La reducción de la jornada laboral era uno de los compromisos más visibles del Gobierno para esta legislatura. Su objetivo era reducir la jornada de trabajo de 40 a 37,5 horas semanales sin pérdida salarial. La propuesta llegó a tramitarse, pero terminó encallando en el Congreso por falta de apoyos.

Ante ese bloqueo, el Ejecutivo ha optado por avanzar allí donde no necesita negociar con terceros ni con el Parlamento. Es decir, sobre el único ámbito laboral en el que tiene capacidad directa de decisión: los funcionarios de la Administración General del Estado que no dependen de comunidades autónomas ni de ayuntamientos.

El fracaso parlamentario de la jornada de 37,5 horas

La reducción general de jornada exigía modificar el Estatuto de los Trabajadores y, por tanto, superar una votación clave en el Congreso. Ese respaldo no llegó, lo que dejó la medida sin recorrido legislativo a corto plazo.

En ese escenario, el Ministerio de Trabajo mantiene formalmente su compromiso con la reducción de jornada, pero no puede aplicarlo al conjunto del mercado laboral. Esa limitación explica el giro hacia el empleo público estatal, donde el Ejecutivo actúa como empleador directo y puede pactar las condiciones laborales de los funcionarios de la Administración estatal, sin contar con el apoyo del resto de fuerzas del hemiciclo.

La jornada de 35 horas y el refuerzo del teletrabajo

En ese contexto, el núcleo del acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Función Pública y los sindicatos pasa por implantar una jornada laboral de 35 horas semanales para los empleados de la Administración General del Estado. La previsión del Gobierno es aprobarla a comienzos de 2026 y que empiece a aplicarse a partir de febrero, una vez se concreten los ajustes organizativos en cada departamento.

Junto a la reducción horaria, el pacto refuerza el compromiso de la Administración con el teletrabajo. No se trata de introducirlo desde cero, sino de consolidar y ordenar una modalidad que ya existe, dotándola de una normativa más estable. El objetivo es clarificar condiciones, garantizar medios técnicos y evitar que el trabajo a distancia dependa únicamente de decisiones internas de cada unidad administrativa.

Ambas medidas afectan exclusivamente al personal dependiente del Estado. Quedando excluidos aquellos funcionarios públicos dependientes de las comunidades autónomas, los ayuntamientos y los cuerpos con regímenes específicos, que mantienen su propia capacidad de negociación.

Un matiz importante: los funcionarios ya trabajaban menos

El punto de partida para implantar este modelo de reducción de jornada no es el mismo que en el sector privado. Los funcionarios de la Administración General del Estado ya tenían fijada desde hace años una jornada de 37,5 horas semanales, inferior a la legal ordinaria de 40 horas.

De hecho, en administraciones públicas dependientes de comunidades como Andalucía, Extremadura, País Vasco, Canarias, Asturias y Castilla-La Mancha y Castilla y León, ya se aplica esta jornada de 35 horas desde 2019, aunque algunas administraciones las suspendieron de forma temporal.

Eso convierte la medida anunciada ahora en un paso continuista que ya se aplica en otras Administraciones, equiparando así a los funcionarios estatales con los autonómicos.

La otra pata del acuerdo: la subida salarial pendiente

El pacto alcanzado entre el Ministerio de la Función Pública y los sindicatos mayoritarios no se limita a la jornada laboral. También desbloquea la aplicación del incremento salarial del 2,5 % correspondiente a 2025, que había quedado pendiente de abono, y del 1,5% para 2026.

Este punto es clave para entender el equilibrio del acuerdo ya que la reducción de jornada laboral no solo implicará no implicará una rebaja salarial, sino que llega acompañada de un refuerzo del poder adquisitivo de los funcionarios, tras sucesivas congelaciones salariales y un contexto de inflación.

Un movimiento limitado

Dado que estos cambios solo afectan a los funcionarios dependientes de la Administración del Estado, el alcance real de la medida es limitado en términos cuantitativos, ya que afecta a unos 250.000 funcionarios públicos.

Sin embargo, es un potente aliciente para atraer al mejor talento a la Administración pública para abordar su proceso de rejuvenecimiento de las plantillas, y ofreciendo estabilidad laboral y opciones de conciliación. Factores que las empresas privadas cada vez limitan más.