Por un «incumplimiento de decisión legítima de autoridad competente», la Fiscalía solicitó fecha y hora para audiencia de formulación de cargos contra la exministra de Transporte y sentenciada en el caso Sobornos 2012-2016, María de los Ángeles Duarte. La solicitud llega por no haber acatado la disposición judicial emitida dentro de esta causa que se juzga el delito de cohecho agravado.

Aparentemente la disposición no acatada tiene relación con el incumplimiento de la medida cautelar de presentación periódica que debía realizar la exfuncionaria del Gobierno de Rafael Correa, todos los lunes y jueves, en la Corte Provincial de Justicia del Guayas.

Desde el 12 de agosto pasado Duarte se encuentra en la residencia de la Embajada Argentina, en Ecuador, en donde se encontraría como «huésped por razones humanitarias».

El lunes pasado, el Tribunal de Casación de la Corte Nacional de Justicia, para el caso Sobornos, inadmitió los cargos casacionales planteados por la defensa de Duarte y con ello prácticamente no existiría ningún recurso que pueda presentar en la justicia ordinaria para que varíe la sentencia de ocho años que se le definió a la exministra en calidad de coautora del delito de cohecho agravado.

El exlegislador Christian Viteri y la actual asambleísta Viviana Bonilla, también sentenciados en dos instancias a ocho años de cárcel por el delito de cohecho agravado en el caso Sobornos, habrían incumplido también su presentación periódica en la Corte del Guayas, al menos en lo que va desde el 13 de agosto.

Viteri confirmó a un medio de comunicación que había salido del país y que se encontraba laborando. Desde la semana pasada se hablaba de una salida irregular del país de Viteri, pues sobre él además de la presentación periódica los lunes y los jueves se le definió como medida cautelar la prohibición de salida del país.

Su abogado, Marcelo Dueñas, dijo no conocer de ninguna salida de su cliente del país, pero explicó que si de así ser «sería una demostración clarísima de que no hay la confianza absoluta en la justicia, de que se ha tergiversado lo que son los derechos de los procesados y el legítimo derecho a la defensa». (I)