Suecia, al igual que otros tantos países del norte de Europa, en el pasado se abrió a la inmigración. En Suecia también, el aumento de la inmigración y refugiados ha generado desafíos, incluyendo en la ecuación tensiones sociales y políticas. De ahí que el gobierno conservador actual y la extrema derecha (de la que depende en el Parlamento) hayan presionado para endurecer las políticas migratorias y limitar el acceso a beneficios sociales. Y de repente, el gobierno promulga una medida sorprendente: 35.000 euros por salir a los inmigrantes establecidos. Si tienes alguna inquietud recuerda contactarnos a través de nuestras redes sociales, o regístrate y déjanos un comentario en esta página para poder ayudarte. También puedes participar en el WhatsApp Ecuador.

La noticia

El gobierno ha anunciado que pagará a los inmigrantes «que no hayan conseguido integrarse» en la sociedad sueca 35.000 euros por persona para que regresen a sus países de origen. El denominado como “cheque de remigración” puede parecer una situación beneficiosa para todos, ya que los inmigrantes que no se sienten a gusto puede regresar «a casa», mientras que el sistema de bienestar social sueco se ahorra un buen pico en décadas de gastos (aunque también deja de percibir, por ejemplo, ingresos vía cotizaciones de trabajadores o impuestos directos al consumo).

En qué consiste

A partir de 2026, a la medida podrían aplicar los titulares de pasaportes “nacidos en el extranjero”, es decir, los inmigrantes ya establecidos, para que abandonen el país en un esfuerzo por reducir la migración. Desde ese prisma (el del gobierno), situaciones como el de una familia numerosa que quiera volver junta a casa tendrían un incentivo económico más que reseñable.

Por ejemplo, el gobierno ha expuesto un ejemplo ciertamente vago (no se nombra a nación ninguna) donde sería posible que esa aparente familia de varios miembros compraran una casa o un terreno a su regreso.

Palabra del ministro

Junto a la noticia, Johan Forssell, Ministro de Migración de Suecia, ha aportado algo más de contexto explicando que la cuestión de la remigración es importante para el gobierno sueco, aunque actualmente es imposible especificar cuántos se espera que abandonen el país. “No es posible dar una cifra específica en este momento. Lo importante ahora es que no deberíamos volver a la política anterior que puso a Suecia en una situación muy difícil”, dijo.

Además, volvió a resaltar que la idea de fondo no es otra que la de abonar la cantidad a aquellos inmigrantes que no hayan logrado adaptarse a la vida en el país, y describió varias ventajas de proporcionar incentivos financieros para la repatriación. «Las personas que han llegado a Suecia pueden sentir que la vida no ha resultado como habían imaginado, que anhelan regresar a su país de origen, pero carecen de los recursos económicos u otras cosas para hacerlo. No nos parece extraño poder facilitar tal desarrollo».

Todo suena más o menos bien, pero hay varios problemas.

La ley no es nueva

En realidad, lo que el gobierno ha anunciado es más bien un aumento de la cuantía que se le paga al que quiera acogerse a salir, porque la ley ya existía desde 1984. Conocida como «Programa de Repatriación», ya tenía como objetivo incentivar a los inmigrantes a regresar voluntariamente a sus países de origen.

El programa ofrecía pagos a aquellos que deseaban volver, principalmente los refugiados que llegaron durante las décadas de 1970 y 1980. ¿Por qué? Como ahora, se esgrimía facilitar el retorno de inmigrantes que encontraban dificultades para integrarse o que deseaban volver por razones personales o económicas. Con el tiempo, el programa fue criticado por considerarse controvertido y discriminatorio. ¿La cuantía? Hasta ahora se había llegado a los 4.000 euros, por lo que se ha subido 30.000 más.

Una propuesta que no ha funcionado

Lo cierto es que, si nos tenemos que ceñir al éxito de la “ayuda” hasta ahora, diríamos que es ínfima. El mismo Ludvig Aspling, de los Demócratas de Suecia, ha explicado hace unas horas que la subvención existía desde hace 40 años, “pero es desconocida, es pequeña y poca gente la utiliza”, cuenta. De hecho, y según el propio ministro Forssell, el año pasado solo aplicó una persona a la medida.

¿Por qué? Hablamos de Suecia, donde cualquier posible “efecto llamada” parece poco menos que una utopía. Un país donde la inmigración no llega al territorio con el último aliento en el cogote desde el mar, sino en aviones con visados de refugiados, el primer y más importante “muro” para llegar al interior de la nación, porque sin él no hay ayudas, ni un posible “bono” por regresar a casa de vuelta.

Una investigación que no lo aconseja

En agosto, un estudio designado por el gobierno fue el primero en desaconsejar a la administración el aumento significativo del monto de la subvención. ¿La razón? Se decía que la efectividad esperada no justificaba en ningún caso los costes potenciales.

El jefe de la investigación, Joakim Ruist, recordaba que la nación nórdica ha luchado durante años para integrar a los inmigrantes, y que un aumento financiero considerable «enviaría una señal de que los inmigrantes no son deseables, lo que obstaculizaría aún más los esfuerzos de integración».

Es política, amigos

De fondo, un problema que comenzó a hacerse bola en 2015, durante el apogeo de la crisis migratoria en Europa, momento en que Suecia acogió a 160.000 solicitantes de asilo, la cifra per cápita más alta de la UE. La situación, que se había agravado considerablemente entre los nacidos en el extranjero, con las desigualdades en materia de riqueza, puso a prueba su sistema de bienestar social.

En aquel entonces, el gobierno socialdemócrata anunció que ya no podía seguir aplicando sus políticas de puertas abiertas. Una declaración que ha desembocado en idas y venidas de los gobiernos entrantes, entre ellas, la concesión de permisos de residencia temporales a los solicitantes de asilo, el endurecimiento de los requisitos para la reunificación familiar, o el aumento de los requisitos de ingresos para los visados ​​de trabajo de los ciudadanos no pertenecientes a la UE.

Ahora, entre los críticas de esta propuesta novedosa (que no lo es tanto), se apunta a una línea muy controvertida desde hace tiempo en el país: la de la concesión de los conservadores al empeño de la ultraderecha (SD), un juego de malabares para que las ayudas de unos permitan perpetuar el poder de otros.