«Le pedí la renuncia a todos mis ministros. Me tomaré 72 horas para saber quién se queda y quién se va».
Sebastián Dávalos, hijo de la presidenta Michelle Bachelet, fue interrogado el lunes por un fiscal que indaga delitos de tráfico de influencias y uso de información privilegiada en los negocios inmobiliarios de su esposa, un día después que la mandataria rechazara «la especulación inmobiliaria».
Dávalos llegó y se retiró tranquilamente y en silencio de la fiscalía de Rancagua, a bordo de un vehículo que se estacionó cerca de la puerta, a diferencia de lo que vivió su esposa Natalia Compagnon la semana pasada, que a su ingreso y salida del mismo lugar escuchó protestas contra la corrupción y fue acosada por la prensa, que trató infructuosamente que hablara.
La diligencia, que duró unas cuatro horas, trascendió poco antes de su realización en Rancagua, 80 kilómetros al sur de Santiago, y en esta ocasión el edificio estaba rodeado de vallas metálicas, que impiden el acercamiento de la prensa y un segundo cerco que mantiene apartados a los transeúntes.
Dávalos y su esposa obtuvieron un crédito por 10 millones de dólares y compraron terrenos agrícolas, que luego vendieron en 15 millones de dólares. El hijo de Bachelet participó en la reunión con el vicepresidente del banco que les dio el préstamo, uno de los más acaudalados e influyentes del país. Compagnon es dueña del 50% de Caval, la empresa que realizó la compraventa.
Legalmente el negocio es lícito, pero se aparta de la ética. La oposición se querelló por los delitos de tráfico de influencias y uso de información privilegiada, que investiga el fiscal Luis Toledo.
Entrevistada el domingo por la noche por la televisión estatal Bachelet reiteró que desconocía los negocios y repudió la especulación inmobiliaria.
«No estoy de acuerdo con la especulación inmobiliaria, nunca he estado de acuerdo, pero no es ahora porque haya estado el caso Caval», afirmó Bachelet.
Los negocios de la nuera de Bachelet sirvieron a la oposición para bajarle el perfil al financiamiento ilegal de campañas parlamentarias de opositores por parte de grandes empresas, y llevaron por el suelo la popularidad de la mandataria, que en marzo bajó al 31%, la cifra más baja de este y su anterior gobierno, 2006-2010.
El viernes Compagnon otorgó a un vespertino la única entrevista que ha dado desde que estalló el caso el 5 de febrero y aseguró que Bachelet desconocía el negocio, que obligó a la renuncia de Dávalos al cargo de Director Sociocultural de los organismos dirigidos por el gobierno.
Chile vive una de sus peores crisis de desconfianza ciudadana en los políticos, que empezó por la oposición derechista y ya llegó al oficialismo, pues varios candidatos al parecer recibieron dineros de una empresa de minería no metálica, cuyo dueño es el ex yerno del difunto dictador Augusto Pinochet. (I)
«No he pensado en renunciar ni pienso hacerlo. De ninguna manera», aseguró hoy la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, quien también subrayó que la corrupción en el país «no es generalizada» y que el hecho de que se investigue a algunos de sus familiares demuestra que no se tapan las cosas.
Ante los rumores periodísticos sobre su posible renuncia, surgidos tras los escándalos políticos que han salido a luz en Chile recientemente, Bachelet señaló que «eso sería un quiebre institucional» en un encuentro con corresponsales extranjeros.
La presidenta manifestó su preocupación por la difusión de ese tipo de informaciones sin contrastar y pidió «responsabilidad» a los periodistas, pero subrayó: «que quede claro que yo no estoy pidiendo en ningún momento terminar con la libertad de expresión».
Sobre los escándalos, en uno de los cuales está implicado su hijo y su nuera, dijo: «puede que haya corrupción en Chile, pero no es generalizada. No todo el mundo es corrupto en nuestro país».
La jefa de Estado lamentó que en Chile se esté instalando «una suerte de cultura de la desconfianza» que considera que no hay nadie que no sea corrupto. «Y eso no es cierto», puntualizó.
El hecho de que se esté investigando a sus propios familiares o que haya empresarios que están en prisión preventiva demuestra que el Gobierno de Chile no está intentando ocultar nada, aseguró.
«Cuando hay empresarios poderosos que están en la cárcel y que están siendo investigados; cuando hay familiares de la presidenta que están siendo investigados a ver si hay algún mérito de algo para pasar a otro proceso, eso demuestra que el Gobierno no está haciendo ningún esfuerzo para tapar ninguna cosa», enfatizó.
«Aquí no hay ciudadanos de primera y de segunda clase», recalcó la jefa de Estado, cuya popularidad ha caído abruptamente en las últimas semanas, según muestran las encuestas.
«Más allá de la sensación de los chilenos de que aquí hay poderosos que se mueven y que hacen cosas, tanto en el mundo empresarial como en el mundo político, lo que ha pasado en nuestro país demuestra lo contrario», declaró la presidenta.
Michelle Bachelet se refería así a casos en los que se entremezcla la política y los negocios y en los que se han visto implicados empresarios como los dueños del grupo Penta Carlos Alberto Délano y Carlos Lavín o el propio hijo de la mandataria, Sebastián Dávalos, y su esposa, Natalia Compagnon. (I)
La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, obtuvo en marzo un apoyo ciudadano del 37 por ciento, nueve puntos porcentuales menos que en enero pasado, según una encuesta difundida ayer en Santiago.
El estudio, realizado por la Consultora Mori y el Centro de Estudios de la Realidad Contemporánea, refleja el impacto que han tenido tanto en el gobierno como en la oposición los casos de corrupción.
El rechazo a la gestión de Bachelet aumentó hasta el 52% en marzo, diez puntos porcentuales más que en la encuesta anterior. La directora de Mori, Marta Lagos, atribuyó este repunte al llamado caso Caval, un polémico negocio inmobiliario en el que están involucrados Sebastián Dávalos y Natalia Compagnon, hijo y nuera de la presidenta. Él pidió postergar su declaración en la Fiscalía. (I)
Del escándalo político a la investigación judicial. Financiamiento ilegal a campañas electorales, evasión tributaria, tráfico de influencias y uso de información privilegiada son, entre otros, los presuntos delitos que indaga la justicia chilena y que ha puesto bajo sospecha a parlamentarios, excandidatos y hasta el hijo de la presidenta Michelle Bachelet.
En medio de las graves denuncias que han afectado la popularidad de la mandataria chilena, hasta llegar al 30%, ha anunciado nuevas medidas anticorrupción orientadas a la declaración de patrimonio de los funcionarios públicos.
Una salida que ha adoptado recientemente la mandataria brasileña Dilma Rousseff, quien también enfrenta un bajón en su popularidad (10,8 %) por el escándalo de corrupción de la empresa estatal Petrobras, que se develó hace un año, en el que están bajo investigación 103 personas, 51 de ellas funcionarios públicos en su mayoría del oficialista Partido de los Trabajadores (PT).
Bachelet y Rousseff, líderes políticas de izquierda que se han sumado a los gobiernos de la región con tendencia al socialismo del siglo XXI, enfrentan hoy en sus segundos mandatos unos mínimos históricos de apoyo en medio de una profunda crisis política.
Ambas prometen transparencia en los procesos judiciales. Anteproyectos de ley que endurecen las penas por delitos de corrupción son parte de las medidas anunciadas por Rousseff después de la masiva protesta del 15 de este mes. Bachelet, quien enfrenta elecciones municipales en el 2016, descartó cualquier intento por bloquear las investigaciones. Creó un consejo asesor para que elabore una propuesta de ley que regule mejor la relación entre política y negocios.
En Chile, la mañana del 7 de marzo en medios y redes sociales se había instalado un intenso debate sobre la capacidad de la justicia chilena frente al poder. Por radio y televisión se retransmitió la resolución del juez Juan Escobar en el caso Penta (nombre de la empresa bajo investigación), el mayor escándalo de corrupción del país.
Un caso que comenzó hace más de dos años con una denuncia por fraude tributario contra los controladores y altos ejecutivos del grupo Penta, un banco de inversiones que maneja activos por más de 20.000 millones de dólares.
Durante la transmisión de la audiencia el juez ordenó la prisión preventiva de Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, dueños del grupo chileno Penta, y otros cuatro implicados por los presuntos delitos tributarios, soborno, cohecho y lavado de activos.
Délano y Lavín han admitido el financiamiento irregular de candidaturas políticas vinculadas, la mayoría, a la derecha chilena. Para muchos la decisión judicial es un golpe inédito a la clase empresarial y a la Unión Demócrata Independiente (UDI), el partido -según la fiscalía- más beneficiado de estos aportes ilegales en campañas electorales.
Un impacto que se suma al caso Caval o llamado por la prensa como “Nueragate”, en el que involucra a Sebastián Dávalos, hijo de la presidenta, y a su esposa, Natalia Compagnon, quienes enfrentan acusaciones por “uso de información privilegiada” y “tráfico de influencias”, después de que concretaran un negocio millonario de especulación inmobiliaria.
Las revelaciones y detalles de ambos casos, que se han dado a conocer a través de la prensa, han causado indignación en varios sectores de la sociedad chilena que el 16 de este mes salió a las calles para reclamar por reformas en la educación, pero también por una Asamblea Constituyente que permita reformar la Constitución y sepulte la de Augusto Pinochet (1980). Para hoy se anuncian nuevas marchas convocadas a través de las redes sociales. Mientras que en Brasil, en medio del escándalo de Petrobras, la Policía Federal desmanteló una red que habría desfalcado con 6.000 millones de dólares al fisco. (I)
La Corte de Apelaciones de Santiago mantuvo este sábado la prisión preventiva para cuatro de los 10 acusados de fraude tributario, pero revocó la pena para otros dos en el llamado caso Penta, unos de los mayores de corrupción de Chile.
Como parte de las medidas cautelares, el tribunal mantuvo la prisión preventiva para Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, fundadores y ejecutivos de la empresa Penta, así como para Pablo Wagner, exsubsecretario de Minería, e Iván Álvarez, exfuncionario del servicio de Impuestos Internos.
Sin embargo, revocó la pena para Hugo Bravo, ex gerente general de Penta, y Marcos Castro, gerente de contabilidad de Penta, que quedan ahora bajo arresto domiciliario.
Además se mantuvieron también las penas de arresto domiciliario para otros cuatro acusados.
Los 10 imputados se encuentran acusados de fraude tributario, sobornos y financiamiento ilegal en uno de los mayores casos de corrupción de Chile, donde supuestamente también se falsearon pérdidas y evadieron impuestos utilizando diversos mecanismos.
El caso tiene además una faceta política. Délano y Lavín, dueños del grupo Penta, financiaron la campaña electoral de los aspirantes a diputados y senadores de los dos partidos de la oposición derechista, la Unión Demócrata Independiente (UDI) y Renovación Nacional. Dos miembros de la UDI, el presidente Ernesto Silva y el vicepresidente Iván Moreira, dimitieron esta semana al verse salpicados directamente por el caso.
Michelle Bachelet
Penta tiene intereses en los ramos de seguros, finanzas, aseguradoras de salud privada, educación y proyectos inmobiliarios.
El caso Penta se enmarca en una crisis de desconfianza general de los políticos, a la que ha contribuido el escándalo Caval, en el que está involucrado el hijo de la presidenta Michelle Bachelet, Sebastián Dávalos.
La esposa de Dávalos, Natalia Compagnon, dueña al 50% de la empresa Caval, consiguió un préstamo de 10 millones de dólares tras reunirse junto a Dávalos con uno de los hombres más ricos de Chile, dueño de un banco, para comprar unos terrenos que fueron después vendidos por 15 millones de dólares. El préstamo se recibió días después de que Bachelet fuera elegida presidenta.
El caso está siendo investigado por la Fiscalía por posible tráfico de influencias y uso de información privilegiada.
La imagen de Bachelet se ha visto fuertemente golpeada y su popularidad ha descendido 18 puntos, según la última encuesta de la empresa Cadem, donde bajó de 52 a 34 puntos.
La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, se comprometió a impulsar una nueva regulación entre la política y los negocios “afecte a quien afecte”, en alusión a un caso que involucra a su hijo.
“Me voy a hacer cargo”, respondió la mandataria el sábado en la noche en Viña del Mar, al ser preguntada por el llamado caso Caval, un negocio inmobiliario que reportó una millonaria ganancia a su hijo, Sebastián Dávalos, y a su esposa, Natalia Compagnon. Al término de una reunión con el gabinete ministerial que se prolongó todo el día, la mandataria prometió que su gobierno tomará “todas las medidas” para garantizar el respeto a las “normas éticas y la legislación”.
Presunto espionaje
Bachelet anunció que mantendrá en Santiago a su embajador en Lima, Roberto Ibarra, para responder a una nueva nota de protesta en la que Perú anunció el retiro de su embajador en la capital chilena.
Chile y Perú mantienen un desacuerdo por un supuesto caso de espionaje de tres marinos peruanos, detenidos tras ser acusados de haber vendido información a agentes chilenos entre el 2005 y el 2012. (I)
Sebastián Dávalos, hijo de la presidenta de Chile Michelle Bachelet, presentó la renuncia a su cargo como director sociocultural del Palacio de La Moneda tras la polémica por el trato privilegiado otorgado a su esposa para recibir un préstamo bancario de 10 millones de dólares.
«No he cometido ilícito alguno ni delito funcionario», afirmó Dávalos al renunciar a su cargo el viernes. «Entiendo el malestar que ha generado esta situación y asumo que el perjuicio provocado ha dañado a la presidenta de la República y al gobierno de Chile. No me queda nada más que pedir humildemente perdón por este amargo momento», agregó el hijo de la presidenta a la prensa.
La revista chilena Qué Pasa informó la semana pasada que una compañía de la que es copropietaria Natalia Compagnon, nuera de Bachelet, recibió un préstamo de 10 millones de dólares del Banco de Chile.
La empresa Caval no había recibido el préstamo de otras instituciones bancarias pero el Banco de Chile aceptó luego de que el hijo de Bachelet y su esposa se reunieran con su vicepresidente Andrónico Luksic, uno de los hombres más adinerados del país. El préstamo se recibió días después de que Bachelet resultara elegida presidenta de la República.
El dinero se utilizó para comprar terrenos por unos 10 millones de dólares, que posteriormente se vendieron en 15 millones.
Dávalos agradeció también a su equipo y destacó la labor desempeñada durante su tiempo en el cargo, antes de abandonar La Moneda sin admitir preguntas.
La renuncia de Dávalos se produce tras una semana de creciente presión y fuertes críticas desde distintos sectores políticos, incluidos la Nueva Mayoría que lidera Bachelet y el Partido Socialista en el que milita.
El ministro del Interior, Rodigo Peñailillo, se refirió este sábado a la renuncia. «Aun cuando no hay delito alguno ni recursos públicos comprometidos, Sebastián decidió dar un paso al lado en una actitud correcta y comprensiva que se valora», afirmó a los medios.
La Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras descartó no obstante este jueves que hubiera «infracciones legales» en la concesión del crédito.
Bachelet se encuentra por el momento de vacaciones estivales y no se ha pronunciado sobre esta cuestión. (I)