Juez ordena seguir adelante con la demanda de Víctor Jara en Florida
Un juez federal del estado de Florida desestimó la solicitud de un militar chileno acusado de haber participado en el asesinato del cantante Víctor Jara para que cerrara su caso y le ordenó que responda de inmediato a los cargos de tortura y matanza extrajudicial que enfrenta.
En su resolución, el juez Roy Dalton Jr., sin embargo, resolvió desechar las acusaciones de crímenes de lesa humanidad interpuestas por la familia de Jara contra el teniente retirado chileno Pedro Barrientos.
«Estamos complacidos porque nuestro caso podrá seguir adelante por torturas y matanza extrajudicial», dijo a la AP Almudena Bernabeu, una de las abogadas del Centro para la Justicia y Rendición de Cuentas, que representa a la familia de Jara. Pero lamentó que «la corte haya desechado los crímenes de lesa humanidad, porque el asesinato de Victor Jara es un crimen contra la humanidad».
La decisión de Dalton se debió a que la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos prohíbe a los magistrados abordar casos de lesa humanidad cometidos en el extranjero.
En su resolución de 14 páginas del 14 de abril, a la que la AP tuvo acceso el jueves, el juez le ordenó a Barrientos responder a las acusaciones antes del 28 de abril.
La decisión del magistrado del tribunal federal del distrito del centro de Florida en Orlando allanó el camino para que la demanda civil llegue a un juicio oral, tras los intentos de Barrientos de que fuera archivada.
En los próximos meses las partes deberán presentar sus alegatos y evidencias y el juicio podría comenzar hacia comienzos del año próximo y extenderse por al menos dos semanas, de acuerdo con los demandantes.
Demanda
La familia de Jara presentó en septiembre de 2013 la demanda en nombre del fallecido cantautor y activista chileno, alegando que Barrientos, quien reside en Florida y se desempeñó como militar del ejército chileno durante la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990), ordenó a los soldados que estaban bajo su mando que torturaran a Jara.
El artista y activista político fue detenido, torturado y encarcelado pocos días después de la llegada de Pinochet al poder en septiembre de 1973.
Barrientos, quien forma parte de un grupo de oficiales que también enfrentan acusaciones penales en Chile por la muerte de Jara, introdujo a comienzos de marzo una moción pidiéndole al juez que desechara el caso. En el documento, el militar alegó que la demanda había prescrito porque fue presentada 40 años después de la muerte de Jara y 24 años después de que él se mudara a Estados Unidos, en 1989. Dijo también que la justicia estadounidense no tenía jurisdicción sobre el caso.
El militar ha negado estar involucrado en la muerte de Jara y ha asegurado que no sabía quién era el cantautor en el momento del golpe de Estado.
El abogado de Barrientos en Estados Unidos, José Báez, no respondió los mensajes de correo electrónicos enviados por AP.
Tortura
La esposa de Jara y sus dos hijas -Joan Jara, Amanda Jara Turner y Manuela Bunster, respectivamente- alegan que Barrientos estaba a cargo del centro de detenciones adonde fue llevado Jara y que él ordenó a sus subordinados que lo torturaran. Luego él mismo participó en una especie de ruleta rusa y efectuó el disparo letal.
En Chile la Corte de Apelaciones cerró recientemente el sumario por el homicidio de Jara, lo que significa el fin de la etapa investigativa. En esa causa hay 12 procesados, incluido Barrientos.
En Estados Unidos, a diferencia de Chile, la demanda es civil y por ello Barrientos sólo enfrenta una condena monetaria que podría ser millonaria, pero no una pena de cárcel.
La familia de Jara sostiene que con esta demanda lo que busca es ante todo que se haga justicia y que finalmente Barrientos pueda ser expatriado a su país para que enfrente allí a la justicia.
En la nación sudamericana se requiere la presencia del imputado para pasar a la fase de juicio.
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La justicia dictaminará sobre la constitucionalidad de las inyecciones letales y la silla eléctrica en ese estado.
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3 años de prisión para exministra kirchnerista
La exministra de Economía argentina Felisa Miceli fue condenada ayer a tres años de prisión por encubrimiento agravado por el hallazgo en el 2007 de una bolsa con miles de dólares en el baño de su despacho.
Pero Miceli, de 62 años, quien ocupó la cartera de Economía durante el gobierno del fallecido Néstor Kirchner (2003-2007), no irá tras las rejas porque la ley dispone el cumplimiento de la pena cuando esta es mayor de tres años, según el fallo divulgado por el Centro de Información Judicial.
La exministra kirchnerista había sido condenada en diciembre del 2012 por el Tribunal Oral Federal 2 a cuatro años de prisión y a ocho para ejercer cargos públicos, pero luego la Cámara Federal de Casación Penal solicitó que se revisara la pena. Fue presidenta del Banco de la Nación Argentina y entre 2005 y 2007 ejerció como ministra de Economía.
Según el CIJ, que depende de la Corte Suprema, el Tribunal Oral Federal 1 también dispuso que Miceli no podrá ejercer por seis años cargos públicos.
Miceli fue condenada por haber guardado en el baño de su despacho del Ministerio de Economía 31.730 dólares y 100.000 pesos ($ 11.300) en efectivo, que ella atribuyó a una operación inmobiliaria privada. Por ese hecho, que trascendió a través de la prensa, renunció al cargo el 16 de julio del 2007, cinco meses antes de la finalización del mandato de Kirchner.
Miceli aseguró en la audiencia previa a la condena que estaba arrepentida y entre lágrimas pidió no ir a prisión. (I)
El FBI arrestó a una mujer en Filadelfia acusada de brindar apoyo a ISIS
Contactó a un combatiente del Estado Islámico a quien le propuso participar en una operación terrorista.
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Palestina se convierte oficialmente en miembro de la Corte Penal Internacional
Palestina se adhirió oficialmente este miércoles a la Corte Penal Internacional (CPI), lo que abre la puerta a que responsables israelíes sean juzgados por crímenes de guerra o crímenes ligados a la ocupación de los territorios.
En una ceremonia a puerta cerrada en la sede de la corte en La Haya, el ministro palestino de Relaciones Exteriores, Ryad al Malki, recibió una copia simbólica del estatuto de Roma, el elemento constitutivo de la CPI.
Sumarse al tribunal forma parte de un esfuerzo más amplio de los palestinos de poner presión internacional sobre Israel. Su ingreso se formalizó en un momento en que se ven escasas posibilidades de retomar las negociaciones acerca de la formación de un estado palestino, tras la reciente victorial electoral del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que empleó una dura retórica en la campaña.
«Ante la gran injusticia que soporta nuestro pueblo y los reiterados crímenes cometidos en su contra, Palestina ha decidido buscar justicia, no venganza», dijo el ministro Malki a los periodistas después de la ceremonia, llamando a Israel a adherirse al tribunal.
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, «no debería tener miedo (…) Si Israel tiene quejas (contra los palestinos) debería presentarlas ante la CPI», dijo Al Malki.
Netanyahu ha acusado al gobierno palestino, incluido Hamas (al que Tel Aviv considera organización terrorista), de «manipular» al tribunal.
Exasperados por décadas de negociaciones en vano, sin ninguna perspectiva de ver nacer próximamente el Estado al que aspiran desde hace mucho tiempo, los palestinos decidieron internacionalizar su causa.
Los palestinos firmaron en enero el tratado fundacional de la CPI, y su inclusión se hizo oficial el miércoles en un acto bienvenido por los activistas que lo ven como una oportunidad de exigir responsabilidades tras años de conflictos entre Israel y los palestinos.
Israel no forma parte de la CPI, pero sus líderes civiles y militares podrían enfrentarse a cargos si se cree que cometieron crímenes en territorio palestino. Israel no hizo comentarios en un primer momento el miércoles.
Investigación
El fiscal jefe del tribunal, Fatou Bensouda, abrió una investigación preliminar a mediados de enero después de los palestinos aceptaran formalmente la jurisdicción del tribunal desde justo antes del conflicto del año pasado en Gaza.
La Autoridad Palestina esperará a ver el resultado de la investigación preliminar, dijo Malki. Sin embargo, insistió en que los palestinos están dispuestos a pedir una investigación formal si la evaluación inicial de las pruebas se demora demasiado, aunque no aclaró cuándo sería eso.
Algunas revisiones preliminares llevaron meses, otras prosiguen tras varios años.
La organización Human Rights Watch dio la bienvenida a la Autoridad Palestina como 123er miembro de la CPI, e insistió en que ahora depende de Bensouda determinar si las pruebas son lo bastante sólidas como para una investigación completa.
«Cualquier decisión sobre si realizar una investigación y contra quién no está en manos de los palestinos o de los israelíes», dijo Balkees Jarrah, asesor de justicia internacional en Human Rights Watch.
Crímenes de guerra
Es probable que la revisión se centre en un principio en el conflicto del año pasado en Gaza. Los palestinos sufrieron amplias bajas civiles, llevando a algunos grupos humanitarios a acusar a Israel de crímenes de guerra. También los líderes de Hamas, que gobierna Gaza, podrían verse acusados porque el grupo miliciano disparó cohetes de forma indiscriminada sobre zonas civiles israelíes.
En un comunicado, el miembro de Hamas Ismail Radwan describió el ingreso del miércoles como «un paso en la buena dirección». Los líderes palestinos deben aprovechar la oportunidad para «denunciar la ocupación y combatirla hasta que sea sancionada por sus crímenes contra el pueblo palestino», afirmó.
Además, los fiscales podrían considerar la cuestión de la construcción de asentamientos israelíes, que gran parte del mundo considera ilegal. Pero los fiscales en La Haya no tienen jurisdicción sobre sucesos ocurridos antes de que los palestinos se unieran a la Corte.
La membresía palestina «da esperanza a las víctimas tanto en Palestina como en Israel de que puedan ver que se hace justicia y el conflicto se lleva a un final pacífico», dijo William R. Pace, coordinador de la Coalición para la Corte Penal Internacional, que respalda y promociona la labor del tribunal. (I)
Por incidente ministro boliviano es destituido
El ministro boliviano de defensa fue separado del cargo luego de aprovechar la entrega de ayuda a damnificados por un temporal en el norte chileno, para pedir la recuperación de una salida al mar para su país, que perdió en un conflicto bélico con Chile.
Jorge Ledezma llegó ayer al poblado de Copiapó, 800 km al norte de Santiago, para distribuir 13 toneladas de agua embotellada. El entonces ministro boliviano llevaba en la solapa de su chaqueta la leyenda ‘El mar es de Bolivia’, aludiendo al reclamo de La Paz por recuperar el acceso al océano Pacífico, que perdió en una guerra a fines del siglo XIX.
Se trata de un tema que Bolivia ha llevado a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya. En mayo, ambas partes presentarán sus alegatos orales en el tribunal, que definirá si tiene competencia.
La actitud de Ledezma provocó de inmediato el enojo de Chile y su Parlamento. El canciller chileno Heraldo Muñoz agradeció la cooperación, aunque aseveró que “la tragedia y el dolor de la catástrofe en el norte no se debe utilizar para propósitos políticos”.
En tanto el Senado chileno aprobó unánimemente un proyecto que rechaza el uso propagandístico de la ayuda de parte de Bolivia, “aprovechando una desgracia”.
El presidente Morales tomó cartas en el asunto y anoche anunció la destitución de Ledezma, que solo llevaba dos meses en el cargo, y lo reemplazó con el oficialista Reymi Ferreira, quien fue el candidato perdedor en las elecciones del último domingo a la alcaldía de Santa Cruz (este).
Ledezma, enterado del malestar, quiso amainar el temporal. “No hemos venido a hacer propaganda, no hemos venido a provocar a nadie, hemos traído sencillamente agua”, dijo, aunque no frenó su destitución que se produjo horas después en La Paz.
En tanto, desde mañana el gobierno chileno comenzará a enviar un total de 1.200 viviendas de emergencia a los afectados por el temporal. “Se trata de viviendas de emergencia, pero de alto estándar con una superficie de 24 metros cuadrados y con baño individual”, señaló la presidenta Michelle Bachelet durante una visita a la fábrica que las construye. (I)
24
mil
damnificados es la cifra al momento por los efectos de las lluvias y deslaves en el norte de Chile.
Mujer es declarada inocente luego de 23 años de prisión en Estados Unidos
Todas las acusaciones contra una mujer de origen alemán que estuvo 23 años en el corredor de la muerte fueron retiradas este lunes y se convirtió así en la 151a persona en los últimos 40 años en ser declarada inocente tras ser condenada a muerte.
Debra Milke, de 51 años, siempre dijo ser inocente del asesinato de su hijo de 4 años en 1990 en Arizona (suroeste). Pero fue condenada a muerte sobre la base de un único testimonio.
La jueza Rosa Mroz del condado de Maricopa pronunció formalmente el fallo el lunes, en presencia de Milke, después de que la acusación perdiera la última apelación ante la corte suprema del estado, según se aprecia en un video de la audiencia consultado por la AFP.
Milke, en libertad bajo fianza desde 2013, se convierte así en la segunda mujer en ser declarada inocente después de haber sido condenado en toda la historia de Estados Unidos, y en la 151a persona en serlo desde 1973, nueve de las cuales en Arizona, según datos del Centro de Información sobre la Pena de Muerte (DPIC).
Tras 23 años en el corredor de la muerte, su condena fue anulada hace dos años por un tribunal de apelaciones, a causa de la conducta «escandalosa» del principal investigador y de los fiscales, que no fue revelada.
La Corte Suprema de Arizona se negó el 17 de marzo a tratar el último recurso de la acusación y la jueza abandonó todos los cargos este lunes. (I)
Washington DC y 14 Estados piden activar la acción ejecutiva migratoria de Obama
La medida ampara de la deportación a casi 5 millones de indocumentados y otorga un permiso de trabajo.
Británica tiene derecho a pedir dinero a exesposo, 23 años después del divorcio
Una mujer cuyo marido se hizo millonario después de divorciarse tiene derecho a presentar una demanda reclamándole dinero, dictaminó este miércoles la Corte Suprema británica en un caso muy observado que puede sentar jurisprudencia.
Kathleen Wyatt quiere una compensación financiera de su marido Dale Vince.
Se casaron en 1981, se separaron a mediados de los años 1990 y se divorciaron efectivamente en 1992. Durante su matrimonio, vivieron como hippies nómadas y tuvieron un hijo, que ahora ya es adulto.
Aunque su demanda de una parte del dinero de su exmarido no se produjo hasta 2011, casi dos décadas después del divorcio, los jueces de la Corte Suprema decidieron que tiene derecho a que sea examinada.
Se trata de un dictamen que anula uno anterior de un tribunal de apelaciones.
Después de separarse, Dale Vince se convirtió en un próspero empresario del sector de las energías renovables gracias a Ecotricity, una firma cuyo valor supera los 100 millones de libras (150 millones de dólares, 142 de euros) según la BBC.
Su exmujer le reclama 1,9 millones de libras (2,7 millones de euros, 2,8 de dólares).
Compensación razonable
Uno de los jueces de la Corte Suprema dijo que la demanda no constituye «un abuso procesal». Aunque consideró que el dinero que reclama la mujer es excesivo, el magistrado cree que existen «posibilidades reales» de que logre algo «comparativamente modesto».
El exmarido dijo que la decisión de los jueces «es de locos».
«Estoy decepcionado por la decisión de la Corte Suprema de no poner fin a este caso ahora mismo, 30 años después de que la relación acabara», lamentó en un comunicado.
«Ambos salimos adelante y creamos nuestras propias familias», dijo. Esta decisión «podría ser un aliciente para gente que mantuvo una breve relación un cuarto de siglo atrás», «es de locos», sentenció.
El caso irá ahora a una corte de asuntos familiares, que determinará si le concede la compensación a la mujer, que dice vivir en la pobreza.
Londres se ha convertido en la capital de los divorcios millonarios y es considerada una buena plaza para los cónyuges más desfavorecidos en este tipo de procesos.
En noviembre, la justicia concedió una indemnización récord de 529 millones de dólares a una estadounidense casada con el gestor de fondos de pensiones Chris Hohn.
Esta indemnización superaba la que obtuvo en 2011 Galina Besharova, la exesposa del magnate ruso Boris Berezovski, estimada en unos 330 millones de dólares. (I)
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Su exmujer le reclama 1,9 millones de libras (2,7 millones de euros, 2,8 de dólares).
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«Estoy decepcionado por la decisión de la Corte Suprema de no poner fin a este caso ahora mismo, 30 años después de que la relación acabara», lamentó en un comunicado.
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Las autoridades deberán examinar el fármaco utilizado en la inyección letal, al presentar un aspecto turbio.
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El mandatario enfrenta críticas por sus designaciones para elegir al nuevo procurador general y para llenar una vacante en el máximo tribunal de justicia.
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