Proceso político contra Maduro no será como el de Rousseff en Brasil
Proceso político contra Maduro no será como el de Rousseff en Brasil
Control del Ejecutivo sobre los poderes deja solo al Legislativo en su litigio contra el mandatario.
Proceso político contra Maduro no será como el de Rousseff en Brasil. La construcción de un proceso jurídico por parte de la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela para tratar de destituir al presidente Nicolás Maduro mediante un juicio político es prácticamente inviable pues todos los poderes, a excepción del Legislativo, están plegados al chavismo y a los intereses y deseos del mandatario.
Además, la Constitución venezolana (obra del fallecido presidente Hugo Chávez) no tiene contemplada de una manera taxativa la destitución presidencial.
Venezuela atraviesa una de las peores crisis de su historia contemporánea con la inflación más alta del mundo, recesión económica, constantes fallas en los servicios públicos y escasez que obliga a miles de personas a formarse en enormes colas en búsqueda de alimentos y medicinas.
Lo que se está viendo en Venezuela es la lucha entre el poder Legislativo y el Ejecutivo en un abierto forcejeo político en el que los dos apelan al pueblo para que defienda sus intereses.
No se parecen los dos procesos
Pero con el llamado a Maduro para que responda ante la AN y la decisión e la comisión que estudiará el posible “abandono del poder” del mandatario con miras a una posible destitución, el presidente del legislativo, el diputado opositor Henry Ramos Allup dijo que el juicio político al presidente Maduro iniciado este martes en el parlamento no tiene nada que ver con un proceso de destitución como el que le costó el cargo a la mandataria Dilma Rousseff en Brasil en agosto.
Y es que así como sucede en varios países latinoamericanos, sus legislaciones no tienen contempla la figura de impeachment (juicio político). «He escuchado una especie de confusión por mala lectura de la Constitución o mal entendimiento, confundiendo juicio de evaluación política con juicio de destitución del presidente», aclaró Ramos Allup.
Así las cosas, las decisiones de la AN no tienen un carácter jurídico vinculante contra el presidente Nicolás Maduro y apenas quedan como una constancia histórica. Esto, sumado a que el poder Judicial está coptado por el Gobierno y no le interesa entrar en confrontación con el Ejecutivo.
El jueves de la semana pasada, el Consejo Nacional Electoral (CNE) pospuso hasta nuevo aviso el referendo revocatorio contra Maduro, prácticamente eliminando la posibilidad de que se celebre antes de la fecha clave del 10 de enero del 2017.
De realizarse dicha consulta luego de esa fecha, no es necesario celebrar nuevas elecciones y sería el vicepresidente quien concluiría el mandato de Maduro, asegurando la permanencia del chavismo en el poder hasta el 2019. Por eso, la oposición asegura que el CNE ha dilatado adrede la consulta popular.
Algunos analistas en Venezuela consideran que la figura del “abandono del cargo” podría tener efectos jurídicos si se comprueba que el presidente de la República se haya salido completamente de la Constitución, es decir, que las funciones que esté ejerciendo no sean las de un presidente democrático, sino de un presidente de facto.
Si esa figura toma cuerpo dicha decisión se podría configurar en un caso que se llevaría al Tribunal Supremo de Justicia, aunque allí, en ese alto tribunal es poco probable que prospere.
El TSJ ha declarado inconstitucional seis de los diez proyectos de ley que ha aprobado la Asamblea desde su formación en enero.
Redacción Internacional, con El Nacional, GDA, Caracas
