Por: Andrés Luna Montalvo

Son 42 muertos, 168 desaparecidos y más de 1000 heridos los que se cuentan en quince días de protestas contra el presidente Iván Duque en Colombia, las cifras corresponden a los informes de la Defensoría del Pueblo y se incrementan cada día que pasa sin llegar a un acuerdo entre el gobierno y el grueso de la sociedad, estrangulada por la pobreza. Una reforma tributaria fue solo el detonante de un malestar social en un país que sobrevive con un peso devaluado alrededor de los 3,800 con relación al dólar, un desempleo que bordea el 18% y 21 millones de pobres, lo que supone un 42.5% de la población total, según el último despacho del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Quienes simplifican el paro nacional como una causa de los grupos terroristas organizados, son los que tampoco entendieron las protestas de octubre de 2019 en Ecuador, donde los barrios y la gente común apoyaron al movimiento indígena que solo le puso rostro a la protesta generalizada desde varios frentes.

América, Santa Fe, Junior y Atlético Nacional, los clubes colombianos que clasificaron a la Copa Libertadores de América, buscan suelo para sembrar raíces y poder jugar sus partidos como local. Guayaquil fue una de las sedes seleccionadas, como cuando el pasado 06 de mayo albergó el partido entre Junior de Barranquilla y Fluminense de Río de Janeiro ante el desconocimiento absoluto de las autoridades gubernamentales del Ecuador. Hasta la Confederación Sudamericana de Fútbol mira con insignificancia al gobierno saliente.

Pero las imágenes más estremecedoras y confusas se ventilaron la semana de competiciones del 11 al 13 de mayo, cuando los futbolistas de América de Cali y Atlético Mineiro debieron suspender seis veces su partido por el bombardeo lacrimógeno provocado en los exteriores del estadio Romelio Martínez de Barranquilla, lo mismo que ocurrió un día antes en el juego entre Junior y River Plate, con futbolistas tosiendo y llorando de manera forzada.

La pandemia reveló cómo la Conmebol está dispuesta a pasarse por encima de las recomendaciones sanitarias para cumplir con sus contratos. Asunción es una especie de zona franca de Covid-19 donde, desde el 2020, se han programado los partidos que por protocolo se han impedido en otros países, como aquella semifinal de Copa Sudamericana entre Coquimbo Unido contra Defensa y Justicia o el del propio Independiente del Valle “recibiendo” al Gremio de Brasil, con tres casos de Coronavirus confirmados tras el primer testeo.

Las balas tampoco pudieron contra los acuerdos comerciales, jugar de espaldas a un país ensangrentado y paralizado sigue siendo posible, aunque para aquello haya que gasear futbolistas, interrumpir partidos hasta disipar las nubes lacrimógenas o ignorar la propia voluntad de la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro), que en su comunicado firmado por todos los capitanes solicitan “que hasta tanto no se resuelva la actual situación de orden público que afecta a todo el país y pone en riesgo nuestra integridad, no se programen los partidos de las competencias en los torneos locales”.

Conmovidos ante el horror, arrimando desde su trinchera también por la lucha de su pueblo, “como ciudadanos antes que futbolistas”, renunciaron a la tibieza y a la cómplice neutralidad que muchas veces coarta la libertad de pensamiento de los deportistas; manifestaron su “total apoyo a la protesta” y reclamaron “un país más justo, equitativo e inclusivo, en el que se nos garanticen a todos, sin distinción, las condiciones mínimas para vivir con dignidad”.