Agente del antiguo servicio secreto reiteró que el expresidente Uribe fue quien ordenó escuchas ilegales.
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) invitaron a la Miss Universo Paulina Vega a visitar La Habana para exponerle el desarrollo del proceso de las negociaciones de paz que realizan con el gobierno colombiano.
«Saludamos su disposición de viajar a La Habana, al tiempo que le invitamos a que materialice su visita para exponerle el desarrollo del proceso de conversaciones, los avances y el enorme aporte que las grandes mayorías anhelantes de la paz y usted pueden aportar», señaló la guerrilla en un comunicado.
Vega se coronó en enero como Miss Universo en la 63ª edición del certamen realizado en la ciudad estadounidense de Doral. La modelo es la segunda colombiana en ser elegida en este evento de belleza.
A finales de enero, en una entrevista en una revista colombiana manifestó que estaba «dispuesta a ir a La Habana para que se firme la paz».
Desde noviembre de 2012, el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla realizan negociaciones en La Habana para poner fin al conflicto armado que ha durado ya más de medio siglo.
Ambas delegaciones han llegado a acuerdos en materia de reforma rural, participación política de los guerrilleros y lucha contra el narcotráfico.
Tras el asesinato del piloto jordano Muaz Kasasbeh, quien fue quemado vivo por el Estado Islámico (EI), las autoridades ejecutaron ayer a la terrorista iraquí sentenciada a muerte Sayida al Rishawi, cuya liberación reclamaba el grupo yihadista, y a Ziad al Karbuli, antiguo ayudante del líder terrorista Abu Musab al Zarqawi, muerto en un bombardeo estadounidense en Irak en el 2006.
El rey Abdalá II de Jordania elogió el apoyo internacional recibido en un contexto, en el que los países deben hacer frente al peligro del terrorismo y advirtió sobre una “dura respuesta” al EI. “La sangre del héroe mártir no quedará sin la respuesta severa de Jordania y de su Ejército a ese acto cobarde y criminal, porque esa organización terrorista no solo lucha contra nosotros, sino también contra el islam y sus nobles valores”, dijo el monarca en un encuentro con los comandantes de las Fuerzas Armadas.
En tanto, ayer embajadores y diplomáticos de países aliados en la coalición internacional contra el EI se reunieron con el secretario de Estado de EE.UU., John Kerry, con el objetivo de reafirmar la “determinación compartida” de hacer frente al grupo yihadista.(I)
Las Fuerzas Armadas de Colombia estudiarán la semana próxima en Naciones Unidas experiencias internacionales que puedan resultarles útiles para preparar el cese el fuego bilateral con las FARC y la transición a la paz que podría llegar si el Gobierno firma un acuerdo definitivo con la guerrilla.
Así lo aseguró el ministro de Defensa de Colombia, Juan Carlos Pinzón, en una entrevista al diario El Tiempo en la que explicó el motivo de su visita a Nueva York, donde viajará tras haber participado en el Foro Económico Mundial de Davos (Suiza), que concluye hoy.
Pinzón afirmó que la semana próxima acudirá a las Naciones Unidas con el jefe del Comando de Transición del Gobierno colombiano, el general del Ejército Javier Flórez, para «mirar las experiencias de desmovilización, desarme y reintegración» que han vivido «algunos de los miembros» de la ONU.
«(Vamos a ver) cuáles han sido esas experiencias en el mundo para nosotros estar en lo que hemos llamado el Comando Estratégico de Transición, preparando toda esa capacidad», especificó Pinzón.
Preguntado sobre si eso significa que las Fuerzas Militares se están preparando para un alto el fuego bilateral, el ministro respondió que buscan estar listos para implementar esa medida cuando sea el momento.
«Si así se da (el cese el fuego), pues tendremos toda la capacidad y estaremos preparados para este proceso de transición», comentó.
El ministro subrayó que el general Flórez «viene trabajando con todo su equipo» para planificar «la desmovilización, el desarme y la reintegración» de los guerrilleros que se abordará con las FARC próximamente y que por este motivo las Fuerzas Armadas buscan estar listas llegado el momento.
Por otro lado, el titular de Defensa reveló que en su viaje en Nueva York firmará un acuerdo con el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, para enviar a soldados colombianos a misiones internacionales de paz.
Pinzón matizó que este acuerdo se aplicaría «cuando sea conveniente y necesario» y no implique «ningún tipo de riesgo en materia de seguridad» para sus uniformados.
Asimismo, consideró esta eventual colaboración como «un mensaje de respeto a las Fuerzas Armadas colombianas, a sus estándares en derechos humanos», ya que, apuntó, la ONU «no firma ese tipo de acuerdo con Fuerzas Armadas de todas partes».
El Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que negocian la paz desde noviembre de 2012 en La Habana, retomarán el próximo 2 de febrero los diálogos interrumpidos por la Navidad.
Entonces las partes abrirán el quinto y último punto de la agenda, referida al fin del conflicto armado, y continuarán el cuarto apartado, sobre el reconocimiento y reparación de las víctimas.
Desde que se abrió el proceso de paz, las partes han alcanzado preacuerdos sobre propiedad de la tierra, participación política y sustitución de cultivos ilícitos.
Las Fuerzas Armadas de Colombia retiraron este viernes del servicio a cinco de sus miembros y relevaron de sus cargos a 20 más por su presunta relación con los escándalos de espionaje al proceso de paz con las FARC.
Según el inspector general de las Fuerzas Militares, vicealmirante César Augusto Narváez, los retirados del servicio activo son tres oficiales, un suboficial y un patrullero, todos miembros del Ejército o la Policía, implicados en fuga de información reservada.
Entre los 20 relevados de sus funciones figuran diez oficiales, ocho suboficiales, un patrullero y un funcionario no uniformado, agregó el inspector, quien advirtió que los implicados pueden ser excluidos de la rama de inteligencia «si fuere del caso».
Operación Andrómeda
Esas decisiones fueron tomadas después de investigar la participación de militares y policías en los casos de espionaje de la llamada «Operación Andrómeda», del pirata informático Andrés Sepúlveda y de la filtración de documentos secretos de inteligencia y de una supuesta lista de correos electrónicos de políticos y periodistas relacionados con el proceso de paz.
La «Operación Andrómeda» fue puesta al descubierto el 4 de febrero del año pasado por la Fiscalía, que encontró que un restaurante de Bogotá era utilizado por militares como fachada para operaciones de espionaje.
Desde ese local los implicados interceptaron comunicaciones de los negociadores de paz del Gobierno colombiano con las FARC en Cuba, de dirigentes de izquierda y de periodistas.
Según explicó este viernes el vicealmirante Narváez en una rueda de prensa, «Andrómeda estuvo dentro del marco legal, con fundamento en la Constitución política colombiana, directivas, reglamentos y el Manual de Manejo de Redes de Informantes», pero faltó control de las actividades allí realizadas.
«En la fachada de la Operación Andrómeda no se aplicó el principio del secreto, establecido por la inteligencia militar para este tipo de actividades», expresó en un comunicado leído a la prensa.
Involucrados
Sobre el espionaje al proceso de paz cometido por el «hacker» Sepúlveda, gestor de redes sociales de la campaña electoral del excandidato presidencial uribista óscar Iván Zuluaga, según la Fiscalía con la finalidad de «sabotear» los diálogos con las FARC, la investigación concluyó que también hubo participación de miembros de la fuerza pública.
«Existe la presunta participación de dos suboficiales del Ejército Nacional y un patrullero de la Policía en la entrega de información clasificada directa o indirectamente al señor Andrés Sepúlveda, por lo que la Fiscalía general de la Nación les dictó medida de aseguramiento», expresó Narváez.
El caso del pirata informático, actualmente detenido, fue descubierto en mayo pasado en plena campaña presidencial en la que Zuluaga disputó una reñida segunda vuelta con el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, que entonces aspiraba a la reelección.
Pero también se ha abordado la presunta existencia de un directorio militar en el que, al parecer sin conocimiento o autorización de los altos mandos de las Fuerzas Armadas, se recopilaron datos de unos 500 periodistas nacionales e internacionales, hechos sobre los cuales «a la fecha no se ha encontrado evidencia», indicó el oficial.
Polígrafo
En total, las Fuerzas Armadas realizaron 268 pruebas de credibilidad y confidencialidad a personal de inteligencia y miembros de otras divisiones a los que preguntaron su implicación en estos casos bajo la prueba del polígrafo.
De ellas, destacaron ocho pruebas que no arrojaron resultados «satisfactorios», explicó Narváez.
A partir de estos resultados, la investigación avanzó hasta determinar la supuesta vinculación de los 25 integrantes de las Fuerzas Armadas.
El vicealmirante rehusó ofrecer más detalles sobre los pormenores de la investigación puesto que, insistió, es potestad de la Fiscalía, que investiga dichas operaciones, pronunciarse «a su debido momento».
Con el mismo argumento, también rechazó especificar si estos 25 miembros facilitaron información reservada del proceso de paz al expresidente Álvaro Uribe, fuerte crítico de las negociaciones que en diversas ocasiones ha revelado datos solo en poder de los negociadores de paz del Gobierno.
Además de estas sanciones, Narváez anunció que se han abierto seis «investigaciones disciplinarias», de las cuales cuatro corresponden al caso del pirata informático Sepúlveda y dos a la existencia de la lista de correos electrónicos de periodistas.
En estas investigaciones están involucrados al menos once «funcionarios de la fuerza pública» sobre los que no se ofreció más detalles puesto que el proceso aún no ha culminado. (I)
Los líderes mundiales «no han estado a la altura» en sus condenas al caso de los 43 estudiantes desaparecidos en México, poniendo sus intereses económicos y políticos por encima de la defensa de los derechos humanos, opinó hoy la directora para América de Amnistía Internacional, Erika Guevara.
«Un caso como el de Ayotzinapa, la desaparición de 43 estudiantes, pone a prueba a los líderes globales y hasta ahora su pronunciamiento ha sido muy limitado», dijo en una entrevista con Efe, en la que explicó que en casi todos los casos el mensaje del exterior ha sido de apoyo al presidente Enrique Peña Nieto.
Aunque en un inicio algunos países se pronunciaron sobre el tema «como una de las grandes tragedias que se viven actualmente en el mundo», hoy «sabemos que hay intereses detrás, económicos y políticos», de que el tema pase a un segundo plano, apuntó.
«El Gobierno de México forma parte de núcleos de poder político globalmente que busca tener una imagen internacional que atraiga inversiones extranjeras, pero también atraiga poder político», agregó.
Por ejemplo, en el caso de EE.UU., país vecino y socio comercial, el presidente Barack Obama exigió una investigación profunda, pero siempre ha mostrado apoyo a su homólogo mexicano.
«Creo que los Estados tienen una responsabilidad y un compromiso internacional por la defensa de los derechos humanos (…) que tienen que llevar a cabo hasta sus últimas consecuencias, aun cuando eso implique un daño en sus intereses económicos en un país determinado, en este caso México», comentó Guevara.
En una conferencia de prensa, Amnistía Internacional pidió hoy a la fiscalía que explore «exhaustivamente» todas las líneas de investigación, al considerar que las pesquisas en torno a la desaparición forzada de los estudiantes en el sur de México hace casi cuatro meses está lejos de ser concluyente.
En opinión de la organización, el fiscal mexicano, Jesús Murillo, no ha examinado todas las posibles líneas de investigación, como es la de la posible complicidad de las Fuerzas Armadas y de otras autoridades en la desaparición.
Los padres de los 43 estudiantes han denunciado que integrantes del Ejército podrían estar involucrados en la desaparición de sus hijos el pasado 26 de septiembre en Iguala tras un ataque a tiros perpetrado por policías locales y han pedido la apertura de una línea de investigación al respecto.
Además, han solicitado al Gobierno que les permita buscar a los jóvenes en cuarteles militares, lo que ya fue aceptado, aunque las autoridades rechazan tajantemente la participación de las fuerzas federales en la noche violenta del 26 de septiembre.
Según Guevara, el hecho de que la fiscalía esté barajando este caso como un delito de secuestro y no como desaparición forzada es una muestra de que no hay interés de abrir una investigación para conocer la verdadera implicación de funcionarios estatales e incluso federales.
«Para nosotros es de gran preocupación que nuevamente se quieran ocultar las graves violaciones a los derechos humanos, la crisis de seguridad que existe en el país, porque el ocultamiento es un paso para no atender estas problemáticas y dejar a las víctimas nuevamente sin verdad y sin justicia», apuntó.
Guevara habló también de la importancia de «no dejar que este caso quede en el olvido», algo que es «una responsabilidad de la sociedad», que no puede dejar de exigir verdad y justicia.
«Estas graves violaciones a los derechos humanos tienen un patrón común, el hecho de que en un inicio causan un clamor popular para que se busque la verdad y la justicia», pero luego «hay un desgastamiento de las sociedades» como la mexicana, que «ha normalizado la violencia en la vida cotidiana de las personas y eso es un espacio que aprovechan los Estados», explicó.
Amnistía hizo el balance de la investigación de la fiscalía dos días después de que se anunciara que forenses austríacos no habían logrado identificar 16 restos calcinados que se cree pueden corresponder a los estudiantes, por lo que recurrirán a otra técnica que puede tardar unos tres meses.
Hasta ahora, solo uno de los 43 jóvenes ha sido identificado por el laboratorio de la Universidad de Innsbruck a partir de los restos hallados en un vertedero de basura en el municipio de Cocula, vecino a Iguala, donde miembros del cártel Guerreros Unidos dijeron haberlos asesinado e incinerado.
AI indicó que este caso ha puesto de relieve la terrible situación de los derechos humanos en México, donde -según datos oficiales- han muerto violentamente más de 100.000 personas desde que comenzó la guerra contra el narcotráfico en 2006 y han desaparecido al menos 23.000.
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, aseguró este sábado que si se firma la paz para terminar con el conflicto armado de más de 50 años en el país, los recursos dedicados a la guerra se destinarían a inversión social.
«Si logramos silenciar los fusiles, si logramos llegar a esos acuerdos allá en La Habana (Cuba), pues vamos a poder hacer muchísimo más, porque vamos a poder reorientar todas esas energías que hoy le estamos dedicando a la guerra a la inversión social», dijo Santos desde el departamento de Antioquia (noroeste).
Su gobierno adelanta negociaciones de paz con la principal guerrilla del país, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, comunistas), desde noviembre de 2012 en Cuba, y hasta el momento las partes han llegado a consensos sobre tres de los seis puntos de la agenda: desarrollo rural, participación política y drogas ilícitas.
En varias ocasiones, Santos se ha mostrado optimista sobre estas negociaciones, al calificar a 2015 como «el año de la paz».
«El pueblo colombiano tiene que comenzar a entender los dividendos de la paz y uno de esos dividendos va a ser en seguridad ciudadana», aseguró el mandatario, quien destacó que ésta «va a poder tener mucho más pie de fuerza y muchos más ingresos».
Además de las FARC, con unos 8.000 combatientes según cifras oficiales, otras guerrillas de izquierda, paramilitares de derecha, fuerzas militares y bandas narcotraficantes, han participado en el conflicto armado colombiano.
Paralelamente a las pláticas de La Habana, la administración de Santos conversa de forma preliminar con el segundo grupo insurgente del país, el Ejército de Liberación Nacional (ELN, guevarista), para definir una agenda de negociación de una futura mesa de diálogos formal.
En 2013, Colombia invirtió 3,4% de su Producto Interno Bruto (PIB) en gasto militar, según el Banco Mundial. (I)
El presidente de Francia, François Hollande, confirmó que se ha movilizado al portaaviones Charles de Gaulle para intervenir en Irak.
La firma de inteligencia corporativa Stratfor publicó un documento donde explica el panorama en ese país.
La guerrilla de las FARC volvió hoy a acusar a las fuerzas militares colombianas de poner en riesgo la tregua unilateral que los rebeldes declararon en diciembre, en medio del proceso de paz con el gobierno.
«El asedio militar contra las unidades guerrilleras en tregua se intensifica en los Llanos Orientales y en el Cauca (en este y suroeste del país)», señaló la delegación de paz de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en La Habana.
Los insurgentes también reclamaron al gobierno que sea «consecuente» en sus hechos con el proceso de paz y pidieron al Frente Amplio por la Paz, un bloque de actores de la izquierda política en Colombia, que se pronuncie sobre las acciones militares.
Las FARC, que declararon un cese del fuego unilateral a partir del 20 de diciembre «por tiempo indefinido», ya habían acusado el sábado al gobierno de poner en «serio riesgo» la tregua con una «insensata hostilidad».
En su comunicado de hoy, enumeraron cinco acciones militares de las fuerzas del Estado desde el pasado 24 de diciembre.
El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, expresó recientemente su intención de poner en marcha medidas para «desescalar» el conflicto debido a los avances del diálogo de paz con las FARC.
El mandatario, sin embargo, matizó que ello no implica el final de las operaciones militares contra la guerrilla. Desde que empezó el diálogo de paz en octubre de 2012, el gobierno ha rechazado siempre una tregua bilateral hasta que el proceso ya esté encauzado.
Santos ha argumentado siempre que las FARC aprovecharon en el pasado las treguas para reagruparse.
El gobierno colombiano y las FARC, la principal guerrilla del país y la más antigua del continente americano, negocian desde noviembre de 2012 en Cuba para intentar poner fin a más de 50 años de conflicto armado.
Ambas partes han alcanzado desde entonces acuerdos parciales en tres de cinco puntos de la agenda de paz. La próxima ronda de negociaciones debe empezar el próximo 26 de enero en La Habana.
Más de 220.000 personas han muerto en más de medio siglo de guerra civil en Colombia. El conflicto ha dejado también millones de desplazados.
La guerrilla comunista de las FARC saludó este miércoles la posición «sensata» del presidente Juan Manuel Santos, quien reconoció que los insurgentes han cumplido con el cese al fuego unilateral e indefinido declarado el 20 de diciembre pasado en Colombia.
«Ahora de manera sensata Santos dice que está teniendo muy en consideración el cese al fuego unilateral e indefinido declarado por nuestra organización, y reconoce ‘que las FARC han cumplido'», dijo la delegación negociadora de la guerrilla en un comunicado enviado a la AFP.
«Debemos reconocer que las FARC han cumplido», dijo Santos el lunes, y subrayó que los plenipotenciarios del gobierno regresarán «muy pronto» a La Habana con un mandato: «Acelerar el paso de estas conversaciones para terminar lo más pronto posible y de una vez por todas con este conflicto armado».
«Ojalá (Santos) actúe en consecuencia, porque de nuestra parte, seguiremos planteando iniciativas que beneficien al país ya, pues desde La Habana se está construyendo también el camino constituyente», dijeron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
El 20 de diciembre las FARC declararon el cese de las hostilidades de manera unilateral e indefinida, una medida sin precedentes desde su surgimiento en 1964.
«Saludamos la nueva posición del Gobierno, que después de la captura del General Alzate entendió que la confrontación sí puede afectar el desenvolvimiento de la Mesa: la suspensión unilateral de los diálogos por este motivo, puso en peligro el proceso», añadió la guerrilla.
El general Rubén Darío Alzate fue capturado por la FARC el 16 de noviembre pasado, y Santos suspendió los diálogos de paz en La Habana hasta su liberación, dos semanas después.
Las conversaciones de paz en La Habana comenzaron en noviembre de 2012 y según el presidente podrían terminar a fines del actual año.
«Aprovechemos la coyuntura para quitar la maleza jurídica que enreda el avance hacia el Acuerdo Final», instó la delegación de las FARC.