Sus votos fueron claves para aprobar leyes del Ejecutivo y evitar juicio político contra la ministra de Gobierno

LOS PERIODISTAS

La ministra de Gobierno, María Paula Romo, mantenía una estrecha relación con los 10 asambleístas investigados penalmente por la Fiscalía, dentro del caso de presuntas irregularidades en el contrato para la construcción del hospital de Pedernales.

Una conversación telefónica entre el asambleísta morenista, Daniel Mendoza, detenido el pasado 05 de junio, y Eliseo Azuero, del Bloque de Acción Democrática Independiente (BADI), reveló que varios legisladores habrían recibido dinero.

La Fiscalía llamó a declarar al presidente de la Asamblea, César Litardo, y a Raúl Tello, Rosa Verdesoto, Washington Paredes, Freddy Alarcón, Franco Romero, Fernando Burbano y María Mercedes Cuesta, todos mencionados por Mendoza y Azuero.

En una parte de la conversación, Azuero, de quien se desconoce su paradero y cuenta con una orden de prisión, afirma que a varios asambleístas de su bancada “les llegó un cariño” y que María Paula romo tiene que proteger a todos.

Por su parte, Mendoza dice que se habrían entregaron USD 90.000 a los asambleístas del BADI, liderado por Azuero. “Los primeros trescientos sesenta que tú dijiste eso se lo dieron a quienes eran como noventa por asambleísta”, dijo Mendoza.

La estrecha relación con este grupo de asambleístas por parte de la ministra de Gobierno, quien también fue llamada a declarar por la Fiscalía, se refleja en el apoyo a los proyectos del Ejecutivo.

En la terna para vicepresidente de la República, votaron a favor de Romo, César Litardo, Fernando Burbano, Franco Romero, Rosa Verdesoto y los alternos de Daniel Mendoza (Pinuccia Colamarco) y de Eliseo Azuero (Flérida Guevara).

El 12 de diciembre de 2019, el juicio político en contra de María Paula Romo no pasó en la comisión de Fiscalización. La moción de archivo propuesta por Daniel Mendoza fue aprobada por 9 asambleístas del oficialismo y la abstención de Eliseo Azuero, vicepresidente de la comisión.

De igual forma, el 31 de enero de este año el pedido de juicio político en contra de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint, no prosperó en la Comisión de Fiscalización. Nuevamente Eliseo Azuero se abstuvo, mientras que Mendoza votó en contra a través de su alterna.

También se encuentra estancada la calificación de cuatro pedidos de juicio político en contra del ministro de Finanzas, Richard Martínez, en el Consejo Administrativo de la Legislatura (CAL), presidido por César Litardo.

Los asambleístas que hoy son investigados votaron a favor de propuestas del gobierno como la eliminación del dinero electrónico en manos del Banco Central, las leyes de Fomento Productivo, Simplificación Tributaria, Apoyo Humanitario y de Ordenamiento de las Finanzas Públicas.

Además, votaron a favor del archivo de la Ley de Crecimiento Económico, la proforma presupuestaria 2020, el informe del paro de octubre de 2019 y las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación.

César Litardo y Daniel Mendoza también coinciden en la lista de presuntos repartos de hospitales y cargos públicos, revelado por el portal El Estado.net, y que se habría ejecutado a inicios de 2018.

Mendoza habría exigido en Manabí la delegación provincial de la Contraloría, El Banco de Desarrollo, la Agencia Nacional de Tránsito de El Carmen y el MIES de Bahía.

Las investigaciones sobre el presunto pago de dinero a un grupo de asambleístas, que estarían vinculadas a una posible compra de votos en la Asamblea, ha dado lugar a varias contradicciones.

La ministra de Gobierno aseguró el pasado 16 de julio que fue ella quien denunció e investigó a Mendoza para su detención, y que las conversaciones telefónicas filtradas responden a una represalia de su parte.

Sin embargo, dos semanas antes, ante la comisión multipartidista de la Asamblea que investiga a Mendoza, Romo afirmó que el asambleísta no ha intervenido ni gestionado fondos públicos.

También de manera contradictoria, Mendoza y Azuero, a través de sus asambleístas alternos, votaron a favor de María Paula Romo en la terna para vicepresidenta de la República.

La detención de un asambleísta, dentro de las investigaciones que estarían relacionadas con una presunta compra de votos del Ejecutivo en la Asamblea, constituye un hecho inédito en el Ecuador. Está en manos de la Fiscalía aclarar este caso, que involucra a la ministra de Gobierno.