Los principales partidos políticos yemeníes, Washington, la ONU y las monarquías del Golfo rechazan el golpe de fuerza de las milicias chiitas en Saná, que corren el riesgo de un creciente aislamiento.
Estas milicias, llamadas hutíes, instalaron el viernes un poder de transición denunciado como un golpe de Estado en Yemen, un país esencial para la estrategia de Estados Unidos en su lucha contra Al Qaida.
Este domingo reinaba una fuerte tensión en el sur y sudeste de Yemen, regiones no controladas por los hutíes, donde las autoridades locales anunciaron «no reconocer» el poder de las milicias chiitas de Ansarualá y expresaron su «rechazo total a la declaración constitucional» por la cual estos milicianos consolidaron su poder sobre parte del país.
Según el comunicado, este rechazo es compartido por las Fuerzas Armadas y de seguridad en estas provincias (Aden, Abyan, Lahj, Shabwa, Dhaleh y Hadramut), donde se llevan a cabo intensas negociaciones que implican al movimiento sudista, parte del cual milita por una secesión del Sur.
Por su parte, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, llamó el domingo a reinstaurar en la presidencia de Yemen a Abedrabbo Mansur Hadi, y advirtió que la situación en ese país se está «deteriorando muy seriamente».
«La situación se está deteriorando muy, muy seriamente, después de que los hutíes tomaran el poder y dejaran este vacío en el gobierno», dijo Ban refiriéndose a esta milicia chiita que el viernes disolvió el gobierno y el parlamento.
«Se debe reinstaurar la legitimidad del presidente Hadi», dijo el jefe de la ONU a la prensa en Arabia Saudita.
También el jefe de la Liga Árabe, Nabil al Arabi, condenó el domingo el golpe de fuerza contra el gobierno de Yemen por parte de los hutíes, y lo calificó de «golpe» que traerá más violencia al país.
«Los hutíes no pueden por sí solos gobernar Yemen. Solamente controlan tres provincias del norte: Saná, Amran y Saada», destacó el analista yemení Ali al Bakaly.
«Las demás provincias no están a su alcance. Si intentaran imponerse en ellas, provocarían una guerra civil» en el país, donde la población está fuertemente armada, añadió.
La milicia chiita, que procede de la minoría zaidita, entró en la capital Saná en septiembre y tomó a fines de enero el control del palacio presidencial y de las demás instituciones del Estado y del gobierno.
La disolución del Parlamento y la instalación de nuevas instancias dirigentes, anunciadas el viernes por las milicias de Ansarualá, fueron desaprobadas incluso por el Congreso Popular General (CPG) del expresidente Ali Abdalá Saleh, que no obstante se había convertido en su aliado.
El CPG, mayor partido del país, y mayoritario en el Parlamento, reprocha a sus aliados hutíes haber «dañado la legalidad constitucional» y propone un «retorno a las negociaciones».
Aislados en el plano local, los milicianos chiitas también han sido duramente criticados por las monarquías del Golfo, que denunciaron un «golpe de Estado» y amenazaron con «tomar medidas para defender sus intereses» en Yemen.
También Washington ha criticado este golpe de fuerza en Yemen, un país aliado en la lucha antiterrorista, y amenazó con saciones si no se reanuda el diálogo entre las fuerzas políticas.
Las Fuerzas Armadas jordanas afirmaron que el piloto Muaz Kasasbeh, cuyo asesinato reivindicó ayer el grupo yihadista Estado Islámico (EI) en un video en el que muestra cómo supuestamente lo quema vivo, murió el pasado 3 de enero.
En un comunicado divulgado por la televisión estatal, las FF.AA. prometieron “venganza” por el asesinato. Anoche (hasta el cierre de esta edición) se difundió incluso que dos yihadistas habían sido ejecutados.
El EI mostró ayer un video en el que un hombre es quemado vivo y que la organización yihadista identifica como el piloto jordano capturado en Siria el 24 de diciembre pasado. En la grabación de 22 minutos él aparece vestido de color naranja y en una jaula de hierro mientras las llamas consumen su ropa.
El gobierno jordano reclamó en varias ocasiones pruebas de que su piloto seguía con vida antes de plantearse liberar a la iraquí condenada a muerte en Jordania, tal y como reclamaban los yihadistas. El presidente de EE.UU., Barack Obama, dijo que el aparente asesinato del piloto obliga a redoblar la determinación de la coalición internacional formada para derrotar a ese grupo. (I)
La Nobel de la Paz estadounidense Jody Williams consideró este domingo «una locura» pensar en la cárcel para todos los guerrilleros en Colombia tras un eventual acuerdo para poner fin a más de 50 años de conflicto armado.
En vísperas del reinicio de los diálogos que avanzan desde hace dos años en Cuba con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Williams participó en un coloquio con el jefe negociador del gobierno colombiano, Humberto de la Calle, en el marco del Hay Festival Cartagena.
«Es una locura completa creer que van a poder poner a todos en la cárcel», dijo Williams, premio Nobel en 1997 por lograr la firma de la Convención de Ottawa contra las minas antipersonales.
Con la ironía que la caracteriza, la activista agregó: «Pueden poner a todos los combatientes -FARC, paramilitares, militares y narcotraficantes- en la cárcel, pero ¿quién más va a andar en la calle en Colombia?».
El conflicto armado colombiano, el más antiguo del continente y que ha dejado unos 220.000 muertos y más de 5,3 millones de desplazados, según datos oficiales, ha involucrado a guerrillas de izquierda, milicias irregulares de derecha, agentes del Estado y bandas narcotraficantes.
El tema de la justicia transicional, que la mesa de La Habana tiene pendiente de abordar, es uno de los más espinosos de la negociación con las FARC, principal guerrilla del país con unos 8.000 combatientes.
«Cómo conciliar la satisfacción de los derechos de las víctimas con la paz. Ese es el gran reto», dijo el presidente Juan Manuel Santos el sábado en el departamento de Cauca (suroeste).
El mandatario afirmó que el gobierno entiende la posición de las FARC de que no negociará la paz para ir a la cárcel, pero el país no puede «hacer borrón y cuenta nueva» porque debe velar por «los derechos de las víctimas, los derechos a la verdad, los derechos a la reparación, los derechos a la justicia».
De la Calle recalcó que el fin del conflicto debe incluir a todos los actores involucrados porque «todos son responsables» y volvió a reiterar que en un acuerdo final «no habrá impunidad».
La cuestión es cómo lograr «una solución satisfactoria para los colombianos en medio de estándares internacionales rigurosos, pero no hasta el punto de que esos estándares terminen posibilitando nuevas violaciones (a los derechos humanos) y víctimas futuras», dijo.
Colombia es firmante del Estatuto de Roma que permite que la Corte Penal Internacional (CPI) juzgue los crímenes de guerra cometidos en el país, en caso de que el Estado no los sancione.
Por eso, De la Calle insistió en que en las negociaciones se ha hablado de «la imposibilidad de suspender totalmente las penas», por lo que aboga por una «categorización» de las mismas. (I)
Cuando cayó al mar con 162 personas a bordo, el piloto del avión vigilaba a su compañero que tenía menos experiencia.
El secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), el expresidente colombiano Ernesto Samper, apoyó hoy la celebración de un referendo para validar los eventuales acuerdos de paz entre el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
«Apoyamos el referéndum popular d los acuerdos de paz d La Habana, es el camino para legitimarlos ante el pueblo colombiano», dijo Samper de forma escueta a través de su cuenta de Twitter.
El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, ha señalado que una vez se haya completado el proceso de paz, los colombianos serán consultados al respecto.
El Gobierno y las FARC mantienen desde hace algo más de dos años negociaciones en La Habana (Cuba), que ya han avanzado en tres de los cinco puntos que se abordan de cara a la firma de la paz, referidos a la propiedad de la tierra, la participación política y las drogas ilícitas.
Las partes volverán a La Habana el 2 de febrero, cuando retomarán el cuarto apartado, sobre el reconocimiento y reparación de las víctimas, y abrirán el último, del alto el fuego bilateral y dejación de armas por parte de la guerrilla.
Samper (presidente de Colombia entre 1994 y 1998) ha expresado en varias ocasiones la disposición del organismo que dirige a participar en el proceso de paz en su país, en la fase del «posconflicto».
Esa etapa, a su entender, debería centrarse en la reparación económica y moral (relacionada con el perdón y las garantías de no repetición), así como en la justicia y la verdad, lo que permitiría a las víctimas o a sus familiares conocer las condiciones en que fueron victimizadas.
Las FARC decretaron un alto el fuego unilateral e indefinido que está vigente desde el pasado 20 de diciembre y pidieron contar con la veeduría de la Unasur, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y la ONG Frente Amplio por la Paz, algo que el Gobierno ha rechazado. (I)
Las Fuerzas Armadas de Colombia estudiarán la semana próxima en Naciones Unidas experiencias internacionales que puedan resultarles útiles para preparar el cese el fuego bilateral con las FARC y la transición a la paz que podría llegar si el Gobierno firma un acuerdo definitivo con la guerrilla.
Así lo aseguró el ministro de Defensa de Colombia, Juan Carlos Pinzón, en una entrevista al diario El Tiempo en la que explicó el motivo de su visita a Nueva York, donde viajará tras haber participado en el Foro Económico Mundial de Davos (Suiza), que concluye hoy.
Pinzón afirmó que la semana próxima acudirá a las Naciones Unidas con el jefe del Comando de Transición del Gobierno colombiano, el general del Ejército Javier Flórez, para «mirar las experiencias de desmovilización, desarme y reintegración» que han vivido «algunos de los miembros» de la ONU.
«(Vamos a ver) cuáles han sido esas experiencias en el mundo para nosotros estar en lo que hemos llamado el Comando Estratégico de Transición, preparando toda esa capacidad», especificó Pinzón.
Preguntado sobre si eso significa que las Fuerzas Militares se están preparando para un alto el fuego bilateral, el ministro respondió que buscan estar listos para implementar esa medida cuando sea el momento.
«Si así se da (el cese el fuego), pues tendremos toda la capacidad y estaremos preparados para este proceso de transición», comentó.
El ministro subrayó que el general Flórez «viene trabajando con todo su equipo» para planificar «la desmovilización, el desarme y la reintegración» de los guerrilleros que se abordará con las FARC próximamente y que por este motivo las Fuerzas Armadas buscan estar listas llegado el momento.
Por otro lado, el titular de Defensa reveló que en su viaje en Nueva York firmará un acuerdo con el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, para enviar a soldados colombianos a misiones internacionales de paz.
Pinzón matizó que este acuerdo se aplicaría «cuando sea conveniente y necesario» y no implique «ningún tipo de riesgo en materia de seguridad» para sus uniformados.
Asimismo, consideró esta eventual colaboración como «un mensaje de respeto a las Fuerzas Armadas colombianas, a sus estándares en derechos humanos», ya que, apuntó, la ONU «no firma ese tipo de acuerdo con Fuerzas Armadas de todas partes».
El Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que negocian la paz desde noviembre de 2012 en La Habana, retomarán el próximo 2 de febrero los diálogos interrumpidos por la Navidad.
Entonces las partes abrirán el quinto y último punto de la agenda, referida al fin del conflicto armado, y continuarán el cuarto apartado, sobre el reconocimiento y reparación de las víctimas.
Desde que se abrió el proceso de paz, las partes han alcanzado preacuerdos sobre propiedad de la tierra, participación política y sustitución de cultivos ilícitos.
La guerrilla comunista de las FARC rechazó este domingo una ley firmada por el presidente colombiano Juan Manuel Santos para refrendar un eventual acuerdo de paz en las conversaciones de La Habana.
«Este proceso de refrendación no pueda ser tratado de manera unilateral, tiene que ser decidido en la mesa (de negociaciones de paz de La Habana) por las partes», dijo la negociadora Victoria Sandino en un video divulgado en el sitio pazfarc-ep.org.
Santos firmó el martes la norma 1745 que fija los referendos constitucionales para que la ciudadanía se pronuncie sobre un eventual acuerdo de paz en la Habana, como resultado de las pláticas que iniciaron las dos partes en noviembre de 2012.
«El referendo que planea el presidente Santos no es viable para los acuerdos, solo por mencionar el cúmulo que había que aprobar no sería procedente», añadió Sandino.
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) piden la realización de un proceso constituyente que termine en una gran Asamblea Nacional integrada por todos los sectores del país, que debe refrendar el eventual acuerdo.
«A mi modo de ver debe ser la constituyente», dijo por su parte el negociador de la guerrilla Jesús Santrich, pero no descartó «alguna manera de que puedan coincidir los dos mecanismos».
«En todo caso, la idea es que la participación del soberano (el pueblo) sea el protagonista», añadió.
Sandino estimó que el balance de más de dos años de negociaciones «es positivo» pues se ha llegado a tres acuerdos parciales de los seis puntos de la agenda, aunque varios asuntos de ellos quedan pendientes.
Santrich coincide, pero añadió que, en definitiva «lo que hay hasta ahora es un cúmulo de promesas. Hay acuerdos parciales, pero no hay ningún elemento que por el momento indique que van a tener realización y no podemos confiar solo en la palabra del gobierno».
Indicó que paralelamente a las negociaciones, el gobierno está impulsado iniciativas legales, como la referente al tema agrario (133 del 2014), que «sin dudas va atropellar los intereses de los campesinos y de la población rural».
Dijo que la permanencia del paramilitarismo y de la «guerra sucia» bajo la doctrina de la seguridad nacional, son también escollos para las pláticas de paz, que se reiniciarán dentro de una semana en la Habana tras un receso de fin de año.