Por estos delitos de lesa humanidad denunció al presidente Lenín Moreno y sus funcionarios, para quienes solicita prohibición de salida del país.

Punto Noticias. El defensor del Pueblo, Freddy Carrión, presentó denuncia ante la Fiscalía General, por presuntos delitos de lesa humanidad, en contra del presidente de la República, Lenín Moreno, ministros y otras personas involucradas.

Solicitó, además, que las autoridades prohíban la salida del país del jefe de Estado, funcionarios y exfuncionarios implicados.

La denuncia la presentó, con el fin de que se inicien las indagaciones correspondientes, luego de conocerse el informe de la Comisión Especial para la Verdad y Justicia, que concluyó que en el levantamiento popular de octubre de 2019, en contra del gobierno de Moreno, existieron delitos de lesa humanidad y responsabilizó al Estado y sus autoridades por el uso excesivo de la fuerza, persecución política, ataques a la libertad de expresión y tortura a los manifestantes.

Carrión explicó que el delito de lesa humanidad, conforme establece el Estatuto de Roma y el COIP ecuatoriano, es el ataque sistemático o generalizado contra la población civil, que se manifiesta a través de ejecuciones extrajudiciales, torturas, tratos cueles, inhumanos y degradantes, atentados contra la vida, la integridad y libertad personal, como ocurrió durante las protestas de octubre de 2019.

Destacó que el informe está debidamente documentado con más de 500 testimonios, de los cuales cerca de 249 son de víctimas, que revelaron cómo fueron las violaciones a los derechos humanos.

Reclamó que la justicia, en este caso la Fiscalía General, debe realizar la investigación respectiva para llegar a determinar la existencia del delito de lesa humanidad y la responsabilidad del Estado, en su conjunto, así como del presidente de la República, de los ministros que actuaron: de Gobierno y de Defensa.

El defensor del Pueblo exhorta a la Fiscalía a que llame a rendir las versiones al presidente Moreno, exministra de Gobierno, María Paula Romo, excomandante general de la Policía, Nelson Villegas, ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, exjefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roque Moreira, exjefe de Operaciones de la Policía, Patricio Carrillo, y excomandante de la Policía del Distrito Metropolitano de Quito, Víctor Arauz, con el fin de esclarecer los hechos y garantizar el derecho a la verdad de las víctimas.

Carrión dice que es realmente impresionante la gran cantidad de armamento no letal utilizado por los agentes de la Policía en contra de los manifestantes, lo que refleja a las claras la dimensión del uso de la fuerza, que tuvo un impacto directo en la población y, sobre todo, en los protestantes.

Lo demuestran las seis personas que fallecieron producto de una ejecución extrajudicial, las 14 personas que perdieron sus ojos, al recibir el impacto de una bomba lacrimógena, disparada directamente contra al rostro, advierte Carrión, quien manifiesta que todos estos datos los recoge el informe de la Comisión de la Verdad.