Alcalde venezolano Ledezma recibe alta médica y es trasladado a su casa

El alcalde metropolitano de Caracas recibió el alta médica tras ser operado el domingo de una hernia inguinal, y permanecerá detenido en su casa.

Antonio Ledezma fue trasladado de la prisión a una clínica y deberá someterse a cirugía

El alcalde de Caracas Antonio Ledezma, preso desde febrero por supuesta conspiración contra el gobierno venezolano, fue trasladado este sábado de madrugada a una clínica donde le será practicada una intervención quirúrgica, informó el servicio de prensa de su partido.

«El alcalde Ledezma fue trasladado a las 02h30 (07h00 GMT) al Urológico San Román (centro clínico del este de Caracas)», aseguró un vocero de prensa.

Este viernes la fiscalía venezolana solicitó permiso para que Ledezma permanezca detenido en el futuro en su domicilio debido a su salud, tras estar encarcelado en la prisión militar de Ramo Verde, a unos 40 kilómetros de Caracas.

Mitzy Capriles, esposa del político, informó a la prensa que Ledezma fue evaluado el viernes por «su médico tratante y dos médicos del Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia)», quienes coincidieron en el diagnóstico de «hernia inguinal reproducida».

«La fecha de la operación dependerá de los exámenes preoperatorios», añadió Capriles, quien agregó que el alcalde metropolitano fue intervenido «hace menos de un año» por tres hernias.

El ministerio público indicó que una vez que se realice la operación, Ledezma será llevado a su residencia, en la que permanecerá bajo arresto domiciliario para «garantizar su recuperación».

Ledezma, de 59 años, es uno de los principales opositores al gobierno socialista de Nicolás Maduro. Fue detenido el 19 de febrero por funcionarios de inteligencia por «presuntamente apoyar a grupos que pretendían desestabilizar el país a través de acciones violentas».

En la misma prisión de Ramo Verde se encuentra desde febrero de 2014 el opositor radical Leopoldo López, acusado de impulsar las protestas que dejaron 43 muertos entre febrero y mayo del año pasado.

Lilian Tintori, esposa de López, y Mitzy Capriles han estado buscando apoyo internacional para la causa de sus respectivos esposos.

El martes de la semana pasada, el Congreso de los Diputados de España instó al gobierno de Mariano Rajoy a tomar «todas las iniciativas pertinentes» para conseguir «la liberación inmediata» de Ledezma, López y otros presos, lo cual generó tensión diplomática entre ambos países.

El mismo día, el Senado chileno acordó «solicitar la libertad de todos los presos políticos en Venezuela».

El expresidente del gobierno español Felipe González anunció que visitará Venezuela «a mitad de mayo» para asistir como abogado a la defensa de Ledezma y López. (I)

Alcalde opositor venezolano Antonio Ledezma fue trasladado desde prisión a una clínica

El opositor alcalde de Caracas, preso desde febrero, fue trasladado para que le sea practicada una cirugía.

El expresidente de España, Felipe González, defenderá a líderes opositores venezolanos

El expresidente del Gobierno español Felipe González defenderá a los líderes opositores venezolanos Leopoldo López y Antonio Ledezma.

Siete funcionarios afines a Maduro, en la mira del gobierno de Estados Unidos

Están vinculados a las fuerzas de seguridad y a la justicia venezolana. Tienen trayectoria desde la época del líder fallecido Hugo Chávez y dentro del gobierno de Nicolás Maduro, algunos han sido reintegrados a sus cargos militares, recibido ascensos o desempeñan, según analistas, puestos considerados claves para la llamada revolución bolivariana.

Ellos son los siete funcionarios venezolanos que el pasado lunes fueron sancionados por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, quien mediante decreto declara a la nación sudamericana una amenaza extraordinaria para la seguridad nacional y política exterior estadounidenses. La orden presidencial de EE.UU. se enfoca en “personas involucradas o responsables por la erosión de las garantías de los derechos humanos, la persecución de oponentes políticos, la restricción de la libertad de prensa, el uso de la violencia y violaciones a los derechos humanos y abusos en respuesta a las protestas contra el gobierno”.

Los cinco oficiales, un exmilitar y una fiscal han sido elogiados por Maduro, quien calificó las medidas (que incluyen el bloqueo de bienes que pudieran tener en EE.UU.) como aberrantes e ilegales.

En respuesta a la medida Maduro nombró como ministro de Interior, Justicia y Paz a uno de los sancionados, el mayor general Gustavo González López, quien era director general del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

Según la orden presidencial de Obama, “bajo la dirección de González, el Sebin ha tenido un papel importante en las acciones represivas en contra de la población civil durante las protestas en Venezuela”. Además de causar varias lesiones, el personal “cometió cientos de entradas forzosas y detenciones extrajudiciales en Venezuela”.

El diario español El País señala en una nota que González pertenece al grupo que responde a Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional y segundo hombre fuerte del gobierno venezolano.

Otro de los sancionados es el general Antonio Benavides Torres, comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral Central. Es un exlíder de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), cuyos miembros, según EE.UU., están comprometidos en actos significativos de violencia o conductas que constituyen un serio abuso o violación de derechos humanos, incluidos aquellos cometidos contra quienes participaron en las protestas del año pasado.

En julio del 2014 pasó a retiro, pero dos meses después Maduro lo incorporó a las filas. Cuando era coronel reprimió las protestas estudiantiles del 2009 contra la Ley de Educación. Chávez, por su fidelidad, le otorgó la Orden Libertador.

EE.UU. también incluye al jefe de la 31 brigada del Ejército Manuel Gregorio Bernal Martínez, denunciado, junto con Maduro, por el líder opositor Leopoldo López por las muertes del estudiante Bassil Dacosta y del chavista Juan Montoya en las protestas del 12 de febrero pasado. Su nombramiento como director del Sebin se dio el 23 de enero pasado y tres semanas después fue destituido. Maduro ha negado que su remoción haya sido por su actuación en las protestas.

En la lista está Manuel Pérez Urdaneta, director de la Policía Nacional Bolivariana (PNB). Sus miembros, señala el informe de EE.UU., “usaron fuerza física severa en contra de manifestantes y periodistas pacíficos en varias ciudades de Venezuela, lo que incluyó disparos de municiones reales”.

Se suma el inspector general de las Fuerzas Armadas, Miguel Vivas Landino. Fue jefe de la Región Estratégica de Los Andes de la Fuerza Armada venezolana entre febrero y julio del 2014 en que se registraron las marchas antichavistas. Según Univision, dirigió la represión de las manifestaciones en Mérida, Táchira y Trujillo.

La única civil sancionada por EE.UU. es la fiscal 20 Katherine Nayarith Haringhton Padron, quien lleva el caso de la exdiputada y líder opositora María Corina Machado y del alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma (preso desde el 20 de febrero). El informe de EE.UU. dice que “la evidencia que se usa para respaldar los cargos en contra de Machado y otros fue, al menos en parte, basada en correos electrónicos fraudulentos”. Se añade que “con base en información inverosímil y en algunos casos inventada” la fiscal ha acusado a varios opositores “con el crimen de conspiración relacionado con el supuesto asesinato/planes de golpe de Estado”.

Los sancionados se completan con Justo José Noguera, excomandante de la GNB y presidente de la Corporación estatal Venezolana de Guayana. Él y Benavides fueron cuestionados por la actuación de sus tropas en las protestas. “En varias ciudades de Venezuela, miembros de la GNB usaron fuerza excesiva para reprimir a manifestantes y periodistas, lo que incluyó la violencia física severa, agresión sexual y armas de fuego”, señala el informe. (I)

Venezuela inicia ejercicios militares con anfibios chinos y misiles rusos

Cien mil hombres, con anfibios chinos y misiles rusos, participan desde este sábado en ejercicios militares convocados por el presidente venezolano, Nicolás Maduro, en momentos de muy alta tensión con Estados Unidos, que calificó la situación en el país sudamericano de «amenaza inusual» a su seguridad.

El «ejercicio militar defensivo» ordenado por el presidente de Venezuela arrancó con la movilización de 80.000 soldados y 20.000 civiles, anunció este sábado el ministro de Defensa y jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), general Vladimir Padrino López.

Suman un total de 100.000 los involucrados en el ejercicio «para potenciar la defensa integral» del país, incluidos los soldados de la Milicia Popular entre los 80.000 soldados «activados» junto a los 20.000 «compatriotas del pueblo que se han sumado voluntariamente y que no son milicianos de la FANB», destacó el general de Ejército.

El denominado ejercicio «Escudo Bolivariano» se extenderá durante diez días y abarca todo el país, informó en declaraciones a la televisión estatal.

Maduro ordenó el ejercicio el miércoles pasado para identificar los puntos de defensa y garantizar que al país suramericano «no lo toque nadie», Ese párrafo no esta bien, en todo caso es «para que » no lo toque nadie» o para que al país suramericano «no lo toque la bota yanqui», sostuvo el jefe de Estado en un discurso ante el pleno de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento).

Poderes especiales

El presidente Maduro acudió ese día a la AN para solicitar poderes especiales que le permitan legislar sin control parlamentario y con ello poder «enfrentar» las «amenazas» de Estados Unidos, e invitó al país «a incorporarse y a apoyar a la FANB y a la Milicia».

«Venezuela tiene que estar preparada, porque Venezuela no es ni puede ser jamás Libia ni Irak», subrayó Maduro.

Recordó que su colega de EE.UU., Barack Obama, declaró el lunes que Venezuela constituía «una amenaza extraordinaria a la seguridad nacional» estadounidense y ordenó ampliar sanciones contra un número no revelado de funcionarios y exaltos cargos venezolanos.

El anuncio de Washington incluyó el bloqueo de bienes que pudieran tener en EE.UU. esos funcionarios, de los cuales identificó a siete que acusó de violar los derechos de opositores durante las protestas antigubernamentales que se vivieron en Venezuela durante el primer semestre de 2014.

Desde el Centro de Simulación Antiaérea de la Escuela de Artillería, situada en el Fuerte Tiuna de Caracas, el mayor destacamento castrense de Venezuela, Padrino López remarcó que Maduro se dirigirá al país al término de la jornada para evaluar el ejercicio que se cumple en mar, tierra y aire en todo el país.

El objetivo del «Escudo Bolivariano» apunta al «fortalecimiento de los órganos de dirección de la defensa integral» a cargo del «comando político de la nación», la cual está «articulada con la lucha armada a cargo de la FANB», añadió.

El ejercicio asimismo busca «elevar los niveles de apresto operacional del Ejército, la Armada, la Aviación y la Guardia Nacional Bolivariana», añadió el jefe militar y evaluó que el hecho de que EE.UU. declara al país caribeño como una amenaza «significa un inminente peligro» que se agrava al haberle «puesto ahí las coletillas de amenaza inusual y extraordinaria».

Encuentran muerto en prisión a opositor venezolano detenido en 2014

El opositor venezolano Rodolfo González, detenido durante las protestas antigubernamentales de principios de 2014, fue hallado muerto en una prisión militar de Venezuela informó este viernes su hija, Lissette González, quien no precisó las causas de la muerte.

«Estamos saliendo del Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia). Lamento confirmar que mi papá murió anoche», informó González en un mensaje difundido a través de la red social Twitter, horas después de haber anunciado que su padre sería trasladado a otro centro penitenciario.

Dirigentes políticos de la oposición venezolana, que identifican a Rodolfo González como un «preso político», aseguraron que el opositor fue encontrado muerto dentro de su calabozo donde se habría suicidado.

«Nos informan que el preso político Rodolfo Gonzalez ha aparecido muerto en su calabozo. Presuntamente se quitó la vida», escribió en un mensaje en la misma red social la diputada Delsa Solorzano, que acusó al Gobierno de Nicolás Maduro de encarcelar «inocentes».

«Mientras el régimen siga persiguiendo y encarcelando inocentes solo por pensar diferente, seguirá llenando a Venezuela de luto», escribió.

Según la prensa local, Rodolfo González, de 63 años, fue detenido en abril del 2014 bajo la acusación de «asociación para delinquir, tenencia de explosivos y tráfico de armas de fuego» y, desde entonces, permanecía en uno de los calabozos del Servicio de Inteligencia venezolano conocido como El Helicoide en Caracas.

Venezuela vivió una ola de protestas contra el Gobierno de Nicolás Maduro desde febrero de ese año, que se desarrollaron con gran intensidad durante alrededor de cuatro meses, dejando incidentes violentos con un saldo oficial de 43 muertos, cientos de heridos y miles de detenidos.

El Ministerio Público ha asegurado que solo permanecen unas 40 personas privadas de libertad por delitos relacionados con la violencia en esas protestas, de los cuales 12 son funcionarios policiales. (I)

CIDH otorga medidas de protección para estudiantes venezolanos presos

 La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció hoy la adopción de medidas cautelares o de protección para dos estudiantes venezolanos presos en Caracas al considerar que «su vida e integridad personal se encontraría en riesgo».

La Comisión considera que la información que ha recibido, en principio, demuestra que los dos estudiantes «se encuentran en una situación de gravedad y urgencia» debido a las precarias condiciones de su detención y a que no estarían recibiendo la atención médica adecuada.

La CIDH solicitó al Estado de Venezuela que adopte las medidas necesarias para preservar la vida e integridad personal de los dos estudiantes «proporcionando la atención médica adecuada de acuerdo a las condiciones de sus patologías» y que asegure que las condiciones de su detención «se adecuen a estándares internacionales», tomando en consideración su estado de salud actual.

El Estado de Venezuela tiene 15 días para informar a la Comisión sobre la adopción de las medidas solicitadas.

Lorent Saleh y Gerardo Carrero se encuentran presos en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional de Venezuela (SEBIN) en Caracas, en la celda denominada «La Tumba», donde, según la oposición venezolana, han sido torturados.

El líder estudiantial Saleh, director de la organización «Operación Libertad», fue expulsado en septiembre de 2014 por las autoridades migratorias colombianas a Venezuela con el argumento de que estaba realizando actividades políticas no permitidas a los extranjeros.

Por otro lado, la CIDH lamentó hoy la muerte el pasado 24 de febrero del estudiante venezolano de 14 años Kluibert Roa durante la represión de una manifestación en Táchira por parte de fuerzas de seguridad del Estado.

 

La CIDH rechazó «cualquier forma de violencia» y urgió al Estado de Venezuela a «asegurar que cualquier uso de la fuerza sea estrictamente en conformidad con sus obligaciones internacionales».

 

Los dos comunicados divulgados hoy por la CIDH sobre Venezuela coinciden con la visita del ex presidente de Colombia Andrés Pastrana a la sede de la Comisión en Washington.

 

Pastrana solicitó a la CIDH la adopción de medidas cautelares en favor de seis de los líderes más importantes de la oposición venezolana, entre ellos, Leopoldo López y el alcalde de Caracas Antonio Ledezma, ambos encarcelados.