Señalan que la presidenta del CNE, Diana Atamaint; su vicepresidente, Enrique Pita; y los vocales Luis Verdesoto y José Cabrera no acogieron la sentencia a favor de Justicia Social

Punto Noticias,. El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) resolvió enviar a la Fiscalía General del Estado (FGE) el expediente del caso del movimiento Justicia Social porque encontraron indicios de responsabilidad penal por parte de cuatro vocales del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Al no acoger su sentencia, emitida el 30 de octubre pasado, que establece medidas de reparación para la inscripción de candidatos del movimiento Justicia Social, que auspicia la candidatura de Álvaro Noboa, el Tribunal considera que hay indicios de responsabilidad penal de parte de la presidenta del CNE, Diana Atamaint; su vicepresidente, Enrique Pita; y los vocales Luis Verdesoto y José Cabrera. No mencionan a la vocal Esthela Acero porque se abstuvo de votar con respecto a este caso.

El CNE, en la sesión en la que debían definir la situación de Justicia Social, luego de recibir la sentencia del TCE, decidió aprobar una resolución en la que pide a la Corte Constitucional (CC) dirimir sobre un supuesto conflicto de competencias entre los dos organismos electorales.

El TCE, en su dictamen, ordena adoptar medidas para que el movimiento realice el proceso de democracia interna, inscripción y calificación de candidaturas. Pero el CNE asegura que los plazos ya terminaron y no se podían abrir nuevos, sin que altere el calendario electoral.

El presidente del TCE, Arturo Cabrera, ha reiterado que existe un desacato por parte del organismo que preside Atamaint.

El abogado de Luis Verdesoto y Enrique Pita presentó una denuncia por presunto prevaricato y obstrucción del proceso electoral en contra de los jueces del Tribunal. Mientras que la vocera de Justicia Social, Silka Sánchez, presentó una denuncia contra los cuatro vocales del CNE por desacato de la sentencia del TCE.

La Fiscalía anunció que iniciará con las investigaciones previas correspondientes, luego de que la Corte Nacional de Justicia notificó que sí cabe iniciar con las pesquisas, en medio de un proceso electoral.