El 27 de octubre próximo, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) será el escenario para que colectivos y gremios de abogados sustenten sus cuestionamientos sobre una supuesta falta de independencia de la justicia en el Ecuador.

Esta diligencia fue agendada por la CIDH a pedido de estos grupos. Y se desarrollará en el marco de su 153 periodo de sesiones, del 27 de octubre al 7 de noviembre, en Washington.

En el último enlace sabatino, el presidente Rafael Correa, cuestionó a la CIDH por convertirse en un “recolector de basura de todos los odiadores de este Gobierno” porque acoge casos que van desde genocidio hasta malos créditos otorgados por un banco. Estos constan en su informe sobre derechos humanos en Ecuador.

Los abogados Pedro Granja, Juan Vizueta y Alfonso Luz Yúnez, en representación de la Federación de Abogados del Ecuador, expondrán las supuestas irregularidades en la selección de los jueces nacionales y las presuntas injerencias políticas en el trámite de los procesos que se siguieron en contra de los ‘10 de Luluncoto’, de la profesora Mary Zamora y de los exlegisladores de SP Galo Lara y Fernando Balda.

El Centro de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica expondrá las presuntas violaciones de los derechos de los pueblos no contactados que habitan en el parque Yasuní, según informó el jurista Santiago Guarderas.

Mientras, el Observatorio de Derechos y Justicia hablará de la supuesta intromisión del poder político en la justicia del Ecuador, lo cual se comprobaría en la conformación de los tribunales de justicia con exfuncionarios del régimen, explicó su representante, el exlegislador Enrique Herrería.

En representación del Estado, la CIDH invitó a las autoridades de la Procuraduría y al Consejo de la Judicatura; sin embargo, aún no se ha confirmado su asistencia.

Las últimas semanas se presentó un informe del jurista peruano Luis Pásara, que concluye que el Gobierno habría presionado a jueces en procesos de relevancia política y que a algunos servidores se los habría sancionado sin sustento.

Una de las expectativas que tenemos es que la CIDH realice una visita in situ, para que constate la situación de la justicia en Ecuador”.

Santiago Guarderas, docente de la Universidad Católica de Quito