El Centro de Estudios Políticos y Sociales (Ceps), fundación ligada a los dirigentes de Podemos, habría recibido recursos de Venezuela y Ecuador, según informó este viernes el portal El Economista.es
Según el portal, «si entre 2002 y 2012 esta organización cobró 3,7 millones de euros (unos 3,9 millones de dólares) del régimen de Hugo Chávez, los pagos se han intensificado desde 2013, en vísperas de la creación del nuevo partido político».
El portal cita que obtuvo información de cuentas anuales y del Certificado de Aprobación del Plan de Actuación de 2014. Según elEconomista, los Gobiernos de Venezuela y Ecuador han pagado al Centro de Estudios unos 1,5 millones de euros (1’7 millones de dólares) en los últimos dos ejercicios.
La nota menciona un convenio del Centro de Estudios Políticos y Sociales con el Ministerio de Asuntos Exteriores de Ecuador por 196.735 euros (223.000 dólares).
El portal señala que en el 2013 el Ceps firmó un contrato con el Ministerio del Poder Popular de la República Bolivariana de Venezuela por 290.260 euros. Agrega además de otro convenio con la venezolana Fundación GIS XXI por 186.093 euros.
El mismo portal añade que hasta el 27 de enero del 2014 Pablo Iglesias, el líder de Podemos, figuraba como «patrono de Ceps e Íñigo Errejón como secretario de la misma y miembro por lo tanto del equipo de dirección, puesto que dejó en enero del 2014 cuando se aprobaron rotaciones en la cúpula».
Dos comisiones del Senado argentino comenzaron el martes a debatir la disolución de la Secretaría de Inteligencia (SI), proyecto de la presidenta Cristina Kirchner en reacción a las oscuras maniobras vinculadas con la muerte del fiscal que investigaba el atentado contra la mutual judía en 1994.
La iniciativa crea una nueva Agencia Federal de Inteligencia (AFI), sin el poder que tenía la SI en las escuchas telefónicas ni tampoco su influencia sobre los casos de perfiles políticos que se ventilan en los tribunales.
El secretario del SI, Oscar Parrilli, nombrado en diciembre pasado cuando Kirchner desplazó a la cúpula del organismo, defendió el proyecto y lamentó que la oposición se hubiera retirado del recinto para manifestar su desacuerdo.
Los principales bloques de oposición consideran que Kirchner intenta en este momento desviar el eje de la discusión sobre la misteriosa muerte del fiscal Alberto Nisman, el pasado 18 de enero, cuatro días después de denunciar a la presidenta de encubrimiento de sospechosos iraníes en la causa por el atentado contra el centro judío AMIA.
La AFI se enfocará en «delitos federales complejos como terrorismo, narcotráfico, trata de personas» pero insistió en que no hará tareas de inteligencia interior «salvo que esté en riesgo la seguridad del país».
Los senadores de la oposición anticiparon que no estarán presentes en el Senado -controlado por el oficialismo- cuando se debata el proyecto.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), ONG dedicada a la defensa de derechos humanos, apoyó la reforma por quitarle poder a los espías, pero advirtió que «no se reformula la relación promiscua que existe con la justicia federal».
El CELS dijo que crear la AFI es quedarse «a mitad de camino en la incorporación de controles políticos, parlamentarios y judiciales a las tareas de inteligencia».
La razón de por qué ahora el kirchnerismo lanza la reforma tras 12 años en el poder es que sospecha una venganza de exfuncionarios de la SI echados el 17 de diciembre pasado.
Según el gobierno, agentes despedidos «armaron» una denuncia contra Kirchner por supuesto encubrimiento de los iraníes acusados por el ataque a la mutual judeo-argentina AMIA en Buenos Aires, con saldo de 85 muertos y 300 heridos, fue llevada a Nisman por agentes de la SI, algunos de ellos caídos en la purga de fin de año.
El cadáver de Nisman fue hallado en su apartamento con un disparo en la cabeza el 18 de enero, en una causa caratulada «muerte dudosa».
Bajo el respaldo del expresidente Néstor Kirchner (2003-2007), el fiscal acusó en 2004 a exgobernantes iraníes, en un caso aún sin esclarecer.
Detención
Argentina logró que Interpol aprobara el pedido de captura de nueve acusados, entre ellos el expresidente iraní Ali Rafsanjani y la denuncia recibió el apoyo de Estados Unidos e Israel.
Agentes argentinos de inteligencia, con la colaboración de servicios secretos de Estados Unidos e Israel, proveyeron a Nisman de datos para acusar a los iraníes.
Pero en 2011, la presidenta y esposa del fallecido expresidente firmó un acuerdo con Irán para llevar al banquillo de los acusados a los exgobernantes.
El convenio fue rechazado por dirigentes de la colectividad judeo-argentina por considerar que Teherán no la cumpliría e incluso Nisman se opuso terminantemente.
La oposición venía reclamando en forma unánime una reforma en los desacreditados servicios de inteligencia, pero ahora se opone.
El senador opositor socialdemócrata Luis Juez dijo en rueda de prensa que «todos los gobiernos los utilizaron (a los agentes) para negocios inconfesables».
Una marcha de sectores de izquierda fue convocada para el miércoles para reclamar una comisión independiente que investigue todos los casos.
El gobierno confía en que la creación de la AFI sea aprobada en menos de un mes, con la mayoría que dispone en ambas cámaras. (I)