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Fiscalía dice que hay certeza de 43 muertes

El procurador general de México dijo que decenas de confesiones y pruebas forenses practicadas muestran que los 43 estudiantes que desaparecieron el pasado 26 de septiembre murieron y que fueron incinerados al día siguiente, en un basurero cercano a Cocula, en el estado sureño de Guerrero.

En una larga exposición de los detalles de la investigación, Jesús Murillo Karam dijo que las muestras tomadas en el lugar, la temperatura que alcanzó el combustible y el fuego de una hoguera fue suficiente para incinerar a los 43 normalistas de la escuela rural de Ayotzinapa sin que se hubieran dejado restos que permitieran su posterior identificación y reconocimiento.

A esta conclusión llegó el martes pese a que solo se ha confirmado la identificación de uno de los estudiantes a través de una prueba de ADN, Alexander Mora Venancio, y con base en una declaración ofrecida por un laboratorio forense en Innsbruck, Austria, que dijo que era imposible identificar los demás restos con los que cuentan.

Murillo dijo que su conclusión se basó en 386 declaraciones, 16 allanamientos y dos reconstrucciones de los hechos.

El procurador presentó el testimonio de quien habría sido jefe de los sicarios que los ejecutaron, detenido el 15 de enero, Felipe Rodríguez Salgado, el Cepillo, detenido tras ser deportado desde Estados Unidos.

También afirmó contar con confesiones de decenas de policías municipales de las localidades de Iguala y Cocula que entregaron a los estudiantes a un grupo de sicarios y con el testimonio de al menos una decena de sicarios que interrogaron, ejecutaron, incineraron y lanzaron a un río los cuerpos de los jóvenes.

Valentín Cornelio González, cuñado de uno de los desaparecidos, aún tiene dudas sobre la versión oficial y afirma que una de las bolsas con los restos se entregó abierta a los miembros del Equipo Argentino de Antropología Forense, peritos independientes.

Murillo insistió en que los sedimentos localizados en las bolsas extraídas del río coinciden con el lugar de la pira del incendio y que el equipo argentino ha estado presente y validado todos los pasos del proceso. (I)

Padres de 43 jóvenes descartan actos de violencia para evitar elecciones

Los padres de los 43 estudiantes que desaparecieron el 26 de septiembre en Iguala (México) no recurrirán a actos de violencia para evitar el desarrollo de las elecciones en el estado de Guerrero el próximo 7 de junio, aseguró hoy su portavoz, Felipe de la Cruz.

«Nuestro movimiento es pacífico. Creemos que la violencia no genera estabilidad, ni paz, sino todo lo contrario», dijo a Radio Fórmula un día después de una jornada de protesta nacional al cumplirse cuatro meses de la desaparición de los jóvenes.

El llamado a no votar en Guerrero el 7 de junio, cuando se elegirá gobernador, 46 diputados y 81 cargos locales, está dirigido a «que la gente se organice y empecemos a formar asambleas populares, otras formas de gobierno que no sea con políticos ya amañados», indicó.

De la Cruz pidió a la ciudadanía que no olvide los actos de los políticos corruptos en el estado.

«Por ejemplo, en Acapulco ya empezó la precampaña del hijo del exgobernador del estado (ngel Aguirre)», dijo el portavoz, quien añadió que no habrá elecciones en Guerrero porque a los votantes «con facilidad se le olvidan los hechos que suceden allá».

Los familiares de los estudiantes exigieron la renuncia de Aguirre y una investigación por la forma en que manejó el caso de los 43 desaparecidos el 26 de septiembre pasado a manos de policías corruptos y miembros del crimen organizado.

El político del izquierdista Partido de la Revolución Democrática dimitió en octubre pasado presionado por la crisis que desató la desaparición de los alumnos de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Ahora, su hijo ngel Aguirre Herrera busca la candidatura del PRD a la alcaldía de Acapulco.

El próximo 7 de junio los mexicanos acudirán a las urnas para elegir 500 diputados federales, los Gobiernos de nueve estados y 1.532 cargos locales.

El proceso electoral se llevará a cabo bajo la sombra del caso Ayotzinapa si la fiscalía federal no despeja las dudas que prevalecen sobre lo ocurrido la violenta noche del 26 de septiembre de 2014.

Los familiares y buena parte de la sociedad mexicana no creen en la versión oficial, según la cual los jóvenes fueron asesinados e incinerados en un basurero de Cocula, un municipio vecino a Iguala, por miembros del cártel Guerreros Unidos.

Según el testimonio de tres integrantes de Guerreros Unidos, policías locales detuvieron a los jóvenes y se los entregaron tras un tiroteo ordenado por el entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca, en el que murieron seis personas y otras 25 resultaron heridas.

Hasta ahora un grupo de forenses austríacos sólo ha identificado a uno de los estudiantes desaparecidos entre los restos calcinados supuestamente hallados por la fiscalía mexicana en Cocula. 

Padres de los 43 desaparecidos encabezarán masiva protesta en México

Los padres de los 43 estudiantes desaparecidos hace cuatro meses en Iguala, en el sur de México, encabezarán mañana una manifestación por las principales calles de Ciudad de México y un mítin en la Plaza de la Constitución.

Al cumplirse este lunes cuatro meses de la desaparición forzosa de 43 jóvenes de la escuela normal de Ayotzinapa, padres, organizaciones civiles, campesinos, trabajadores, sindicatos y estudiantes participarán el lunes en la movilización.

En la jornada por Ayotzinapa se exigirá al gobierno la presentación con vida de sus hijos, así como abrir una investigación contra el Ejército, porque aseguran que participó en la desaparición.

«Sólo se han enfocado las investigaciones en la policía municipal.

La desaparición de nuestros hijos fue un plan bien estructurado de parte del gobierno federal», dijeron hoy familiares de los normalistas a su paso por la localidad de Ixtapaluca, en el central Estado de México, antes de arribar a la capital.

«Decidimos conjuntar la actividad con la jornada global por Ayotzinapa», dijo Alberto Galindo, de la dirigencia de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala sobre la participación de al menos 10.000 campesinos.

Los alumnos de la escuela rural normal «Raúl Isidro Burgos» desaparecieron el 26 de septiembre en la ciudad de Iguala, en el estado de Guerrero, a unos 200 kilómetros al sur de Ciudad de México, después de ser atacados a tiros por policías municipales. En este episodio hubo además seis muertos y 25 heridos.

Según la fiscalía general de México, los agentes entregaron los estudiantes a miembros del cártel del narcotráfico Guerreros Unidos que los asesinaron y calcinaron sus cuerpos. De los 43 desaparecidos tan sólo se han podido identificar los restos de uno.

Después de cuatro meses de su desaparición, los padres de los estudiantes han seguido buscando a sus hijos y han afirmado que no aceptarán la hipótesis de que están muertos hasta que no haya una comprobación científica.

Según el testimonio de personas detenidas, los jóvenes habrían sido asesinados e incinerados durante unas 14 horas en una fogata en un basurero de Cocula, una localidad vecina a Iguala, tras lo cual los restos fueron arrojados en bolsas de plástico a un río. Por este caso hay cerca de 100 detenidos.

En el basurero y en el río se encontraron cenizas y algunos pocos restos óseos calcinados, que en noviembre fueron enviados a Innsbruck para su identificación.

El 7 de diciembre la Procuradrúa General dio a conocer que se había logrado identificar a uno de los estudiantes, Alexander Mora Venancio, de 21 años.

Las investigaciones por la «desaparición forzada» de 43 estudiantes en México han sido insuficientes y no debe quedar «piedra sin remover», reclamó recientemente Amnistía Internacional (AI). (I)

Supuesto sicario confiesa el asesinato de 15 estudiantes mexicanos

Un supuesto sicario del cártel mexicano Guerreros Unidos, señalado como partícipe en la presunta masacre de 43 estudiantes, dijo que él y otros cómplices asesinaron a tiros «a unos 15» jóvenes que les entregaron con vida jefes policiales, según declaraciones que difunde hoy la prensa mexicana.

Felipe Rodríguez Salgado, alias «El Cepillo», detenido y acusado de participar en el supuesto asesinato e incineración de los jóvenes, a partir de testimonios que forman parte de las investigaciones, agregó que al menos 25 estudiantes ya habían muerto «por asfixia».

«El Cepillo» además admitió que sabía que todas las víctimas eran estudiantes y no delincuentes.

El sujeto detalló que el 26 de septiembre él y otros compinches recibieron la orden de abordar unos vehículos para ayudar a la gente de Gildardo López, alias «El Cabo Gil», lugarteniente del líder de Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias.

En el lugar conocido como Loma de Coyotes lo esperaban «El Cabo Gil» y los mandos de las policías municipales de Iguala y de Cocula en cinco patrullas y una camioneta blanca de redilas de tres toneladas, donde tenían detenido a un grupo de jóvenes.

Según declaraciones, subieron a los estudiantes al vehículo de redilas y los llevaron al basurero de Cocula. Alrededor de 25 ya estaban muerto por asfixia y quedaban unos 15 vivos, a los que acribillaron a tiros y calcinaron, para después regresar a Iguala.

Los restos calcinados fueron colcados en bolsas negras de plástico que luego lanzaron al río San Juan de Cocula.

En su declaración, «El Cepillo» destacó que después de la masacre de 43 alumnos de la escuela normal de Ayotzinapa intentó huir a Estados Unidos para refugiarse con su hermano, pero fue detenido por autoridades migratorias estadunidenses, que lo deportaron a México en calidad de indocumentado.

«El Cepillo» fue capturado el 16 de enero en la localidad de Jiutepec, en el estado de Morelos, por elmentos de la policía federal y el Ejército.

Los estudiantes desaparecieron tras ser detenidos el 26 de septiembre por policías municipales, que los entregaron a los sicarios de Guerreros Unidos.

Hasta ahora han sido arrestadas unas 100 personas por la desaparición, entre ellas el destituido alcalde de la ciudad de Iguala, José Luis Abarca, su esposa y el líder de Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias.

Según las investigaciones, Abarca ordenó a la policía municipal interceptar a los normalistas en Iguala, 200 kilómetros al sur de la capital mexicana, para evitar que sabotearan un acto político de su esposa.

De acuerdo con las declaraciones de algunos detenidos, los agentes los entregaron después a Guerreros Unidos, que los confundieron con miembros de Los Rojos, un grupo rival.

Los jóvenes desaparecidos estudiaban en la Escuela Normal Rural «Raúl Isidro Burgos» de Ayotzinapa, que forma maestros en el sureño estado de Guerrero.

AI: Los líderes mundiales no han estado a la altura en el caso Ayotzinapa

Los líderes mundiales «no han estado a la altura» en sus condenas al caso de los 43 estudiantes desaparecidos en México, poniendo sus intereses económicos y políticos por encima de la defensa de los derechos humanos, opinó hoy la directora para América de Amnistía Internacional, Erika Guevara.

«Un caso como el de Ayotzinapa, la desaparición de 43 estudiantes, pone a prueba a los líderes globales y hasta ahora su pronunciamiento ha sido muy limitado», dijo en una entrevista con Efe, en la que explicó que en casi todos los casos el mensaje del exterior ha sido de apoyo al presidente Enrique Peña Nieto.

Aunque en un inicio algunos países se pronunciaron sobre el tema «como una de las grandes tragedias que se viven actualmente en el mundo», hoy «sabemos que hay intereses detrás, económicos y políticos», de que el tema pase a un segundo plano, apuntó.

«El Gobierno de México forma parte de núcleos de poder político globalmente que busca tener una imagen internacional que atraiga inversiones extranjeras, pero también atraiga poder político», agregó.

Por ejemplo, en el caso de EE.UU., país vecino y socio comercial, el presidente Barack Obama exigió una investigación profunda, pero siempre ha mostrado apoyo a su homólogo mexicano.

«Creo que los Estados tienen una responsabilidad y un compromiso internacional por la defensa de los derechos humanos (…) que tienen que llevar a cabo hasta sus últimas consecuencias, aun cuando eso implique un daño en sus intereses económicos en un país determinado, en este caso México», comentó Guevara.

En una conferencia de prensa, Amnistía Internacional pidió hoy a la fiscalía que explore «exhaustivamente» todas las líneas de investigación, al considerar que las pesquisas en torno a la desaparición forzada de los estudiantes en el sur de México hace casi cuatro meses está lejos de ser concluyente.

En opinión de la organización, el fiscal mexicano, Jesús Murillo, no ha examinado todas las posibles líneas de investigación, como es la de la posible complicidad de las Fuerzas Armadas y de otras autoridades en la desaparición.

Los padres de los 43 estudiantes han denunciado que integrantes del Ejército podrían estar involucrados en la desaparición de sus hijos el pasado 26 de septiembre en Iguala tras un ataque a tiros perpetrado por policías locales y han pedido la apertura de una línea de investigación al respecto.

Además, han solicitado al Gobierno que les permita buscar a los jóvenes en cuarteles militares, lo que ya fue aceptado, aunque las autoridades rechazan tajantemente la participación de las fuerzas federales en la noche violenta del 26 de septiembre.

Según Guevara, el hecho de que la fiscalía esté barajando este caso como un delito de secuestro y no como desaparición forzada es una muestra de que no hay interés de abrir una investigación para conocer la verdadera implicación de funcionarios estatales e incluso federales.

«Para nosotros es de gran preocupación que nuevamente se quieran ocultar las graves violaciones a los derechos humanos, la crisis de seguridad que existe en el país, porque el ocultamiento es un paso para no atender estas problemáticas y dejar a las víctimas nuevamente sin verdad y sin justicia», apuntó.

Guevara habló también de la importancia de «no dejar que este caso quede en el olvido», algo que es «una responsabilidad de la sociedad», que no puede dejar de exigir verdad y justicia.

«Estas graves violaciones a los derechos humanos tienen un patrón común, el hecho de que en un inicio causan un clamor popular para que se busque la verdad y la justicia», pero luego «hay un desgastamiento de las sociedades» como la mexicana, que «ha normalizado la violencia en la vida cotidiana de las personas y eso es un espacio que aprovechan los Estados», explicó.

Amnistía hizo el balance de la investigación de la fiscalía dos días después de que se anunciara que forenses austríacos no habían logrado identificar 16 restos calcinados que se cree pueden corresponder a los estudiantes, por lo que recurrirán a otra técnica que puede tardar unos tres meses.

Hasta ahora, solo uno de los 43 jóvenes ha sido identificado por el laboratorio de la Universidad de Innsbruck a partir de los restos hallados en un vertedero de basura en el municipio de Cocula, vecino a Iguala, donde miembros del cártel Guerreros Unidos dijeron haberlos asesinado e incinerado.

AI indicó que este caso ha puesto de relieve la terrible situación de los derechos humanos en México, donde -según datos oficiales- han muerto violentamente más de 100.000 personas desde que comenzó la guerra contra el narcotráfico en 2006 y han desaparecido al menos 23.000.