Varias organizaciones agrícolas y sociales del Litoral plantearon sus observaciones al proyecto de Ley de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales, que se tramita en la Asamblea.

Lo hicieron ante la Comisión de Soberanía Alimentaria, que ayer empezó el proceso de difusión del texto aprobado el pasado 2 de octubre.

Su presidente, Miguel Carvajal (AP), informó que la mesa se trasladará a distintas localidades para “recabar opiniones, sugerencias” de los ciudadanos, para la elaboración del informe para primer debate.

Comentó que se lo alista para la primera quincena de noviembre próximo, pero que el plazo podría variar según el proceso de socialización.

La sesión de ayer, que se realizó en el auditorio del Consejo de la Judicatura, congregó a “más de 70 organizaciones”, según Carvajal.

Algunos dirigentes objetaron y otros apoyaron la propuesta, que busca “normar el uso y acceso a la tierra rural” y “reconocer y legalizar el territorio en posesión ancestral”, se indica.

Silvia Benavides, empleada de una hacienda bananera en El Oro, y Abel Navas, del Consejo de Agricultores y Sectores Afines, expresaron reparos al proceso planteado para la redistribución de la tierra.

Ella pidió que, entre los sectores prioritarios, se agregue a los trabajadores del predio; y él que se levante un inventario de las tierras improductivas antes de aprobar la normativa.

Fernando Salvatierra, de la Federación de Organizaciones Campesinas, solicitó que el fondo que la Ley busca crear, también conceda financiamiento.

El proyecto establece que “intervendrá en la ejecución de las políticas redistributivas”.

Pablo de la Torre y Elizeo Lastra, de comunas afroecuatorianas de Esmeraldas, pidieron que el proyecto amplíe la legislación sobre territorios ancestrales, pues lo sienten “con más carga hacia lo rural”.

En cambio, dirigentes campesinos como María Hidalgo, de Los Ríos, y William Mendoza, de Guayas, anticiparon su respaldo al texto.

La Comisión informó que la socialización continuará hoy en Cuenca y mañana en Quito. Al respecto, la Conaie anunció ayer, en un boletín, que no irá a ninguna de estas actividades.

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AÑOS TIENE NORMA

La Ley de Desarrollo Agrario rige desde 1994, y sería reemplazada por el proyecto en trámite, si es aprobado.