Este martes, el Pleno legislativo resolverá los vetos del ejecutivo a los proyectos de ley de Alimentación Escolar y Acuicultura
Punto Noticias. Para este martes 14 de abril de 2020, a partir de las 09h30, está convocada la sesión virtual 662 del Pleno, en la que los parlamentarios discutirán y resolverán las objeciones parciales del Ejecutivo a los proyectos de ley de Alimentación Escolar y Acuicultura y Pesca.
La Comisión de Soberanía Alimentaria aprobó el informe no vinculante respecto al veto al proyecto de Ley Orgánica para el Desarrollo de la Acuicultura y Pesca, que sugiere que la Legislatura ratifique 19 artículos, una disposición general, 14 disposiciones transitorias y se allane en nueve artículos.
Los legisladores defienden que el sector privado mantenga representación en el Sistema Nacional de Acuicultura y Pesca; que el ministerio del ramo, designado, será la autoridad y ente rector de la política de tales actividades a nivel nacional, con las debidas atribuciones; establecer una asignación presupuestaria específica para el Fondo Nacional de Investigación Acuícola y Pesquera y que los ingresos que provengan de la cooperación y donaciones de organismos nacionales e internacionales vayan para este fin.
Están de acuerdo con ratificar el contenido del Sistema de Información Acuícola y Pesquero; el seguimiento, control y vigilancia acuícola; la zona para pesca artesanal, pesca deportiva o de recreación; insumos para la elaboración de harina y aceite; zona de reserva para reproducción de especies, entre otras.
Sobre las observaciones al proyecto de Alimentación Escolar, la mesa de Educación, en su informe, recomienda al Pleno de la Asamblea el allanamiento en nueve de las objeciones presidenciales y ratificación en ocho de los textos aprobados originalmente.
Sugiere insistir en el tema del presupuesto, para que se concrete la aplicación de la norma, al igual que se mantenga el régimen especial de contratación pública, que abre la participación del sector de la agricultura familiar-campesina y de los actores de la economía popular y solidaria, como proveedores.
La propuesta de normativa busca que sean brindados, de manera gratuita, servicios de alimentación escolar, con base a una política de Estado, para disminuir la brecha en el acceso a una educación de calidad, a la par de contribuir en la prevención y erradicación de la desnutrición crónica, sobrepeso y obesidad; mejorar el estado nutricional de niños, niñas y adolescentes, que asisten a instituciones educativas públicas y privadas.