Comienza en Venezuela inscripción de candidatos para la Constituyente

Comienza en Venezuela inscripción de candidatos para la Constituyente El proceso de postulación de candidatos a la polémica Asamblea Constituyente

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El derrocado presidente islamista Mohammed Morsi, fue condenado el martes por un tribunal a 20 años de prisión por el asesinato de manifestantes en 2012.

Presidentas de Brasil y Chile ven bajar su aceptación

Del escándalo político a la investigación judicial. Financiamiento ilegal a campañas electorales, evasión tributaria, tráfico de influencias y uso de información privilegiada son, entre otros, los presuntos delitos que indaga la justicia chilena y que ha puesto bajo sospecha a parlamentarios, excandidatos y hasta el hijo de la presidenta Michelle Bachelet.

En medio de las graves denuncias que han afectado la popularidad de la mandataria chilena, hasta llegar al 30%, ha anunciado nuevas medidas anticorrupción orientadas a la declaración de patrimonio de los funcionarios públicos.

Una salida que ha adoptado recientemente la mandataria brasileña Dilma Rousseff, quien también enfrenta un bajón en su popularidad (10,8 %) por el escándalo de corrupción de la empresa estatal Petrobras, que se develó hace un año, en el que están bajo investigación 103 personas, 51 de ellas funcionarios públicos en su mayoría del oficialista Partido de los Trabajadores (PT).

Bachelet y Rousseff, líderes políticas de izquierda que se han sumado a los gobiernos de la región con tendencia al socialismo del siglo XXI, enfrentan hoy en sus segundos mandatos unos mínimos históricos de apoyo en medio de una profunda crisis política.

Ambas prometen transparencia en los procesos judiciales. Anteproyectos de ley que endurecen las penas por delitos de corrupción son parte de las medidas anunciadas por Rousseff después de la masiva protesta del 15 de este mes. Bachelet, quien enfrenta elecciones municipales en el 2016, descartó cualquier intento por bloquear las investigaciones. Creó un consejo asesor para que elabore una propuesta de ley que regule mejor la relación entre política y negocios.

En Chile, la mañana del 7 de marzo en medios y redes sociales se había instalado un intenso debate sobre la capacidad de la justicia chilena frente al poder. Por radio y televisión se retransmitió la resolución del juez Juan Escobar en el caso Penta (nombre de la empresa bajo investigación), el mayor escándalo de corrupción del país.

Un caso que comenzó hace más de dos años con una denuncia por fraude tributario contra los controladores y altos ejecutivos del grupo Penta, un banco de inversiones que maneja activos por más de 20.000 millones de dólares.

Durante la transmisión de la audiencia el juez ordenó la prisión preventiva de Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, dueños del grupo chileno Penta, y otros cuatro implicados por los presuntos delitos tributarios, soborno, cohecho y lavado de activos.

Délano y Lavín han admitido el financiamiento irregular de candidaturas políticas vinculadas, la mayoría, a la derecha chilena. Para muchos la decisión judicial es un golpe inédito a la clase empresarial y a la Unión Demócrata Independiente (UDI), el partido -según la fiscalía- más beneficiado de estos aportes ilegales en campañas electorales.

Un impacto que se suma al caso Caval o llamado por la prensa como “Nueragate”, en el que involucra a Sebastián Dávalos, hijo de la presidenta, y a su esposa, Natalia Compagnon, quienes enfrentan acusaciones por “uso de información privilegiada” y “tráfico de influencias”, después de que concretaran un negocio millonario de especulación inmobiliaria.

Las revelaciones y detalles de ambos casos, que se han dado a conocer a través de la prensa, han causado indignación en varios sectores de la sociedad chilena que el 16 de este mes salió a las calles para reclamar por reformas en la educación, pero también por una Asamblea Constituyente que permita reformar la Constitución y sepulte la de Augusto Pinochet (1980). Para hoy se anuncian nuevas marchas convocadas a través de las redes sociales. Mientras que en Brasil, en medio del escándalo de Petrobras, la Policía Federal desmanteló una red que habría desfalcado con 6.000 millones de dólares al fisco. (I)

Escándalos reducen el apoyo que tenía presidenta Michelle Bachelet

Un año después de asumir el poder, Michelle Bachelet no logra superar el escándalo por las acusaciones por el “uso de información privilegiada” y “tráfico de influencias” contra su hijo mayor, Sebastián Dávalos, y su esposa, Natalia Compagnon, luego de que concretaran un supuesto millonario negocio de especulación inmobiliaria.

Ambos son investigados por la justicia tras la venta de unos terrenos en el sur de Chile, que compraron tras acceder a al menos un crédito por 10 millones de dólares gestionado personalmente por el hijo de la mandataria ante el influyente empresario y dueño del Banco de Chile, Andrónico Luksic.

“Quiero ser muy clara en decir que mi gobierno tiene un compromiso profundo con la transparencia frente a los hechos que hemos conocido. Aquí no hay dos miradas: vamos a colaborar en todo lo que se necesite para que sea investigado, aclarado y sancionado por los organismos competentes”, dijo Bachelet en un acto público.

“Acá no hay ciudadanos de primera o de segunda, frente a la justicia somos todos iguales”, agregó, sin nombrar directamente a su hijo, que producto del escándalo debió renunciar al cargo no remunerado que ejercía en el gobierno de su madre, a cargo de las organizaciones sociales.

El caso ha golpeado la popularidad de Bachelet, que asumió el 11 de marzo del 2014 con un respaldo que bordeaba el 60%.

Una encuesta de este lunes reveló que el rechazo a su gestión duplica su aprobación.

Según la última encuesta privada Cadem, el 60% desaprueba la labor de la mandataria socialista, mientras que el 30% la aprueba, el peor registro para Bachelet en esta encuestadora. Un último sondeo de la privada Adimark había revelado un respaldo a Bachelet del 39%, el más bajo de su segunda gestión.

El caso que involucra al hijo de Bachelet hasta parece bajar el perfil de otro mediático juicio por presuntos delitos tributarios y soborno que enfrenta uno de los conglomerados económicos más importantes e influyentes del país, el grupo Penta, que por años habría financiado de manera ilegal a políticos de la derecha opositora chilena.

A esto se suma la reciente polémica que involucra a la consuegra de Bachelet, Margarita Soto Acevedo, por supuestos aumentos de sueldo, injustificados en el sector público.

Soto se desempeña como secretaria en la Junta Nacional de Jardines Infantiles desde enero del 2010, dos meses antes de que Bachelet terminara su primer periodo presidencial, según el portal latercera.com.

Diputados de oposición pidieron ayer a la Procuraduría que investigue el caso. Mientras, el Servicio de Impuestos Internos de Chile presentó una denuncia por fraude fiscal contra el actual viceministro de Gobierno, Rodolfo Baier.

Cientos de personas se manifestaron el lunes pasado a favor de una nueva Constitución que sustituya a la vigente, heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

Políticos, artistas, sindicatos y estudiantes se reunieron en la Plaza de la Constitución de Santiago, frente a la sede presidencial, para pedir un plebiscito que impulse otra Carta Magna a través de una Asamblea Constituyente.(I)

35
años de vigencia tiene la actual constitución chilena.

Propuestas
Cambios

Reforma educativa
La Confederación de Estudiantes de Chile, que agrupa a las federaciones universitarias, convocó a la primera marcha estudiantil para el 16 de abril, en momentos en que el régimen impulsa la reforma educacional.

Ley
La presidenta Bachelet conformó un consejo asesor para que elabore una propuesta de ley que regule mejor la relación entre la política y los negocios, en un país donde a pesar de las denuncias de corrupción se respetan la institucionalidad y la independencia de poderes.