Solicitar el retiro del dispositivo electrónico (grillete electrónico), analizar cómo el Estado reparará el tiempo en exceso que pasó en la cárcel y buscar una reunión para dialogar con el procurador general, Íñigo Salvador, para el pago de la reparación integral, son los pasos que seguirá la defensa de la exasistente de la Presidencia de la República, Laura Terán, una de las 20 personas que fueron condenadas en el caso Sobornos 2012-2016.

Terán fue una de las dos procesadas que aplicaron a la figura de cooperación eficaz y por ello recibieron una rebaja en la sentencia por el delito de cohecho pasivo agravado. La exasistente fue sentenciada a 19 meses y seis días en calidad de cómplice y en apelación la misma cambió a una condena de tres meses y seis días de prisión.

Su exjefa en la Presidencia y coprocesada en esta causa, Pamela Martínez, fue calificada de coautora. Su pena fue de ocho años de cárcel, pero por la cooperación que dio a la Fiscalía se le redujo a 32 meses su condena. En la etapa de casación el Tribunal decidió casar de oficio el fallo y le redujo nuevamente la pena, obteniendo finalmente una condena de 9 meses y 22 días.

Una vez se ha ejecutoriado la sentencia del caso Sobornos, Luis Muñoz, abogado de Terán, aseguró que pediría ayer mismo que se elimine el dispositivo electrónico que mantiene su cliente desde el 5 de noviembre de 2019 que se le cambió la medida cautelar de prisión preventiva por la presentación periódica y el uso del grillete electrónico.

Luego, explicó Muñoz, entrará a analizar cómo el Estado reparará los tres meses de más que estuvo privada de libertad Terán en el Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi, en Latacunga, y en el Centro de Confianza de Chillogallo, en Quito. El abogado cree que se debería computar el tiempo que ella permaneció con grillete electrónico, pues para él esa es una medida casi privativa de libertad.

Según la sentencia ratificada en dos instancias y en la etapa de casación, la reparación integral como cómplice que Terán debe pagar es de $ 368.632,43

El abogado de Terán dice que quiere buscar el camino adecuado «para no ofender la sentencia», con la cual dice está de acuerdo, pero lo que sí buscan es ver cómo en el plano de la reparación integral se soluciona, pues su cliente no tiene dinero y por más que haga el esfuerzo no tiene ese monto. Él tiene claro que Terán podría ir directo a una insolvencia porque no puede cubrir esa plata.

Al ser consultado de si plantearían algún tipo de cruce, debido a que ellos buscarían una reparación por el tiempo de privación de libertad que excede el tiempo de la pena impuesta, Muñoz señaló que él quiere hablar de esto con el procurador Íñigo Salvador, que es quien va a observar que se ejecute esta sentencia, para saber qué concepto tiene él sobre este tema.

«Hoy (ayer) en la tarde buscaré una cita con Procuraduría y espero que me den la misma lo más rápido posible para poder primero dialogar con el procurador Salvador para ver qué piensa él, qué paso podría darse y si podríamos llegar a un acuerdo para que el Estado de alguna manera le dé plazos porque Laura Terán no tiene el dinero para cumplir y ella va a cumplir toda la sentencia», indicó.

El caso de Martínez es diferente, pues a ella, pese a la reducción en la pena por la cooperación eficaz, le quedan aún tres meses y 22 días por cumplir de condena en la cárcel. Ella se mantuvo detenida desde el 5 de mayo de 2019 en el CRS de Cotopaxi y en el Cetro de Confianza de Chillogallo hasta que se le cambio, el 5 de noviembre de ese mismo año, la prisión preventiva por presentación periódica y uso de grillete electrónico.

Martínez debería volver al Centro de Confianza de Chillogallo para completar la pena. Pese a ello, por los seis meses que permaneció detenida con orden de prisión preventiva ella podría beneficiarse tanto de la prelibertad, según el Código Penal anterior, al cumplir las dos quintas partes de la pena; o también aplicar para el beneficio de régimen semiabierto, según el Código Orgánico Integral Penal vigente, al haber cumplido el 60 % de la pena impuesta.

Como coautora Martínez debe cancelar como reparación integral $ 778.224,17 y en la sentencia por cohecho agravado el Tribunal pide se la investigue, junto a otros coprocesados, por delitos como: peculado, enriquecimiento ilícito público, enriquecimiento ilícito privado, lavado de activos, testaferrismo, concusión. La defensa de Martínez no se refirió a todos estos temas por no tener autorización para hacerlo. (I)