Sentenciar por sicariato en Ecuador se vuelve difícil por temas como probar el pago para el crimen, dice fiscal
Probar que hubo el pago, la recompensa o la promesa remunerativa, así como llegar a los autores intelectuales (los que piden en primera instancia el crimen), son parte de las trabas a las que se enfrentan los fiscales a la hora de comprobar los casos de sicariatos en Ecuador.
A esto le suman que cuando dan con los sicarios o con los que ejecutaron el crimen, estos no suelen decir quién los contrató o bien han sido utilizados por intermediarios solo para ejecutar la acción.
Y de ahí llegar a los autores intelectuales se vuelve complicado, aunque no imposible en unos casos, cuenta Víctor González Delgado, fiscal de la Unidad de Delitos Flagrantes Sur, en el Complejo Valdivia, en el sur de Guayaquil.
Por eso, agrega, son pocas las sentencias dictadas por sicariato, delito que se reconoce como tal desde el 2014, con la entrada en vigencia del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que castiga con prisión de 22 a 26 años a los culpables (el que manda, el que ejecuta, así como los intermediarios).
En cambio, en el delito de asesinato están los elementos físicos con los que se puede iniciar un proceso penal, como el acta del levantamiento del cadáver. Está la materia, que es el cuerpo, adicional a la información que remita la Policía, que investiga el hecho.
Por ello y para que los casos no queden en la impunidad casi siempre se formulan de entrada los cargos por asesinato, cuenta González.
Luego, en el desarrollo del proceso (30 días la instrucción fiscal en casos de los flagrantes, es decir, dentro de las primeras 24 horas del crimen, o 90 en los no flagrantes), el delito, si se comprueba, puede cambiarse a sicariato para el procesado y se reformularía por esto último.
Ambas penas, tanto la de sicariato como la de asesinato, son las mismas para los responsables: de 22 a 26 años de prisión.
Y si hay o se comprueban circunstancias agravantes, la sanción puede aumentar hasta a 40 años de cárcel, como ocurrió con el caso de un nieto que ordenó y planificó el crimen de sus abuelos y que prometió pagar $ 8.000 al que ejecutó la acción.
Este último hecho ocurrió en agosto del 2015 en la ciudadela Marbella, en Manta. Y en junio del 2017 la Fiscalía logró que a ambos los sentencien a 40 años de cárcel por el delito de sicariato con agravantes.
Otro caso sancionado con circunstancias agravantes fue el de prisión de 34 años con 8 meses para un concejal alterno de Riobamba (Vinicio R.), quien mandó a matar al titular, Patricio Guaranga, en julio del 2019. Y para ello contrató a William C., quien estaba recluido en el Centro de Privación de Libertad de Guayaquil, desde donde planificó el crimen y contrató a los sicarios, dijo en su momento la Fiscalía.
Aquello lo pudo comprobar el ente que administra justicia. La sentencia se dio en agosto del 2020.
Entre las motivaciones de la mayoría de los sicariatos y asesinatos en Guayaquil constan el tráfico de drogas y la disputa por territorios, que están ligados a la violencia criminal y a las organizaciones delictivas, cuenta González.
En menor medida aparecen los casos incluidos en la llamada violencia social, como los de relaciones amorosas, problemas familiares (por herencias y otros), de índole política y personal, agrega. Algunos de estos últimos son más fáciles de resolver y por ende hay sentencias, dice.
Según las investigaciones de la Policía, los distritos (policiales) Sur y Esteros, en el sur, son los más conflictivos en Guayaquil y donde se da la mayoría de los crímenes, que están ligados a organizaciones delictivas por tráfico de drogas y disputa de territorios. Y en estos dos distritos se concentran los hechos por sicariatos en Guayaquil, agrega.
Otra traba que también encuentran los fiscales es la falta de denuncias particulares y la colaboración de familiares, quienes no denuncian o no colaboran con las investigaciones que la Fiscalía abre de oficio.
«En el momento de levantar información nadie quiere decir qué ha sucedido. Incluso familiares de los fallecidos dicen: ‘No, yo no voy a presentar ninguna denuncia, ya que Dios se encargue de todo’».
«Ahora en marcha hay muchos procesos judiciales, a veces no hemos dado con los autores materiales, porque las víctimas y testigos viven en el mismo sector donde sucedieron los hechos y son amenazados, intimidados, y por ende, no dan mayores detalles”, expone González.
La única manera de llegar a los responsables es primero por la parte técnica, comenta el funcionario que tiene a cargo investigaciones fiscal como la del asesinato del presentador del canal Ecuavisa, Efraín Ruales.
«Tratamos de manejar estos temas con la parte técnica, científica y utilizando ciertas técnicas especiales de investigación, es decir, seguimiento, intercesión de llamadas…, todas esas técnicas de investigación son las que a veces nos llevan a encontrar al responsable material», enfatiza el fiscal.
En Ecuador, en el 2020 se dieron 1.361 homicidios intencionales (asesinatos y homicidios, se excluyen los femicidios) frente a los 1.188 del 2019, pese a que el año pasado hubo cuarentena y aislamiento por la pandemia del COVID-19, según las cifras que maneja el Ministerio de Gobierno.
Y a inicios de este año, la Policía Nacional indicó que en el 2020 hubo 1.011 asesinatos en Ecuador, 121 más que en 2019. Y los sicariatos fueron 11 frente a los 6 del 2019, establecidos como tales. (I)
