El primer debate de la reforma a la ordenanza Nº 153 planteada por el alcalde Mauricio Rodas, para reducir el impuesto predial urbano y rural, provocó ayer que ediles de Alianza PAIS y de la alianza SUMA-VIVE pidan la renuncia del procurador del Cabildo, Rómulo García.

Durante el debate, el concejal Jorge Albán (AP) sostuvo que en varios informes de Procuraduría los dictámenes son una especie de “lavado de manos”.

El edil Sergio Garnica (SUMA-VIVE) pidió a García una explicación respecto de que en la mayoría de informes, incluso en el que presentó a la comisión de Presupuesto que tramitó la reforma a la ordenanza, se incluye la frase final: “que la oportunidad, mérito o conveniencia de las decisiones de gestión incorporadas en el proyecto son de competencia exclusiva de las autoridades de gobierno y a discreción del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito”.

García respondió a Albán: “Yo no me lavo las manos nunca, y además hay que saber Derecho para poder decir semejantes tonterías”. Este último se levantó para reclamar respeto, a lo que García lo increpó para que permanezca en la sala y escuche su intervención. El resto de ediles de AP abandonó la sala en medio de reclamos y gritos.

Tras el incidente, los concejales de AP se reunieron y según el jefe de bloque, Carlos Páez, no acudirán a las sesiones del pleno mientras García esté en la sala. Con él coincidió Garnica, quien agregó que hoy, a las 08:30, se reinstalará la sesión para concluir el primer debate de la reforma a la ordenanza y que oficialmente pedirá la renuncia irrevocable de García.

En el debate, Páez dijo que la reforma “es inconstitucional e ilegal” porque con la reducción planteada el porcentaje que pagará el dueño de una propiedad será menos del 0,25% por mil que permite el Cootad. (I)