Las autoridades investigan un confuso accidente de involucró a dos automóviles en una sede de la NSA.
La guerrilla comunista de las FARC aclaró este domingo que el actual desminado en Colombia es parcial y «humanitario», en tanto que se avance en las negociaciones sobre ese tema con el gobierno.
«Nosotros estamos por la limpieza de los territorios. Se van a escoger tres o cuatro territorios, pero es un desminado humanitario en esta etapa. La gente nuestra, en la profundidad de la selva, no va a dejar de defenderse», dijo el negociador Ricardo Téllez a la prensa.
Por el momento, añadió, «estamos (quitando las minas) en las partes donde se afecte inmediatamente a la población civil».
Desde el sábado, en La Habana, una delegación de expertos del gobierno de Colombia, integrada mayoritariamente por militares, discute con la guerrilla los pormenores del acuerdo de desminado alcanzado hace dos semanas entre los negociadores de paz.
Téllez admitió que este «es un problema bastante crítico» por su antiguedad, pues algunas de las personas que colocaron minas hace décadas, murieron posterioremente.
Además, enfatizó, que el desminado no es sólo un problema de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), «ahí ha minado el ejército, que a veces coge nuestras minas, las traslada a otro sitio. Han minado los paramilitares que son fuerzas componentes del ejército y otras organizaciones», dijo.
«En algunos sitios hay bombas lanzadas desde los aviones de 500 o más libras enterradas y ahí como que nadie hace escándalo y si una mina o una bomba de esas (estalla) a cuántos mata», agregó.
Ambas partes anunciaron el 7 de marzo el acuerdo de desminado al cerrar el trigésimo tercer ciclo de pláticas de paz en La Habana, en el marco del proceso que iniciaron en noviembre de 2012.
Se trata de compromiso para detectar y desactivar en conjunto las minas antipersonales sembradas en al menos 668 de los 1.100 municipios de Colombia y contempla el apoyo de una organización noruega especializada en desminado y la participación de miembros de las FARC y de las comunidades afectadas. (I)
Este sábado, un grupo de brigadistas logró contener el fuego que ha consumido alrededor de 300 hectáreas.
El presidente Juan Manuel Santos anunció este martes que dio la orden de suspender por un mes los bombardeos contra los campamentos de la guerrilla de las FARC.
Durante una intervención televisada, el gobernante explicó que la decisión obedece a los avances que ha tenido el proceso de paz que su gobierno sostiene en Cuba con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia desde fines de 2012.
Según Santos, uno de esos aspectos positivos es que las FARC han cumplido con el cese unilateral del fuego que anunciaron en diciembre.
«Para impulsar el desescalamiento del conflicto, he decidido dar la orden al ministro de la Defensa y a los comandantes de las fuerzas de cesar los bombardeos sobre los campamentos de las FARC durante un mes», indicó el jefe de Estado.
Pasados esos 30 días, agregó, «haremos una nueva revisión del cumplimiento del cese unilateral por parte de las FARC y, de acuerdo con sus resultados, decidiremos si continuamos con esa medida. En todo caso no vamos a renunciar a los bombardeos si vemos una amenaza inminente sobre una población».
El jefe de Estado advirtió que la fuerza pública seguirá cumpliendo con su obligación de proteger a los colombianos, y que se mantendrán los patrullajes por tierra por parte de las fuerzas militares y de la policía.
Dos de los más importantes jefes de las FARC, Raúl Reyes y «el Mono Jojoy», murieron a causa de bombardeos de la fuerza pública. Ambos pertenecían a la máxima comandancia de las FARC o el llamado Secretariado.
La suspensión de bombardeos no cobija al Ejército de Liberación Nacional (ELN) porque, según Santos, este grupo guerrillero ha continuado e incrementado sus actividades.
El presidente también habló de la creación de una Comisión Asesora para la Paz «con un carácter incluyente y pluralista» que reúna a las diversas tendencias de la opinión pública. De esa comisión harán parte varios ex candidatos presidenciales. También invitó al ex mandatario Andrés Pastrana (1998-2002), quien de inmediato dijo sí a la invitación.
El expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), un crítico acérrimo del proceso de paz, escribió en Twitter que Santos «anuncia el cese de bombardeos al terrorismo, que ya había aplicado con la parálisis de las Fuerzas Armadas».
En tanto, el senador Luis Fernando Velasco, del Partido Liberal, calificó el anunció del presidente de lógico y observó que «la dirección correcta es llegar a un momento en donde se pueda negociar… el cese del fuego bilateral y definitivo».
Finalmente, el líder sindical Julio Roberto Gómez, en conversación telefónica con la AP, comentó que ojalá las FARC entiendan la decisión de Santos como corresponde, como un gesto de paz y no como un símbolo de debilidad.
Tras más de dos años de conversaciones, el gobierno y las FARC han alcanzado acuerdos parciales sobre asuntos agrarios, la participación de los rebeldes en política y la lucha contra el narcotráfico. Actualmente dialogan sobre la reparación de las víctimas.(I)
Juan Manuel Santos ordenó cesar los bombardeos sobre los campamentos del grupo guerrillero durante un mes.
Miles de colombianos salieron este domingo a las principales calles de más de 50 ciudades del país para pedir respeto a los derechos humanos, a la vida y a la libertad con motivo del Día de la Mujer.
«La vida no tiene color político, la vida es humana», dijo el ex alcalde de Bogotá y precursor de la jornada Antanas Mockus al iniciar el recorrido en la capital colombiana, donde más de 2.000 personas se congregaron bajo la consigna «la vida es sagrada».
Bajo el sol capitalino los bogotanos se unieron con camisetas, flores y banderas blancas a la manifestación a la que además asistieron varios ministros y políticos del país.
El presidente Juan Manuel Santos caminó al lado del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, y afirmó que la única razón de la manifestación es la vida. «Esta marcha no es política, no es en contra de nadie. Lo bonito de esto es que estamos reunidos por una causa que es la vida», indicó el mandatario.
Santos lamentó además que el partido de derecha radical Centro Democrático, liderado por el ex presidente y ahora senador Álvaro Uribe (2002-2010), principal opositor del gobierno, haya decidido no unirse a la marcha.
En ciudades como Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, Pereira, Manizales, Armenia y Cartagena de Indias, cerca de 6.000 colombianos cumplieron la cita que coincidió con la celebración por el histórico acuerdo logrado con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia para retirar las minas antipersona plantadas en el país.
En Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander, limítrofe con Venezuela, cerca de 8.000 mujeres salieron a las calles por la igualdad y en contra de la violencia de género.
El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, lideró la manifestación en la ciudad y aseguró que la participación de los colombianos en la marcha «demuestra el anhelo de paz».(I)
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el gobierno de Juan Manuel Santos anunciaron hoy un acuerdo histórico para la retirada de las minas antipersonas diseminadas en las zonas rurales por el conflicto armado.
«El gobierno y las FARC hemos acordado solicitar a la organización Ayuda Popular Noruega liderar y coordinar la implementación de un proyecto de limpieza y descontaminación», señalaron ambas partes en un comunicado leído por el diplomático cubano Rodolfo Benítez, uno de los garantes de los diálogos de paz.
«La propuesta de desminado es un primer paso, pero un paso gigante hacia la paz, esto es una muestra de que estamos trabajando en la dirección correcta», afirmó el jefe negociador gubernamental Humberto de la Calle tras el anuncio de la medida.
«Vamos por buen camino» aseguró por su parte el jefe negociador de las FARC, Luciano Arango alias «Iván Márquez», quien calificó de «jornada memorable para el proceso de paz» alcanzar dicho acuerdo.
Asimismo, durante una visita al departamento colombiano de Córdoba (norte), el presidente Santos celebró el acuerdo y aseguró que se trata de un paso «importantísimo» para darle fin al conflicto armado interno que vive el país desde hace medio siglo.
«Esto que sucedió hoy, este acuerdo al que llegaron los negociadores del gobierno y las FARC para iniciar el desminado, es un paso importantísimo, porque era un paso necesario, como demostración de que efectivamente vamos en el camino correcto para ponerle fin al conflicto», declaró el mandatario.
Asimismo, el jefe de Estado felicitó a la delegación gubernamental por «su trabajo en La Habana» y detalló que dentro del compromiso de las FARC está el de «suministrar toda la información para la ubicación de estas minas».
Según la Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal del gobierno colombiano, desde 1990 hasta enero de 2015 las minas causaron más de 11.000 víctimas entre muertos y heridos.
La decisión incluye los trabajos de limpieza y descontaminación de los territorios donde hay presencia de «minas antipersonas, artefactos explosivos improvisados, municiones sin explotar y restos explosivos de guerra».
Trabajo del ejército
Las tareas de desminado estarán en manos del Batallón de Desminado del Ejército Nacional de Colombia y bajo la coordinación de la organización no gubernamental Ayuda Popular Noruega, que fue creada en 1939 con el objetivo de asesorar internacionalmente en la reconstrucción postconflicto. Actualmente realiza tareas de cooperación humanitaria en 43 países.
Los trabajos comenzarán en «un número inicial de sitios» que serán determinados por un estudio de la organización noruega que tendrá en cuenta el grado de riesgo de la población expuesta a las minas.
Además participarán guerrilleros, aunque sin uniforme y desarmados, para lo que se suspenderán temporalmente las órdenes de captura que existen contra ellos «de acuerdo con la ley para brindar la información requerida en el proceso de desminado», señaló De la Calle.
Desde finales de 2012 la guerrilla y representantes del gobierno de Santos negocian en La Habana el fin del conflicto armado interno que ha durado más de 50 años. Hasta el momento han alcanzado acuerdos en reforma agraria, participación política de los guerrilleros y lucha contra el narcotráfico. (I)
Se trata de Eduardo Cabrera alias El Cura, requerido por una corte del distrito de NY, por narcotráfico.
Se informó de la liberación de Fredys Palacios, alcalde de Alto Baudó, secuestrado el 16 de diciembre.
El expresidente de Colombia y actual senador Álvaro Uribe comparecerá la próxima semana ante la Corte Suprema de Justicia por su presunto conocimiento de las actividades del hacker Andrés Sepúlveda, acusado de espiar a los negociadores en los diálogos de paz con la guerrilla FARC.
El propio Uribe anunció este miércoles que será escuchado por la más alta instancia judicial del país, que tiene entre sus funciones investigar y juzgar a los miembros del Congreso, en el marco de la investigación preliminar que realiza sobre el caso.
«He solicitado a la Corte Suprema de Justicia que mi versión libre, el martes, sea ante todos los magistrados de la Sala Penal», dijo en Twitter el senador del derechista Centro Democrático, quien gobernó Colombia entre 2002 y 2010.
El exmandatario, el más férreo opositor de las negociaciones con las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC, comunistas) que lidera su sucesor, Juan Manuel Santos, desde noviembre de 2012, pidió a la Corte Suprema que le permitiera pronunciarse sobre las afirmaciones de Sepúlveda.
El experto informático declaró haber sido contratado por la campaña del candidato presidencial del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga -perdedor ante Santos las elecciones del año pasado-, para sabotear las pláticas de paz.
Actividades de Sepúlveda
El expresidente explicará si estaba o no al tanto de las actividades ilícitas de Sepúlveda y, aunque solicitó ser escuchado por la Sala Penal, sólo lo recibirá el magistrado José Luis Barceló, a cargo de esa investigación.
Preso desde junio pasado acusado de seguimiento ilegal de los negociadores del gobierno y de las FARC, Sepúlveda llegó hace poco a un preacuerdo con la Fiscalía por el cual se compromete a servir de testigo en la pesquisa por supuesto espionaje, a cambio de reducir su tiempo en prisión a 10 años y de pagar una multa de unos 32.000 dólares.
El hacker ya aceptó «ser responsable de los delitos de espionaje, concierto para delinquir agravado, acceso abusivo en sistema informático agravado, uso de software malicioso agravado y violación de datos personales agravado», según el pacto suscrito con la Fiscalía.
Sepúlveda ya fue escuchado por la Corte Suprema por este caso pero no se descarta que vuelva a ser citado, dijo a la AFP una fuente judicial.
La indagación preliminar sobre este caso es motivada por una denuncia que presentó a la Corte la ONG Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia, liderada por Pablo Bustos, conocido por sus cruzadas contra actos ilegales de congresistas y funcionarios públicos.
Por el momento, la Sala Penal de la Corte Suprema, integrada por nueve magistrados, no realiza una investigación formal por este caso, sino indagaciones para evaluar si inicia o no un proceso. (I)
El periodista Raúl Benoit comparte esta misiva pública al presidente de Venezuela tras la detención de un alcalde opositor.
Por lo menos 90 soldados fueron capturados y 82 están desaparecidos en Debaltsevo, después de que los separatistas prorrusos se apoderaran de esta ciudad del este de Ucrania, denunció este jueves el ejército ucraniano.
«Más de 90 miembros de las fuerzas armadas ucranianas fueron capturados. El estado mayor sigue buscando a 82 soldados de los que se desconoce qué suerte han corrido», informa el Ejército en un comunicado.
El Ejército añade que movilizó a «algunas fuerzas» para localizar a los desaparecidos y pidió ayuda a la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) para encontrarlos.
Las fuerzas armadas confirmaron la muerte de 13 soldados, una cifra adelantada el miércoles a la AFP por el director de la morgue de Artemivsk, una ciudad a unos 30 km de Debaltsevo. En los combates resultaron heridos 157 soldados, según el Ejército.
Miles de jóvenes indocumentados se alistan para pedir a partir del 18 el amparo de la acion ejecutiva.
Mientras el oficialismo realizará una marcha «por la paz», la oposición conmemorará el inicio de las protestas.
El organismo rechazó la norma que permite utilizar armas de fuego a militares para controlar manifestaciones.