Según el experto Luis Calero, no fue solo el Ecuador el que cambió las reglas de participación de los excedentes de las rentas petroleras.

Punto Noticias. La Comisión legislativa de Relaciones Internacionales fiscalizará el laudo arbitral del Ciadi a favor de la petrolera Perenco, por el que Ecuador deberá pagar USD 374 millones, por un supuesto perjuicio por el cambio de cláusulas en el contrato de participación de las rentas petroleras.

La asambleísta Raisa Corral, integrante de la mesa parlamentaria, comentó que su compañero de bancada (UNES) Fernando Cedeño ha solicitado a diferentes entidades información sobre este caso, para realizar el proceso de control político.

Adelantó la legisladora que se solicitó que sea convocado a la comisión el actual procurador del Estado, Íñigo Salvador, para que explique en qué condiciones ejerció la defensa del Estado en el caso Perenco.

Corral señaló que, si bien es cierto que el proceso de arbitraje inició en el año 2008, es necesario saber si las autoridades de la actual Procuraduría General contrataron bufetes de abogados para la defensa de los intereses del país.

A decir de la parlamentaria, está en duda la idoneidad de los árbitros que fallaron contra Ecuador, el domicilio de Perenco, que se ha dicho que está en Francia, pero las primeras investigaciones de la comisión dan cuenta de que esta transnacional petrolera tiene domicilio en las Bahamas, que es un paraíso fiscal, aseguró.

Corral deploró que el procurador Salvador haya anunciado un juicio de repetición en contra del expresidente de la República, Rafael Correa, a quien lo considera responsable de la demanda de Perenco contra el Estado ecuatoriano, por cambiar las reglas de la participación sobre los excedentes de las rentas petroleras, 99 % para el Estado y 1 % para las empresas privadas que explotaban el crudo, cuando Perenco apeló a la Ley 42, aprobada en 2006, para presentar su demanda.

Mientras tanto, Luis Calero, analista petrolero, considera que este tema ha sido politizado. La sociedad, los actores políticos, jurídicos, institucionales tendrían que revisar a profundidad este tema e ir a los antecedentes, antes de emitir una opinión, planteó.

El primer antecedente, dice, es la decisión del Congreso Nacional del año 2006, que expidió la denominada Ley 42, que dispuso que las compañías petroleras, sujetas a contratos de participación, debían entregarle al Estado al menos el 50 % de los excedentes generados en su actividad.

Estos excedentes se calculaban entre el precio internacional del crudo que estaba vigente a la fecha de la suscripción del contrato comparado con el precio del respectivo año para la liquidación.

Graficó con el siguiente ejemplo: si, en el año 2006, una compañía firmó un contrato cuando el precio internacional del petróleo estaba a 20 dólares y cuando se hizo la liquidación, en el año 2007, el precio subió a 40 dólares, había una diferencia de 20 dólares. De este ingreso extraordinario, al menos el 50 % tenía que pagarse al Estado, según la ley.

Este es el inicio del caso Perenco, anotó el experto. Mencionó que en los estribos de su mandato, el entonces presidente Alfredo Palacio dicto un reglamento que repetía lo mismo que la ley. En octubre de 2007, el mandatario de entonces, Rafael Correa, reformó el decreto de Palacio estableciendo que de los excedentes petroleros al menos el 99 era para el Estado.

Esta decisión, recuerda Calero, provocó inconvenientes, reclamos y protestas por parte de las petroleras y comenzaron algunas notificaciones de arbitrajes. Desde allí comenzaron una cadena de hechos, configurando el esquema para migrar de los contratos de participación a los de prestación de servicios.