Que el Tribunal de Apelación del caso Sobornos 2012-2016 determine reglas claras para individualizar el monto que corresponderá pagar a cada uno de los 20 sentenciados por el delito de cohecho agravado, es lo que pidió el representante del Estado, el procurador general, Íñigo Salvador, acusador particular en la causa.

Salvador hizo conocer su pedido como parte de su apelación a la sentencia emitida por un Tribunal de Juzgamiento de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), el 7 de abril pasado. La referida sentencia dispuso que los procesados como culpables del delito investigado pagarán una indemnización de $14,7 millones.

Según la Procuraduría, en la sentencia se declaró que con el delito de cohecho agravado se provocó un perjuicio al Estado por $7,3 millones y se dispuso el pago de una indemnización de $14,7 millones, pero no se identificó la forma en que cada uno de los sentenciados responderá.

Como autores mediatos se sentenció a los exmandatarios Rafael Correa y Jorge Glas, como autores directos a diez empresarios, como coautores a siete exfuncionarios públicos y como cómplice a Laura Terán, exasistente de la Presidencia de la República.

Salvador precisó que la determinación de las reglas, a base de las cuales se fijará el monto individualizado de indemnización, deben tener una justificación de carácter procesal para alcanzar su efectiva ejecución. Por ello, cree que es importante que no se deje al arbitrio de un juez de ejecución este tema, sino que deben existir parámetros claros.

Eduardo León, defensa del empresario Édgar Salas, aseguró que en su contrarréplica impugnará el que dentro del total establecido como reparación estén dos empresas que no fueron procesadas, ni sus representantes legales, pero el monto con el que supuestamente se favorecieron esas empresas sí se toma en cuenta para la indemnización.

La tarde de ayer, la tercera jornada de audiencia se inició con la apelación de Laura Terán. Esta se dio un día después de que se realizó por casi dos horas una audiencia reservada en la que el abogado de Terán y la defensa de Martínez explicaron al Tribunal las pruebas aportadas y que no habrían sido valoradas por el Tribunal de Juzgamiento.

Cerca de las 14:00, la fiscal general, Diana Salazar, inició con la réplica a cada una de las apelaciones hechas por los acusados y arrancó con su oposición a las nulidades expuestas.

Para ella la sentencia cumplió con el principio de congruencia, es comprensible, se fundamentó en principios constitucionales y existe coherencia entre las premisas y la decisión del Tribunal de Juicio. La fiscal afirmó que el Tribunal de Juicio realizó una valoración conjunta de la prueba y no solo valoró un testimonio.

Salazar defendió la sentencia de primera instancia, indicando que jamás se afectó el principio de congruencia, pues, a su decir, la Fiscalía acusó del delito de cohecho y el Tribunal sentenció por ese mismo tipo penal. «No existe vulneración de trámite ni de derecho a la defensa».

Hasta el cierre de esta edición, Salazar continuaba exponiendo sus fundamentos para rechazar las apelaciones, solicitar al Tribunal que se desechen las mismas y se confirme en segunda instancia la sentencia de culpabilidad para los procesados.

Los abogados apelantes esperan que el Tribunal les designe un tiempo suficiente para la contrarréplica. Una vez terminada esta etapa, los jueces David Jacho (ponente), Dilza Muñoz y Wilman Terán ingresarían en una etapa de deliberación antes de dar a conocer su resolución.

Defensa de Jorge Glas asegura que cronograma electoral influye en resolución en caso Sobornos

«De la CNJ no espero casi nada. Sabemos que tiene su propia agenda que va de la mano con el cronograma electoral. (…) Al Tribunal lo único que le interesa es avanzar a toda marcha, quieren sacar una sentencia arbitraria antes del cronograma electoral para poder proscribir políticamente a Rafael Correa como candidato».

Así es como se refirió la defensa del exvicepresidente Jorge Glas, Harrison Salcedo, a los días de audiencia de apelación a la sentencia del caso Sobornos 2012-2016. Él insiste en la nulidad del proceso una vez que «jamás» fue notificada la sentencia por escrito completa.

Respecto a ese tema, la fiscal Diana Salazar negó en su réplica que existen varias sentencias en el caso y aclaró que la única sentencia que existe es la emitida el 26 de abril pasado. Según ella, la sentencia en este caso no ha variado, ni se ha mutilado, por lo que calificó de desleal el argumento y pidió al Tribunal deseche este argumento de apelación.

Salcedo criticó la «idoneidad e imparcialidad» de una parte de Tribunal de Apelación, asegurando que un abogado que ingresó a defender a uno de los procesados del caso Sobornos 2012-2016, en la etapa de apelación, «evaluó el concurso de uno de los jueces que se encuentra este momento integrando el Tribunal de Apelación». (I)