“A los trabajadores nos castiga con la ley laboral y la de impuestos”, reclamó Mesías Tatamuez
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“¿Por qué no cobra más de 7 mil millones que deben los empresaros evasores de impuestos?”, reprochó el dirigente sindical.
Punto Noticias. Tras el anuncio del Presidente Guillermo Lasso, de dividir en tres la Ley de Oportunidades (una laboral, tributaria y una de inversiones), el dirigente sindical, Mesías Tatamuez, reclamó que con dos de esas leyes “castigan a los trabajadores”.
“¿Por qué no cobra más de 7 mil millones que deben los empresaros evasores de impuestos?”, reprochó Tatamuez, ante la insistencia del Gobierno de enviar una reforma laboral que, a su criterio, perjudica los derechos laborales.
Para la CEDOCUT, la Ley “es un retroceso para los trabajadores. No para los sindicatos porque creen que los que estamos en contra son solo sindicaos y el resto no. Eso es Falso”, dijo en rueda de prensa, este jueves 14 de octubre.
Aclaró que las organizaciones sindicales nunca han dicho que no quieren discutir una ley, pero expresó su rechazó a las reformas que impulsan la precarización laboral. “No es que queremos vivir con un Código de Trabajo de hace 80 años. Eso es falso. El Código actual tiene cinco reformas”, agregó Tatamuez, al enfatizar que no están de acuerdo en tener dos Códigos de trabajo. «No hay trabajadores de primera y segunda clase», reclamó.
“El Presidente dijo que enviará tres leyes separadas. Que las mande. Ahora, a los trabajadores nos castiga por ambos lados, en la ley laboral y la de impuestos”, reclamó.
Criticó los artículos 70 y 75, que constaban en el proyecto de ley original, en el que los trabajadores indemnizan a los empleadores por algunas causales. Sobre este tema, el Mandatario reconoció que fue un error.
Según el jefe de la oficialista bancada por el Acuerdo Nacional (BAN), Juan Fernando Flores, anunció que las tres leyes se enviarán al mismo tiempo, pero la tributaria será económica urgente, por lo que tendrá la Asamblea 30 días para su tratamiento. Mientras que las otras dos cumplirán los plazos habituales para el tratamiento de una ley.