Para hoy, desde las 09:00, se prevé que se instale en la Corte Nacional de Justicia (CNJ) la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio por el delito de tráfico de influencias en el que son procesados la exdirectora del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) María Alexandra Ocles y cinco funcionarios más de esa entidad.

La audiencia estará en manos de la jueza Daniella Camacho y se definió una vez que concluyeron los 120 días dados como periodo de instrucción fiscal para ahondar la investigación sobre la participación de los seis procesados en supuestas inobservancias legales en el proceso de adquisición de 7.000 kits de alimentos para la población afectada por la emergencia generada por el virus de COVID-19.

La diligencia estuvo definida inicialmente para el 30 de octubre en la CNJ, pero días antes fue diferida para el 6 de noviembre siguiente, debido a un problema de salud del abogado defensor de Ocles, quien renunció al cargo el 11 de mayo pasado.

Junto con la exdirectora del SNGR son procesados César E., subsecretario de Preparación de Respuestas; Jorge O., analista de Atención Humanitaria; Mauricio C., director de Atención Humanitaria; Ramón R., coordinador general Administrativo-Financiero del SNGR, y el último en ser vinculado a la investigación, el 15 de agosto pasado y por quien pasó la instrucción fiscal de 90 a 120 días, fue el analista de operaciones del SNGR Carlos M.

En esta diligencia Camacho conocerá el dictamen abstentivo, acusatorio o mixto que emita el fiscal general subrogante, Wilson Toainga, y a partir de ello la jueza resolverá si los llama o no a juicio

En la audiencia de formulación de cargos de junio pasado, Toainga presentó a Camacho 44 elementos de convicción: informes de necesidad, idoneidad, memorandos donde se solicita disponibilidad de recursos, certificación para la adquisición de kits, avales para adquirir estos, invitaciones directas al proveedor Fulton Camacho, aprobación de la contratación y versiones de los procesados…

Al menos las defensas de Ocles y Mauricio C., Guido Prado y Stalin Raza, respectivamente, creen que Fiscalía llega a esta audiencia sin elementos contundentes que demuestren la responsabilidad de sus clientes en el tráfico de influencias que se acusa.

Prado tiene la certeza de que este caso es político y que la Fiscalía acusará a Ocles asegurando que tiene los elementos y dejarán en manos de la jueza Camacho la decisión de que la llame a juicio.

Raza defiende la inocencia de Mauricio C. explicando que él no tuvo ninguna participación en la revisión ni en la elaboración de los documentos que sirvieron para la contratación de este caso. El abogado asegura que su cliente estuvo dedicado a atender administrativamente y mediante teletrabajo las emergencias de tipo humanitario en el pico más alto de la pandemia en Guayaquil.

Para Raza está claro que el proceso no tuvo ningún sobreprecio, porque, según él, las cotizaciones que sirvieron de base para la contratación fueron tomadas como referencia no por su cliente, sino por otros funcionarios, de procesos anteriores donde el SNGR había comprado kits de alimentación y los precios son equivalentes

«Por supuesto que tampoco hubo ningún pago y no hubo un perjuicio para el Estado, porque el contrato fue declarado terminado por mutuo acuerdo, precisamente porque el Ministerio de Economía no había hecho el pago del anticipo del contrato, entonces el proveedor y el SNGR se pusieron de acuerdo para dar por terminado ese contrato», apuntó Raza. (I)