Padres de los 43 centran esfuerzos en CIDH tras revés del gobierno para entrar a cuarteles

La negativa se da luego de que en enero el mismo gobierno señaló que accedería a su petición. Estre lunes los padres recibieron un no rotundo.

Fútbol brasileño castigará a clubes que demoren pago de salarios

La autoridad brasileña del fútbol aprobó una norma de «fair play laboral» que facultará a jugadores con salarios atrasados a recurrir a la justicia deportiva contra sus clubes, que podrán ser castigados por el incumplimiento.
La norma fue aprobada por unanimidad por los presidentes de los 20 clubes de primera división que disputarán el próximo torneo nacional en una reunión de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) el lunes en Rio de Janeiro.

Fiscalía espera llevar a juicio al presidente del Barça por caso Neymar

La Fiscalía de la Audiencia Nacional española ha pedido este viernes al juez Pablo Ruz que inicie los trámites para llevar a juicio al presidente del FC Barcelona Josep María Bartomeu por un delito fiscal en el ejercicio de 2014, cuando el club dejó de pagar 1,9 millones ($ 2,4 millones) a Hacienda por el fichaje del brasileño Neymar.

Chavismo pidió a Fiscalía investigar a Julio Borges

Diputados oficialistas, que buscan el desafuero del legislador opositor Julio Borges, pidieron a la Fiscalía General que investigue su denunciada participación en un plan para derrocar al presidente Nicolás Maduro, informó ayer la Asamblea Nacional.

“Nosotros consideramos que hay suficientes elementos para quitarle la inmunidad (parlamentaria) y que este señor (Borges) vaya a ocupar un calabozo”, dijo el diputado oficialista Darío Vivas.

El lunes, el líder opositor Henry Ramos Allup, del partido Acción Democrática, había alertado que “posiblemente” ayer mismo su aliado Borges, de Primero Justicia, sería “desaforado”, luego de anuncios oficialistas en ese sentido.

Borges, quien ayer asistió a la Asamblea, fue involucrado en el presunto plan golpista por el presidente de la Asamblea Nacional y número dos chavista, Diosdado Cabello.

En su intervención durante el debate, el diputado opositor no se refirió al desafuero e instó al chavismo a “deponer la frustración y el odio” contra la oposición. (I)

42 personas procesadas por muerte de una niña

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Capturan a 12 miembros de red que vendía secuestrados en Colombia

Las autoridades de Colombia capturaron a 12 personas, entre ellas un concejal municipal, que integraban una red especializada en secuestrar personas en el oeste del país y venderlas a la guerrilla ELN, informó este domingo la Fiscalía.

La red se dedicaba «a buscar a quien secuestrar para entregarlos por un precio a las organizaciones criminales que están en el conflicto armado», dijo en rueda de prensa el director nacional de Fiscalías Seccionales y Seguridad Ciudadana, Luis González.

El funcionario indicó que dentro de los detenidos figura un concejal del municipio de Quibdó, capital del departamento del Chocó (oeste), identificado como Carlos Pinto.

El ELN, inspirado en la Revolución Cubana y con unos 2.500 combatientes según cifras oficiales, mantiene conversaciones con el gobierno de Juan Manuel Santos con miras a iniciar diálogos formales de paz, paralelos a los tienen lugar desde hace dos años con el primera guerrilla del país, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, comunistas).

La red «muy probablemente es la responsable de haber privado de la libertad al exgobernador del Chocó y ex alcalde de Quibdó, Patrocinio Sánchez Montes de Oca (el 25 de agosto de 2013), y haberlo entregado a un frente del ELN conocido como Manuel Hernández», dijo González.

Explicó que la organización estaba conformada por dos grupos criminales, uno liderado por alias El abuelo, un exparamilitar, y otra al mando de alias El ingeniero, un miliciano del ELN.

«La guerrilla del ELN llegó a pagar a la red criminal hasta 300 millones de pesos (unos 122.000 dólares) por un secuestrado», sostuvo el funcionario.

La Fiscalía estableció que por lo menos cinco secuestrados por esta red criminal fueron vendidos a ese grupo guerrillero.

Colombia vive un conflicto armado en el que han participado guerrillas de izquierda, paramilitares de derecha, fuerzas militares y bandas narcotraficantes y que ha dejado más de 220.000 muertos y 5,3 millones de desplazados, según datos oficiales.

Alcalde caraqueño esperará juicio junto a líder de Voluntad Popular

El alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, fue imputado el viernes por conspiración y asociación para delinquir al final de un día de muestras de solidaridad de simpatizantes y gobiernos extranjeros. Y estará recluido en el penal militar de Ramo Verde, donde se encuentra el líder de Voluntad Popular, Leopoldo López.

La Fiscalía tiene 45 días para presentar sus actos conclusivos ante el juez que decidirá si las pruebas son suficientes para llevar a juicio a Ledezma y sancionarlo con entre 8 y 16 años de cárcel por conspiración y de 6 a 10 años por asociación para delinquir.

La Fiscalía apuntó que Ledezma también fue detenido por su supuesta vinculación con unos estudiantes venezolanos apresados tras su expulsión de Colombia en septiembre pasado y acusados de conspiración para la rebelión poco después. El alcalde admitió conocer a los chicos, pero afirmó que eso no significaba “formar parte de una red de terroristas” apoyados por Uribe, como le acusaba el entonces ministro del Interior, Miguel Rodríguez.

La esposa de Ledezma, Mitzy Capriles, comentó al finalizar la audiencia de presentación que vio a su marido “tremendamente esperanzado” con, dijo, “esta nueva Venezuela que está abriendo los ojos frente a esta injusticia”. (I)

Encontraron cinco fosas clandestinas en Chihuahua, norte de México

El hallazgo se dio un área desértica cerca de la frontera con Texas. Había al menos una osamenta dentro.

‘Esto es guerra’: ¿Por qué discutieron Patricio Parodi y Sheyla Rojas?

El ‘guerrero’ señaló que el fastidio por haber perdido una competencia lo llevó a reaccionar mal con la ex pareja de Antonio Pavón.

Antonio Pavón colaborará con la Fiscalía en investigación a Sheyla Rojas

Ministerio Público indagará el presunto abandono en el que tiene la ‘guerrera’ a su hijo, Antoñito.

Antonio Pavón: “Acepto las disculpas de Maju Mantilla”

El torero dijo de la conductora de Al aire que es “una auténtica dama y lo demuestra con sus actos”.

Antonio Pavón negó que Sheyla Rojas tenga en estado de abandono a su hijo

El torero dice que Antoñito está bien cuidado por la ‘guerrera’. Producción de Al aire culpó a la ex suegra del español por investigación fiscal.

El capitan del Costa Concordia es condenado a 16 años de prisión

Un tribunal italiano condenó a 16 años de cárcel al excapitán del crucero Costa Concordia que naufragó en 2012.

Amnistía Internacional pide garantías para los peritos argentinos en México

Amnistía Internacional (AI) salió ayer en defensa del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), una prestigiosa institución independiente, después de que su trabajo en el caso de 43 estudiantes desaparecidos en México fuera cuestionado por la Fiscalía general, luego de que ellos señalaran puntos débiles en la indagatoria.

Dijo que la Fiscalía “parece intentar desacreditar el trabajo y la reputación del EAAF en lugar de analizar las recomendaciones del equipo forense”.

AI pidió que las inconsistencias se investiguen adecuadamente y expresó su preocupación de que las evidencias puedan haber sido manipuladas para llegar a una determinada conclusión. (I)

Supuesta estafa denuncian ciudadanos

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Presidente del FC Barcelona es imputado por delito en el fichaje de Neymar

El juez Pablo Ruz imputa al presidente del FC Barcelona, Josep María Bartomeu, y al club por un delito contra la Hacienda Pública en lo relativo al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF)  de 2014 en el fichaje del jugador Neymar.
Ruz cita a Bartomeu para el viernes 13 de febrero a las 11:00 horas (hora de Barcelona) y al club ese mismo día a las 10:30, que deberá estar representado por la persona designada en las actuaciones.

La ‘verdad histórica’ no convence a mexicanos

“Te amo”. Fue el grito que lanzó el campesino Epifanio Álvarez tras nombrar entre llantos a su hijo Jorge en la plaza del Zócalo de Ciudad de México. No estaba solo. Decenas de ciudadanos lo acompañaban a él y a otros padres, hermanos, esposas e hijos que también lloraban y sentían su mismo dolor.

Era lunes 26 de enero. Ese día se cumplían cuatro meses de la desaparición de Jorge y de otros 42 compañeros de la escuela rural normalista de Ayotzinapa, luego de protestar en Iguala, en el estado de Guerrero. El mismo lapso en que surgieron las críticas contra el gobierno de Enrique Peña Nieto y la indignación de la sociedad mexicana y de la comunidad internacional porque las autoridades federales tardaron diez días en intervenir y al conocerse, según la Fiscalía, que los estudiantes desaparecieron a manos de un gobierno local ligado al narcotráfico.

De acuerdo con la versión oficial, los policías municipales de Iguala detuvieron a los 43 estudiantes y los entregaron a miembros del cartel Guerreros Unidos, quienes los asesinaron e incineraron en un basurero del municipio vecino de Cocula al creer que eran integrantes del grupo rival Los Rojos.

La directora para América de Amnistía Internacional, Érika Guevara, sostiene que el caso Iguala “ha marcado un hito en la historia contemporánea del país. México tiene que cambiar porque hay una concientización política en los jóvenes mexicanos, una necesidad de cambio, de transformación”.

Pero el descontento, que aún permanece en algunos sectores de México, se ha acentuado desde que el fiscal general, Jesús Murillo Karam, presentó el pasado martes un informe que lo considera es la “verdad histórica” del caso luego de recabar 386 declaraciones, 16 allanamientos y la detención de 99 personas, incluido el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, su esposa y policías municipales.

Podemos “llegar, sin lugar a dudas, a concluir que los estudiantes normalistas fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados y arrojados al río San Juan, es la verdad histórica basada en las pruebas aportadas por la ciencia como se muestra en el expediente”, concluyó el funcionario.

Peña Nieto, que enfrenta la peor crisis política después de dos años en el poder, en un acto público, plantea darle la vuelta a la página: “Estoy convencido de que este instante, este momento en la historia de México de pena, tragedia y de dolor no puede dejarnos atrapados, no podemos quedarnos ahí”, dijo.

Pero la “verdad histórica” no es suficiente para las familias de los desaparecidos. Ellos se resisten a creer la versión oficial hasta que no haya una comprobación científica. “El presidente dice que no nos podemos quedar en el dolor (…), que debemos avanzar, pero quién puede avanzar cuando te falta alguien en la casa?”, se pregunta Pedro de la Cruz, vocero de los familiares de los 43. Vidulfo Rosales, abogado de los desaparecidos, cuestiona a la Fiscalía que declara muertos a todos los estudiantes a base de los testimonios de algunos de los integrantes de la banda Guerreros Unidos. “No pueden tener toda la contundencia en términos probatorios”, insiste.

Un día después de la difusión del informe, el fiscal admitió que faltan “muchas cosas” por aclarar. El director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, opina que parece haber existido “premura por concluir mediáticamente esta investigación”, incluso antes de que llegaran a expertos designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

HRW, en su informe mundial 2015 sobre la situación de los derechos humanos, señala que la llamada “Guerra contra las drogas”, lanzada en el 2006 en México, con un despliegue militar contra los carteles del narcotráfico, aunada a la “catastrófica” situación de la seguridad pública, ha costado ya más de 90.000 vidas y 22.000 desaparecidos.

El analista Alejandro Hope coincide con Vivanco. “Ellos están buscando cerrar el caso. “Todavía nos tienen que decir de manera convincente el porqué sucedió esto. No importa a cuántas personas se detengan”, añade. David Flores, a nombre de los compañeros de los desaparecidos, dice que detrás “hay un interés político grande”, que son las elecciones (regionales y federativas)…”.

El 7 de junio, los mexicanos elegirán 500 diputados federales, los gobiernos de nueve estados y 1.532 funcionarios locales. Los grupos más radicales que apoyan a los padres de los 43 afirman que no permitirán comicios en Guerrero, gobernado por el izquierdista Partido de la Revolución Democrática al que pertenecía Abarca. (I)

Supuesta deserción de militares

Carlos Ramírez López, un abogado venezolano encargado de revisar casos de persecución política en la nación andina, escribió en su cuenta de Twitter sobre la supuesta deserción de ocho militares más que serían del Servicio de Seguridad Presidencial, “tenientes y capitanes del primero y segundo anillos de seguridad de Maduro”, aseguró.

Según Ramírez, estos militares tienen “importante información que corroborará lo que ha dicho Leamsy Salazar”, el oficial que acusa al presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, de ser el jefe del cartel de los Soles.

El penalista y constitucionalista afirmó que estos militares pasarán a ser testigos protegidos en el proceso de investigación que lleva la Fiscalía de Nueva York y que se encuentran a “buen resguardo”. (I)

Padres de 43 preparan la demanda internacional

Los padres de los 43 estudiantes desaparecidos el año pasado en el sureño estado de Guerrero rechazaron la declaración del procurador general de México, Jesús Murillo Karam, quien aseguró que los investigadores están convencidos de que, tras ser detenidos por la policía, todos los estudiantes fueron asesinados e incinerados en un basurero y sus restos arrojados a un río cercano.

En una emotiva conferencia de prensa el martes por la noche, los padres acusaron al gobierno de querer cerrar la investigación aunque ellos siguen teniendo muchas preguntas sin resolver y mantienen esperanzas de encontrar a sus hijos vivos. “No creemos en nada de lo que dicen”, dijo Carmen Cruz, madre de uno de los estudiantes desaparecido, Jorge Cruz, de 19 años. “No vamos a permitir que esto se cierre”.

Los familiares acusaron a la Fiscalía de pretender cerrar el caso “de manera descarada” por intereses políticos.

El abogado Vidulfo Rosales, que representa a las familias de los normalistas, presentó varios argumentos en los que se explica por qué creen que la investigación debe continuar, incluyendo la ausencia de resultados forenses concluyentes.

Rosales añadió que el próximo 3 de febrero las familias presentarán una queja formal ante el Comité de Desapariciones Forzadas en la Oficina del Alto Comisionado para Derechos Humanos de la ONU. El gobierno mexicano “tendrá que responder por estos hechos”.

Esta era la primera vez que el Procurador General afirmaba que todos los estudiantes están muertos a pesar de la ausencia de identificación.

Ayer admitió que faltan “muchas cosas” por aclarar en torno a la desaparición de 43 estudiantes a manos de policías corruptos y miembros del cartel de Guerreros Unidos el pasado 26 de septiembre en Iguala.

“Si yo tomo el argumento de que por el hecho de que no pueden identificarse los restos, (…) dejo impune el homicidio”, afirmó el fiscal.(I)

Dudas
investigación

HRW
Las conclusiones de la investigación oficial generan “mucho escepticismo y muchas dudas fundadas” porque se basan en “confesiones, hipótesis y en extrapolar los resultados de un peritaje de laboratorio”, señaló el director de Human Rights Watch (HRW) para las Américas, José Miguel Vivanco. En tanto, el presidente Enrique Peña dijo que debe haber castigo en este caso.

Denuncias de maltrato y muerte a dos mascotas

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Se reafirma hipótesis de suicidio en caso Nisman

La fiscal Viviana Fein, que investiga la muerte de su colega Alberto Nisman, detalló que “el disparo fue a una distancia no mayor a un centímetro” y que “el arma fue apoyada sobre la sien”. Así reafirmó la hipótesis inicial del suicidio, aunque la Fiscalía la investiga como una “muerte dudosa”.

Mientras, las dudas sobre el caso Nisman se leen y escuchan en los medios, redes sociales y en las calles como único tema.

Nisman apareció muerto de un disparo el domingo por la noche, horas antes de comparecer ante el Congreso para explicar una denuncia contra Kirchner y su canciller, Héctor Timerman, por supuestamente encubrir a iraníes acusados de haber participado en un atentado contra una mutual judía en Buenos Aires en 1994, que dejó 85 muertos y 300 heridos.

La muerte de Nisman se vive como un policial sin testigos y abundantes hipótesis, entre las cuales el “suicidio inducido” parece el más verosímil para el Gobierno, oposición y ciudadanía, pero ¿quién lo instigó?

Se siente prseguido

En tanto, Damián Pachter, el periodista que dio la primicia de la muerte de Nisman, llegó ayer a Israel para refugiarse, tras recibir amenazas de muerte. “No puedo volver más al país, al menos hasta el final de este gobierno”, declaró, y aseguró que lo estaban siguiendo.

“No voy a contar nada todavía, pero sí puedo decir que recibí un mensaje del Estado que yo lo entendí como un mensaje hacia mí, luego lo chequeé y, efectivamente, fue así”, agregó Pachter. (I)

Fiscal Nisman recibió disparo a quemarropa; ordenan arraigo de su colaborador

La fiscal argentina que investiga la muerte de su colega Alberto Nisman insistió el sábado en que las pericias preliminares indican que recibió el disparo «con el arma apoyada sobre la sien», prestada por un cercano colaborador con orden de arraigo.

Mientras el país sigue atento las declaraciones de la fiscal Viviana Fein sobre la muerte de Nisman horas antes de explicar ante el Congreso una dura denuncia contra la presidenta Cristina Kirchner, la justicia prohibió la salida del país de Diego Lagomarsino, un colaborador cercano al fiscal que le prestó el sábado pasado la pistola calibre 22 que lo mató.

Lagomarsino se puso a disposición de los investigadores el viernes en la noche.

Fein dijo el sábado al canal de noticias TN que el disparo se produjo a «una distancia no mayor a un centímetro» e insistió en que hasta ahora no hay pruebas de que hayan participado terceras personas.

La fiscal agregó que «el disparo se efectuó apoyando el arma en el parietal derecho». «El disparo fue sobre la oreja, el arma fue apoyada sobre la sien», reiteró.

Fein también precisó que Nisman, de 51 años, murió «alrededor del mediodía del domingo» 18 de enero en un departamento del exclusivo barrio de Puerto Madero, en Buenos Aires.

«Estamos esperando el examen toxicológico e histopatológico, que son exámenes que pueden demorar», dijo.

Cuatro días antes de su muerte, Nisman hizo pública una denuncia contra la presidenta Kirchner y su canciller Héctor Timerman por supuestamente encubrir a iraníes acusados de haber participado en un atentado contra una mutual judía en Buenos Aires en 1994.

Aquel atentado, que dejó 85 muertos y 300 heridos, ocurrió dos años después de otro en la embajada de Israel de la capital argentina (que dejó 29 muertos), y es considerado el mayor ataque terrorista en la historia argentina.

La causa AMIA, como se le conoce en Argentina, lleva más de 20 años sin resolverse, con juicios anulados por serias irregularidades que dañaron la reputación de jueces y del servicio de inteligencia argentino.

Nisman estaba implicado en la investigación AMIA desde 1997. Pero fue en 2004 cuando se convirtió en máximo responsable de la Fiscalía Especial AMIA, cargo que le concedió el entonces presidente Néstor Kirchner (2003-2007), hoy fallecido, esposo de la actual presidenta.

Tras la muerte de Nisman, la Fiscalía indicó en primer lugar que todas las pistas apuntaban a un suicidio, pero luego no se encontraron rastros de pólvora en la mano de Nisman, entre otros elementos que volvieron compleja la investigación.

El gobierno argentino cree que Nisman no se suicidó y ha levantado sospechas sobre el papel del exjefe de operaciones de la Secretaría de Inteligencia, Antonio ‘Jaime’ Stiusso, removido del cargo en diciembre.

Stiusso trabajaba estrechamente con Nisman desde que el fiscal fue designado en 2004 para investigar el atentado a la AMIA. (I)

Sancionan a 25 miembros de FF.AA. de Colombia por espionaje a diálogos con FARC

Las Fuerzas Armadas de Colombia retiraron este viernes del servicio a cinco de sus miembros y relevaron de sus cargos a 20 más por su presunta relación con los escándalos de espionaje al proceso de paz con las FARC.

Según el inspector general de las Fuerzas Militares, vicealmirante César Augusto Narváez, los retirados del servicio activo son tres oficiales, un suboficial y un patrullero, todos miembros del Ejército o la Policía, implicados en fuga de información reservada.

Entre los 20 relevados de sus funciones figuran diez oficiales, ocho suboficiales, un patrullero y un funcionario no uniformado, agregó el inspector, quien advirtió que los implicados pueden ser excluidos de la rama de inteligencia «si fuere del caso».

Operación Andrómeda

Esas decisiones fueron tomadas después de investigar la participación de militares y policías en los casos de espionaje de la llamada «Operación Andrómeda», del pirata informático Andrés Sepúlveda y de la filtración de documentos secretos de inteligencia y de una supuesta lista de correos electrónicos de políticos y periodistas relacionados con el proceso de paz.

La «Operación Andrómeda» fue puesta al descubierto el 4 de febrero del año pasado por la Fiscalía, que encontró que un restaurante de Bogotá era utilizado por militares como fachada para operaciones de espionaje.

Desde ese local los implicados interceptaron comunicaciones de los negociadores de paz del Gobierno colombiano con las FARC en Cuba, de dirigentes de izquierda y de periodistas.

Según explicó este viernes el vicealmirante Narváez en una rueda de prensa, «Andrómeda estuvo dentro del marco legal, con fundamento en la Constitución política colombiana, directivas, reglamentos y el Manual de Manejo de Redes de Informantes», pero faltó control de las actividades allí realizadas.

«En la fachada de la Operación Andrómeda no se aplicó el principio del secreto, establecido por la inteligencia militar para este tipo de actividades», expresó en un comunicado leído a la prensa.

Involucrados

Sobre el espionaje al proceso de paz cometido por el «hacker» Sepúlveda, gestor de redes sociales de la campaña electoral del excandidato presidencial uribista óscar Iván Zuluaga, según la Fiscalía con la finalidad de «sabotear» los diálogos con las FARC, la investigación concluyó que también hubo participación de miembros de la fuerza pública.

«Existe la presunta participación de dos suboficiales del Ejército Nacional y un patrullero de la Policía en la entrega de información clasificada directa o indirectamente al señor Andrés Sepúlveda, por lo que la Fiscalía general de la Nación les dictó medida de aseguramiento», expresó Narváez.

El caso del pirata informático, actualmente detenido, fue descubierto en mayo pasado en plena campaña presidencial en la que Zuluaga disputó una reñida segunda vuelta con el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, que entonces aspiraba a la reelección.

Pero también se ha abordado la presunta existencia de un directorio militar en el que, al parecer sin conocimiento o autorización de los altos mandos de las Fuerzas Armadas, se recopilaron datos de unos 500 periodistas nacionales e internacionales, hechos sobre los cuales «a la fecha no se ha encontrado evidencia», indicó el oficial.

Polígrafo

En total, las Fuerzas Armadas realizaron 268 pruebas de credibilidad y confidencialidad a personal de inteligencia y miembros de otras divisiones a los que preguntaron su implicación en estos casos bajo la prueba del polígrafo.

De ellas, destacaron ocho pruebas que no arrojaron resultados «satisfactorios», explicó Narváez.

A partir de estos resultados, la investigación avanzó hasta determinar la supuesta vinculación de los 25 integrantes de las Fuerzas Armadas.

El vicealmirante rehusó ofrecer más detalles sobre los pormenores de la investigación puesto que, insistió, es potestad de la Fiscalía, que investiga dichas operaciones, pronunciarse «a su debido momento».

Con el mismo argumento, también rechazó especificar si estos 25 miembros facilitaron información reservada del proceso de paz al expresidente Álvaro Uribe, fuerte crítico de las negociaciones que en diversas ocasiones ha revelado datos solo en poder de los negociadores de paz del Gobierno.

Además de estas sanciones, Narváez anunció que se han abierto seis «investigaciones disciplinarias», de las cuales cuatro corresponden al caso del pirata informático Sepúlveda y dos a la existencia de la lista de correos electrónicos de periodistas.

En estas investigaciones están involucrados al menos once «funcionarios de la fuerza pública» sobre los que no se ofreció más detalles puesto que el proceso aún no ha culminado. (I)

Nada claro en muerte de fiscal en Argentina

Antes de dar a conocer la acusación contra la presidenta argentina Cristina Fernández, el canciller Héctor Timerman y otros, de supuestamente encubrir a los iraníes en el atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en 1994, el fiscal Alberto Nisman envió un mensaje por WhatsApp a sus colaboradores y amigos.

“Más temprano que tarde la verdad triunfa… y me tengo mucha confianza. Haré todo lo que esté a mi alcance, y más también sin importar a quién tenga enfrente. Gracias a todos. Será justicia. Ah! y aclaro, por si acaso, que no enloquecí ni nada parecido. Pese a todo, estoy mejor que nunca. jajaja”, escribió el fiscal la semana pasada.

Nisman fue hallado muerto el lunes en vísperas de presentar en el Congreso supuestas pruebas dentro del caso. De acuerdo con la autopsia, el fiscal murió de un disparo en la sien que lo mató y no hubo “terceras personas” en la escena.

La fiscal a cargo de la causa por “muerte dudosa”, Viviana Fein, comenzó ayer los interrogatorios y recibió, entre otros, a la exmujer de Nisman, a dos de los diez policías que daban custodia al fiscal, al encargado del edificio donde vivía y al colaborador que le prestó el arma desde la que se realizó el disparo, encontrada junto al cadáver.

BUENOS AIRES.- Este mensaje fue colocado en las afueras de la Fiscalía (AFP)

Quien le entregó el arma a Nisman trabajaba en la fiscalía desde el 2007 en la especialidad de Informática, dijo Fein.

Fein expresó a Radio Mitre que “el resultado del barrido electrónico en la búsqueda de residuos en las manos” de Nisman “lamentablemente dio negativo”. Sin embargo, puntualizó que este “no es un resultado inesperado” debido al “calibre pequeño del arma” utilizada.

“Hay muchas medidas de prueba y hay que esperar que arrojen resultados, también con respecto a los estudios de sangre encontrada en el arma, en el lugar”, afirmó la fiscal.

El jefe de Gabinete del gobierno argentino, Jorge Capitanich, pidió averiguar si hubo “presión o extorsión” que llevaran al fiscal al posible suicidio.

BUENOS AIRES.- La Policía trasladó pruebas del caso a la Fiscalía (AFP)

Ayer fuerzas de seguridad allanaron por orden judicial la Fiscalía especial de investigación del atentado contra la mutual AMIA, en busca de nuevas pruebas para la investigación sobre la muerte de Nisman.

La semana pasada Nisman había pedido a un juez que citara a Fernández, al canciller y a allegados al gobierno para ser interrogados. “La presidenta y su ministro de Exteriores tomaron la decisión delictiva de fabricar la inocencia de Irán para saciar los intereses comerciales, políticos y geopolíticos de Argentina”, dijo presuntamente Nisman en un informe a la prensa al que tuvo acceso The Associated Press.

BUENOS AIRES.- La exmujer del fiscal Alberto Nisman, Sandra Arroyo Salgado (c) asistió a la Fiscalía (EFE)

La mandataria, que rechazó las acusaciones del fiscal, vinculó ayer su muerte con el próximo juicio a exmiembros del gobierno de Carlos Menem (1989-1999) y exfuncionarios judiciales por maniobras de encubrimiento en la investigación inicial del ataque.

BUENOS AIRES.- El lunes hubo protestas por la muerte del fiscal (AFP)

Sandra Arroyo Salgado, exesposa de Nisman que llegó de Europa, se presentó a declarar ayer ante la fiscal. “No puedo hacer conjeturas, ni ningún tipo de especulaciones. Hay una investigación en curso, respetemos y dejemos que actúe la justicia”, dijo la magistrada ante la insistencia de la prensa sobre si creía que Nisman se había suicidado. Según Fein, “se podría hablar de un suicidio” pero, al momento, “la causa está caratulada como muerte dudosa”. Desde el entorno familiar del fallecido fiscal afirman que el funcionario no tenía intención de suicidarse, entre otros motivos, porque dejó una nota para que su empleada doméstica realizara compras el lunes, el día posterior a su muerte. (I)

10 años estuvo el caso AMIA en manos del fiscal Nisman.

Reacciones
Investigación

En Uruguay
El presidente electo de Uruguay, Tabaré Vázquez, calificó de “terrible, no solo para Argentina, sino para la región” la muerte de Alberto Nisman.

En Chile
Un grupo de diputados chilenos pidió ayer al Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país que solicite una investigación internacional por la muerte del fiscal Nisman.