Si a las universidades y escuelas politécnicas públicas sufren o no un recorte presupuestario en el 2020, lo definirá la jueza constitucional, Carmen Corral Ponce, quien entró a preparar un proyecto de resolución tras cerrar, este 28 de mayo, la audiencia de la acción de incumplimiento al dictamen de constitucionalidad del decreto ejecutivo 1017, relacionado al estado de excepción.

Durante seis horas de audiencia pública telemática, los accionantes de las universidades, colectivos, profesores y estudiantes universitarios expusieron sus argumentos en torno a las consecuencias que puede llevar un recorte al presupuesto de las universidades y escuelas politécnicas públicas.

Andrés Cervantes, en representación de los estudiantes de la Universidad de Guayaquil, pidió a la Corte Constitucional que se ordene la destitución del ministro de Finanzas, Richard Martínez, por no acatar las medidas cautelares del 12 de mayo pasado, donde la Corte ordenó suspender cualquier recorte de presupuesto que afecte a las universidades. Además pidió que se disponga la restitución inmediata de los fondos que a su criterio le fueron confiscados a las universidades.

El rector de la Universidad Central del Ecuador, Fernando Sempértegui, aclaró que las universidades públicas no se han negado a dialogar, que están dispuestos al diálogo para deshacer el nudo gordeano; y que bien pudo haberse deshecho ese nudo con una voluntad de los decidores de política económica; pero como no ha ocurrido aquello hay que dar el tajo constitucional, y esto es poner la norma constitucional y la Ley en el punto en donde deben estar.

Comentó que es evidente que la disminución del presupuesto afecta a los dos aspectos del derecho: el acceso y la calidad de la educación; por eso es importante preservar presupuestos adecuados. Indicó que los presupuestos de la educación superior pública son limitados y han venido en reducción sistemática en los últimos años; de manera que la inversión percápita en el caso de la Universidad Central es menos de $3 mil por estudiante, por año.

Tanto para los estudiantes y representantes de las universidades, el Ministro de Finanzas violó el numeral 2 de la Constitución que prohíbe en un estado de excepción utilizar fondos públicos de salud y educación a otros fines. Todos recalcaron que el funcionario incumplió con las medidas cautelares dictadas donde se ordenó abstenerse de aplicar cualquier decisión que afecte al presupuesto de las universidades hasta que haya una sentencia.

A los argumentos jurídicos se sumaron los criterios de los accionantes de que la medida tomada por el Ministerio Finanzas y comunicada a las universidades mediante un oficio el pasado 16 de abril afectaría al derecho a la gratuidad a la educación, la reducción de contratación de catedráticos y el despido de personal administrativo de las instituciones de Educación Superior.

En tanto, que desde el gobierno la Secretaría Jurídica de la Presidencia, el Ministro de Finanzas y la Procuraduría del Estado orientaron una defensa de manera conjunta donde afirmaron que el presupuesto del Estado es dinámico y más aún con la caída del precio del petróleo, la reducción de ingresos tributarios; por lo tanto, el Código de las Finanzas Públicas permite una revisión periódica de asignaciones cuando se producen reducciones a los ingresos permanentes.

El representante jurídico del Ministerio de Finanzas, Gonzalo Lascano, centró su defensa en que la revisión de presupuestos de las universidades tiene sustento legal, que el presupuesto no está escrito en piedra y si hay reducción en los ingresos del Estado producto de la crisis económica derivada por la pandemia de coronavirus, también afecta a los competentes presupuestarios de la educación superior.

Como ejemplo citó que el Fondo Permanente de Desarrollo Universitario y Politécnico (Fopedeupo), que se alimenta de las recaudaciones tributarias sufriría una disminución porque la proyección de recaudación del IVA en el 2020 ascendía a $6 mil millones, pero que producto de la crisis de la pandemia se deberá de percibir al menos 945 millones.

Aclaró que no se han destinado fondos de educación superior para otros fines, pues eso es imposible y además no es apegada a derecho porque los componentes tienen su forma de cálculo y forma de destinación, que no se ha tomado recursos de las universidades para financiar gastos; que no se ha afectado la gratuidad ni tampoco la calidad de educación superior; y que la incidencia que tendrán las universidades a nivel global no va más allá del 13%.

Explicó que la circular emitida en abril por el Ministerio de Finanzas no dispone reducción de presupuesto de las instituciones de Educación Superior, de lo que habla es de optimización de los gastos.

La secretaria jurídica de la presidencia, Johana Pesantes a igual de Marco Proaño, representante de la Procuraduría pidieron a la Corte que rechace la acción de incumplimienito por improcedente y carente de argumentación jurídica.

Pesantes aclaró que no existe incumplimiento del dictamen de constitucionalidad de del Decreto 1017 parte del Presidente de la República toda vez que no ha existido desde el COE Nacional una orden para reducir el presupuesto de las universidades; y que tanto el Presidente y sus ministros obraron con apego a sus competencias y en cumplimiento de la norma; así como tampoco ha existido Decreto Ejecutivo de estado de excepción que active el numeral 2 del artículo 165 de la Constitución, ni disposición presidencial sobre el cambio del destino de los fondos de educación y salud.

Durante la audiencia pública un grupo de estudiantes y dirigentes universitarios llegaron hasta el edificio de la Corte Constitucional. El dirigente, Mauricio Chiluisa, indicó que están en vigilia para que se respete el presupuesto para la educación y piden a la Corte Constitucional declarar inconstitucional el recorte presupuestario, sancionar al gobierno y destituir al ministro Richard Martínez, por atentar contra los derechos de los estudiantes y afectar a la educación y salud. (I)