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Los escándalos por denuncias de corrupción golpean a países latinos

 

Los gobiernos aseguran ser víctimas de conspiraciones por parte de los grupos de oposición. Algunos de los casos motivan sonadas investigaciones judiciales y hasta protestas sociales de gran alcance.

Argentina
Encubrimiento y muerte

El supuesto suicidio, en enero pasado, del fiscal argentino Alberto Nisman, quien investigaba el ataque perpetrado en 1994 contra un centro comunitario israelí, en el que murieron 85 personas, ha puesto a la presidenta Cristina Fernández bajo la lupa. En febrero una marcha en memoria del procurador terminó en una protesta antigobierno.

Nisman señaló que ciudadanos iraníes participaron en el crimen, además denunció a la mandataria por supuesto encubrimiento, cuatro días antes de aparecer muerto. La justicia desestimó imputarla.

No obstante, según la revista Veja, el gobierno argentino recibió de Irán importantes aportes en dólares por el acuerdo, dinero que se habría utilizado en la última campaña de Cristina.

Además, Hotesur, empresa de la presidenta, es investigada por blanqueo de divisas ilegales y devolución de favores por la adjudicación de obras públicas.

Y se suma el proceso contra el vicepresidente Amado Boudou por “cohecho pasivo y negociaciones incompatibles” a su cargo, por la compra de una imprenta de papel moneda cuando era ministro de Economía.(I)

Chile
De la derecha a la izquierda

La administración de Michelle Bachelet anunció reformas legales “caiga quien caiga” para hacer frente de inmediato a escándalos de corrupción que involucran a políticos y que han salpicado también al gobierno de izquierda al conocerse un millonario negocio inmobiliario en el que participó el hijo de la presidenta chilena, Sebastián Dávalos.

Parlamentarios de la derecha conservadora son acusados de recibir financiación irregular para sus campañas políticas de parte del grupo Penta, un conglomerado de $ 20.000 millones, cuyos dueños están presos por presuntos delitos de soborno y fraude al fisco.

Sebastián Dávalos renunció a su cargo en la secretaría sociocultural del gobierno tras la denuncia de que su mujer obtuvo un millonario préstamo para comprar terrenos, que después vendió a mayor precio, luego de que él se reunió con uno de los principales banqueros chilenos. El viernes se conoció de un segundo contrato millonario.(I)

Venezuela
Estado de derecho alejado

El presidente de EE.UU., Barack Obama, declaró el lunes 9 de marzo a Venezuela como una amenaza a la seguridad de su país y ordenó sanciones contra siete funcionarios venezolanos por supuestas violaciones a los derechos humanos y actos de corrupción.

El gobierno reaccionó reiterando que es víctima de una conspiración para derrocarlo y encuadra en esa acusación la reciente detención del alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, criticada por opositores, así como organizaciones de derechos humanos, por considerarla una muestra de que Venezuela se aleja del Estado de derecho. Este caso se suma al del líder opositor Leopoldo López, detenido hace 14 meses por los incidentes violentos de las marchas del 2014.

A inicios de este año, el presidente de la Asamblea y número dos del chavismo, Diosdado Cabello, fue vinculado, mediante la denuncia de un desertor, al Cartel de Soles, junto con altos oficiales militares.

Ayer, diario El País denunció el posible pago de comisiones multimillonarias a exfuncionarios chavistas por la concesión de contratos públicos.(I)

Panamá
Sobreprecio en comida escolar

El expresidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2014) fue señalado por el exdirector del Programa de Ayuda Nacional (PAN) Giacomo Tamburrelli, en arresto domiciliario, como supuesto responsable de la firma de un contrato de 45 millones de dólares para la compra de comida deshidratada con supuesto sobreprecio y cuyo destino eran los comedores de las escuelas públicas del país.

Martinelli, de 62 años y magnate de supermercados con intereses en numerosos sectores económicos panameños, se encuentra en paradero desconocido desde que el pasado 28 de enero salió del país rumbo a Guatemala para asistir a una reunión del Parlamento Centroamericano (Parlacen), del que es diputado.

El exgobernante sostiene que es víctima de una “persecución política” dirigida por su antiguo aliado electoral y vicepresidente, Juan Carlos Varela, actual jefe del Estado panameño, quien ha negado esa acusación.(I)

Brasil
Petrobras alienta pedido de juicio

Dilma Rousseff, la presidenta de Brasil, enfrenta una tormenta política que quedó evidenciada hace dos domingos, durante las protestas antigubernamentales.

El rechazo a la corrupción fue una de las principales consignas de los manifestantes que ocuparon las calles en 65 ciudades del país el 15 de marzo para demandar un juicio político a Rousseff, a la que responsabilizan del multimillonario escándalo de corrupción en Petrobras. Según el Ministerio Público, una red ilegal que operó en la petrolera, entre el 2004 y el 2012, desvió unos $ 3.700 millones para pagar sobornos y financiar partidos políticos. La lista de investigados incluye a 51 políticos (casi todos oficialistas), incluso 2 gobernadores y 34 congresistas, entre ellos los presidentes del Senado y de la Cámara Baja.

La Procuraduría descartó investigar a Rousseff, pese a que ella presidía el consejo de la petrolera cuando ocurrieron los sobornos y que, según delatores, ese dinero habría financiado la campaña electoral del 2010.

Tras un año de investigación del caso el gobierno y la Fiscalía presentaron sendos proyectos de ley para endurecer las sanciones contra la corrupción.(I)

México
Desapariciones revelan nexos

La barbarie del crimen organizado es un azote que los mexicanos soportan desde hace años, pero muy pocos hechos violentos han tenido la repercusión del secuestro de 43 jóvenes estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en septiembre pasado.

Aunque las autoridades dan por seguro que fueron asesinados después de que policías corruptos los entregasen al cartel Guerreros Unidos, los familiares de los estudiantes no bajan la guardia y están movilizados para lograr justicia en un caso que ha dejado en evidencia los nexos entre los narcos, el poder político, la fuerza pública e inclusive el poder judicial.

El caso Ayotzinapa ha hecho perder apoyo al presidente Enrique Peña Nieto en un momento político importante por las elecciones de junio próximo.

En los últimos días fueron despedidos tres periodistas que habían revelado que la primera dama, Ángelica Rivera, había adquirido una mansión de $ 4 millones con un importante contratista gubernamental favorecido por su marido desde que era gobernador.

Carmen Aristegui aseguró que ella y su equipo periodísticos fueron despedido por presión de la Presidencia.(I)

 

 

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