Retos y dificultades que «van de menos a más» es lo que han enfrentado en estas dos últimas semanas abogados que han intentado retomar sus casos una vez que la Función Judicial de a poco va reactivando más actividades a nivel nacional, luego de dos meses de mantener suspendido el trabajo en dependencias jurisdiccionales y administrativas, que no sean infracciones flagrantes y acciones de hábeas corpus, debido a la pandemia de COVID-19.

Al hablar con abogados que han buscado colocar escritos o participar de audiencias telemáticas en estas semanas, las dificultades que han experimentado van desde situaciones prácticas como no poder movilizarse a una dependencia judicial por falta de un salvoconducto, pasando por la complicación para obtener el registro para una firma electrónica y llegando a la suspensión de una audiencia por falta de la conectividad adecuada.

El abogado Segundo García cree que de la forma en la que se retomaron las actividades en la Función Judicial contraviene un principio recogido en el artículo 76, numeral 7, de la Constitución: «El derecho a la defensa se lo debe hacer de forma expedita, contando con el tiempo necesario y los medios adecuados».

Según él, cómo se puede contar con los medios adecuados si hay una restricción de movilidad y el abogado necesita hacer trámites personalmente que van más allá de lo tecnológico, como sacar una copia de un documento o parte del expediente, pedir la reproducción de un video, el audio de una audiencia para hacer un escrito…

Recuerda que pidió hace poco a la Corte Nacional de Justicia (CNJ) copia del audio de una audiencia de juzgamiento que necesitaba para interponer un recurso dentro de los tres días siguientes, pero que la respuesta fue que una vez que se reanuden las actividades de forma normal le entregarán lo solicitado. Se pregunta cuándo se dará eso.

«Cosas así a la corta o a la larga acarrearán nulidades. No se puede de manera paulatina reabrir actividades, cuando otros derechos, como la movilidad, no son normales», dijo.

El restablecimiento parcial y presencial del servicio de justicia empezó el 11 de mayo pasado, una vez que el pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) resolvió retomar actividades jurisdiccionales en la CNJ y Cortes Provinciales. El objetivo: despachar los procesos judiciales en trámite en sus dependencias, en la forma que dispongan los jueces.

Un semana después, el 18 de mayo, los juzgados, unidades judiciales, tribunales de lo Penal, Contencioso Administrativo y Contencioso Tributario del país reanudaron el despacho interno de las causas que mantienen en trámite. La CNJ determinó que los plazos y términos previstos en la ley se mantienen suspendidos para estas dependencias.

La obtención de la firma electrónica es uno de los problemas experimentados por el penalista Carlos Alvear. Él asegura que ya lleva dos semanas a la espera de tener acceso a su firma electrónica para presentar escritos en la ventanilla virtual creada por el Consejo de la Judicatura, pero hasta el momento no lo logra.

Que las disposiciones de las autoridades de justicia van encaminadas al distanciamiento social, entiende Nicolás Salas, abogado penal, pese a ello cree que las mismas han llevado a complicaciones en el sistema. Reconoce que la firma electrónica contribuye a evitar el contacto social, pero critica no se haya tomado la decisión hace mucho tiempo.

Salas considera que el sistema que usa la Función Judicial para las audiencias telemáticas es caduco y genera mucha inestabilidad. Para respaldar su afirmación, él cuenta que se le convocó a una audiencia de evaluación y preparatoria de juicio en la Corte de Pichincha, la cual no se dio porque no había el mínimo requerimiento de conectividad, «había inestabilidad en la conexión, se congelaban las imágenes y no fluía la audiencia».

La audiencia de la que habla Salas él dice que ha tardado en definirse al menos dos meses y no sabe cuándo se llamará nuevamente, pues los jueces habrían dicho en audiencia que la misma se reinstalará «cuando haya la posibilidad de una conexión estable».

Alvear señala que el 4 de junio próximo tendrá una audiencia para resolver una acción de protección en la que son 18 los peticionarios. Aunque dice está preparado en lo tecnológico, él dice que no sabe cómo se dará la diligencia, más aún cuando colegas penalistas le han comentado de una audiencia que empezó con el sistema Polycom y debido a fallas en la conexión la misma tuvo que darse con una llamada por Whatssap.

Los consultados creen que las dificultades irán incrementándose en la medida que vayan abriendo la justicia a procedimientos más complejos.

Ellos ven audiencias en las que no van a darse mayores problemas, como una calificación de flagrancias, pero creen que cuando sean más complicada, como las de juzgamiento, todo será distinto, porque la vía telemática debe garantizar que no existan violaciones al debido proceso, a las garantías judiciales y al derecho a la defensa.

«Primero es el problema tecnológico y luego viene el problema de lo que nosotros conocemos como la inmediación. Cómo garantizar una justicia transparente, que garantice el debido proceso y la tutela judicial, si por ejemplo no podemos examinar de manera adecuada a los testigos, no podemos asegurar que el testigo tenga un documento elaborado previamente, porque no se le puede ver. Son una serie de elementos que hacen ver que no podría trabajar bien el tema de audiencias telemáticas, sobre todo audiencias de juzgamiento», explicó Salas.

Causas represadas podrían aumentar

El abogado penalista Ramiro Román cree que para jueces, abogados, fiscales y administradores de área judicial va a ser un reto el ingresar a manejar un trabajo mixto, entre lo presencial y lo tecnológico. Aun así, señala, la vuelta a las actividades judiciales es una tarea técnica que debe hacerse tomando en cuenta todas las aristas del problema.

Román advierte que al definirse pocas audiencias en las distintas materias como parte del retomar actividades en la Función Judicial, debido a que las salas existentes deben adecuarse a la nueva realidad, para evitar aglomeraciones y mantener el distanciamiento entre las partes, el número de causas represadas crecerá poco a poco.

Para él eso es algo que debe observarse, porque en justicia todos los casos son importantes, ya que de por medio está el derecho de procesados y perjudicados a una justicia rápida y rigurosa. (I)