Por Pablo Salgado J.

Es impresionante el empeño y el esfuerzo del gobierno nacional para desmantelar todos los sistemas públicos, incluidos los de la salud, de la educación y de la cultura. Es impresionante como, en plena emergencia, en lugar de entender que hay que fortalecer los sistemas públicos, se desvive por desmantelarlos. No solo es irresponsable, es criminal. Es impresionante como, sin importar la salud ni la vida de los ecuatorianos, se empeñan y se esfuerzan en desmontar el sector público. El gobierno no aprendió la lección. No le interesa aprenderla; tiene un guión trazado y, mas bien, aprovecha la emergencia sanitaria para intentar cumplir los mandatos del FMI, y proseguir con la “monetización” (privatización) de las empresas estratégicas mas rentables, desmantelar lo público y dejar sin empleo a miles de ecuatorianos.

Hoy le tocó el turno, nuevamente, a la cultura.

El pasado 8 de mayo, mientras los mariachis a voz encuello daban serenatas a las madres, el presidente Lenín Moreno firmaba el decreto ejecutivo 1039, mediante el cual se fusiona el Instituto para las artes, la innovación y creatividades, IFAIC, con el Instituto del cine y el audiovisual, ICCA. La dos instituciones fueron creadas por la Ley orgánica de cultura, expedida el 30 de diciembre de 2016. Esta fusión ha generado el rechazo del sector cultural, no solo porque significa un enorme retroceso para el sector sino porque es ilegal e inconstitucional: “¿Cómo le explicamos señor Presidente, un decreto ejecutivo no puede modificar lo que dispone una ley orgánica. O sea que la decisión de fusionar el ICCA y el IFAIC es ilegal,” dice el Observatorio ciudadano de políticas culturales, que ya se pronunció en 2018 cuando por primera vez se anunció esta fusión. Es claramente inconstitucional, prosigue el Observatorio, y agrega: “el Presidente no tiene competencia de disponer este cambio administrativo en el ordenamiento jurídico. La fusión planteada implica reformas a la Ley orgánica de cultura, lo cual es atribución legislativa, porque la norma dispone la creación de ambos institutos y les otorga atribuciones y competencias: distinto es el caso de los ministerios, creados mediante decretos ejecutivos y que, por tanto, pueden ser modificados cuando la Presidencia de la República lo disponga.”

El cineasta Pablo Mogrovejo, asegura que lo más lamentable con esta decisión, que no fue previamente consultada, es que “rompe el acuerdo social entre las artes y la cultura; ese acuerdo es la Ley orgánica de cultura, que hoy se ha roto.” Mogrovejo, quien además ha representado a los gremios del cine, reitera con firmeza, e incluso enfado: “se ha roto el acuerdo social, la relación entre la ciudadanía, el Estado y las artes están definidas en la Ley orgánica de cultura, que fue fruto de un proceso de dialogo y debate que tomó siete años. En la Ley se estableció una institucionalidad, unos derechos y unos mandatos, tanto para el área de las industrias creativas como para el área de los derechos culturales. Este decreto rompe este acuerdo social. Esta ruptura pueda generalizarse en otras áreas de la vida social y democrática del país. Esta ruptura es gravísima para la construcción de la democracia.”

Efectivamente, esta fusión ya la había anunciado el propio presidente Moreno en dos

ocasiones anteriores, argumentando siempre la optimización del sector público y la

austeridad: “el gobierno nacional realiza estos decretos con el fin de optimizar los

recursos económicos para que le permita gestionar con mayor eficiencia los recursos públicos a causa de la pandemia del coronavirus.” La tercera fue la vencida. Sin embargo, esta fusión, en la práctica, entorpecerá aún mas la gestión y, sobre todo, la relación con los actores y gestores culturales. Y tampoco generará mayor impacto en la disminución del “gasto” público. El recortar los ya precarios presupuestos para la cultura no implica un “ahorro” significativo. Por el contrario, es un ahorro pírrico, insignificante. Y lo que si han provocado estos continuos recortes es debilitar y dificultar la gestión de los diversos institutos de cultura y patrimonio. Con esta inconsulta decisión volveremos, como en el resto de sectores, a la precariedad, a las dádivas, a la visión caritativa de la gestión pública.

Recordemos además que cuando, en septiembre de 2018, se anunció ya dicha fusión, el Ministro de cultura de entonces, Raúl Pérez Torres, se opuso terminantemente: “solo una Ley orgánica reformatoria o derogatoria podrá eliminar a los institutos o fusionarlos.” Y el presidente Moreno dio marcha atrás. Pero hoy no, el Ministro Juan Fernando Velasco, y el actual director del ICCA, Jam Vandierendonck, están de acuerdo con la fusión y así lo han expresado en la reunión sostenida con representantes del sector audiovisual. El cineasta y docente Juan Martín Cueva es claro y contundente: “El hecho es que incluso si no es ilegal, es ilegítimo. Y no se entiende que un Ministro que entró con un discurso de respeto a la aplicación de la Ley de cultura y su reglamento, ahora quiera hacer la fusión de esta manera”

Pero ¿en qué contexto se produce esta fusión? A partir del acuerdo con el FMI el gobierno nacional inicio la aplicación de políticas neoliberales, que incluye la reducción del sector público, es decir supresión de entidades públicas, recortes presupuestarios y miles de despidos. Una semana antes se habían cancelado a miles de maestros del sistema educativo y se recortó el presupuesto a las universidades públicas. De ahí que Paola de la Vega, gestora cultural y académica vinculada con los procesos culturales, afirma que la fusión y los recortes de los presupuestos para las universidades se dan no a raíz de la emergencia sanitaria sino ya en medio de una crisis económica y social previa: “Hay que hacernos una pregunta concreta: ¿qué pasaba cuando se paró el mundo?, como dice Marina Garcés. Esta pregunta nos hacer ver que la crisis no nace con esta emergencia sanitaria sino que tiene sus antecedentes concretos; octubre pasado, cuando miles de jóvenes se movilizan frente al anuncio de medidas neoliberales. No es que el recorte presupuestario nace con la emergencia. A mi modo de ver, estos recortes a las universidades son un claro retroceso de derechos, la precarización del trabajo para los docentes, la privatización del conocimiento, y aquí se va perdiendo el sentido de generación de conocimiento para lo púbico, y la imposibilidad de acceder a estudiar a sectores pobres de la población.”

La pandemia y el confinamiento global han evidenciado la notable presencia del arte y la cultura en la cotidianidad de los seres humanos. El confinamiento nos ha vinculado estrechamente con las distintas expresiones artísticas a través de la virtualidad. Miles y miles de actividades culturales de todo tipo (cine, teatro, ópera, visitas a museos, música, libros, danza, etc.) son parte del tiempo diario de las familias. Y así lo han entendido los presidentes y autoridades de casi todos los países. De ahí que han adoptado medidas que establecen a la cultura como prioritaria y estratégica en la post pandemia, pero en Ecuador se hace lo contrario, recortes a la educación, a las universidades y ahora a la cultura, tal como bien señala Juan Martín Cueva, quien fue director ejecutivo del Consejo nacional de cine: “En el contexto de la pandemia global y la emergencia sanitaria, el gobierno está yendo a contramano de lo que se esta haciendo en el mundo. El tema de las artes y la cultura se han evidenciado como una necesidad básica de nuestra vida cotidiana, y no como un lujo, no como algo prescindible. Y mas bien se ha revelado como algo fundamental para la resistencia y para la resiliencia. Al salir de esta emergencia se tendría que entender como primordial, estratégico y prioritario en la economía y en la inversión publica. Pero se está haciendo exactamente lo contrario, priorizando a las grandes empresas y al capital especulativo; y no fomentamos la economía solidaria ni comunitaria, que son las que van a primar en la reconstrucción del tejido social tan maltrecho”.

Fusión en 60 días

Cuando el cantante Juan Fernando Velasco, se posesionó como Ministro de cultura y patrimonio prometió cumplir la Ley orgánica de cultura “cueste lo que cueste”. Luego de casi un año de gestión, podemos decir sin equivocarnos que no cumplió, ni de lejos, con su promesa. Nos mintió y nos engañó. Como lo ha hecho el propio Presidente Moreno. El ministro Velasco se ha empeñado en no cumplir la Ley. No ha generado las normativas, mecanismos y reglamentos que manda la Ley. Tampoco ha conformado las Redes ni los Sistemas nacionales. Y ni siquiera ha terminado de constituir el Sistema nacional de cultura. Ni el Régimen integral de educación y formación en artes. Peor el Régimen laboral para artistas profesionales y trabajadores autónomos del arte. Ni se diga los Sistemas de memoria o de bibliotecas públicas, y un larguísimo etcétera.

Tampoco los reglamentos para otras leyes que no pueden entrar en vigencia por esta ausencia, como la Ley de reconocimientos y condecoraciones para la cultura, la ciencia y el deporte, por ejemplo. Y lo que es peor, no ha generado las líneas de políticas públicas para el sector. Y eso que, continuamente, distintos actores y gestores lo han estado exigiendo.

Pero no solo que no cumplió, sino que ahora se vuelve gustoso instrumento para desmantelar la institucionalidad del sector. Todavía no termina de configurar el edificio institucional de la cultura, y ya empieza a derrocar los pisos. Y comienza con el ICCA, que es (¿era?) fruto de una larga lucha, de 40 años, del sector audiovisual del país. Y que, sin duda, cumplió una tarea que respondía a las demandas del sector audiovisual, como bien señala Paola de la Vega: ”hay que entender este decreto no solo desde lo jurídico, que es problemático, sino por la anulación de los procesos históricos que están detrás de la Ley orgánica. El ICCA es heredero de 40 años de disputa, de pugnas y luchas con el Estado para tener una ley y un Consejo de cine.”

No sucedió lo mismo con el IFAIC, quizá porque los propios ministros de cultura se empeñaron en asumirlo no como un Instituto autónomo, sino como su proveedor de recursos económicos. De ahí que tanto el ministro Pérez Torres como el ministro Velasco, se empeñaron en designar a los directores ejecutivos, primero Ronald Verdesoto y luego María Teresa Galarza, para tenerlos a su disposición. Los dos ocuparon el tercer lugar en el concurso público y, como parte de la terna, fueron nombrados por los Ministros como directores. Como ya hemos dicho antes, la ausencia de política es, en si misma, la política pública. De ahí que el IFAIC, cumpliendo con las disposiciones de los Ministros, ha convertido a los fondos en herramientas que contribuyen a consolidar las relaciones clientelares del Ministerio y, lo que es peor, a profundizar la precarización de artistas, gestores y colectivos culturales.

El IFAIC, afirma De la Vega, “con todos sus problemas es una reivindicación necesaria; recordemos cómo se entregaban antes los recursos; a través de pre-asignaciones, sin convocatorias publicas. No soy partidaria de los fondos concursables, más aún cuando nunca el IFAIC tuvo líneas de política pública y tiene deudas con los beneficiarios culturales de esos fondos. Hay que seguir luchando por los derechos y los avances que nos permitan tener unas condiciones de vida distintas, tanto para la educación como para la cultura.”

Con este criterio coincide Juan Martín Cueva: “Yo se perfectamente y entiendo que los resultados del IFAIC no son los mejores, son poco defendibles. Pero eso no significa que no sirve, que el modelo no sirve; el problema es que no ha existido la voluntad política del propio Ministerio para aplicar lo que contempla la Ley de cultura, para dotarle de recursos técnicos, humanos, de fortalecimiento institucional. Pero si se le utiliza para llevar a cabo proyectos que parecen del siglo 19, como Arte para todos; si se lo instrumentaliza para volver a las viejas y nefastas prácticas, por discrecionales y clientelares.“

El discurso de la “optimización del sector público” solo es un pretexto para la precarización y flexibilización laboral. El discurso en el cual a diario nos repiten que el aparato del estado es “obeso, vago y corrupto” viene de los mismos que nos llevaron al feriado bancario y los que ahora impulsan las políticas neoliberales que han llevado al país al precipicio. Ningún gobierno ha maltratado tanto a los empleados y trabajadores del sector público como el de Lenin Moreno. La restauradora, gestora cultural y ex directora del Museo Nacional, MUNA, Ivette Celi afirma con razón: “No puede haber optimización si el criterio es reduccionista. A todas luces lo que se intenta es anular el sector cultural por considerarlo un gasto y no una inversión.”

Finalmente, nuestros entrevistados no ocultan sus preocupaciones por el presente y futuro de la institucionalidad y la gestión cultural oficial: “Me gustaría conocer las cifras del fondo de fomento; cuál es la cantidad que hay en ese fondo, y si se va a utilizar o ha sido ya utilizado con otros fines, so pretexto de la emergencia,” nos dice Paola de la Vega. Mientras Juan Martín Cueva también expresa sus dudas respecto al futuro del nuevo ente, que se denominará “Instituto de fomento a la creatividad y la innovación,” es decir, desaparece la palabra cine: “Ahora se fusiona a los dos institutos de fomento, por un ente híbrido que nadie sabe cómo va a funcionar; y dudo que en un año que le queda al gobierno pueda montar un ente sólido, coherente, que funcione; mas aún si se ha demostrado que no hay ni la visión ni la voluntad política para poner en marcha lo que establece la Ley de cultura.”

Así, mientras el mundo, y el Ecuador, redescubrieron que el arte y la cultura son parte fundamental en su vida cotidiana, el gobierno nacional continúa con recortes y la supresión de entidades vinculadas a la educación y la cultura. Y por si fuera poco, en plena emergencia, nos inunda con decenas de casos de corrupción, como el peor signo de un gobierno que para la mayoría de ecuatorianos es el peor de la historia.