Quién es Daniel Salcedo

Daniel Salcedo Bonilla es un autoproclamado empresario, convicto por varias causas por corrupción en Ecuador, y prófugo de la justicia del país. Se hizo conocido en la pandemia del covid-19 cuando fue sindicado y posteriormente sentenciado por actos de corrupción en el sistema hospitalario local.  Si tienes alguna inquietud recuerda contactarnos a través de nuestras redes sociales, o regístrate y déjanos un comentario en esta página para poder ayudarte. También puedes participar en el WhatsApp Ecuador.

Gracias a una serie de recursos legales salió libre, pero volvió a ser encausado en el explosivo caso Metástasis, que reveló los nexos entre el narcotráfico y jueces, políticos, funcionarios públicos y pseudo empresarios y periodistas ecuatorianos.

A enero de 2024, Salcedo acumula cinco sentencias judiciales por fraude procesal, ingreso de artículos prohibidos a una cárcel, lavado de activos, delincuencia organizada y peculado. Dos de ellas están en firme. La primera es por fraude procesal.

La segunda es por lavado de activos en la que la Corte Nacional de Justicia lo condenó a 13 años de prisión, el 5 de enero de 2024. En ese proceso, también fue condenado su hermano Noé. A inicios de ese mismo año, Salcedo fue vinculado al caso Metástasis.

Detención, extradición y encarcelamiento

La madrugada del 14 de diciembre de , cuando se hizo el megaoperativo del caso Metástasis, Daniel Salcedo logró eludir a la Fiscalía y la Policía. Sin embargo, fue detenido en Panamá el 16 de enero de 2024, como confirmó el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela. Según Saquicela, Salcedo fue detenido dos días antes.

Un comunicado de la Corte Nacional también dice que “procederá con la solicitud de extradición, conforme a los tratados internacionales”. Daniel Salcedo estaba en Panamá, como lo había dicho la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, en la audiencia de formulación de cargos en su contra.

Es probable que Salcedo se escabullera después de que los operativos del caso Metástasis fuesen filtrados y revelados públicamente por el ex presidente Rafael Correa y por Wilman Terán, ex presidente del Consejo de la Judicatura, otro de los procesados en el caso.

 

El abogado de Salcedo adujo el día de los allanamientos que su cliente no había sido alertado de la orden de detención en su contra.

A las 9 de la mañana del 17 de enero de 2024, Saquicela “remitió el pedido a las autoridades de la República de Panamá” para que Salcedo “permanezca detenido mientras se tramita el proceso de extradición que ha sido iniciado en su contra”. Ese mismo día, la Corte solicitó a la Cancillería tramitar la extradición de Salcedo al país.

Daniel Salcedo arribó al Ecuador cerca de la medianoche del miércoles 17 de enero de 2024, un día después de ser detenido en Panamá. El Ministerio del Interior publicó un video en el que agradeció el trabajo de la Policía de Ecuador y Panamá en la detención. También dijeron que será puesto a “órdenes de justicia”.

 

El Conjuez Nacional, Pablo Loayza, legalizó la detención de Salcedo y luego de “verificar su identidad y derechos constitucionales” ordenó que sea trasladado al centro de privación de libertad Nº 4” de Quito.

Cerca de las once de la mañana del 18 de enero la Fiscalía dijo que solicitará al Juez pertinente y al SNAI que Salcedo no permanezca en la Cárcel 4.

Hacen la solicitud porque “dicho centro reclusorio fue concebido con el objetivo de garantizar la seguridad de exfuncionarios, mas no como un ‘privilegio’”. También dice que Salcedo ya estuvo en esa cárcel y que “publicó videos en sus redes sociales”. Al final del comunicado la Fiscalía dice que “espera una respuesta en Derecho por parte de las autoridades correspondientes”.

La noche del 20 de enero de 2024, Daniel Salcedo fue trasladado a la cárcel de Latacunga, en la provincia andina de Cotopaxi.

El SNAI confirmó que el traslado  se hizo en un operativo entre el Grupo Especial de Acción Penitenciaria (GEAP), el Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria (CSVP), el Grupo de Operaciones Especiales (GOE) y el Grupo de Intervención y Rescate (GIR).

El mismo día del traslado de Salcedo,  circuló la noticia que el notorio prófugo habría firmado un Acuerdo de Cooperación Efectiva con la Fiscalía por el caso Metástasis. Se le atribuía la información a quien sería abogado de Salcedo en un video que circuló por redes sociales. Sin embargo, la Fiscalía desmintió que Salcedo firmó un acuerdo con la institución y recordó que “esta técnica especial de investigación es reservada”.

 

Su vinculación en el caso Metástasis

Salcedo fue vinculado al caso Metástasis el 3 de enero de 2024, junto a otras 7 personas. El pedido de la Fiscalía de que se los vincule a la instrucción fiscal por presunta delincuencia organizada fue aceptado por un juez, que les dictó una orden de prisión preventiva, entre otras medidas cautelares. Con eso, el caso Metástasis sumó a 39 procesados hasta el 16 de enero de 2024.

Además de Salcedo, el juez dictó prisión preventiva para Cristian Romero, Xavier Jordán, Fabián Campozano y Jairo Vargas. Cuando Salazar dijo en la audiencia que Salcedo estaba en Panamá, sus abogados lo negaron. Ahora, ha quedado claro que la Fiscal estaba en lo cierto.

El caso Metástasis investiga una extensa red de delincuencia organizada, que mostraría la profunda penetración del narcotráfico en el Estado y la sociedad ecuatorianos.

Según la Fiscalía, la investigación surgió a partir de la información que contenían los teléfonos encontrados en la celda  de la cárcel de Cotopaxi que ocupaba Leandro Norero, uno de los grandes capos del tráfico de drogas ecuatoriano. Norero fue asesinado en un tiroteo en la cárcel de Cotopaxi el 3 de octubre de 2022.

La Fiscalía dijo que encontró evidencia de que Norero había “montado su estrategia delictiva para evadir a la justicia, con el apoyo de un grupo estructurado para estos fines”. Esta estrategia, alegó la Fiscalía, se evidenciaba en las explícitas conversaciones del hombre conocido en el mundo criminal como “El Patrón”, con sus operadores. Eran, en algunos casos, sus socios comerciales, sus abogados, sus parejas sentimentales, contactos en la función judicial y sus megáfonos en redes sociales.

De ellos, la Fiscalía ha vinculado a 39 a la instrucción fiscal que abrió tras las revelaciones de los chats de Norero. Entre ellos, Wilman Terán, ex presidente del Consejo de la Judicatura, Pablo Ramírez, ex director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), Emerson Curipallo, juez que liberó al ex vicepresidente del Ecuador entre 2013 y 2017 y también sentenciado por corrupción, Jorge Glas, Mayra Salazar, funcionaria judicial de Guayas, Álex Palacios, subcoordinador jurídico de la Corte Nacional de Justicia, así como funcionarios de cortes provinciales, de la Fiscalía, policías, entre otras personas.

El proceso por bolsas de cadáveres en la pandemia del covid-19

Salcedo no es nuevo en los titulares de judiciales del Ecuador. En julio de 2021 fue declarado culpable de vender bolsas de cadáveres y otros insumos médicos con sobreprecio al Hospital de los Ceibos, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), en Guayaquil.

Fue sentenciado a 13 años de prisión por peculado, un delito que se comete cuando un funcionario público —con la ayuda de personas particulares o empresas— abusa, se apropia, distrae o dispone de bienes, dinero y documentos públicos y privados para su beneficio propio o el de terceros.  En ese caso, se sentenció también a otras 7 personas.

La condena a Salcedo por “fraude procesal”

La de peculado no era la primera condena que Salcedo recibía. Para entonces, ya había sido sentenciado a 4 años de prisión por fraude procesal. Es decir, por tratar de engañar al sistema judicial para evitar que éste cumpla sus fines.

Salcedo cometió ese delito cuando el 8 de junio de 2020 intentó huir del país en una avioneta que se accidentó en Tumbes, Perú, a pocos kilómetros de la frontera con Ecuador.

De acuerdo a la entonces Ministra de Gobierno, María Paula Romo, para ese momento Salcedo ya había sido relacionado “a la investigación penal a proveedores y directivos de hospitales públicos”, y huía bajo una identidad suplantada. Además, la avioneta tenía su placa adulterada. Con él, viajaba su entonces pareja, Jocelyn Mieles, y el piloto, Franklin Lara.

Días después, su hermano Noé fue detenido en Huaquillas, la frontera peruano-ecuatoriana, tratando de llevar más de 47.000 dólares en efectivo, cuyo origen no pudo justificar.

El proceso de lavado de activos contra los Salcedo

Después de esa detención, la Fiscalía empezó una investigación contra los hermanos Salcedo por lavado de activos. Su acusación decía que habían lavado activos por 1,9 millones de dólares. Aunque dos tribunales de El Oro, que conocieron la causa por ser la provincia donde fueron entregados los dos Salcedo, habían resuelto que eran inocentes, el 5 de enero de 2024, la Corte Nacional de Justicia los encontró culpables del delito de lavado de activos.

Los Salcedo recibieron una condena de 13 años. Sus cómplices recibieron sentencias de prisión de 6 años y medio de cárcel. Además, ordenó la liquidación de 6 empresas de los condenados.

Además, la Corte Nacional ordenó que los hermanos paguen una multa de más de 3,9 millones de dólares (el doble de la cantidad lavada) y una reparación al Estado de 1,9 millones de dólares. Es decir, los hermanos Salcedo deben pagar más de 5,8 millones de dólares al Estado, producto de su condena.

 

La investigación por presunta delincuencia organizada

En noviembre de 2020, Daniel y Noé Salcedo fueron procesados en otra investigación. Esta vez, por presunta delincuencia organizada en la venta de medicamentos con sobreprecio a los hospitales del IESS.

La Fiscalía entonces dijo que “como parte de una organización delincuencial” varios funcionarios de la Seguridad Social y empresarios se habrían beneficiado de convenios de pago irregulares para la venta de insumos.

La Fiscalía también vinculó a Paul Granda, exdirector del Consejo Directivo del IESS, varios exgerentes y empleados de los hospitales en esa investigación. Este proceso aún no tiene un fallo en firme, y la defensa de Granda ha insistido en que la causa contra su cliente es improcedente.

Cuando Salcedo fue retenido en Panamá, a inicios de 2024 por el caso Metástasis, se detuvo también a Álvaro Ponce, gerente de uno de los hospitales del IESS que es investigado dentro del proceso por presunta delincuencia organizada.

La condena a Salcedo por meter un celular a la cárcel

En agosto de 2021, Salcedo aumentó su prontuario judicial. Fue sentenciado a 3 años de cárcel por el delito de ingreso de artículos prohibidos a un centro de privación de la libertad.

En ese entonces, Salcedo estaba en la Cárcel 4 de Quito, donde cumplía sus condenas por peculado y fraude procesal. Salcedo grabó una serie de videos que se viralizaron en redes sociales, lo que mostraba que había logrado meter a la cárcel un teléfono celular, lo cual está prohibido.

Ese día, la Fiscalía emitió un comunicado en el que decía que Salcedo debía pagar también una multa de cuatro salarios básicos unificados (SBU). En ese entonces fue de 1.600 dólares, ya que en 2021 el SBU en Ecuador, era de 400 dólares.

Salcedo presentó varios recursos impugnando la sentencia, pero todos, incluido un recurso de casación ante la Corte Nacional de Justicia, fueron desechados. Esta condena también está en firme.

Los intentos (y logros) de Salcedo para salir de la cárcel y recuperar sus bienes

Salir de la cárcel fue siempre uno de los objetivos de Salcedo. En marzo de 2022, una Sala de lo Penal del Guayas le redujo la pena de 4 años por el delito de fraude procesal a “pena cumplida”, es decir, que el tiempo que había pasado en prisión preventiva cubría ya la condena. Sin embargo, no pudo salir porque tenía la sentencia de 13 años por peculado.

El 9 de diciembre de 2022, Daniel Salcedo salió de la cárcel en donde cumplía sus sentencias. La excarcelación de Salcedo fue concedida por el juez Simón Oswaldo García Tello, de la Unidad Judicial Multicompetente No Penal y Adolescentes Infractores de Paján, un pequeño cantón de la provincia costeña de Manabí.

El juez García aceptó una petición presentada por el abogado de Salcedo, Rodrigo Eduardo Vimos Barrionuevo, según consta en los registros de la Función Judicial. García dispuso la libertad de Salcedo por la “caducidad de la prisión preventiva” de los procesos penales que enfrenta.

En ese momento, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) dijo que apelaría la decisión y que pediría al Consejo de la Judicatura investigara la actuación del juez de Manabí.

Dos meses después, en febrero de , un tribunal de la Corte determinó que Salcedo debía volver a la cárcel por el caso de ingreso de objetos prohibidos a la cárcel, sin embargo siguió libre por el fallo de medidas cautelares que le otorgó el juez García de Paján, quien desde mediados de ese año enfrenta un proceso por prevaricato, un delito que se comete cuando un juez falla en contra de la ley expresa en perjuicio de una de las partes.

En abril de ese año, un juez de la provincia centroagrícola de Los Ríos ordenó que a Daniel Salcedo se le devolviese un auto y se le descongelaran al menos cuatro cuentas bancarias. La orden fue revocada tres meses después.

El libre tránsito se le acabó a Salcedo cuando se lo incluyó entre los investigados del caso Metástasis, a principios de enero de 2024. El 29 de ese mes, Daniel Salcedo Bonilla habría arribado a Panamá. El 16 de enero de 2024, se anunció su retención en el país del istmo, y la Corte Nacional de Justicia ecuatoriana dijo que empezaría los trámites para su extradición al Ecuador, donde deberá venir a cumplir una orden de prisión preventiva en el caso Metástasis.

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