «una rápida y profunda investigación para procesar a los responsables de estos actos» y que se informe de los resultados al gobierno peruano.
Perú admitió el jueves que investiga a tres miembros de su Marina de Guerra por supuestamente espiar entre 2005 y 2012 para Chile, hecho que calificó de «vergonzoso», mientras que el presidente peruano Ollanta Humala consideró la situación como «gravísimo para la relación bilateral».
Chile negó los hechos a través de su Cancillería y respondió el viernes que «no promueve ni acepta acciones de espionaje en otros estados ni en su propio territorio». (I)
El presidente de Perú, Ollanta Humala, afronta hoy el concilio nacional, al que convocó al resto de fuerzas políticas para tratar la agenda nacional, sin la participación de los principales grupos de oposición.
La reunión está prevista para las 09:00 en el Palacio de Gobierno y congregará a una quincena de formaciones políticas que ya confirmaron su asistencia, pero entre las que no figuran el APRA, liderado por Alan García, y Fuerza Popular, encabezado por Keiko Fujimori, la hija del expresidente Alberto Fujimori.
Los portavoces del APRA y de Fuerza Popular anunciaron el jueves que ninguno de sus miembros asistirá al concilio, al argumentar que “un diálogo con muchos actores le quita seriedad o diluye la conversación”, según el vocero fujimorista Héctor Becerril.
Tampoco asistirá el expresidente Alejandro Toledo, pero confirmó que su partido, Perú Posible, el principal socio de gobierno de la agrupación oficialista Gana Perú en el Congreso, acudirá a la reunión.
Humala se esforzó en los últimos días en alentar la participación de todos los movimientos políticos, porque anticipó que el encuentro servirá para demostrar “la madurez de las fuerzas políticas” del país.
“Tenemos que construir la igualdad. Nadie puede discriminarse y decir yo no dialogo. Todos tenemos que dialogar poniendo la agenda nacional por encima de los intereses políticos y partidarios”, afirmó Humala el sábado pasado. (I)
El fiscal general interino del Perú, Pablo Sánchez, señaló este lunes que la primera dama, Nadine Heredia, presidenta del gobernante Partido Nacionalista (PNP), es objeto de una investigación preliminar durante 180 días, debido a una denuncia en su contra por supuesto lavado de activos.
«Es una denuncia que merece una calificación, y en el caso específico el fiscal ha abierto una investigación preliminar para ver si lo que dice es cierto o no. Nuestras investigaciones son objetivas; si hay pruebas, bien; si no hay pruebas, no», dijo Sánchez en una radio local.
El fiscal señaló que la denuncia, realizada por Jorge Paredes, un ex miembro del PNP, no está a cargo del Ministerio Público, sino de una fiscalía competente.
La denuncia, que se dio a conocer el fin de semana por la prensa, sostiene que Heredia recibió transferencias de dinero no fundamentadas por 92.000 dólares durante la campaña electoral de su esposo, el presidente Ollanta Humala, entre 2006 y 2008.
Según informes periodísticos, las pesquisas incluyen al hermano de la primera dama, Ilán. Asimismo, las transferencias bancarias habrían sido investigadas durante el pasado gobierno (2006-2011), pero las indagaciones fueron archivadas porque Heredia justificó el dinero como honorarios por consultorías profesionales.
Sánchez ha asegurado que que su institución no aceptará injerencias ni presiones de ningún tipo durante las investigaciones.
«Mi instrucción, desde el comienzo, es que se trabaje con objetividad, con apego a la ley y la Constitución», afirmó.
Hasta el momento ni la pareja presidencial, ni ningún miembro del oficialismo se ha pronunciado sobre la denuncia, que se suma al crítico panorama al que hace frente el gobierno, debido a los ataques de la oposición y la exigencia de cambios en el gabinete ministerial.