México es «un cruel ejemplo de como la violencia criminal puede amenazar ganancias democráticas», advierte.
Francia fue amonestada el miércoles por el Consejo de Europa por no prohibir claramente todas las formas de castigo corporal a los niños, como pegarles en las nalgas, contrariamente a la mayoría de sus países vecinos.
El derecho francés «no prevé la prohibición suficientemente clara, vinculante y precisa» de dichos castigos ni en la ley ni en la jurisprudencia, estimó el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) de la organización paneuropea, en una decisión publicada el miércoles a raíz de un recurso de una ONG británica.
Aunque las violencias graves están prohibidas, la «incertidumbre subsiste respecto a la existencia de un ‘derecho a la corrección’ reconocido por la justicia» francesa, afirma el Comité en su decisión.
Esa imprecisión constituye una «violación» de la Carta Social Europea, según los expertos del CEDS, a cargo de velar por el respeto de ese tratado vinculante por parte de los Estados miembros del Consejo de Europa que lo ratificaron.
Esta decisión del Comité no es una primicia, ya que el organismo constató anteriormente tres veces la no conformidad del derecho francés con la Carta. Pero esta nueva decisión es, por vez primera, el resultado del recurso de una ONG, la asociación británica Approach, consagrada a la protección de los niños.
La secretaria de Estado francesa de la Familia, Laurence Rossignol, dijo que el país necesita una «reflexión colectiva» sobre «la utilidad de los castigos corporales en la educación de los niños».
Pero eso «no pasará por la ley» para no «cortar el país en dos campos, los que están a favor y los que están contra» el hecho de pegar a los niños en las nalgas, dijo Rossignol a la AFP.
«Para los padres que maltratan, hay un código penal. A los que se dejaron ir en un momento al castigo corporal, hay que ayudarlos a actuar de otra manera y no descalificarlos» remitiéndolos a un juez, argumentó.
Protección al menor
Durante el procedimiento que desembocó en la decisión del CEDS, el gobierno francés sostuvo que su legislación protege suficientemente a los niños «contra el uso de toda violencia», y que el «derecho de corrección» de los padres tiende a desaparecer en la jurisprudencia.
Pero los expertos del Consejo de Europa zanjaron claramente en favor de los argumentos de Approach, que milita por la prohibición sin excepciones de los castigos corporales.
La asociación aludió a recientes decisiones de la justicia francesa afirmando que las mismas reafirman el «derecho de corrección».
A diferencia de las decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), las del CEDS no implican indemnizaciones financieras en caso de violación constatada, pero Francia debe someterse a ellas.
Corresponde ahora a la instancia de decisión del Consejo de Europa, su Comité de Ministros, enviar a Francia eventuales recomendaciones al respecto.
Esta nueva advertencia de la organización con sede en Estrasburgo (distinta de la Unión Europea) lleva agua al molino de los detractores de castigar a los niños golpeándolos en las nalgas, que niegan que esa práctica del pasado tenga utilidad educativa alguna.
El tema ha sido objeto de polémicas en Francia, como la desatada en octubre de 2013, cuando un padre de familia fue condenado a 500 euros de multa por haber pegado en las nalgas a su hijo de 9 años.
Al pronunciarse hace menos de un mes en favor de ese tipo de castigo en el marco familiar, el papa Francisco provocó críticas en Europa, en particular de la ministra alemana de la Familia y de asociaciones británicas.
El Consejo de Europa insta desde hace años a sus Estados miembros a prohibir los castigos corporales infligidos a los niños. Hasta hoy, 27 de los 47 países que integran la organización han adoptado leyes al respecto. Suecia fue la primera en hacerlo, en 1979. España lo hizo en 2007, junto con Holanda y Portugal.
Además de los 27 países europeos, 17 Estados han prohibido totalmente los castigos corporales a los niños en el resto del mundo, entre ellos Argentina, Brasil, Bolivia, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, Uruguay y Venezuela. (I)
Sustituye a Jesús Murillo Karam, quien se fue en medio de críticas por la investigación sobre Ayotzinapa.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció hoy la adopción de medidas cautelares o de protección para dos estudiantes venezolanos presos en Caracas al considerar que «su vida e integridad personal se encontraría en riesgo».
La Comisión considera que la información que ha recibido, en principio, demuestra que los dos estudiantes «se encuentran en una situación de gravedad y urgencia» debido a las precarias condiciones de su detención y a que no estarían recibiendo la atención médica adecuada.
La CIDH solicitó al Estado de Venezuela que adopte las medidas necesarias para preservar la vida e integridad personal de los dos estudiantes «proporcionando la atención médica adecuada de acuerdo a las condiciones de sus patologías» y que asegure que las condiciones de su detención «se adecuen a estándares internacionales», tomando en consideración su estado de salud actual.
El Estado de Venezuela tiene 15 días para informar a la Comisión sobre la adopción de las medidas solicitadas.
Lorent Saleh y Gerardo Carrero se encuentran presos en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional de Venezuela (SEBIN) en Caracas, en la celda denominada «La Tumba», donde, según la oposición venezolana, han sido torturados.
El líder estudiantial Saleh, director de la organización «Operación Libertad», fue expulsado en septiembre de 2014 por las autoridades migratorias colombianas a Venezuela con el argumento de que estaba realizando actividades políticas no permitidas a los extranjeros.
Por otro lado, la CIDH lamentó hoy la muerte el pasado 24 de febrero del estudiante venezolano de 14 años Kluibert Roa durante la represión de una manifestación en Táchira por parte de fuerzas de seguridad del Estado.
La CIDH rechazó «cualquier forma de violencia» y urgió al Estado de Venezuela a «asegurar que cualquier uso de la fuerza sea estrictamente en conformidad con sus obligaciones internacionales».
Los dos comunicados divulgados hoy por la CIDH sobre Venezuela coinciden con la visita del ex presidente de Colombia Andrés Pastrana a la sede de la Comisión en Washington.
Pastrana solicitó a la CIDH la adopción de medidas cautelares en favor de seis de los líderes más importantes de la oposición venezolana, entre ellos, Leopoldo López y el alcalde de Caracas Antonio Ledezma, ambos encarcelados.
En menos de un mes, tres mexicanos han sido asesinados por disparos de oficiales en EEUU. El último altercado sucedió en Santa Ana, California.
El secretario ejecutivo de la coalición opositora venezolana Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Jesús Torrealba, afirmó este viernes que, luego de 26 años de la revuelta popular conocida como el «Caracazo», los tiempos han sido de «negación de la justicia» para las víctimas.
De los «26 años del Caracazo, más de la mitad, 16, han ocurrido bajo el régimen chavomadurista, han sido años de absoluta impunidad, han sido años de negación de la justicia», dijo en una rueda de prensa Torrealba, refiriéndose al periodo gobernado por el fallecido Hugo Chávez (1999-2013) y su sucesor y actual presidente, Nicolás Maduro.
Estos «han sido años en el que las únicas víctimas que han obtenido algún tipo de justicia han sido porque han acudido al Sistema Interamericano de Derechos Humanos», añadió el secretario de la MUD, plataforma que agrupa a la mayoría de los partidos de oposición, y quien no especificó casos.
La revuelta popular conocida como «Caracazo» inicio el 27 de febrero de 1989, durante el Gobierno de Carlos Andrés Pérez, en las barriadas pobres de la capital venezolana en rechazo a las alzas de precios y tarifas exigidas por el Fondo Monetario Internacional.
La jornada de disturbios fue sofocada a tiros por militares y policías y dejó un número aún no determinado de muertes que se estima entre 300 a 3.000.
Anualmente el chavismo exalta este evento como el suceso que impulsó al nacimiento de la llamada revolución bolivariana y que este año prevé conmemorar con varios actos y una marcha mañana en el centro de Caracas.
Estos actos también fueron cuestionados por Torrealba quien consideró aquella jornada como «un día luctuoso, del que centenares de familias tienen el recuerdo amargo de la violencia».
«Este proyecto autoritario, que es temporalmente inquilino de Miraflores (sede del Ejecutivo venezolano), tiene la mala costumbre de convertir en fiesta lo que son tragedias», dijo. (I)
Un total de 138 reos, entre ellos Joaquín Guzmán Loera, denunciaron violaciones a sus derechos en el penal.
Danny Jano, un asirio cristiano, huyó con su familia con lo puesto tras oír que los yihadistas del grupo Estado Islámico se acercaban a su aldea en el noreste de Siria.
«Escuchamos disparos y bombardeos durante siete horas antes de decidirnos a abandonar nuestra casa», explica por teléfono a la AFP desde la capital provincial de Hasake, donde se encuentra refugiado con su familia.
«Después de eso, oímos que Daesh (acrónimo en árabe del Estado Islámico) se acercaba a nuestra aldea».
«Fueron las cinco horas más largas y difíciles de mi vida», cuenta a la AFP. «Oímos disparos de francotiradores, bombardeos y uno de los coches fue golpeado por un mortero», recuerda.
Jano, su mujer y sus dos hijas huyeron el lunes; el EI ha llevado a cabo una ofensiva de tres días en la que ha conquistado al menos una decena de localidades cristianas y ha secuestrado a al menos 220 asirios en la provincia de Hasake.
Jano, que trabajaba como sastre en aldea, Tal Misas, explica que los habitantes abandonaron en la huida sus tractores y vehículos. El viaje duró cinco aterradoras horas.
«Sentimos miedo como nunca antes, pero no lo pensamos dos veces», afirma. «Condujimos, aún en pijama, no miramos atrás y no paramos hasta llegar aquí».
Según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos (OSDH), el grupo EI busca vengarse de la ofensiva kurda en la región de Hasake apoyada por bombardeos de la coalición internacional dirigida por Estados Unidos.
En los tres días de contraataque del Estado Islámico, cerca de un millar de familias asirias, unas 5.000 personas en total, huyeron de sus casas para refugiarse en Hasake y Qamishli, dos ciudades del noreste controladas por las fuerzas kurdas y gubernamentales, según responsables asirios y activistas locales.
El OSDH elevó a 35 los yihadistas muertos, y a 25 las bajas de kurdos y milicias asirias desde el inicio de la ofensiva el lunes.
Yukhana Harun, líder del Partido Democrático Asirio, contó a la AFP que «la gente llega sin nada», exhausta.
«Es un crimen contra el pacífico pueblo asirio. Ellos (el EI) destruyen la coexistencia, la civilización y la historia, llevándonos siglos atrás, mientras la comunidad internacional mira en silencio. Es una masacre», aseveró.
«En Qamishli, en el Hasake nororiental, se refugiaron unas 200 familias y van a ser alojadas en viviendas de la ciudad», dijo por teléfono a la AFP Jean Tolo, responsable de la organización asiria de ayuda y desarrollo en esa ciudad.
«Llegaron en un estado mental terrible. Han llegado familias sin parar desde hace tres días».
En Siria hay unos 30.000 asirios dentro de una comunidad cristiana de 1,2 millones de personas, que viven principalmente a lo largo del río Khabur en Hasake.
El control de la provincia está dividida entre el EI y los combatientes kurdos, a pesar de que las fuerzas del régimen están presentes en algunas ciudades provinciales.
Desde su llegada a Siria e Irak, el Estado Islámico se ha caracterizado por dar un trato brutal a las minorías étnicas y religiosas.
«Es un crimen cuya fealdad no puede describirse. Quemaron casas, volaron nuestra iglesias, secuestraron a nuestras familias, ¿y todo para qué? Es una pregunta para la que no tengo respuesta», lamenta Jano.
«Pero volveremos, inevitablemente. Mañana, y si no mañana, al día siguiente».
Lo reveló un estudio realizado en las cárceles de Texas. Los expertos dicen que es una cifra desproporcionada.
Las oficinas de las Naciones Unidas y de la Unicef en Colombia saludaron el anuncio de hoy de las FARC de no incorporar menores de 17 años a sus filas, decisión que consideraron un paso hacia la reducción de la intensidad del conflicto armado.
Las dos organizaciones destacaron que el anuncio se haya dado en el «significativo Día Internacional de las Manos Rojas que promueve la no vinculación de la niñez al conflicto armado», según un comunicado de las Naciones Unidas.
«La decisión de las FARC-EP constituye, sin duda, un importante paso a favor del desescalamiento del conflicto armado en Colombia y una señal de buena voluntad por avanzar en la firma de un acuerdo de paz», agrega el mensaje de la ONU.
El coordinador residente y humanitario de las Naciones Unidas en Colombia, Fabrizio Hochschild, y el representante de Unicef, Roberto de Bernardi, agregaron en el comunicado que esperan que esta decisión «sea un paso clave» para el desarrollo de medidas adicionales «que aseguren la efectiva protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes», de conformidad con la Convención sobre los Derechos del Niño.
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) anunciaron hoy en Cuba, en el cierre del ciclo 32 de los diálogos de paz con el Gobierno, que no incorporarán a sus filas a menores de 17 años, lo que eleva en dos años la edad mínima de sus guerrilleros, y negaron que hayan «reclutado forzosamente ni a menores ni a ningún combatiente».
Al hacer el anuncio, esa guerrilla invocó la Convención de los Derechos del Niño, al tiempo que expresó el anhelo «de poder alcanzar pronto un acuerdo de paz con justicia social» en las negociaciones que se iniciaron hace 26 meses.
El jefe negociador del Gobierno, Humberto de la Calle, saludó esa decisión pero consideró que es un paso «insuficiente» y pidió a la guerrilla prescindir de los menores que actualmente la integran.
«Juntaban cenizas del piso, con tierra, con polvo, y eso entregaban a los familiares», dijo un testigo.
Honduras tiene la tasa de homicidios más alta del mundo, con 66 crímenes por cada 100,000 habitantes.
Dos delincuentes detenidos en 2010 fueron torturados por personal militar en el estado de Tamaulipas.
El centro de escuchas británico llevó a cabo programas de vigilancia masiva en Internet de manera ilegal.
El centro de escuchas británico, conocido por sus siglas GCHQ, llevó a cabo antes del pasado diciembre programas de vigilancia masiva en Internet ilegales, determinó hoy el Tribunal de Poderes de Investigación (IPT, en inglés).
Esta corte de justicia, que atiende las quejas sobre la conducta de los servicios secretos, sostiene que GCHQ violó con esa actuación en la red los derechos humanos, pero precisó que desde el pasado diciembre opera de acuerdo con la legislación vigente.
El IPT afirmó que GCHQ no debía haber tenido acceso a material recolectado en Internet sin autorización por agencias de espionaje extranjeras, como la NSA estadounidense.
Los medios británicos destacan que esta es la primera vez que esta corte de justicia, establecida en 2000, ha fallado a favor de una denuncia presentada contra los servicios de inteligencia del Reino Unido.
El pasado diciembre, el IPT consideró legales y respetuosos con los derechos humanos los programas de vigilancia masiva de los servicios secretos del Reino Unido, que habían sido cuestionados por organizaciones de defensa de las libertades civiles.
En esa sentencia, este tribunal desestimó la demanda presentada por Amnistía Internacional (AI), Liberty y Privacy International, que argumentaron que esos programas violan el derecho a la privacidad y coartan la libertad de expresión.
A raíz de ese caso, el Gobierno de Londres anunció la adopción de ciertas salvaguardas que legalizan el intercambio de información entre agencias de espionaje y son respetuosas con los derechos humanos.
El director de la rama legal de Liberty, James Welch, aseguró hoy que las medidas de seguridad introducidas entonces son «insuficientes» para normalizar el intercambio de información entre servicios de inteligencia e informó de que llevarán el caso ante la Corte Europea de Derechos Humanos.
Un portavoz de GCHQ celebró que el IPT haya reiterado que la «mayor parte del régimen de interceptación (de información)» del Reino Unido es «totalmente legal».
«No obstante, el IPT ha fallado en contra del Gobierno en relación a un pequeño aspecto, el régimen legal de intercambio de información del pasado», dijo el portavoz en referencia al marco de actuación en funcionamiento antes del pasado diciembre.
AI, Liberty y Privacy International presentaron la demanda después de que el exagente de la Agencia Nacional de Seguridad estadounidense (NSA) Edward Snowden revelara la existencia en EEUU y el Reino Unido de los programas Prism y Tempora de vigilancia masiva de las comunicaciones de los ciudadanos.
Las reglas que gobiernan el acceso de los servicios británicos a esos programas de la NSA se mantuvieron en secreto hasta el pasado diciembre, pero las actividades de GCHQ se volvieron legales en el momento en que el Ejecutivo de Londres las hizo públicas a través de «dos nuevos párrafos», según recordó hoy el IPT.
«El Tribunal ha dictaminado que la divulgación pública de dos párrafos con detalles adicionales, revelada voluntariamente por el Gobierno durante este litigio, fue clave para que el régimen público se volviera suficientemente previsible y, por tanto, plenamente compatible con la Convención Europea de Derechos Humanos», afirmó el portavoz del GCHQ. (I)
Existe evidencia de que militares tomaron fotos y registros de cinco normalistas agredidos el 26 de septiembre.
Considera que se trata de «una traición» que atenta contra las aspiraciones de libertad del pueblo cubano.
El subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Juan Manuel Gómez Robledo, anunció en la ONU que espera que para junio México cuente con una ley general de desaparición forzada.
“El Congreso inició sesiones ayer (lunes) y tenemos que lograr la reforma constitucional primero y la ley después, antes de que termine esta legislatura, en junio”, dijo Gómez Robledo, jefe de la delegación de México, al término del examen sobre la situación de los desaparecidos en el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU.
Gómez Robledo se comprometió además a subsanar la inexistencia de un registro exclusivo de desapariciones forzadas. “Hay un registro que mezcla personas no localizadas y eventualmente personas desaparecidas forzadamente, es algo que hay que corregir sin duda alguna”, admitió.
Aunque los expertos del Comité evitaron en todo momento politizar el diálogo, el drama de la desaparición de 43 estudiantes de Iguala, el pasado 26 de septiembre, estuvo presente. Hilda Legideño y Bernabé Abraján, padres de dos de los desaparecidos, mostraron escepticismo al término de la sesión sobre la posibilidad de que el escrutinio al que se sometió México contribuya a resolver el caso de sus hijos. (I)
Padres de Ayotzinapa viajaron a Ginebra para exponer el caso de Iguala. El gobierno mexicano no pudo dar respuestas.
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México comparece hoy en su primera cita ante el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas con un sombrío telón de fondo por la desaparición de los 43 estudiantes en Iguala, una audiencia a la que también acudirán familiares de los jóvenes.
Signatario de la convención contra la desaparición forzada de Naciones Unidas, que entró en vigor en el 2010, México comparecerá, por primera vez, ante el Comité contra las Desapariciones Forzadas hoy y mañana. “Vamos a Ginebra preparados a contestar todas las preguntas que se nos hagan”, dijo Juan Gómez Robledo, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la cancillería mexicana.
En tanto, los familiares y representantes de los 43 estudiantes son acompañados por un equipo jurídico del Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez, y del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
El viaje tiene lugar después de que la fiscalía general de México diera por muertos a los 43 estudiantes que desaparecieron el 26 de septiembre en Iguala (Guerrero). (I)
Al menos siete personas murieron y otras 20 resultaron heridas cuando un autobús explotó este domingo en el centro de la capital siria, Damasco, indicó una ONG.
El Observatorio Sirio de Derechos Humanos (OSDH) no pudo dar inmediatamente los motivos de esta explosión ocurrida cerca del barrio de Suk al Hamidiye.
La agencia oficial Sana informó de una «explosión terrorista en un autobús que transportaba viajeros en la zona de Kalase», cifrando en cuatro los muertos y 19 los heridos.
Según Rami Abdel Rahmane, director del OSDH, el autobús transportaba a peregrinos chiitas que visitaban lugares santos en la capital.
Algunos barrios del centro de Damasco se han mantenido al margen de los combates que sacuden la mayor parte del territorio sirio desde hace casi cuatro años.
Pero los rebeldes disparan con frecuencia cohetes contra la capital desde sus bases a las afueras de Damasco.
Más de 200.000 personas murieron en Siria desde el inicio del conflicto y casi diez millones de personas debieron abandonar sus casas huyendo de la violencia. (I)
Señalaron que no permitirán que cierren las investigaciones con la sola declaracion de los presuntos asesinos.