Los recientes robos a camiones de valores, que además de su espectacularidad, involucran montos cuantiosos, inéditos en nuestro medio, introducen un elemento de emergencia en las decisiones que la autoridad se siente impelida a tomar, tanto para enfrentar esos hechos específicos como para hacer frente al tema de la seguridad en general.

La emergencia no acaso una buena consejera. Sin perjuicio del impacto mediático que puede tener el despliegue policial dispuesto para escoltar a los camiones de valores, eso desvía recursos escasos, valiosos y necesarios para desarrollar con eficacia las políticas permanentes de prevención y persecución del delito que Carabineros está llamado a cumplir, para proteger, en cambio, una actividad privada, cuya operación debería contemplar la seguridad propia como una parte inherente a ella.

Resulta frustrante constatar la falta de resultados concretos en el esclarecimiento de los asaltos en contra de esos camiones de valores, lo que habla de una ineficacia policial que es necesario sincerar, y que está acompañada de la ineficacia de las propias compañías transportadoras de valores.

El problema de reaccionar ante la emergencia es que de esa manera se resiente la necesaria convicción que la autoridad debe tener para insistir, con continuidad y perseverancia, en una estrategia de seguridad clara y definida, consensuada por expertos, en un proceso de mejora continua, que no sea sometido permanentemente al embate de los cambios en el Ejecutivo, o de las coyunturas políticas particulares, pues esa es la única manera de ir alcanzando resultados positivos.

El dilema de la autoridad es cómo enfrentar la reacción negativa de la opinión pública ante los incrementos en la victimización y en la percepción de delitos: improvisar medidas ante la emergencia, o persistir y profundizar en las estrategias de largo plazo elaboradas con asesoría experta.