Qué es el pánico financiero
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El COIP sanciona con prisión de cinco a siete años el delito de pánico financiero por difundir noticias falsas.
El pánico financiero, también conocido como pánico bancario, es un fenómeno social que ocurre cuando un gran número de clientes de una institución financiera retiran sus depósitos de forma masiva y en corto tiempo por temor a no poder disponer de su dinero en el futuro.
Suele originarse por la percepción de insolvencia de una institución financiera y se retroalimenta a medida que más personas se suman al retiro de fondos. En este contexto, las entidades enfrentan dificultades para responder a la demanda inmediata de sus depositantes.
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— SuperDeBancosEc (@superbancosEC) August 4, 2025
En el Ecuador, el Código Orgánico Integral Penal (COIP) tipifica como delito este tipo de conducta concertada a través del artículo 322.
La norma sanciona a quien divulgue noticias falsas que causen alarma en la población y provoquen el retiro masivo de los depósitos de instituciones del sistema financiero o de la economía popular y solidaria que realicen intermediación financiera.
¿Qué se entiende por pánico financiero?
En términos generales, el pánico financiero es el resultado de una pérdida de confianza por parte de los clientes en una entidad bancaria, financiera, mutualista o cooperativa.
Al difundirse rumores o información alarmante (aunque no necesariamente falsa), muchos depositantes retiran sus fondos al mismo tiempo. Al tratarse de instituciones que no guardan la totalidad del dinero en caja (debido al sistema de reserva fraccionaria), esta estampida puede provocar su insolvencia real.
Cuando la información difundida es falsa y tiene como objetivo generar alarma para desestabilizar o beneficiar a otros actores, el COIP califica esa conducta como delito, pues pone en riesgo la estabilidad o puede ocasionar el cierre definitivo de la institución financiera.
Pánico financiero según el COIP
El artículo 322 del COIP establece que será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años cualquier persona que divulgue noticias falsas que causen alarma pública.
También aplica cuando esas noticias provoquen el retiro masivo de depósitos de instituciones del sistema financiero o de la economía popular y solidaria. Además, debe tratarse de casos en que se ponga en peligro la estabilidad o se provoque el cierre definitivo de dichas entidades.
Esta tipificación aplica tanto a instituciones financieras formales (bancos, cooperativas autorizadas) como a entidades de la economía popular y solidaria que realicen intermediación financiera, es decir, aquellas que captan depósitos del público y prestan fondos.
La norma busca proteger el funcionamiento del sistema financiero y garantizar la confianza ciudadana en las entidades que ofrecen servicios de intermediación.
