Perú presentará una protesta «al más alto nivel» por la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de admitir 59 casos de personas condenadas por terrorismo que pretenden ser liberadas e indemnizadas por el Estado.
«Estamos generando una durísima protesta al nivel más alto por la decisión de la CIDH de admitir y acumular 59 casos de terroristas debidamente procesados y encarcelados y que ahora pretenden ser liberados e indemnizados por el Estado», dijo el ministro de Justicia Gustavo Adrianzén, citado por la agencia oficial Andina.
El ministerio de Justicia está estudiando uno por uno estos 59 casos, «que involucran a 63 subversivos sentenciados, para que la protesta, que se presentará a la mayor brevedad,esté debidamente documentada», precisó.
«No nos queremos precipitar ni que lo nuestro se vea como un voluntarismo o una pataleta. Eso va a ser perfectamente documentado y en esos extremos vamos a presentar nuestra protesta», señaló el ministro.
Adrianzén aseguró que con las pruebas documentadas de los sentenciados los casos no podrían ser elevados a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
«Sería inconcebible que esto ocurra, ya sería el colmo de los colmos que también pretendan llevarlo a la Corte», dijo el ministro, citado por Andina.
Según informó, la CIDH admitió los casos de los 59 peruanos semanas atrás, debido a una presunta afectación y violación de sus derechos humanos. (I)
El representante del gobierno venezolano ante los organismos internacionales de derechos humanos consideró como ilegal e injustificada petición que realizó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al estado venezolano para que proteja la vida y la integridad personal de los opositores encarcelados, Leopoldo López y Daniel Ceballos.
El agente del estado venezolano ante los organismos internacionales de derechos humanos, Germán Saltrón, rechazó el martes la medida cautelar que pidió la CIDH a favor de López y Ceballos por considerar que están en situación de riesgo, y sostuvo que esa acción es “totalmente ilegal, (y) no se justifica”.
Saltrón descartó que estén en riesgo las vidas de los dos dirigentes del partido Voluntad Popular, y dijo que los opositores detenidos tienen garantizados todos sus derechos humanos y el debido proceso.
El defensor de López, Juan Carlos Gutiérrez, aseguró que el expresidente español Felipe González “vendrá pronto a Venezuela para integrarse a la fase final del proceso (…) en condición de consultor técnico”.
Gutiérrez recalcó que el expresidente del gobierno español, abogado de profesión, no necesitará visado de trabajo para realizar la asesoría porque su labor será ad honórem, lo que no requiere una relación laboral que exija la prestación de un servicio, salario o relación de subordinación.
Mientras el secretario del estado norteamericano John Kerry reiteró ayer que Estados Unidos sigue “abierto” a dialogar con Venezuela, días después de que los presidentes Barack Obama y Nicolás Maduro mantuvieran un breve encuentro bilateral en la Cumbre de las Américas en Panamá.
Según una encuesta hecha en marzo por Datanálisis, la popularidad de Maduro subió por tercer mes consecutivo para ubicarse en 28,2%. Según analistas las sanciones de EE.UU. a funcionarios venezolanos ha unido a sus seguidores. (I)
La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) presentó su informe de los tres primeros meses de
El Observatorio Sirio de Derechos Humanos denunció que menores reclutados por ISIS participaron en la decapitación de prisioneros.
Los últimos días han estado marcados por un llamado urgente por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)
Más de 300 personas han sido detenidas por haber copiado o ayudado a copiar masivamente en un examen en India.
El terror del albergue ‘La Gran Familia’, descubierto en 2014 en Michoacán, podría no ser cosa del pasado.
Abogados militares defensores de presos de Guantánamo exigieron ayer ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que EE.UU. suspenda inmediatamente los juicios por comisiones militares que se utilizan para juzgar a ciertos presos retenidos en ese centro de detención.
Ante el organismo denunciaron, por primera vez, la situación de derechos humanos en la prisión montada en el 2001 para llevar a reos sospechosos de terrorismo a esa base naval estadounidense en Cuba.
Walter Ruiz, abogado del preso paquistaní Mustafá al Hawsawi, denunció que durante los juicios contra los presos de Guantánamo “se facilita la admisibilidad de evidencia derivada de tortura, coerción y rumores”, pero que la defensa no tiene acceso a esas evidencias porque están clasificadas.
El defensor de Al Hawsawi, uno de los presuntos cerebros del 11 de septiembre del 2001, consideró que las comisiones militares “son serviles a los intereses políticos nacionales, están corrompidas por la manipulación de agencias de inteligencia nacionales e interferidas por agentes del gobierno federal…”.(I)
En NY se reunirán con Amnistía Internacional y en Washington DC con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En seis años se han localizado 441 cadáveres de inmigrantes en la región, pero hay al menos 200 más sin localizar.
El presidente Rafael Correa anunció para el jueves una reunión de cancilleres de la Unasur para emitir un pronunciamiento sobre la «grotesca, ilegal, descarada e injustificada injerencia de Estados Unidos en asuntos internos de Venezuela».
Ayer, el presidente Barack Obama ordenó la implementación de sanciones contra funcionarios venezolanos y declaró emergencia nacional por el riesgo extraordinario que supone la situación en Venezuela para la seguridad de Estados Unidos.
Durante su conversatorio con medios de comunicación, el mandatario dijo este martes que con esta decisión, Estados Unidos pierde legitimidad.
«¿Quién puede creer que Venezuela es un peligro para la seguridad de Estados Unidos?», se preguntó Correa y agregó que el anuncio del gobierno estadounidense lo único que busca es que «nadie se atreva a colaborar con Venezuela, debido al fracaso de la oposición que no logró desestabilizar al gobierno del presidente (Nicolás) Maduro», dijo el mandatario.
Pidió a los pueblos de Latinoamérica, rechazar esta decisión «inaudita» que rompe, según Correa la Carta Interamericana de Derechos Humanos. (I)
Sustituye a Jesús Murillo Karam, quien se fue en medio de críticas por la investigación sobre Ayotzinapa.
Un grupo de expertos designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) fue recibido hoy en México en la escuela rural del magisterio de Ayotzinapa por los padres de 43 estudiantes desaparecidos, al inicio de una misión de seis meses para evaluar las acciones del Estado mexicano en este caso.
«Vamos a tratar de llegar a la verdad de los hechos», dijo a periodistas el médico y psicólogo español Carlos Beristain, uno de los cinco integrantes de la comisión. «Se dará un informe preliminar a los tres meses para conocer el avance del caso y estudiar bien el expediente», afirmó.
Los especialistas llegaron el lunes por la tarde a la comunidad de Tixtla del sureño estado de Guerrero donde se encuentra la escuela para reunirse primero con los padres y después con un grupo de estudiantes.
«Tengo esperanza de que con esta presencia de los investigadores internacionales se pueda llegar a la verdad», dijo a dpa una madre que pidió no ser identificada. «Siempre hemos insistido en que haya un acercamiento con nosotros, que somos las víctimas».
Antes de viajar a Guerrero, los expertos se reunieron hoy en la Secretaría de Relaciones Exteriores de México con la subsecretaria de derechos humanos, Lía Limón, con la encargada de la subprocuraduría de derechos humanos, Eliana García, y con el director general de derechos humanos de la cancillería, Alejandor Alday, que les dieron la bienvenida, según un comunicado oficial.
Visión de fiscalía
La fiscalía general mexicana concluyó a finales de enero que los estudiantes fueron detenidos, asesinados e incinerados en un basurero para hacer desaparecer sus restos, resultados que fueron rechazados por las familias.
Los padres y abogados de los jóvenes consideran que no existen suficientes evidencias científicas en ese sentido, ya que sólo los restos calcinados de uno de los jóvenes se han podido identificar con pruebas de ADN.
La misión de expertos fue creada en base a un acuerdo de asistencia técnica firmado en noviembre entre la CIDH, el Estado de México y las organizaciones no gubernamentales que representan a los 43 estudiantes y sus familias.
Además de Beristain, integran la comisión la exfiscal general de Guatemala Claudia Paz y Paz, la abogada y socióloga colombiana Ángela Buitrago, el abogado chileno Francisco Cox Vial y el abogado colombiano experto en derechos humanos Alejandro Valencia Villa.
Los estudiantes desaparecieron el 26 de septiembre después de ser entregados por policías municipales al grupo criminal Guerreros Unidos, que supuestamente los confundió con miembros de un grupo rival y los mató.
La creación de esta comisión «es una situación inédita en términos de derechos humanos, es algo extraordinario», dijo el abogado de las familias, Vidulfo Rosales, al indicar que sólo en pocas ocasiones anteriores la CIDH ha brindado asistencia técnica de este tipo. (I)
CIDH visita escuela de los 43 desaparecidos
Delegados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llegan hoy a la escuela de Ayotzinapa (México) donde estudiaban los 43 desaparecidos.
Duelo nacional por muertos en temporal
Afganistán declaró el sábado tres días de duelo por los 261 muertos en el noreste del país a causa de aludes por el fuerte temporal de nieve.
19 cristianos sirios que estaban entre los 220 secuestrados por los yihadistas fueron liberados ayer.
Biden se reunirá con tres presidentes
El vicepresidente de EE.UU., Joe Biden, viaja hoy a Guatemala para revisar con los mandatarios de ese país, El Salvador y Honduras el plan que busca, entre otros temas, frenar la migración irregular. (I)
Diversos grupos de activistas y exiliados venezolanos en Miami (Florida) expresaron este domingo su rechazo a las acusaciones vertidas por el presidente Nicolás Maduro en Caracas, y mostraron su solidaridad con los funcionarios y legisladores estadounidenses que han sido prohibidos de pisar suelo venezolano.
«(Maduro) está demostrando su nivel de violación a las normas internacionales y su nivel de desquicio, tratando de ocultar la realidad que vive Venezuela», señaló este domingo José Antonio Colina, presidente de la organización Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (VEPPEX), con sede en Miami.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dispuso el sábado que se solicite un visado a cualquier ciudadano de EE.UU. que desee entrar en suelo venezolano, y prohibió el ingreso al país suramericano a una serie de funcionarios y exfuncionarios estadounidenses, entre ellos el expresidente George W. Bush, al igual que a un grupo de legisladores como los senadores Bob Menéndez y Marco Rubio.
Colina destacó que los señalados por Maduro «son congresistas cubanoamericanos que han apoyado el exilio venezolano y han apoyado las sanciones que se han aplicado (a funcionarios venezolanos) por la violación a los derechos humanos».
Para Colina, el trasfondo de la «acción desesperada» de Maduro es «reagrupar a sus seguidores» y a la vez «generar un show mediático que desvié la atención de la comunidad internacional».
«Está visto que Maduro representa una amenaza para el pueblo de Venezuela, como para la seguridad de EE.UU. y la estabilidad de América Latina», recalcó.
Críticas
Colina recordó que Maduro «siempre amenaza, pero nunca cumple; mucho habla, pero nunca ejecuta» y dudó además de la capacidad del Gobierno de Venezuela, caracterizado por una «corrupción generalizada», de contar con la capacidad de implementar la obligatoriedad de una visa a ciudadanos estadounidenses.
Por su parte, Venezuela Awareness emitió un comunicado en el que manifestó su «rechazo ante los calificativos irrespetuosos de Nicolás Maduro» contra los senadores Bob Menéndez y Marco Rubio, y los representantes Ileana Ros-Lehtinen y Mario Diaz-Balart.
«Las puertas de nuestros representantes Ileana Ros-Lehtinen y Mario Díaz-Balart, y posteriormente el senador Marco Rubio, han estado abiertas y sus acciones han sido claves para denunciar o apoyar nuestras peticiones y alcanzar nuestros objetivos», destacó en la nota Patricia Andrade, directora de Derechos Humanos de la organización con sede en Miami.
Ileana Ros-Lehtinen, representante por el sur de Florida en la Cámara baja, utilizó su cuenta en una red social para mostrarse «orgullosa de ser prohibida de entrar a #Venezuela por el dictador #Maduro» y agregó que seguirá luchando a favor de los Derechos Humanos en el país latinoamericano.
Mario Díaz-Balart aprovechó también las redes sociales para declarar: «Siempre he querido viajar a un país corrupto y sin democracia. ¡Y ahora el perrito faldero de Fidel Castro no me deja! #Maduro #quepena».
A su turno, el senador Menéndez aseguró que la imposición de sanciones en su contra no evitará que siga condenando las «violaciones de derechos humanos» en Venezuela.
«El ser sancionado por el régimen de Maduro nunca me disuadirá de alzar la voz en contra de la ruina causada por su gobierno», dijo el senador demócrata por Nueva Jersey.
Colina destacó las «conversaciones avanzadas» gestionadas por una comitiva de activistas venezolanos para lograr una audiencia en el congreso federal, en la cual reiterar su gratitud a los legisladores aludidos por Maduro, además de «presentar pruebas sobre la presencia del narcotráfico en Venezuela, y la participación de funcionarios venezolano en estos hechos».
En su discurso del sábado, Maduro también comunicó su intención de reducir el número de funcionarios diplomáticos de la embajada estadounidense en Caracas (que suman cerca de un centenar), aunque hoy un alto funcionario del Gobierno de EE.UU. señaló que aún no han recibido una notificación formal al respecto.
«No hemos recibido ninguna comunicación diplomática del Gobierno venezolano respecto a estos asuntos y no tenemos ningún comentario más en este momento», indicó el funcionario, que pidió el anonimato, y lamentó además los «comentarios incendiarios» que hizo Maduro durante su discurso.
«(Las) continuas acusaciones de que Estados Unidos está involucrado en esfuerzos para desestabilizar al Gobierno venezolano son infundadas y falsas», manifestó. (I)
Polonia pagará 230.000 euros (262.000 dólares) como compensación a dos sospechosos de terrorismos detenidos en una prisión secreta de la CIA que Polonia aceptó albergar de 2002 a 2003, según indicó el miércoles el gobierno polaco.
El ministro de Exteriores, Grzegorz Schetyna, confirmó la cuestión en un comunicado después de que la Corte Europea de Derechos Humanos rechazase la apelación del gobierno a su veredicto anterior.
El tribunal determinó en julio que Polonia había violado los derechos de dos sospechosos de terrorismo, Abd al-Rahim al-Nashiri y Abu Zubaydah, al permitir que la CIA los encarcelara y no detener la «tortura y trato inhumano o degradante» que sufrieron. Los dos sospechosos demandaron a Polonia y el tribunal ordenó al estado que pagase una indemnización.
Schetyna dijo que Polonia cumpliría la decisión porque «somos un país cumplidor de la ley», pero cuestionó a qué se dedicaría el dinero.
Al ver las imágenes muchos pensarán que los que sujetos que aparecen son los delincuentes más feroces a los que
«Juntaban cenizas del piso, con tierra, con polvo, y eso entregaban a los familiares», dijo un testigo.
La Secretaría uruguaya de Derechos Humanos desmintió este miércoles haber negado información de interés para el juicio que se abre mañana, 12 de febrero del 2015, en Italia con el fin de esclarecer los asesinatos de una veintena de italianos en Latinoamérica en las décadas de los años 70 y 80, en el marco de la Operación Cóndor.
En un comunicado, la secretaría niega «terminantemente» las informaciones de prensa en las que, según dice, se le ha acusado de negar la información solicitada por testigos citados por la justicia italiana al proceso.
Además puntualiza que el Estado uruguayo es parte civil en la causa por el también llamado Plan Cóndor, que fue armado por las dictaduras militares del Cono Sur para reprimir conjuntamente a sus respectivos opositores.
«Tales versiones no contribuyen a la búsqueda de la verdad, sembrando incertidumbre y desconfianza en las personas involucradas y directamente afectadas por los hechos que se investigan», señala la secretaría.
En la causa por la Operación Cóndor, de la que mañana se celebrará la primera audiencia en Roma, los imputados son 32 antiguos miembros de las Juntas Militares de Bolivia (1), Chile (11), Perú (4) y Uruguay (16).
Entre los uruguayos se encuentra Jorge Néstor Troccoli, acusado de participar en el asesinato de seis personas, quien tiene también la nacionalidad de Italia, país en el que se radicó para huir de la justicia de Uruguay.
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El comunicado destaca que la secretaría, en coordinación con la Dirección de Derechos Humanos y Derechos Humanitario de Cancillería, «ha estado comprometida con la selección de unidades documentales existentes en los archivos bajo su custodia y en expedientes judiciales en Uruguay».
Concreta que esta documentación se tradujo al italiano, «legalizando y remitiendo» dichos documentos al abogado contratado por el Estado uruguayo.
«En el mes de enero de 2015, ante solicitudes de documentación por parte de testigos para ser presentada en la Megacausa «Plan Cóndor», los distintos equipos de la secretaría vienen trabajando para reunir dicha documentación, la cual se brinda desde el servicio en el archivo, tarea habitual de esta Secretaría», explica el texto.
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Por último, el comunicado reafirma el «compromiso, como Secretaría de Derechos Humanos abocada al pasado reciente, de seguir aportando al conocimiento de «la Verdad y a la Justicia». (I)
Una ofensiva de la Fuerza Aérea siria dejó 82 muertos en un distrito de la oposición a las afueras de Damasco, en represalia a unos ataques con cohetes de los insurgentes que impactaron en el centro de la capital, dijo este viernes un grupo de seguimiento.
El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, que supervisa la violencia en Siria, dijo que la Fuerza Aérea realizó 60 ataques en el distrito de Ghuta el jueves y viernes.
Dieciocho niños y 11 combatientes estaban entre los muertos, dijo.
La elevada cifra de muertos en los ataques de la Fuerza Aérea no es algo inusual, pero el Observatorio dijo que en esta ocasión fue en respuesta al lanzamiento de cohetes realizado el jueves por parte del Ejército del Islam, en el que murieron 10 personas en Damasco.
Un mensaje en una cuenta de Twitter que se piensa pertenecía al jefe del Ejército del Islam, Zahran Alloush, dijo que el ataque con cohetes era una muestra de lo que había hecho el Ejército sirio en Ghuta. Alloush describió Damasco como una «zona militar» y dijo que su grupo respondería a cualquier ataque de la Fuerzas Aérea.
El Ejército del Islam se formó de una fusión entre facciones insurgentes en 2013 y ha recibido respaldo de Arabia Saudita.
La ONU dice que 200.000 personas han muerto desde 2011 en la guerra civil de Siria, que comenzó con unas protestas pacíficas contra el presidente Bashar al-Assad. Las protestas se convirtieron en un levantamiento armado después de que las fuerzas de Assad tomaran duras medidas contra los manifestantes. (I)
México comparece hoy en su primera cita ante el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas con un sombrío telón de fondo por la desaparición de los 43 estudiantes en Iguala, una audiencia a la que también acudirán familiares de los jóvenes.
Signatario de la convención contra la desaparición forzada de Naciones Unidas, que entró en vigor en el 2010, México comparecerá, por primera vez, ante el Comité contra las Desapariciones Forzadas hoy y mañana. “Vamos a Ginebra preparados a contestar todas las preguntas que se nos hagan”, dijo Juan Gómez Robledo, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la cancillería mexicana.
En tanto, los familiares y representantes de los 43 estudiantes son acompañados por un equipo jurídico del Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez, y del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
El viaje tiene lugar después de que la fiscalía general de México diera por muertos a los 43 estudiantes que desaparecieron el 26 de septiembre en Iguala (Guerrero). (I)
El director para las Américas de la organización internacional Human Right Watch, José Miguel Vivanco, dijo que la información que