Daniel Mendoza y su exasesor Jean Carlos Benavides hablan en sus testimonios del sistema de reparto de cuotas políticas en la Agencia Nacional de Tránsito

Quito –

«Parte del monto que le encontraron a mi entonces asesor Jean Carlos Benavides el día de su detención en su casa, en el allanamiento que le hicieron, no tiene relación alguna con el proceso de contratación del hospital de Pedernales. Entiendo que eran recursos que él en su calidad de secretario ejecutivo del movimiento Mejor, por disposición mía, había logrado recaudar, reunir, a través de ciertos espacios, como por ejemplo, estas Agencias de Tránsito».

Esa fue uno de los últimos temas que tocó el exasambleísta Daniel Mendoza en el testimonio anticipado que rindió, entre las 11:50 y las 14:00 de este martes, como parte de la instrucción fiscal por el delito de delincuencia organizada relacionada a irregularidades en el proyecto de construcción del hospital de Pedernales de 30 camas en la provincia de Manabí.

Al dinero al que se refiere Mendoza, es al que se incautó en mayo pasado en la vivienda en Manabí su entonces asesor legislativo, quien fue detenido como parte del denominado operativo Fortuner. En aquella operación se informó que en poder de Benavides se encontró más de $ 500 mil.

Poco antes de tocar el tema de su exasesor, Mendoza que en un pendrive que entregó a la Fiscalía en esta causa existe un diagrama «sin forma, no tan visual, no tan elaborado» que se realizó con información de conocimiento público de lo que se sabe ha sido este reparto de espacios a los diferentes legisladores.

«Considero que este diagrama no constituye un documento oficial como sí constituye, a mi criterio, y ustedes lo sabrán determinar, fotos que podrán encontrar en mi teléfono a una matriz de otro reparto que básicamente tiene que ver con la Agencia Nacional de Tránsito y las diferentes agencias que existen en el país, en donde en hoja membretada del Ministerio de Transporte y Obras Públicas consta el espacio y el asambleísta que ha recomendado ese perfil, donde se podrá ver una lista larga de nombres que están en esas fotos», explicó.

Según Mendoza, esa foto la tomó en una reunión a la que asistió él al Ministerio de Transporte y Obras Públicas acompañado de otros legisladores como Fausto Terán, Alberto Arias y Michel Doumet, quienes también, afirmó, vieron dicha matriz.

Mendoza sostuvo que dentro de una coordinación para el trabajo de territorio y por que cargos de libre remoción debían ser articuladas para un mejor desempeño del trabajo en territorio, él recomendó varios perfiles para diferentes instituciones como el Bando de Desarrollo, la Secretaría de la Reconstrucción, entre otras, que, según él, «no representaban en este caso réditos económicos sino más bien la posibilidad de tener un ejercicio político diferente en la provincia de Manabí».

Mendoza al respecto de esta distribución de cargos en la Agencia Nacional de Tránsito aseguró que era algo que se dio desde el inicio de este período Legislativo. Él mencionó en el testimonio sobre una reunión que habría tenido con el entonces ministro de Transporte, Paúl Granda, en la que el funcionario ofrecía este tipo de espacios.

Por ejemplo, la Agencia de Tránsito de Chone, para el asambleísta Ricardo Zambrano; la de Bahía de Caráquez, para el legislador Carlos Vera; y para Mendoza, la agencia de Tránsito de El Carmen.

«Esto no lo tengo muy claro, el modo de operación, pero sé que genera réditos económicos por conceptos de trámites y eso seguramente lo podrá detallar con más claridad Jean Carlos Benavides, quien era mi asesor y quien estaba a cargo del proceso de recaudación que siempre buscamos permitiera financiar el ejercicio político de esta organización (Movimiento Mejor) y no se utilizó nunca para fines personales», refirió Mendoza.

En el testimonio anticipado de Benavides, el cual llegó luego de concluir Mendoza al acogerse a su derecho al silencio, explicó que a al grupo del legislador Mendoza le asignaron tres sucursales de agencias de tránsito para generar ingresos: El Carmen, Portoviejo y Manta.

«Jipijapa la mantenía Teresa Benavides inicialmente y luego se la pasó a la asambleísta Karla Cadena. Posteriormente al señor Andrés Madero, quien ese entonces todavía era ministro, él puso a un familiar», refirió el exasesor 1 de la Asamblea, Benavides, quien dijo que el sistema de recaudación operaba a través de los directores de las agencias.

Aparentemente, estos funcionarios les enviaban semana a semana a emisarios con los reportes que se hacían del dinero. «Ahí se cobra un promedio de $ 50 0 $ 60 por trámite. (…) Ellos nos reportaban a nosotros de $ 30 a $ 40. Se realizaban al día cerca de 25 trámites promedio, es decir, se recaudaba $ 2 500 diarios. Esto fue por más de un año que nosotros tuvimos las agencias de tránsito hasta el 2020 que ya hubo un cambio de director».

Supuestamente, manifestó Benavides, se les habría retirado estas cuotas políticas a Mendoza por no haber apoyado a Diana Atamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), en el tema del juicio político en el CNE.

Aunque Mendoza en su testimonio no dio a conocer cuál era el monto que no tenía que ver con la delincuencia organizada que se investiga o qué parte de esos recursos encontrados en manos de Benavides correspondían a qué orígenes, el exasesor en su testimonio dijo que parte de esos dineros provenían del pago anticipado de insumos médicos en los hospitales de Bahía de Caráquez, Miguel H. Alcívar, y de especialidades de Portoviejo, los cuales habrían sido dados a Mendoza como cuota política a cambio de votos en la Asamblea. (I)