Santiago de Chile, 1 abr (Prensa Latina) La comisión de Constitución de la Cámara de Diputados de Chile aprobó hoy en general un proyecto de reforma constitucional que establece un impuesto a las mayores fortunas del país.

La iniciativa, dio así un importante paso a pesar de las reticencias de los parlamentarios de derecha que integran esa comisión, y del gobierno, que anunció que recurrirá al Tribunal Constitucional para echar abajo esa importante proyecto.

Este fue presentando el año pasado por varios diputados del Partido Comunista y de otras bancadas de oposición, quienes buscan con ello recaudar más de seis mil millones de dólares, que permitirían brindar una renta básica de emergencia durante varios meses a una gran parte de la población de Chile.

Ese soporte económico sería posible mediante un gravamen del 2,5 por ciento, por solo una vez, al patrimonio bruto de los chilenos con bienes, tanto en Chile como en el extranjero, equivalentes a un capital igual o superior a 22 millones de dólares.

El texto denominado por sus promotores ‘impuesto a los súper ricos’ fue aprobado con siete votos a favor, todos de la oposición, cinco en contra de los legisladores de derecha, uno de los cuales, del partido Renovación Nacional, se abstuvo.

Tras la votación, Máximo Pávez, subsecretario de la Secretaría General de la Presidencia, presente en la sesión del grupo, anunció que el Gobierno presentará una reserva de constitucionalidad, porque a juicio de La Moneda el texto presenta ‘defectos de fondo’.

El visto bueno a esta iniciativa llega en momentos en que amplios sectores políticos y sociales reclaman al gobierno más ayudas para que millones de chilenos, que perdieron sus empleos o han visto reducidos sus ingresos, puedan enfrentar las penurias económicas provocadas por la pandemia de Covid-19.

Asimismo se suma a la propuesta, también en debate en el parlamento, de un tercer retiro de los ahorros de millones de ciudadanos de sus fondos de pensiones, también con el objetivo de paliar la crisis con los recursos personales, a falta de apoyos oportunos del gobierno.

Pero también el Ejecutivo rechaza esta iniciativa, alegando igualmente su inconstitucionalidad.

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