En Chile, juez ordena arrestos de empresarios en juicio por corrupción
Un juez chileno ordenó hoy prisión preventiva para los dos dueños del grupo empresarial Penta y decretó medidas cautelares contra otros ocho imputados en un emblemático juicio por delitos tributarios, cohecho, lavado de activos y financiamiento ilegal de campañas políticas.
El magistrado Juan Escobar acogió así el pedido de la fiscalía y resolvió enviar a la cárcel, mientras se desarrolla el proceso, a Carlos Alberto Délano y Carlos Lavín, los dueños de Penta. De resultar culpables podrían ser condenados a penas de hasta 15 años de cárcel.
Además, decretó la misma medida para otros cuatro imputados, entre ellos Pablo Wagner, ex viceministro de Minería durante el mandato del presidente conservador Sebastián Piñera (2010-2014), y Hugo Bravo, el ahora ex gerente general del holding.
Los seis procesados deben ingresar de inmediato a la cárcel Capitán Yaber, situada a sólo unos metros de los tribunales donde los imputados fueron informados hoy de la medida judicial.
La prisión preventiva de los imputados pretende servir al «éxito de la investigación» dijo hoy el juez, tras escuchar durante tres días los alegatos en el Centro de Justicia de la capital chilena, donde la fiscalía acusó al grupo empresarial de ser «una máquina organizada para defraudar».
El cuestionado holding es uno de los doce grupos económicos más grandes del país y tiene millonarios intereses en la banca, en seguros, en fondos de pensiones, instituciones de salud privados y en compañías inmobiliarias, entre otros.
El caso estalló a mediados del año pasado después de que el entonces gerente general, Hugo Bravo, fuera cesado en su cargo en la empresa en la que había trabajado durante más de treinta años, tras ser acusado ante los tribunales por el Servicio de Impuestos Internos (SII) de obtener devoluciones de tributos de forma fraudulenta de sus empresas personales.
El exejecutivo, de 69 años, demandó luego ante los tribunales laborales a los propietarios de Penta por despido injustificado y daño moral, al tiempo que les exigió una millonaria indemnización, pago que sus exempleadores rechazaron.
Tras acudir a la justicia por su despido, Bravo, conocedor y partícipe de lo que ocurría, denunció las millonarias contribuciones ilegales que hacía Penta principalmente a las campañas políticas de la UDI, el mayor partido opositor.
La Fiscalía, tras la revisión de correos electrónicos y facturas de Penta, descubrió que los actuales senadores Iván Moreira y Ena von Baer, ambos de la UDI, demandaron pagos irregulares a Penta para sus campañas políticas de 2013. (I)
Lista de investigados por corrupción en Petrobras pone a temblar a Brasil
El sistema político brasileño fue puesto en jaque con la decisión de la Corte Suprema de investigar por el caso de corrupción en la estatal Petrobras a los jefes de las dos cámaras legislativas y a otros 32 parlamentarios y a 12 exdiputados, entre ellos cuatro exministros de la presidenta Dilma Rousseff.
La divulgación de la lista de sospechosos con foro privilegiado -que solo pueden ser juzgados por el Supremo- que la Justicia ordenó investigar anoche impactó directamente al Gobierno, ya que incluye a importantes excolaboradores de Rousseff y de su campaña electoral, y reveló que hasta la jefa de Estado fue relacionada con el escándalo.
Pero también agravó las ya tensas relaciones entre el Gobierno y el Congreso, ya que la lista incluye a importantes parlamentarios de partidos oficialistas cuya relación con Rousseff pendía de un hilo y que acusan a la Fiscalía de hacerle juego al Ejecutivo.
A petición de la Procuraduría General de la República (Fiscalía), el magistrado Teori Zavascki, que será el juez instructor de los procesos en la Corte Suprema, autorizó la apertura de investigaciones contra 49 personas, entre ellas 12 senadores, 22 diputados y 12 exdiputados de cinco partidos, en su gran mayoría de la base oficialista, por el escándalo en Petrobras.
Los investigados fueron mencionados como beneficiarios de las corruptelas en la mayor empresa de Brasil por integrantes de la red de corrupción que colaboran con la Fiscalía a cambio de reducción en sus penas.
Nombres importantes
Además de los presidentes del Senado, Renan Calheiros, y de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, la lista incluye al expresidente brasileño Fernando Collor y a cuatro exministros de Rousseff: los senadores Edson Lobao (Minas y Energía) y Gleisi Hoffmann (Presidencia) y los exdiputados Mario Negromonte (Ciudades) y Antonio Palocci (Presidencia).
Igualmente figuran en la lista el senador Humberto Costa, que fue ministro de Salud durante el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, y la exgobernadora del estado de Maranhao Roseana Sarney, hija del expresidente José Sarney.
Las formaciones implicadas son el Partido de los Trabajadores (PT), de Rousseff; el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), del vicepresidente Michel Temer, y los también oficialistas Partido Progresista (PP) y Partido Laborista Brasileño (PTB).
De la oposición solo será investigado el senador Antonio Anastasia, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB).
La decisión, además, coloca en ruta de choque a Rousseff y a los presidentes del Senado y de la Cámara baja, importantes dirigentes del PMDB -mayor fuerza electoral del país- que acusan al Ejecutivo de estar detrás de las acusaciones.
«Sabemos exactamente el juego político que ocurrió y no podemos quedarnos callados sin denunciar la politización y la intervención (del Gobierno) en la estructura de la Procuraduría», afirmó Cunha en Twitter, donde acusó al procurador de preparar el terreno para ser confirmado en el cargo por Rousseff.
En respuesta, el ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo negó hoy que el Gobierno haya intervenido o influido en la decisión de la corte.
Tráfico de influencias
«Quiero reafirmar que en ningún momento el Gobierno o cualquiera de sus miembros ejerció o hizo algo para influir en la decisión, o colocar o retirar nombres en la lista de investigados», afirmó al agregar que es ilógico acusar al Ejecutivo de influir en una decisión que terminó afectando en su mayoría a políticos del oficialista PT y de sus aliados.
La decisión de la Corte Suprema dejó en la mira a Rousseff porque fue mencionada como beneficiaria indirecta de la red de corrupción, aunque se libró de un proceso dado que la Fiscalía alega que un presidente solo puede ser investigado por actos cometidos durante su Gobierno y las irregularidades en las que se le cita supuestamente ocurrieron antes de que fuera elegida para su primer mandato, en 2010.
Según las autoridades, los empresarios obtenían contratos con Petrobras, inflaban los precios, repartían parte de esa diferencia con directores de la estatal y el resto lo distribuían entre los políticos, que lo recibían clandestinamente o por la vía legal, como «donaciones» para sus campañas electorales. (I)
Padres de los 43 centran esfuerzos en CIDH tras revés del gobierno para entrar a cuarteles
La negativa se da luego de que en enero el mismo gobierno señaló que accedería a su petición. Estre lunes los padres recibieron un no rotundo.
Fútbol brasileño castigará a clubes que demoren pago de salarios
La autoridad brasileña del fútbol aprobó una norma de «fair play laboral» que facultará a jugadores con salarios atrasados a recurrir a la justicia deportiva contra sus clubes, que podrán ser castigados por el incumplimiento.
La norma fue aprobada por unanimidad por los presidentes de los 20 clubes de primera división que disputarán el próximo torneo nacional en una reunión de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) el lunes en Rio de Janeiro.
Fiscalía espera llevar a juicio al presidente del Barça por caso Neymar
La Fiscalía de la Audiencia Nacional española ha pedido este viernes al juez Pablo Ruz que inicie los trámites para llevar a juicio al presidente del FC Barcelona Josep María Bartomeu por un delito fiscal en el ejercicio de 2014, cuando el club dejó de pagar 1,9 millones ($ 2,4 millones) a Hacienda por el fichaje del brasileño Neymar.
Chavismo pidió a Fiscalía investigar a Julio Borges
Diputados oficialistas, que buscan el desafuero del legislador opositor Julio Borges, pidieron a la Fiscalía General que investigue su denunciada participación en un plan para derrocar al presidente Nicolás Maduro, informó ayer la Asamblea Nacional.
“Nosotros consideramos que hay suficientes elementos para quitarle la inmunidad (parlamentaria) y que este señor (Borges) vaya a ocupar un calabozo”, dijo el diputado oficialista Darío Vivas.
El lunes, el líder opositor Henry Ramos Allup, del partido Acción Democrática, había alertado que “posiblemente” ayer mismo su aliado Borges, de Primero Justicia, sería “desaforado”, luego de anuncios oficialistas en ese sentido.
Borges, quien ayer asistió a la Asamblea, fue involucrado en el presunto plan golpista por el presidente de la Asamblea Nacional y número dos chavista, Diosdado Cabello.
En su intervención durante el debate, el diputado opositor no se refirió al desafuero e instó al chavismo a “deponer la frustración y el odio” contra la oposición. (I)
Capturan a 12 miembros de red que vendía secuestrados en Colombia
Las autoridades de Colombia capturaron a 12 personas, entre ellas un concejal municipal, que integraban una red especializada en secuestrar personas en el oeste del país y venderlas a la guerrilla ELN, informó este domingo la Fiscalía.
La red se dedicaba «a buscar a quien secuestrar para entregarlos por un precio a las organizaciones criminales que están en el conflicto armado», dijo en rueda de prensa el director nacional de Fiscalías Seccionales y Seguridad Ciudadana, Luis González.
El funcionario indicó que dentro de los detenidos figura un concejal del municipio de Quibdó, capital del departamento del Chocó (oeste), identificado como Carlos Pinto.
El ELN, inspirado en la Revolución Cubana y con unos 2.500 combatientes según cifras oficiales, mantiene conversaciones con el gobierno de Juan Manuel Santos con miras a iniciar diálogos formales de paz, paralelos a los tienen lugar desde hace dos años con el primera guerrilla del país, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, comunistas).
La red «muy probablemente es la responsable de haber privado de la libertad al exgobernador del Chocó y ex alcalde de Quibdó, Patrocinio Sánchez Montes de Oca (el 25 de agosto de 2013), y haberlo entregado a un frente del ELN conocido como Manuel Hernández», dijo González.
Explicó que la organización estaba conformada por dos grupos criminales, uno liderado por alias El abuelo, un exparamilitar, y otra al mando de alias El ingeniero, un miliciano del ELN.
«La guerrilla del ELN llegó a pagar a la red criminal hasta 300 millones de pesos (unos 122.000 dólares) por un secuestrado», sostuvo el funcionario.
La Fiscalía estableció que por lo menos cinco secuestrados por esta red criminal fueron vendidos a ese grupo guerrillero.
Colombia vive un conflicto armado en el que han participado guerrillas de izquierda, paramilitares de derecha, fuerzas militares y bandas narcotraficantes y que ha dejado más de 220.000 muertos y 5,3 millones de desplazados, según datos oficiales.
Alcalde caraqueño esperará juicio junto a líder de Voluntad Popular
El alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, fue imputado el viernes por conspiración y asociación para delinquir al final de un día de muestras de solidaridad de simpatizantes y gobiernos extranjeros. Y estará recluido en el penal militar de Ramo Verde, donde se encuentra el líder de Voluntad Popular, Leopoldo López.
La Fiscalía tiene 45 días para presentar sus actos conclusivos ante el juez que decidirá si las pruebas son suficientes para llevar a juicio a Ledezma y sancionarlo con entre 8 y 16 años de cárcel por conspiración y de 6 a 10 años por asociación para delinquir.
La Fiscalía apuntó que Ledezma también fue detenido por su supuesta vinculación con unos estudiantes venezolanos apresados tras su expulsión de Colombia en septiembre pasado y acusados de conspiración para la rebelión poco después. El alcalde admitió conocer a los chicos, pero afirmó que eso no significaba “formar parte de una red de terroristas” apoyados por Uribe, como le acusaba el entonces ministro del Interior, Miguel Rodríguez.
La esposa de Ledezma, Mitzy Capriles, comentó al finalizar la audiencia de presentación que vio a su marido “tremendamente esperanzado” con, dijo, “esta nueva Venezuela que está abriendo los ojos frente a esta injusticia”. (I)
Encontraron cinco fosas clandestinas en Chihuahua, norte de México
El hallazgo se dio un área desértica cerca de la frontera con Texas. Había al menos una osamenta dentro.
‘Esto es guerra’: ¿Por qué discutieron Patricio Parodi y Sheyla Rojas?
El ‘guerrero’ señaló que el fastidio por haber perdido una competencia lo llevó a reaccionar mal con la ex pareja de Antonio Pavón.
Antonio Pavón colaborará con la Fiscalía en investigación a Sheyla Rojas
Ministerio Público indagará el presunto abandono en el que tiene la ‘guerrera’ a su hijo, Antoñito.
Antonio Pavón: “Acepto las disculpas de Maju Mantilla”
El torero dijo de la conductora de Al aire que es “una auténtica dama y lo demuestra con sus actos”.
Antonio Pavón negó que Sheyla Rojas tenga en estado de abandono a su hijo
El torero dice que Antoñito está bien cuidado por la ‘guerrera’. Producción de Al aire culpó a la ex suegra del español por investigación fiscal.
El capitan del Costa Concordia es condenado a 16 años de prisión
Un tribunal italiano condenó a 16 años de cárcel al excapitán del crucero Costa Concordia que naufragó en 2012.
Amnistía Internacional pide garantías para los peritos argentinos en México
Amnistía Internacional (AI) salió ayer en defensa del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), una prestigiosa institución independiente, después de que su trabajo en el caso de 43 estudiantes desaparecidos en México fuera cuestionado por la Fiscalía general, luego de que ellos señalaran puntos débiles en la indagatoria.
Dijo que la Fiscalía “parece intentar desacreditar el trabajo y la reputación del EAAF en lugar de analizar las recomendaciones del equipo forense”.
AI pidió que las inconsistencias se investiguen adecuadamente y expresó su preocupación de que las evidencias puedan haber sido manipuladas para llegar a una determinada conclusión. (I)
Presidente del FC Barcelona es imputado por delito en el fichaje de Neymar
El juez Pablo Ruz imputa al presidente del FC Barcelona, Josep María Bartomeu, y al club por un delito contra la Hacienda Pública en lo relativo al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de 2014 en el fichaje del jugador Neymar.
Ruz cita a Bartomeu para el viernes 13 de febrero a las 11:00 horas (hora de Barcelona) y al club ese mismo día a las 10:30, que deberá estar representado por la persona designada en las actuaciones.
La ‘verdad histórica’ no convence a mexicanos
“Te amo”. Fue el grito que lanzó el campesino Epifanio Álvarez tras nombrar entre llantos a su hijo Jorge en la plaza del Zócalo de Ciudad de México. No estaba solo. Decenas de ciudadanos lo acompañaban a él y a otros padres, hermanos, esposas e hijos que también lloraban y sentían su mismo dolor.
Era lunes 26 de enero. Ese día se cumplían cuatro meses de la desaparición de Jorge y de otros 42 compañeros de la escuela rural normalista de Ayotzinapa, luego de protestar en Iguala, en el estado de Guerrero. El mismo lapso en que surgieron las críticas contra el gobierno de Enrique Peña Nieto y la indignación de la sociedad mexicana y de la comunidad internacional porque las autoridades federales tardaron diez días en intervenir y al conocerse, según la Fiscalía, que los estudiantes desaparecieron a manos de un gobierno local ligado al narcotráfico.
De acuerdo con la versión oficial, los policías municipales de Iguala detuvieron a los 43 estudiantes y los entregaron a miembros del cartel Guerreros Unidos, quienes los asesinaron e incineraron en un basurero del municipio vecino de Cocula al creer que eran integrantes del grupo rival Los Rojos.
La directora para América de Amnistía Internacional, Érika Guevara, sostiene que el caso Iguala “ha marcado un hito en la historia contemporánea del país. México tiene que cambiar porque hay una concientización política en los jóvenes mexicanos, una necesidad de cambio, de transformación”.
Pero el descontento, que aún permanece en algunos sectores de México, se ha acentuado desde que el fiscal general, Jesús Murillo Karam, presentó el pasado martes un informe que lo considera es la “verdad histórica” del caso luego de recabar 386 declaraciones, 16 allanamientos y la detención de 99 personas, incluido el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, su esposa y policías municipales.
Podemos “llegar, sin lugar a dudas, a concluir que los estudiantes normalistas fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados y arrojados al río San Juan, es la verdad histórica basada en las pruebas aportadas por la ciencia como se muestra en el expediente”, concluyó el funcionario.
Peña Nieto, que enfrenta la peor crisis política después de dos años en el poder, en un acto público, plantea darle la vuelta a la página: “Estoy convencido de que este instante, este momento en la historia de México de pena, tragedia y de dolor no puede dejarnos atrapados, no podemos quedarnos ahí”, dijo.
Pero la “verdad histórica” no es suficiente para las familias de los desaparecidos. Ellos se resisten a creer la versión oficial hasta que no haya una comprobación científica. “El presidente dice que no nos podemos quedar en el dolor (…), que debemos avanzar, pero quién puede avanzar cuando te falta alguien en la casa?”, se pregunta Pedro de la Cruz, vocero de los familiares de los 43. Vidulfo Rosales, abogado de los desaparecidos, cuestiona a la Fiscalía que declara muertos a todos los estudiantes a base de los testimonios de algunos de los integrantes de la banda Guerreros Unidos. “No pueden tener toda la contundencia en términos probatorios”, insiste.
Un día después de la difusión del informe, el fiscal admitió que faltan “muchas cosas” por aclarar. El director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, opina que parece haber existido “premura por concluir mediáticamente esta investigación”, incluso antes de que llegaran a expertos designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
HRW, en su informe mundial 2015 sobre la situación de los derechos humanos, señala que la llamada “Guerra contra las drogas”, lanzada en el 2006 en México, con un despliegue militar contra los carteles del narcotráfico, aunada a la “catastrófica” situación de la seguridad pública, ha costado ya más de 90.000 vidas y 22.000 desaparecidos.
El analista Alejandro Hope coincide con Vivanco. “Ellos están buscando cerrar el caso. “Todavía nos tienen que decir de manera convincente el porqué sucedió esto. No importa a cuántas personas se detengan”, añade. David Flores, a nombre de los compañeros de los desaparecidos, dice que detrás “hay un interés político grande”, que son las elecciones (regionales y federativas)…”.
El 7 de junio, los mexicanos elegirán 500 diputados federales, los gobiernos de nueve estados y 1.532 funcionarios locales. Los grupos más radicales que apoyan a los padres de los 43 afirman que no permitirán comicios en Guerrero, gobernado por el izquierdista Partido de la Revolución Democrática al que pertenecía Abarca. (I)
Supuesta deserción de militares
Carlos Ramírez López, un abogado venezolano encargado de revisar casos de persecución política en la nación andina, escribió en su cuenta de Twitter sobre la supuesta deserción de ocho militares más que serían del Servicio de Seguridad Presidencial, “tenientes y capitanes del primero y segundo anillos de seguridad de Maduro”, aseguró.
Según Ramírez, estos militares tienen “importante información que corroborará lo que ha dicho Leamsy Salazar”, el oficial que acusa al presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, de ser el jefe del cartel de los Soles.
El penalista y constitucionalista afirmó que estos militares pasarán a ser testigos protegidos en el proceso de investigación que lleva la Fiscalía de Nueva York y que se encuentran a “buen resguardo”. (I)
Padres de 43 preparan la demanda internacional
Los padres de los 43 estudiantes desaparecidos el año pasado en el sureño estado de Guerrero rechazaron la declaración del procurador general de México, Jesús Murillo Karam, quien aseguró que los investigadores están convencidos de que, tras ser detenidos por la policía, todos los estudiantes fueron asesinados e incinerados en un basurero y sus restos arrojados a un río cercano.
En una emotiva conferencia de prensa el martes por la noche, los padres acusaron al gobierno de querer cerrar la investigación aunque ellos siguen teniendo muchas preguntas sin resolver y mantienen esperanzas de encontrar a sus hijos vivos. “No creemos en nada de lo que dicen”, dijo Carmen Cruz, madre de uno de los estudiantes desaparecido, Jorge Cruz, de 19 años. “No vamos a permitir que esto se cierre”.
Los familiares acusaron a la Fiscalía de pretender cerrar el caso “de manera descarada” por intereses políticos.
El abogado Vidulfo Rosales, que representa a las familias de los normalistas, presentó varios argumentos en los que se explica por qué creen que la investigación debe continuar, incluyendo la ausencia de resultados forenses concluyentes.
Rosales añadió que el próximo 3 de febrero las familias presentarán una queja formal ante el Comité de Desapariciones Forzadas en la Oficina del Alto Comisionado para Derechos Humanos de la ONU. El gobierno mexicano “tendrá que responder por estos hechos”.
Esta era la primera vez que el Procurador General afirmaba que todos los estudiantes están muertos a pesar de la ausencia de identificación.
Ayer admitió que faltan “muchas cosas” por aclarar en torno a la desaparición de 43 estudiantes a manos de policías corruptos y miembros del cartel de Guerreros Unidos el pasado 26 de septiembre en Iguala.
“Si yo tomo el argumento de que por el hecho de que no pueden identificarse los restos, (…) dejo impune el homicidio”, afirmó el fiscal.(I)
Dudas
investigación
HRW
Las conclusiones de la investigación oficial generan “mucho escepticismo y muchas dudas fundadas” porque se basan en “confesiones, hipótesis y en extrapolar los resultados de un peritaje de laboratorio”, señaló el director de Human Rights Watch (HRW) para las Américas, José Miguel Vivanco. En tanto, el presidente Enrique Peña dijo que debe haber castigo en este caso.
Se reafirma hipótesis de suicidio en caso Nisman
La fiscal Viviana Fein, que investiga la muerte de su colega Alberto Nisman, detalló que “el disparo fue a una distancia no mayor a un centímetro” y que “el arma fue apoyada sobre la sien”. Así reafirmó la hipótesis inicial del suicidio, aunque la Fiscalía la investiga como una “muerte dudosa”.
Mientras, las dudas sobre el caso Nisman se leen y escuchan en los medios, redes sociales y en las calles como único tema.
Nisman apareció muerto de un disparo el domingo por la noche, horas antes de comparecer ante el Congreso para explicar una denuncia contra Kirchner y su canciller, Héctor Timerman, por supuestamente encubrir a iraníes acusados de haber participado en un atentado contra una mutual judía en Buenos Aires en 1994, que dejó 85 muertos y 300 heridos.
La muerte de Nisman se vive como un policial sin testigos y abundantes hipótesis, entre las cuales el “suicidio inducido” parece el más verosímil para el Gobierno, oposición y ciudadanía, pero ¿quién lo instigó?
Se siente prseguido
En tanto, Damián Pachter, el periodista que dio la primicia de la muerte de Nisman, llegó ayer a Israel para refugiarse, tras recibir amenazas de muerte. “No puedo volver más al país, al menos hasta el final de este gobierno”, declaró, y aseguró que lo estaban siguiendo.
“No voy a contar nada todavía, pero sí puedo decir que recibí un mensaje del Estado que yo lo entendí como un mensaje hacia mí, luego lo chequeé y, efectivamente, fue así”, agregó Pachter. (I)
Lo + Compartido
- Consultar número de cédula de identidad Registro Civil gratis Ecuador
- Consultar Bono de Desarrollo Humano Ecuador Cédula MIES solidario
- Pruebas psicométricas simulador gratis preguntas test
- Cómo saber el número de cédula de una persona
- Preguntas para Pruebas Ser Estudiante INEVAL
- Socio Empleo – Hoja de Vida
- ¿Cómo saber si soy beneficiario de bonos y pensiones?
