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Abrirán proceso en Bolivia contra periodista por tolerar supuesto racismo

El Gobierno boliviano confirmó hoy la apertura de un proceso contra una periodista por supuestamente tolerar durante una entrevista unas declaraciones racistas de un militar que viajó a España para pedir asilo al considerarse perseguido político.

La viceministra boliviana de Políticas Comunicacionales, Claudia Espinoza, citada por la agencia oficial ABI, afirmó este sábado en la ciudad amazónica de Guayaramerín que el proceso por racismo y discriminación contra la informadora de la radio Erbol Amalia Pando «tiene que seguir el curso judicial correspondiente».

Según indicó anoche el viceministro de Descolonización, Félix Cárdenas, la periodista no censuró a un entrevistado que había realizado manifestaciones racistas, lo que a su juicio supone «incitación al racismo» por parte de Pando.

La entrevista a la que se refiere la denuncia fue realizada hace unos días por Amalia Pando al coronel boliviano Germán Cardona, quien viajó la pasada semana a España para pedir asilo al considerarse perseguido político en Bolivia.

Se trata de un caso que ha generado una importante polémica en Bolivia.

Este militar denunció, en un informe interno del Ejército y posteriormente a la prensa, que el Gobierno boliviano orquestó en 2009 un supuesto complot que implicaba en un ficticio intento secesionista a líderes opositores de la región de Santa Cruz.

Denuncia

Según Cardona, el Gobierno empleó armas que estaban bajo la custodia del Ejército y las presentó como pertenecientes a supuestos terroristas europeos que planificaban ese golpe secesionista.

Las declaraciones del militar que han provocado la apertura del proceso a la periodista hacían referencia a la hoy presidenta de la Cámara de Diputados, la oficialista Gabriela Montaño, quien según Cardona fue una de las personas que participó en esa supuesta trama gubernamental.

El Gobierno boliviano y altos responsables de las Fuerzas Armadas han rechazado las acusaciones del coronel Cardona y han argumentado que este puede sufrir algún trastorno mental.

Esta no es la primera vez que el Gobierno u otras instituciones abren un proceso contra informadores por supuestamente vulnerar la denominada «Ley contra el racismo y toda forma de discriminación», vigente en el país andino desde 2010.

En diciembre pasado, la organización Human Rights Watch (HRW) denunció esta normativa como una de las que, en Bolivia, «cercenan los derechos humanos».

Según HRW, la citada ley «pone en riesgo el derecho a la libertad de expresión» y otorga al Ejecutivo de Evo Morales «potestades imprecisas y excesivamente amplias que le permiten censurar injustamente a los medios de comunicación».

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AI y HRW critican posición de Brasil ante crisis en Venezuela

Organizaciones de defensa de los derechos humanos como Amnistía Internacional (AI) y Human Rights Watch (HRW) criticaron este viernes la posición «tímida» de Brasil frente a la represión de líderes opositores por parte del gobierno venezolano de Nicolás Maduro.

«Brasil ha mantenido un silencio decepcionante frente a los abusos en Venezuela, incluso frente al arresto arbitrario de opositores», dijo este viernes HRW ante una consulta del portal UOL, vinculado al diario brasileño ‘Folha de Sao Paulo’.

Según la entidad, «la posición tímida de Brasil frente a la situación de Venezuela envía un mensaje muy problemático de que el gobierno Maduro debería sentirse libre para seguir arrestando a opositores y golpeando a manifestantes».

Las críticas de HRW fueron avaladas por Amnistía Internacional, que exhortó Brasil a condenar «públicamente» las violaciones de derechos humanos practicadas por el gobierno venezolano, como «arrestos arbitrarios, tortura y uso excesivo de la fuerza».

«El gobierno venezolano se adhirió voluntariamente a estos principios (de defensa de los derechos humanos), y Brasil asumió el compromiso de ponerlos en práctica y denunciar violaciones», recordó.

En las últimas semanas, el gobierno brasileño divulgó dos comunicados sobre la crisis venezolana. El primero, publicado el 21 de febrero, expresa preocupación ante la crisis política e insta «a los actores involucrados a trabajar por la paz y el mantenimiento de la democracia».

Diplomacia y declaraciones públicas

La segunda manifestación, en tono más duro, fue dada a conocer tres días después, y expresó la «gran preocupación» de Brasilia ante medidas que «afectan directamente a partidos políticos y a representantes democráticamente elegidos» -en una referencia al arresto del alcalde de Caracas, Antonio Ledezma- y también frente a iniciativas que buscan «abreviar el mandato» del presidente Nicolás Maduro.

Además, el canciller brasileño, Mauro Vieira, viajó hoy a Caracas para participar en la misión de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) que busca fomentar una salida pacífica y democrática para la crisis venezolana.

Según el politólogo Roberto Menezes, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Brasilia (UnB), las críticas de las entidades de derechos humanos son injustas, porque el gobierno de Brasil está jugando un papel activo en la búsqueda de una solución para la crisis.

«No se hace diplomacia con declaraciones públicas», argumentó Menezes, quien sostuvo que los últimos comunicados de la Cancillería demuestran que «el tono está cambiando un poco».

«El colapso de Venezuela no interesa a Brasil, y está claro que el gobierno está intentando ser mediador de esta crisis», apuntó.

No obstante, la posición del gobierno de Dilma Rousseff frente a los problemas en Venezuela también fue fustigada por el ex canciller Luiz Felipe Lampreia, quien, en un artículo publicado hoy por el diario conservador «O Globo», la calificó de «ambigua».

«La postura ambigua de Brasil frente a la represión violenta de la oposición que está siendo practicada por el gobierno Maduro es un error que afecta la credibilidad de nuestro país en su tradicional defensa de los derechos humanos y de los valores democráticos», sostuvo Lampreia. (I)

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Catar aspira a seguir organizando eventos deportivos luego del Mundial 2022

Catar “no se detendrá” en el intento de albergar eventos deportivos tras el Mundial de fútbol de 2022, comentó el secretario general del Comité Olímpico de Catar, el jeque Saud bin Abdulrahman al Thani, en una entrevista con la AFP.
Abdulrahman al-Thani dijo que el potencial económico del este rico país del Golfo está «disponible para cualquier deporte».
Esto podría significar una hipotética lucha por organizar un segundo Mundial de fútbol, albergar partidos de las mejores ligas, así como optar a otros muchos eventos deportivos.

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Shakira y su hijo Sasha salen del hospital

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HRW: «Venezuela, uno de los casos más graves en Derechos Humanos»

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La ‘verdad histórica’ no convence a mexicanos

“Te amo”. Fue el grito que lanzó el campesino Epifanio Álvarez tras nombrar entre llantos a su hijo Jorge en la plaza del Zócalo de Ciudad de México. No estaba solo. Decenas de ciudadanos lo acompañaban a él y a otros padres, hermanos, esposas e hijos que también lloraban y sentían su mismo dolor.

Era lunes 26 de enero. Ese día se cumplían cuatro meses de la desaparición de Jorge y de otros 42 compañeros de la escuela rural normalista de Ayotzinapa, luego de protestar en Iguala, en el estado de Guerrero. El mismo lapso en que surgieron las críticas contra el gobierno de Enrique Peña Nieto y la indignación de la sociedad mexicana y de la comunidad internacional porque las autoridades federales tardaron diez días en intervenir y al conocerse, según la Fiscalía, que los estudiantes desaparecieron a manos de un gobierno local ligado al narcotráfico.

De acuerdo con la versión oficial, los policías municipales de Iguala detuvieron a los 43 estudiantes y los entregaron a miembros del cartel Guerreros Unidos, quienes los asesinaron e incineraron en un basurero del municipio vecino de Cocula al creer que eran integrantes del grupo rival Los Rojos.

La directora para América de Amnistía Internacional, Érika Guevara, sostiene que el caso Iguala “ha marcado un hito en la historia contemporánea del país. México tiene que cambiar porque hay una concientización política en los jóvenes mexicanos, una necesidad de cambio, de transformación”.

Pero el descontento, que aún permanece en algunos sectores de México, se ha acentuado desde que el fiscal general, Jesús Murillo Karam, presentó el pasado martes un informe que lo considera es la “verdad histórica” del caso luego de recabar 386 declaraciones, 16 allanamientos y la detención de 99 personas, incluido el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, su esposa y policías municipales.

Podemos “llegar, sin lugar a dudas, a concluir que los estudiantes normalistas fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados y arrojados al río San Juan, es la verdad histórica basada en las pruebas aportadas por la ciencia como se muestra en el expediente”, concluyó el funcionario.

Peña Nieto, que enfrenta la peor crisis política después de dos años en el poder, en un acto público, plantea darle la vuelta a la página: “Estoy convencido de que este instante, este momento en la historia de México de pena, tragedia y de dolor no puede dejarnos atrapados, no podemos quedarnos ahí”, dijo.

Pero la “verdad histórica” no es suficiente para las familias de los desaparecidos. Ellos se resisten a creer la versión oficial hasta que no haya una comprobación científica. “El presidente dice que no nos podemos quedar en el dolor (…), que debemos avanzar, pero quién puede avanzar cuando te falta alguien en la casa?”, se pregunta Pedro de la Cruz, vocero de los familiares de los 43. Vidulfo Rosales, abogado de los desaparecidos, cuestiona a la Fiscalía que declara muertos a todos los estudiantes a base de los testimonios de algunos de los integrantes de la banda Guerreros Unidos. “No pueden tener toda la contundencia en términos probatorios”, insiste.

Un día después de la difusión del informe, el fiscal admitió que faltan “muchas cosas” por aclarar. El director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, opina que parece haber existido “premura por concluir mediáticamente esta investigación”, incluso antes de que llegaran a expertos designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

HRW, en su informe mundial 2015 sobre la situación de los derechos humanos, señala que la llamada “Guerra contra las drogas”, lanzada en el 2006 en México, con un despliegue militar contra los carteles del narcotráfico, aunada a la “catastrófica” situación de la seguridad pública, ha costado ya más de 90.000 vidas y 22.000 desaparecidos.

El analista Alejandro Hope coincide con Vivanco. “Ellos están buscando cerrar el caso. “Todavía nos tienen que decir de manera convincente el porqué sucedió esto. No importa a cuántas personas se detengan”, añade. David Flores, a nombre de los compañeros de los desaparecidos, dice que detrás “hay un interés político grande”, que son las elecciones (regionales y federativas)…”.

El 7 de junio, los mexicanos elegirán 500 diputados federales, los gobiernos de nueve estados y 1.532 funcionarios locales. Los grupos más radicales que apoyan a los padres de los 43 afirman que no permitirán comicios en Guerrero, gobernado por el izquierdista Partido de la Revolución Democrática al que pertenecía Abarca. (I)

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Informe de Human Rights Watch señala a gobiernos

Muchos gobiernos, desde EE.UU. hasta Siria e Irak, pasando por México y Nigeria, se olvidan de los derechos humanos cuando les toca hacer frente a amenazas de seguridad, denunció la organización Human Rights Watch (HRW).

El grupo destacó que, desde hace una generación, el mundo no ha visto tanto “tumulto” con los conflictos en Oriente Medio, el auge del extremismo islamista en el mundo árabe y parte de Asia y África, y tensiones que recuerdan los tiempos de la guerra fría en Ucrania.

Ante este panorama, “muchos gobiernos han respondido minimizando o abandonando los derechos humanos”, se lamentó el director ejecutivo de HRW, Kenneth Roth.

Para el responsable de HRW, este tipo de enfoque no solo es “equivocado”, sino también contraproducente y corto de miras porque “las violaciones de los derechos humanos han desempeñado un amplio papel para extender y agravar la mayoría de las crisis de hoy”.

HRW recordó que el gobierno de EE.UU. se negó a sancionar las torturas de la Agencia Central de Inteligencia.

Sobre México dijo que el deterioro de los derechos humanos viene dado por el enfoque militar adoptado para luchar contra el narcotráfico y puso como ejemplo el caso de la desaparición forzosa de 43 estudiantes de Atyozinapa. (I)

656
páginas tiene

el informe anual sobre la situación mundial de los DD.HH. que HRW presentó esta semana en Beirut.

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