Para los representantes del Movimiento Fuerza Compromiso Social y Juntos Podemos no hubo igualdad en las condiciones de participación de las organizaciones políticas. A esto suman una falta de institucionalidad.

Punto Noticias.- Con las intervenciones de Virgilio Hernández, en representación del Movimiento Fuerza Compromiso Social y de Paúl Carrasco por Juntos Podemos, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea cerró a las 17:21 la ronda de comparecencias correspondiente a este domingo 18 de julio, en el marco la presentación de pruebas de cargo y de descargo en el juicio político en contra del excontralor subrogante, Pablo Celi, acusado de incumplimiento de funciones.

Aunque estaban invitados a exponer sus puntos de vista otras organizaciones a las que la Contraloría habría intentado quitarles la personería jurídica, sus delegados no se presentaron al llamado de la mesa legislativa. Ellos son: Jimmy Salazar, de Justicia Social; Gary Moreno, de Libertad es Pueblo; y Santiago Díaz, de la coalición Unión por la Esperanza. El primero no interpuso ninguna excusa, el segundo en un escrito dijo que ya no es representante legal porque el movimiento ya se extinguió y el último que no asistirá a comparecer.

Una vez que se aclaró la situación, el presidente de la Comisión, Fernando Villavicencio, dio paso a la intervención de Virgilio Hernández, quien expuso de una manera detallada lo que para él serían graves irregularidades cometidas por Celi y funcionarios de la Contraloría que no se librarían de responsabilidad.

Incluso, solicitó a la mesa legislativa que una vez que hagan el informe lo envíen a la Fiscalía porque de ahí podrían salir otras cosas.

A través de una línea de tiempo, el exlegislador indicó que, para las elecciones del 4 de febrero de 2019, el Movimiento Fuerza Compromiso Social ya tenía personería jurídica desde agosto de 2016 y que fue en 2019 que con una “brutal persecución del Gobierno de Lenín Moreno que tuvo como alfil a Celi” se intentó dejarlos fuera.

Comentó que, en 2019, la organización política obtuvo el 11,3% de votos a escala nacional convirtiéndose en la fuerza política más votada, a pesar de haber participado solo en 12 provincias.

Relató que el 1 de agosto de 2019, la Contraloría aprobó un informe para que se haga una auditoría entre el 1 de agosto y el 31 de diciembre de ese año sin haber notificado a la organización política. Pese a ello, explicó que entre las recomendaciones se estableció que el Consejo Nacional Electoral (CNE) considere y vigile la situación legal del movimiento con respecto a su inscripción y entrega de personería jurídica.

Hernández manifestó que el contralor subrogante violó el artículo 226 de la Constitución al ir más allá de sus atribuciones, al querer interferir en la decisión del CNE.

Ante este hecho, expresó que el ente electoral resolvió el 2 enero de 2020 mantener el derecho de inscripción en el registro permanente de las organizaciones políticas al Movimiento Fuerza Compromiso Social.

De esta manera, se reiteró que está en firme la decisión de que la organización política continúe en el registro ya que en 2017 consiguió más de 3‘000.000 de votos y en 2019 más de 4’000.000.

Expuso que el contralor subrogante quería irse contra lo expuesto por el artículo 18 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado que deja en claro que el ente no podrá intervenir, interferir o contradecir una actuación del órgano competente como era el CNE.

El 21 de enero 2020, el pleno del CNE ratificó la resolución del 2 de enero con la que se decide que las organizaciones políticas observadas tienen derecho a la plena existencia.

Para el 10 de marzo de 2020, según Hernández, la Contraloría emitió un informe borrador con el que se pretendía retirar el registro electoral otorgado en agosto de 2016 a la agrupación Fuerza Compromiso Social que ya había participado en comicios de 2017, 2018 y 2019

Con este antecedente, mencionó que la Contraloría no notificó de esos exámenes al movimiento y que se incumplieron normas.

En su línea de tiempo, el exlegislador precisó que el 15 de junio de 2020, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) resolvió el archivo de la causa y el 18 de junio la Contraloría dispuso dejar sin efecto la inscripción del movimiento político.

Hernández dijo que se quería hacer un doble juzgamiento a una causa ya que se insistía en suprimir la personería jurídica.

Con esta reacción de la Contraloría, expuso que los miembros del CNE no podían defenderse y el contralor quería que se haga su voluntad interviniendo en atribuciones que no eran suyas, sino del CNE.

Sostuvo que el 22 de junio de 2020 hubo una denuncia contra Celi por interferir en el funcionamiento del CNE. Ese día, además, se pedía una multa de USD 7.800 y la destitución de los consejeros Diana Atamaint, Esthela Acero y José Cabrera por no eliminar del registro a Fuerza Compromiso Social y tres organizaciones más.

El exasambleísta señaló que el 19 de septiembre de 2020 se registró una apelación a la resolución ante el TCE y el 11 de noviembre de ese mismo año, el organismo revocó la resolución del CNE y por tanto ratificó la personería jurídica.

El 20 de febrero de 2021, el contralor solicitó a Atamaint que adopte una resolución que posibilite una auditoria informática por parte de la Contraloría antes de que se lleve a cabo la segunda vuelta electoral y el 23 de febrero de 2021, el Pleno del CNE rechazó el pedido.

Todo esto para el asambleísta Juan Cristóbal Lloret (UNES), como interpelante, le hizo pensar que Celi actuaba como un “emperador” y que afectó la participación política de las organizaciones.

A lo que Hernández acotó que no existió igualdad en las condiciones de participación y que se dio una falta de institucionalidad.

Agregó que Celi actuó -desde que asumió la dirección de la Contraloría- de una manera ilegal, al no haber sido posesionado como corresponde y hasta bajo el aval del Gobierno de anterior.

La asambleísta Vanessa Freire, de Fuerza Compromiso Social, también se refirió a las supuestas arbitrariedades cometidas por Celi y aseveró que su agrupación cumplió con todo lo dispuesto por la ley.

Terminada esta intervención le tocó el turno a Paúl Carrasco, de Juntos Podemos, quien se sumó a lo expuesto por Hernández, pero puntualizó que no se cumplió el debido proceso y los ubicaron a ellos en indefensión.

Subrayó que su agrupación presentó dos acciones de protección y que era obvio que los querían sacar de la contienda electoral.

A pesar de ser presidente nacional de Juntos Podemos, manifestó que no constaba como afiliado cuando ese proceso lo hizo en 2014.

Dijo que su organización más bien fue juzgada por irregularidades en las firmas para la inscripción y que eso dañó toda la organización política que la fueron armando durante algunos años.

“Nos afectaron el derecho de la participación, sin propaganda, sin participación de recursos económicos y en donde la Contraloría dirigió un informe “, sostuvo.

Para mañana, la Comisión de Fiscalización recibirá otras comparecencias.

Fuente: Asamblea Nacional, redes sociales