Por Juan J. Paz y Miño Cepeda

Al comenzar el siglo XX las relaciones económicas de América Latina eran principalmente con Europa. Pero la segunda revolución industrial (electricidad y petróleo) y el nacimiento de los gigantes monopolios, despertaron la expansión imperialista de los EEUU. Para ello sirvió la tradicional “Doctrina Monroe” (1823) reducida a la consigna “América para los americanos”; pero, además, la agresiva política exterior que desplegaron los primeros tres presidentes de la nueva era: Theodore Roosevelt (T.R.), William Howard Tafft (W.H.T.) y Woodrow Wilson (W.W.).

El primer hecho en marcar el intervencionismo fue la guerra Hispano-Cubana-Americana (1898), en la que T.R. dirigió el cuerpo de “Rough Riders”. Como Presidente de los EEUU (1901-1909), T.R. inauguró la diplomacia del “Big Stick” (“gran garrote”, como poder de imposición) con América Latina; su sucesor, el también republicano W.H.T. (1909-1913), utilizó la “diplomacia del dólar” (uso del poder económico); y el demócrata W.W. (1913-1921) el intervencionismo directo, para asegurar los intereses norteamericanos en el continente, invadiendo México, Haití y República Dominicana.

A pesar de la desconfianza inicial, porque afectaba la tradición liberal y empresarial privada de la cultura norteamericana, W.W. aprobó la creación de la Federal Reserve (FR), es decir del banco central de los EEUU, el 23 de diciembre de 1913. Le antecedieron dos intentos: la fundación del Bank of the United States (B.U.S.), que funcionó entre 1791 y 1811 y a la que se resistía el presidente Thomas Jefferson (1801-1809), que hizo célebre su frase: “creo que las instituciones bancarias son más peligrosas para nuestras libertades que los ejércitos permanentes”; y otro B.U.S., que funcionó entre 1816 y 1836, porque el presidente Andrew Jackson (1929-1937) creía que la institución concentraba demasiado poder con una elite “adinerada y corrupta”.

La FR, nació de una reunión secreta en la isla Jekyll (Georgia) entre economistas y políticos de la elite norteamericana. Contaba con autonomía e independencia, se constituyó con 12 bancos regionales, monopolizó la emisión sobre la base del “patrón oro”, tuvo a su cargo las políticas monetarias y actuaba como prestamista de emergencia para las instituciones financieras. Sobre esa experiencia, W.W., a través del Secretario de Estado, invitó a las repúblicas del continente al Primer Congreso Financiero Panamericano que, bajo la presidencia de William G. McAdoo, Secretario de Hacienda, se realizó en el Edificio Panamericano de Washington, entre el 24 y el 29 de mayo de 1915.

Participaron en el Congreso un numeroso grupo de banqueros norteamericanos y tres representantes por cada uno de estos 18 países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, El Salvador, Uruguay y Venezuela. El propósito central del Congreso fue “establecer relaciones financieras más estrechas y más satisfactorias” entre todos los países con los EEUU. McAdoo reconocía que, hasta hoy, los créditos hacia los países latinoamericanos “han descansado casi por completo en Europa”, pero que la I Guerra Mundial (estalló en 1914) los había suspendido, de modo que “éstos deben ser reemplazados por créditos de los Estados Unidos”. McAdoo consideró que resultaba “providencial” el nacimiento de la FR, de manera que abogó por el establecimiento de sucursales o agencias en todos los países latinoamericanos, pues ellas podrían “hacer un gran servicio a los hombres de negocios y banqueros norteamericanos, dándoles informes sobre el crédito y los datos generales acerca del comercio y las condiciones financieras de los distintos países en donde trabajen”. Por cierto, como delegados por Ecuador (gobernaba Leonidas Plaza Gutiérrez, 1912-1916), fueron: Juan Cueva García, Vicente Gonzales B. y Enrique Gallardo. Su Informe aseguraba que el “único” auxilio inmediato que requiere el país es “un empréstito con el objeto de pagar a los bancos (privados) lo que se les debe”.

Pero la fundación de bancos centrales en los países latinoamericanos no llegó de inmediato, sino años más tarde, con el concurso de la “Misión Kemmerer” dirigida por un famoso economista: Edwin W. Kemmerer. Ella actuó, sucesivamente, en México (1917), Guatemala (1919), Colombia (1923), Chile (1925), Bolivia (1927), Perú (1931) y Ecuador (1926/1927). En general, en cada país impulsó reformas administrativas y financieras, pero especialmente apuntó a la creación de tres instituciones fundamentales para la modernización económica: el Banco Central, la Superintendencia de Bancos y la Contraloría General.

En Ecuador, la Primera Junta provisional de Gobierno nacida de la Revolución Juliana (1925), presidida por Luis N. Dillon, creó un primer Banco Central, que destapó la virulenta resistencia de los bancos privados; de manera que solo se aceptó esa creación -y a regañadientes- cuando llegó la Misión Kemmerer. El BCE empezó a funcionar el 10 de agosto de 1927, siguiendo el modelo de la RF, como sociedad anónima privada, autónoma y en la que obligatoriamente participaban los bancos.

Sin embargo, como en todos los países latinoamericanos con bancos centrales, es posible seguir una larga historia de conflicto de intereses: de una parte, los bancos centrales, que debían manejar la política monetaria global y los recursos del Estado, fluctuando entre su autonomía o la subordinación a las políticas gubernamentales; de otra, las instituciones financieras privadas, que siempre han estado interesadas en manejar los créditos con altos intereses; y, finalmente, los sectores productivos (agricultura, industria, construcción, etc.), que han requerido créditos con intereses bajos.

Respondiendo a las orientaciones neoliberales en auge durante aquella década, la Constitución ecuatoriana de 1998 otorgó “autonomía” al BCE, que se tradujo en corruptos “salvatajes” para una serie de instituciones financieras privadas. Es algo que la Constitución de 2008 trató de superar, reconstituyendo las capacidades del Estado en las políticas monetarias y financieras. Desde luego, todo ello también ha dependido de las posiciones asumidas por los gobiernos. Y, en la actualidad, los acuerdos con el FMI presionan para convertir al BCE en una institución nuevamente sometida a los exclusivos intereses de la banca privada, un asunto que en el país se ha cuestionado como “privatización” del BCE, que desde el año 2000 dejó de emitir moneda, al adoptarse la dolarización.