“Se han presentado potenciales casos de corrupción, se han desabastecido hospitales y se ha intentado lucrar mediante sobreprecio en la compra de insumos médicos”, reclaman en una carta

Punto Noticias. La Federación Nacional de Cámaras de Comercio del Ecuador solicitan al Presidente de la República, Lenín Moreno, la renuncia inmediata de Paúl Granda como presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) por los “potenciales casos de corrupción” en los últimos días y que, su criterio, es responsabilidad directa de la administración general y de su autoridad máxima.

En medio de una emergencia sanitaria provocada por el coronavirus y las reiteradas denuncias del personal médico por la falta de insumos médicos, en redes sociales transcendió que habría un sobreprecio en la compra de mascarillas N95, que en el mercado se pueden encontrar a $3,90 y en el contrato, de más de $ 10 millones, costaban $12 por unidad.

En una carta, enviada la Primer Mandatario, para los comerciantes del país es una ofensa para los afiliados lo ocurrido en los últimos días. “Un manejo tan irresponsable de los recursos humanos, físicos y financieros del IESS, se han presentado potenciales casos de corrupción, se han desabastecido hospitales y se ha intentado lucrar mediante sobreprecio en la compra de insumos médicos”, reclaman en la misiva.

Pese a que el Consejo directivo del IESS (ahora conformado por Granda como presidente y Felipe Pezo, vocal de empleadores) decidió remover a los funcionarios involucrados en esta compra, así como al director general del IESS, Miguel Ángel Loja, la Federación indica que estos actos son “responsabilidad directa de la administración general y de la autoridad máxima del Instituto, quienes están llamados a responder y responsabilizarse de cada decisión u omisión que se realice”.

En su lugar, piden que se designe una persona honesta con trayectoria, experiencia y capacidad técnica para afrontar la crisis sanitaria. Además de implementar una reforma estructural del Sistema de Seguridad Social para afianzar la sostenibilidad de la institución y evitar, lo que ellos consideran, “la catástrofe social y política que significaría la imposibilidad de que el IESS pueda cumplir con sus obligaciones”.