Juan Esteban Guarderas, abogado y activista político, es conocido por denunciar a funcionarios públicos que hacen proselitismo político. Entre los denunciados por Guarderas están el ex presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Alembert Vera, la vicepresidenta del gobierno de Daniel Noboa, Verónica Abad, la prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, y el entonces coordinador de Pachakutik, Guillermo Churuchumbi. Si tienes alguna inquietud recuerda contactarnos a través de nuestras redes sociales, o regístrate y déjanos un comentario en esta página para poder ayudarte. También puedes participar en el WhatsApp Ecuador.

Desde finales de , Guarderas es consejero del CPCCS, el organismo de transparencia  encargado de designar autoridades de control en el país. Al asumir el cargo, reemplazó a Alembert Vera, que fue destituido en octubre de ese año. Antes de ser consejero, Guarderas fue suplente en el CPCCS tras las elecciones seccionales del 5 de febrero.

En junio de 2024, la asambleísta correísta Ana Herrera presentó un pedido de juicio político contra Guarderas por supuesto incumplimiento de funciones.

El juicio político en su contra

El 5 de junio de 2024, Ana Herrera hizo una petición de juicio político contra Juan Esteban Guardares por supuesto incumplimiento de funciones por cuatro causales:

• Violación del deber de reserva y protección. Guarderas habría hecho pública una denuncia que debía ser confidencial.
• Abuso de poder y uso indebido de recursos públicos. Según la petición, Guarderas usó su cargo para fines personales o partidistas.
• Presunto tráfico de influencias y violación de la independencia judicial. El consejero habría intentado influir en decisiones judiciales.
• Presunta falsificación de firma. Guarderas, según Herrera, habría falsificado la firma de su entonces abogado Ronald Morocho en un documento de un caso judicial.

Cinco meses después, el 25 de noviembre de 2024, con seis votos a favor, uno en contra y dos abstenciones, la Comisión de Fiscalización calificó el pedido de juicio político.

Desde ese día, Guarderas tiene 15 días para presentar respuestas a las pruebas impugnadas en su contra. Luego, en los 10 días siguientes los legisladores de la Comisión evaluarán y revisarán las pruebas presentadas.

Cinco días después de la evaluación y revisión de las pruebas, la Comisión de Fiscalización debe presentar un informe que recoja las posturas de los asambleístas, que pueden recomendar o no el enjuiciamiento político.

Luego de siete días desde la presentación del informe, el Pleno resolverá si censurar o destituir a Guarderas, con base al documento de la Comisión de Fiscalización, así como las posturas a favor y en contra de los asambleístas.

La decisión final se conocerá en enero de 2025.

Denuncias de Guarderas por proselitismo político

Juan Esteban Guarderas es conocido por denunciar actos de proselitismo político, una infracción electoral tipificada en el Código de la Democracia y en el Reglamento de Promoción Electoral del Consejo Nacional Electoral (CNE).

A comienzos de , Guarderas denunció a Alembert Vera, entonces presidente del CPCCS, y a la prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga. Guarderas acusaba a Vera de salir en un video promocional de su campaña junto al ex presidente Rafael Correa. Al ser candidato a consejero del CPCCS, que debería ser una entidad no partidista, Vera habría cometido una infracción electoral grave. Su denuncia fue admitida por el TCE, pero en mayo de ese año, el juez del TCE, Guillermo Ortega, negó y archivó la denuncia.

Guarderas apeló la decisión. El TCE la admitió, y el caso se volvió a abrir en junio de 2023. Si se hubiera comprobado que Vera cometió una infracción electoral, podría haber sido destituido del CPCCS. Sin embargo, en octubre de ese año, antes de que el TCE tome una decisión, la Corte Constitucional destituyó a Vera por actuar contra un dictamen previo de la Corte.

El 8 de mayo de 2024, cuando Vera ya había sido destituido del cargo, en una sesión extraordinaria del TCE, el organismo sancionó a Vera con una multa y la suspensión de sus derechos políticos por cuatro años, por aceptar el auspicio del correísmo para llegar al CPCCS en . El Tribunal ordenó a Vera a pagar 22 mil dólares en el plazo de tres meses.

En 2024, Guarderas siguió con las denuncias por proselitismo político.

A comienzos de marzo denunció, junto a la abogada Mónica Jaramillo, al alcalde de Quito Pabel Muñoz, ante el TCE por realizar campaña electoral junto a Luisa González, durante las elecciones anticipadas de agosto.

Como pruebas de la denuncia, Guarderas y Jaramillo presentaron cuatro videos en los que se ve a Muñoz en actividades de campaña con Luisa González mientras ya era alcalde.

El 8 de marzo de 2024, Joaquín Viteri, juez del TCE, determinó que Muñoz cometió una infracción electoral grave y ordenó que debía pagar una multa de 9.200 dólares, equivalente a 20 salarios básicos unificados, y ofrecer disculpas públicas.

En mayo de ese mismo año, Guarderas denunció, también ante el TCE, a la vicepresidenta Verónica Abad, a Guillermo Churuchumbi, coordinador de Pachakutik, y Francisco Suárez Abril, ex candidato a la Prefectura de Tungurahua. ¿La razón? Presuntos casos de “precampaña” electoral en las elecciones seccionales de febrero de .

Según Guarderas, Abad habría hecho campaña anticipada en sus redes sociales cuando fue candidata a la Alcaldía de Cuenca en . La denuncia fue archivada en junio de ese año por “inconsistencias en la firma del abogado”. Pero días después, Guarderas presentó nuevamente la misma denuncia, corrigiendo las inconsistencias y fue admitida por el TCE en julio. La denuncia de Guarderas pretendía la destitución de Abad.

El 5 de noviembre de 2024, la jueza del TCE Ivonne Coloma falló contra Abad y determinó que sí incurrió en actos de campaña anticipada. Le ordenó pagar una multa equivalente a 20 salarios básicos unificados; es decir 8.500 dólares.

Sobre la posible destitución, Coloma dijo que para imponer la sanción máxima sin considerar las circunstancias particulares del caso “contravendría el principio de proporcionalidad que debe existir entre la infracción cometida y la sanción”.

Abad apeló contra la sentencia y el juez Guillermo Ortega admitió a trámite el recurso de apelación en diciembre. Sin embargo, Abad no fue la única que apeló, Guarderas también lo hizo porque considera que la sanción de Coloma fue insuficiente. El mismo juez aceptó también su recurso. Como Coloma sentenció en primera instancia, el juez suplente debe ser el que conozca y tramite los dos recursos de apelación en los próximos días.

Experiencia académica y laboral

Juan Esteban Guarderas Cisneros es licenciado en derecho por la Universidad de Salamanca en España y tiene un máster en finanzas y estrategia por el Instituto de Estudios Políticos de París, Francia. Ambos títulos están registrados en el sitio web de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt).

Según su hoja de vida en el sitio web del CPCCS, Guarderas ha sido profesor universitario, consultor de la Fundación Esquel, colaborador de la Organización Diálogo Diverso, asesor en el Consejo Nacional Electoral y director de la Fundación Lucha Anticorrupción. En la hoja de vida también dice que Guarderas es escritor de varios libros y colaborador en diarios y revistas del país.

Información pública

Según el sitio de web de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguro, Juan Esteban Guarderas, desde 2013, es presidente ejecutivo de la empresa de operaciones comerciales Trade not Aid S.A. Y, desde 2021, es presidente de la firma de abogados Responsibility RLF Law Firm S.A.S. En el sitio web también dice que Guarderas es accionista en ambas empresas.

Además, en 2014 fue gerente general, por tres años, en la empresa Rentigestión S.A dedicada al alquiler y arrendamiento de equipos de autos.

En el Consejo de la Judicatura tiene dos procesos en su contra.

El primero, de noviembre de , es por proferir “expresiones de descrédito o deshonra” contra Marco Vinicio Tutasi quien, en una entrevista, dijo que Guarderos lo acusó de ser cómplice de una supuesta trama de corrupción. En primera instancia le ratificaron su inocencia, la decisión fue apelada por el denunciante, y en mayo de 2024 el Tribunal rechazó el recurso y ratificó la sentencia de primera instancia.

El segundo es una acción de protección contra él y otros cuatro consejeros del CPCCS interpuesta por Nicole Bonifaz, ex presidenta del CPCCS, cuando fue removida del cargo. En la audiencia de la acción de protección, que fue en mayo de 2024, Bonifaz dijo que cuando fue removida del cargo se vulneraron sus derechos por ser mujer. El 7 de junio el Tribunal negó la acción.

Según el Servicio de Rentas Internas (SRI), Guarderas ha pagado por concepto de impuesto a la renta, en estos años, lo siguiente:

• 2017: 0 dólares, pagó 819,3 dólares de impuesto a la salida de divisas
• 2018: 0 dólares, pagó 181,12 dólares de impuesto a la salida de divisas
• 2019: 280,16 dólares, pagó 159,51 dólares de impuesto a la salida de divisas
• 2020: 0 dólares, pagó 0 dólares de impuesto a la salida de divisas
• 2021: 1.379,04 dólares, pagó 141,15 dólares de impuesto a la salida de divisas
• 2022: 7.057,62 dólares, pagó 1.272,18 dólares de impuesto a la salida de divisas
• : 5,500,75 dólares, pagó 898,27 dólares de impuesto a la salida de divisas
• 2024: es el período fiscal en curso, pagó 232,35 dólares de impuesto a la salida de divisas