Luis Cabezas-Klaere, director de la Cámara de Compañías de Seguros del Ecuador, indicó que las reformas a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial afectarán los ingresos de las aseguradoras.

Las reformas a esta ley crean el Sistema Público para Pago de Accidentes de Tránsito (que en la actualidad es el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, SOAT), el cual lo administrará una entidad que determine el Gobierno y que se regirá mediante un reglamento. Las pólizas del SOAT se mantendrán vigentes.

El texto de estas reformas deberá ser remitido al Ejecutivo para que en 30 días proceda a su aprobación u objeción.

“Una vez que las aseguradoras invirtieron, tomaron el riesgo y que ya se dieron cuenta de que era un buen negocio, se los quiten. Si no les hubiera ido bien, nadie hubiera salido a apoyar a las aseguradoras”, dijo Cabezas-Klaere.

La asambleísta Lídice Larrea (AP) dijo que las reformas buscan mejorar la seguridad vial, regular los servicios de transporte terrestre y reducir “tanto los accidentes que se suscitan en nuestras vías. Generando conciencia ciudadana en los conductores y en peatones”.

“En el proyecto de ley se establece que el SOAT sea emitido por la empresa pública aseguradora, no obstante, la ley vigente facultó a las aseguradoras privadas a nivel nacional el cobro por este concepto de seguros obligatorios de accidentes de tránsito para las indemnizaciones que se generen en los siniestros en las vías, a excepción en los accidentes fantasmas, eso lo asumía el Fonsat”, dijo.

Afirmó que en los primeros cuatro años de recaudación las aseguradoras reportaron ingresos por SOAT que superaron los $ 260 millones, de cuyo valor el 55% fue para indemnizaciones, “el 15% para el Fonsat y el restante para su propio giro como negocio. Este último supera la suma de $ 150 millones que no son destinados a planes ni programas de educación vial”.

Cabezas-Klaere dijo que sí hay ganancias, pero los montos no los tenía a mano, sin embargo, cuando se creó el seguro, las aseguradoras arriesgaron.

En un plazo de 180 días, la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, el Servicio de Rentas Internas (SRI) y la Superintendencia de Bancos deberán depurar la información y datos del SOAT para estructurar “la plataforma tecnológica que permita el cobro de la tasa por concepto de este servicio”.

Mesías Vicuña, secretario del Sindicato de Choferes Profesionales del Azuay, consideró adecuada esta reforma porque las empresas privadas incumplían con el pago del seguro.

Escuelas de conducción

Las reformas además eliminan el requisito de aprobar un curso en una escuela de conducción o el Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional (Secap) para capacitar a los aspirantes a obtener una licencia de conducir tipo B.

Quienes aspiran a obtener una licencia tipo B deberán aprobar pruebas psicosensométricas, teóricas y prácticas ante la Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y solo harán el curso en esas escuelas quienes reprueben esas evaluaciones.

Según una disposición transitoria, en 365 días esta agencia deberá implementar los mecanismos para esas evaluaciones y los títulos de las escuelas siguen siendo un requisito para la obtención de las licencias de conducir tipo B.

Los fondos serán destinados exclusivamente para atender los accidentes de tránsito y campañas de seguridad vial a cargo de los organismos de tránsito”.

Lídice Larrea, asambleísta de AP.

Si mañana vender pan resulta muy buen negocio, imagínese que saquen una ley y digan que van a asumirlo como una entidad pública”.

Luis Cabezas-Klaere, director ejecutivo de la Cámara de Compañías de Seguros del Ecuador.