El presidente colombiano ratifica que no habrá alto el fuego hasta el fin de las negociaciones de paz, que este martes entran en un nuevo ciclo.
Palestina se adhirió oficialmente este miércoles a la Corte Penal Internacional (CPI), lo que abre la puerta a que responsables israelíes sean juzgados por crímenes de guerra o crímenes ligados a la ocupación de los territorios.
En una ceremonia a puerta cerrada en la sede de la corte en La Haya, el ministro palestino de Relaciones Exteriores, Ryad al Malki, recibió una copia simbólica del estatuto de Roma, el elemento constitutivo de la CPI.
Sumarse al tribunal forma parte de un esfuerzo más amplio de los palestinos de poner presión internacional sobre Israel. Su ingreso se formalizó en un momento en que se ven escasas posibilidades de retomar las negociaciones acerca de la formación de un estado palestino, tras la reciente victorial electoral del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que empleó una dura retórica en la campaña.
«Ante la gran injusticia que soporta nuestro pueblo y los reiterados crímenes cometidos en su contra, Palestina ha decidido buscar justicia, no venganza», dijo el ministro Malki a los periodistas después de la ceremonia, llamando a Israel a adherirse al tribunal.
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, «no debería tener miedo (…) Si Israel tiene quejas (contra los palestinos) debería presentarlas ante la CPI», dijo Al Malki.
Netanyahu ha acusado al gobierno palestino, incluido Hamas (al que Tel Aviv considera organización terrorista), de «manipular» al tribunal.
Exasperados por décadas de negociaciones en vano, sin ninguna perspectiva de ver nacer próximamente el Estado al que aspiran desde hace mucho tiempo, los palestinos decidieron internacionalizar su causa.
Los palestinos firmaron en enero el tratado fundacional de la CPI, y su inclusión se hizo oficial el miércoles en un acto bienvenido por los activistas que lo ven como una oportunidad de exigir responsabilidades tras años de conflictos entre Israel y los palestinos.
Israel no forma parte de la CPI, pero sus líderes civiles y militares podrían enfrentarse a cargos si se cree que cometieron crímenes en territorio palestino. Israel no hizo comentarios en un primer momento el miércoles.
Investigación
El fiscal jefe del tribunal, Fatou Bensouda, abrió una investigación preliminar a mediados de enero después de los palestinos aceptaran formalmente la jurisdicción del tribunal desde justo antes del conflicto del año pasado en Gaza.
La Autoridad Palestina esperará a ver el resultado de la investigación preliminar, dijo Malki. Sin embargo, insistió en que los palestinos están dispuestos a pedir una investigación formal si la evaluación inicial de las pruebas se demora demasiado, aunque no aclaró cuándo sería eso.
Algunas revisiones preliminares llevaron meses, otras prosiguen tras varios años.
La organización Human Rights Watch dio la bienvenida a la Autoridad Palestina como 123er miembro de la CPI, e insistió en que ahora depende de Bensouda determinar si las pruebas son lo bastante sólidas como para una investigación completa.
«Cualquier decisión sobre si realizar una investigación y contra quién no está en manos de los palestinos o de los israelíes», dijo Balkees Jarrah, asesor de justicia internacional en Human Rights Watch.
Crímenes de guerra
Es probable que la revisión se centre en un principio en el conflicto del año pasado en Gaza. Los palestinos sufrieron amplias bajas civiles, llevando a algunos grupos humanitarios a acusar a Israel de crímenes de guerra. También los líderes de Hamas, que gobierna Gaza, podrían verse acusados porque el grupo miliciano disparó cohetes de forma indiscriminada sobre zonas civiles israelíes.
En un comunicado, el miembro de Hamas Ismail Radwan describió el ingreso del miércoles como «un paso en la buena dirección». Los líderes palestinos deben aprovechar la oportunidad para «denunciar la ocupación y combatirla hasta que sea sancionada por sus crímenes contra el pueblo palestino», afirmó.
Además, los fiscales podrían considerar la cuestión de la construcción de asentamientos israelíes, que gran parte del mundo considera ilegal. Pero los fiscales en La Haya no tienen jurisdicción sobre sucesos ocurridos antes de que los palestinos se unieran a la Corte.
La membresía palestina «da esperanza a las víctimas tanto en Palestina como en Israel de que puedan ver que se hace justicia y el conflicto se lleva a un final pacífico», dijo William R. Pace, coordinador de la Coalición para la Corte Penal Internacional, que respalda y promociona la labor del tribunal. (I)
La compañía nacional de electricidad de Israel cortó este lunes el suministro a dos ciudades palestinas durante unos 45 minutos en señal de advertencia por una deuda millonaria contraída por la Autoridad Nacional Palestina (ANP).
El corte se produjo a alrededor de las 14:00 hora local (12:00 GMT) en cinco líneas de alta tensión que abastecen a las ciudades de Jenín y Nablus, ambas en el norte de Cisjordania, así como a aldeas aledañas, informó la edición por internet del diario Jerusalem Post.
«Desde hace ya tiempo venimos advirtiendo a los deudores, a los funcionarios relevantes y a los ministerios, sobre la necesidad de pagar inmediatamente la deuda, pero hasta ahora no se ha encontrado ninguna solución», dijo en un comunicado la empresa israelí de electricidad.
La deuda palestina a esta firma se remonta a hace varios años y asciende a unos 1.900 millones de shékels (unos 489 millones de dólares o 426 millones de euros).
La factura energética de la Autoridad Nacional Paleastina (ANP) asciende a unos 2.000 millones de dólares anuales, reveló este lunes el viceprimer ministro y ministro de Economía, Mohamed Mustafa, al informar de que su gobierno ha decidido explotar un yacimiento de gas en las costas de Gaza para reducir esta dependencia.
A decir de Mustafa, esta factura «agota las finanzas palestinas», siempre dependiente de donaciones internacionales y de si Israel transfiere el dinero que los impuestos y tasas de aduanas que recauda para ella.
En enero el gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu volvió a congelar estas transferencias como medida de castigo a la petición de adhesión de Palestina a la Corte Penal Internacional, tras fracasar una iniciativa en la ONU para poner fin a la ocupación de Cisjordania y Jerusalén Este hasta 2017.
Esta decisión ha puesto contra las cuerdas al gobierno del primer ministro de la ANP, Rami Hamdala, que desde entonces no puede hacer frente al pago de los salarios del funcionariado.
La Nobel de la Paz estadounidense Jody Williams consideró este domingo «una locura» pensar en la cárcel para todos los guerrilleros en Colombia tras un eventual acuerdo para poner fin a más de 50 años de conflicto armado.
En vísperas del reinicio de los diálogos que avanzan desde hace dos años en Cuba con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Williams participó en un coloquio con el jefe negociador del gobierno colombiano, Humberto de la Calle, en el marco del Hay Festival Cartagena.
«Es una locura completa creer que van a poder poner a todos en la cárcel», dijo Williams, premio Nobel en 1997 por lograr la firma de la Convención de Ottawa contra las minas antipersonales.
Con la ironía que la caracteriza, la activista agregó: «Pueden poner a todos los combatientes -FARC, paramilitares, militares y narcotraficantes- en la cárcel, pero ¿quién más va a andar en la calle en Colombia?».
El conflicto armado colombiano, el más antiguo del continente y que ha dejado unos 220.000 muertos y más de 5,3 millones de desplazados, según datos oficiales, ha involucrado a guerrillas de izquierda, milicias irregulares de derecha, agentes del Estado y bandas narcotraficantes.
El tema de la justicia transicional, que la mesa de La Habana tiene pendiente de abordar, es uno de los más espinosos de la negociación con las FARC, principal guerrilla del país con unos 8.000 combatientes.
«Cómo conciliar la satisfacción de los derechos de las víctimas con la paz. Ese es el gran reto», dijo el presidente Juan Manuel Santos el sábado en el departamento de Cauca (suroeste).
El mandatario afirmó que el gobierno entiende la posición de las FARC de que no negociará la paz para ir a la cárcel, pero el país no puede «hacer borrón y cuenta nueva» porque debe velar por «los derechos de las víctimas, los derechos a la verdad, los derechos a la reparación, los derechos a la justicia».
De la Calle recalcó que el fin del conflicto debe incluir a todos los actores involucrados porque «todos son responsables» y volvió a reiterar que en un acuerdo final «no habrá impunidad».
La cuestión es cómo lograr «una solución satisfactoria para los colombianos en medio de estándares internacionales rigurosos, pero no hasta el punto de que esos estándares terminen posibilitando nuevas violaciones (a los derechos humanos) y víctimas futuras», dijo.
Colombia es firmante del Estatuto de Roma que permite que la Corte Penal Internacional (CPI) juzgue los crímenes de guerra cometidos en el país, en caso de que el Estado no los sancione.
Por eso, De la Calle insistió en que en las negociaciones se ha hablado de «la imposibilidad de suspender totalmente las penas», por lo que aboga por una «categorización» de las mismas. (I)
La ministra venezolana de Comunicación e Información, Jacqueline Farías, dijo hoy que los expresidentes de Colombia, Andrés Pastrana, y de Chile, Sebastián Piñera, intentaron visitar al encarcelado opositor Leopoldo López sin permiso y con la intención de «montar un show mediático».
Farías escribió en su cuenta de Twitter que Pastrana y Piñera «se presentaron» en la cárcel militar de Ramo Verde, donde está preso López, «sin permiso con intención de montar show mediático de cara al exterior».
Pastrana y Piñera intentaron visitar el domingo a López, acusado de instigar las protestas del año pasado contra el gobierno, pero la fuerza pública les impidió el paso.
Piñera dijo que los jefes del penal les impidieron visitar a López con argumentos «burocráticos». Para hoy se esperaba la llegada del expresidente de México, Felipe Calderón.
El vicepresidente de Venezuela, Jorge Arreaza, informó que un grupo de víctimas de las protestas celebradas entre febrero y mayo pasados pidió ser recibidos por los expresidentes para que escuchen otra versión de lo ocurrido.
El grupo es apoyado por el gobierno, que sostiene que López ensayó un golpe de Estado contra el presidente Nicolás Maduro, mediante llamados a la violencia en la calle, y le atribuye las 43 víctimas mortales que se registraron en las manifestaciones.
Críticas a exmandatarios
El defensor del Pueblo, Tarek William Saab, intervino en un foro sobre neoliberalismo y derechos humanos, organizado por el oficialismo, y afirmó que Venezuela responderá a los expresidentes visitantes en su intento por «venir a darnos clases de democracia y de defensa de los derechos humanos».
«Representantes encumbrados de sistemas políticos neoliberales han venido a nuestro país, donde sus puertas han estado abiertas para que incluso tengan el doble rasero de atacar a un gobierno legítimamente constituido, no siendo nacionales, teniendo ellos a mal las propias normas legales de nuestra nación», señaló.
Saab se dirigió a Pastrana, al que definió como el «padre del Plan Colombia, un plan militarista que bañó de sangre a su nación; Calderón, acusado en la Corte Penal Internacional por la violencia en sus excesos donde se documentan 10.000 desapariciones y aproximadamente 70.000 asesinatos violentos de carácter político; y nada más y nada menos que Piñera, el pupilo más aventajando de Pinochet, un defensor acérrimo a ultranza de la dictadura pinochetista».
«Han querido venir a la patria de Simón Bolívar a darnos clases de democracia y de derechos humanos. Respondemos con la verdad histórica, con la moral en alto y con la bandera de no caer jamás en las confrontaciones de carácter bélico, como ocurrieron en esas naciones, donde por pensar diferente fueron exterminados decenas y millares de nacionales», alegó. (I)
Los exministros israelíes Yair Lapid y Tzipi Livni, antiguos titulares de Finanzas y Justicia, respectivamente, acusaron hoy al jefe del Ejecutivo, Benjamin Netanyahu, de poner en peligro las relaciones de Israel con EEUU.
«Soldados del Ejército israelí son arrastrados a La Haya (sede de la Corte Penal Internacional) por crímenes de guerra que no cometieron. La única barrera para evitar esto es EEUU, que está ayudando a Israel a bloquear este ataque. Por eso nuestros lazos con EEUU son vitales para la seguridad de Israel», denunció hoy Livni en declaraciones recogidas por el diario «Haaretz».
Sus palabras hacían referencia a la decisión anunciada el pasado viernes por la Corte Penal Internacional de abrir un examen preliminar por crímenes cometidos desde junio de 2014 en los territorios palestinos ocupados, medida que fue respondida con firmeza por Netanyahu, quien aseguró que no permitirá que ningún soldado israelí sea juzgado por tribunales internacionales.
Por su parte Lapid, quien fue destituido de su cargo por Netanyahu al mismo tiempo que Livni el pasado diciembre tras varias divergencias con el primer ministro, afirmó que varios diplomáticos norteamericanos le habían trasmitido su «estupefacción» ante la visita que hará Netanyahu al Congreso norteamericano el próximo marzo.
«Esta semana hablé con varios funcionarios de EEUU. Estaban estupefactos. La conducta en torno a este discurso va contra el protocolo», criticó Lapid en un comunicado difundido entre la prensa.
El primer ministro «conoce la relación con EEUU, conoce el protocolo en el ámbito internacional. Si ha decidido romperlo para ofrecer un discurso en el Congreso dos semanas antes de las elecciones, solo puede ser por una razón: cree que le ayudará en las elecciones en Israel incluso si el precio es dañar nuestra relación estratégica con EEUU».
El pasado jueves el jefe del Gobierno israelí anunció su intención de viajar a EEUU para pronunciar un discurso ante el Congreso norteamericano como respuesta a una invitación emitida por su presiente John Boehner.
La confirmación se produjo al día siguiente de que saltaran a los medios las primeras informaciones sobre la convocatoria norteamericana, provocando una protesta de la Casa Blanca por considerar que «viola el protocolo», al no haber estado al tanto de la invitación.
Los palestinos se adhirieron formalmente a la Corte Penal Internacional (CPI) ayer, decisión que les permitirá presentar demandas por crímenes de guerra contra Israel a partir de abril próximo, anunciaron la Organización de las Naciones Unidas y la CPI.
La decisión suscitó nuevamente la oposición de Estados Unidos, que argumenta que el estado de Palestina no puede adherir a la CPI porque no es “un estado soberano”.
El secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, aceptó la demanda de los palestinos de adherir a la CPI, indicó el portavoz del organismo, Stephane Dujarric. La decisión ya fue notificada a los estados miembros de la CPI.
Sidiki Kaba, presidente de la asamblea de estados-parte de la CPI, dio ayer la bienvenida a Palestina como el 123º signatario del Estatuto de Roma, que rige el funcionamiento de la Corte.
El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abas, firmó la solicitud de adhesión a la CPI y a otras 16 convenciones internacionales.
El objetivo del pedido de adhesión palestino presentado el viernes pasado en la ONU es pedir responsabilidades a los dirigentes israelíes por las tres ofensivas contra Gaza desde el 2008 e incluso por la ocupación de territorios ante un organismo de justicia que se ocupa de los genocidios, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra. (I)