Estados que demandaron la acción ejecutiva responden moción del Departamento de Justicia
Insisten en que la medida que Obama anunció en noviembre es ilegal y que se extralimitó en sus poderes.
El reclamo popular que pone en jaque a Dilma Rousseff
La lista es larga. Ciento tres implicados, entre ellos 51 funcionarios públicos –la mayoría oficialistas–, están bajo investigación dentro del enorme esquema de corrupción de la petrolera estatal Petrobras, que sigue, un año después, revelando más involucrados e indignando a la población en Brasil.
Un escándalo que a los tres meses de su segundo mandato cobra factura a la presidenta Dilma Rousseff, que enfrenta, según encuestas, el desplome de su popularidad (13%), un alto rechazo a su gestión (64%) y un pedido, que se escuchó en las manifestaciones del domingo pasado, de juicio político en el Congreso para su destitución.
Un reclamo que se dio el mismo día en que se cumplían en Brasil 30 años de retorno de la democracia. Cerca de 1,7 millones de ciudadanos reclamó por la corrupción en Petrobras y el deterioro de la economía.
También en este mes la jefa de Estado ha soportado abucheos en su propia cara cuando ingresaba a un foro empresarial en Sao Paulo y cacerolazos, primero, durante su discurso por el Día de la Mujer y, segundo, cuando dos de sus ministros decían que el combate a la corrupción ha sido “siempre” una prioridad del gobernante Partido de los Trabajadores (PT).
La caída de la popularidad de la mandataria de izquierda es considerada, por varios analistas, como la peor para un jefe de Estado brasileño desde 1992, cuando el entonces presidente Fernando Collor de Mello fue sometido a un juicio político por corrupción y renunció.
Lejos del vigor de hace unos años, cuando Brasil sorprendía al mundo con alto crecimiento, la economía hoy está estancada, hay déficit fiscal (equivalente al 0,63% del producto interno bruto, PIB), inflación elevada (7,7% en 12 meses) y el real (moneda oficial) se ha devaluado 30% en 12 meses.
En un intento por recuperar el apoyo a su debilitada gestión, un día después de la masiva marcha, el gobierno anunció que estaba abierto al diálogo con las diferentes posturas.
El martes pasado, al cumplirse un año del destape del escándalo de Petrobras, salió a la luz otro caso de corrupción que involucra al segundo mayor banco estatal, Caixa Económica Federal, en un desvío de 100 millones de reales (unos 31,2 millones de dólares). Además, la fiscalía ordenó nuevas detenciones en el caso Petrobras y se vinculó al exdirector Roberto Duque y al tesorero del PT, Joao Vaccari.
Frente a ello, la reacción del gobierno fue lanzar una serie de medidas anticorrupción que tipifican, por ejemplo, el delito de enriquecimiento ilícito y también castigan más severamente el financiamiento irregular de partidos políticos.
El objetivo de Rousseff es recuperar la confianza como la que tenía el día de su posesión, el 1 de enero de este año, cuando destacó entre sus promesas el aplicar un ajuste fiscal sin gasto social para enderezar la debilitada economía. Pero en la actualidad ha causado disgusto a parte de la izquierda.
La retirada de incentivos tributarios, una de las medidas del paquete de ajuste, fue rechazada por el Congreso, mientras que otras decisiones, como alterar beneficios sociales, entre ellos el plazo del seguro de desempleo, están en vigor, pero son resistidas por los sindicatos, incluso los aliados al PT.
El ministro de Hacienda de Brasil, Joaquim Levy, advierte la necesidad de equilibrar las cuentas públicas y eliminar cambios que habían sido hechos en la época de la crisis mundial, como beneficios fiscales a empresas a cambio de mantener las fuentes de trabajo, entre otros.
Además, comparte con Rousseff la idea de que parte de la crisis económica por la que atraviesa Brasil está relacionada con factores externos como la reducción de políticas de incentivo económico que aplicaron dos de los mayores socios comerciales, China y EE.UU.
El Movimiento de Trabajadores Sin Techo (MTST), que a pesar de sus críticas apoyó en las elecciones de octubre al PT, considera que el ajuste ya ha afectado planes sociales y compromete el lanzamiento de la tercera fase del programa habitacional Minha Casa, Minha Vida (Mi casa, mi vida), que ha beneficiado en los doce años que el PT está en el poder –según cifras oficiales– a 6,8 millones de brasileños de escasos recursos. Uno de los principales aliados del PT en el Congreso, el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB, centro), que preside ambas cámaras, ya mostró los dientes a la mandataria. Lidera una suerte de rebelión que incluye la creación de una comisión legislativa para investigar el fraude en la petrolera (cuya red habría desviado unos 3.700 millones de dólares de la estatal entre 2004 y 2012) y el rechazo en el Senado de las medidas de ajuste fiscal muy buscadas por el gobierno para reencauzar las abultadas cuentas públicas.
La renuncia del ministro de Educación, Cid Gomes, del minúsculo Partido Republicano del Orden Social (PROS), generó la declaración de su vicepresidente de una posible reforma de gobierno, lo que ella desmintió. “No la hay”, dijo enfáticamente al señalar que esto no resolvería los problemas.(I)
62
Por ciento de los brasileños rechaza la gestión de la mandataria, según la encuesta del instituto privado Datafolha.
16
Por ciento de los entrevistados por Datafolha, tres días después de las protestas, calificó buena o excelente la gestión de Rousseff
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Amplían investigación por red de corrupción en Brasil
Los presidentes del Senado, Renán Calheiros, y de la Cámara Baja, Eduardo Cunha; el exmandatario Fernando Collor de Mello y otros políticos oficialistas serán investigados por sus presuntos nexos con la red de corrupción en Petrobras, informó ayer el Supremo Tribunal Federal (STF).
La nómina fue divulgada por el magistrado de la Suprema Corte, Teori Zavascki, relator del caso que mantiene en vilo al Gobierno de la presidenta Dilma Rousseff.
En total son 54 políticos (22 diputados federales, de un total de 513, y 12 senadores, de un total de 81) que serán investigados a pedido del procurador general Rodrigo Janot, quien pretende determinar si tuvieron participación en los millonarios desvíos de fondos llevados a cabo en la principal empresa pública de Brasil.
El pedido de investigación se basa en denuncias hechas por el ex director de Abastecimiento de Petrobras, Paulo Roberto Costa, y del cambista Alberto Yousseff, arrestados hace un año en el marco de una investigación de la Policía Federal sobre evasión de impuestos y lavado de dinero.
Costa y Yousseff firmaron acuerdos de delación premiada como forma de conseguir reducción en sus respectivas penas a cambio de suministrar detalles sobre la red de corrupción que desvió entre 2004 y 2012 unos 3.700 millones de dólares de la estatal.
Los fraudes, según las investigaciones, se realizaron en complicidad con los directores y altos ejecutivos de las principales constructoras del país sudamericano, que actuaron como un cartel para ganar las licitaciones y firmar contratos superfacturados. (I)
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El aterrizaje accidentado ha planteado dudas sobre cuándo deberían cerrarse las pistas por nieve o hielo.
Obama apelará fallo si juez no levanta bloqueo a decretos migratorios
El Departamento de Justicia de Estados Unidos apelará la resolución de un juez federal de Texas directamente ante el Tribunal de Apelaciones si el magistrado no levanta antes del lunes el bloqueo de los decretos migratorios anunciados en noviembre por el presidente Barack Obama.
«A la falta de una decisión al cierre del lunes 9 de marzo, los demandados buscarán alivio ante el Tribunal de Apelaciones con el fin de proteger sus intereses», explican los abogados del Departamento de Justicia en un documento que sometieron el miércoles por la noche ante el Tribunal del Distrito Sur de Texas.
El Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito, con sede en Nueva Orleans, es la corte federal de apelaciones de la zona y es uno de los tribunales más conservadores del país.
El pasado 17 de febrero, el juez federal Andrew Hanen del tribunal del Distrito Sur de Texas ordenó el bloqueo temporal de los decretos migratorios hasta que no se resuelva una demanda presentada por 26 estados, liderados por Texas, contra la decisión presidencial de dar papeles temporales a unos cinco millones de inmigrantes indocumentados.
Esta resolución judicial impide ejecutar los decretos migratorios anunciados en noviembre por Obama, dejando en la incertidumbre a millones de indocumentados, que no saben si podrán gozar de la protección anunciada por Obama.
El pasado martes, los 26 estados que presentaron la demanda, liderados por Texas, pidieron al juez Hanen que no levante el bloqueo de los decretos migratorios al considerar que «no hay una necesidad urgente» a la hora de aplicarlos.
Hanen, que es un juez muy consevador, fue nombrado en 2002 por el presidente republicano George W. Bush.
Límites a fallo de Texas
El Departamento de Justicia quiere que si el juez no levanta el bloqueo a los decretos en todo el país, al menos limite la aplicación de su fallo al estado de Texas, que encabeza la demanda. De ese modo, los decretos migratorios podrían empezar a aplicarse en los otros estados.
En total, 26 de los 50 estados que hay en Estados Unidos presentaron una demanda ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Texas contra las acciones ejecutivas de Obama al considerar que estas medidas suponen «un intento ilegal de otorgar de forma unilateral amnistía a millones de inmigrantes ilegales».
Los estados demandantes, la mayoría con gobernadores republicanos, consideran que Obama ha abusado de su potestad ejecutiva al anunciar los decretos migratorios por su cuenta, sin el Congreso.
Obama decidió actuar solo ante la falta de reforma migratoria. Los republicanos, que tienen mayoría en ambas cámaras, se negaron a someter a voto la legislación en la Cámara de Representantes, a pesar de que ésta ya había sido aprobada por el Senado en junio de 2013 con votos bipartidistas.
El presidente anunció en noviembre la ampliación del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), que el gobierno aprobó en 2012 y del que se han beneficiado hasta ahora unos 600.000 jóvenes indocumentados, conocidos en Estados Unidos como «soñadores» o «dreamers».
También anunció la puesta en marcha de la nueva Acción Diferida para Padres de Estadounidenses (DAPA, por sus siglas en inglés), que beneficiaría a aquellos inmigrantes indocumentados que han vivido en Estados Unidos por más de cinco años y son padres de ciudadanos estadounidenses o residentes legales permanentes.
Antes de que el juez de Texas bloqueara los decretos, estaba previsto que la ampliación de DACA comenzara a mediados de febrero y que el programa DAPA se pusiera en marcha en mayo. De momento, ambos programas han quedado en suspenso. (I)
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Como una empresa legítima, el crimen organizado realiza también sus acomodos al interior del organigrama.
Brasil investigará cuentas de brasileños en HSBC de Suiza
El gobierno brasileño investigará a los brasileños que habrían evadido impuestos depositando dinero en la filial suiza del banco británico HSBC, sacudida por un millonario escándalo fiscal, informan hoy en medios locales.
La orden para iniciar la investigación fue realizada por el ministro de Justicia de Brasil, José Eduardo Cardozo, a la Policía Federal.
La decisión fue tomada después de que el portal de noticias UOL tuviera acceso a informaciones filtradas por el ex empleado del HSBC, Hervé Falciani, quien en 2008 entregó a las autoridades francesas datos de cuentas sospechosas de ser usadas para evasión fiscal.
En lo que respecta a Brasil, la lista divulgada por Falciani indica que las cuentas de brasileños llegaron a mover unos 7.000 millones de dólares entre 2006 y 2007 en la filial de Ginebra, donde mantenían un total 6.606 cuentas pertenecientes a 8.667 clientes.
El ministro brasileño explicó que se resolvió iniciar la investigación después de analizar junto a la Policía Federal y el Departamento de Recuperación de Activos y Cooperación Jurídica Internacional (DRCI), las denuncias hechas por UOL, portal que integra el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés).
«Hay indicios de delitos, por eso evaluamos que es necesaria una investigación. La Policía Federal estará al frente de esas investigaciones», dijo Cardozo.
Las investigaciones sobre brasileños vinculados al llamado «SwissLeaks» se vinculan, en parte, con el escándalo de corrupción que sacude a la empresa estatal Petrobas, debido a que algunos involucrados mantienen cuentas en la agencia investigada.
Debido a estos posibles nexos, el Senado brasileño decidió el viernes instalar una comisión parlamentaria de investigación (CPI) que trabajará en forma paralela a la acción policial.
Los 60.000 archivos filtrados por el ex informático contienen detalles de unas 100.000 cuentas del HSBC de clientes en todo el mundo en posesión de más de 100.000 millones de dólares. (I)
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