Para el funcionario el Gobierno Nacional busca encargarse de aquello para hacer creer que está realizando una obra pública.

Jorge Guamán Coronel, prefecto del Cotopaxi, se hizo eco de la preocupación de los Prefectos del país por el decreto 989 que les quita a la competencia de riego para entregársela a la Secretaría del Agua, argumentó que esa decisión contradice la Constitución y el Código Orgánico Territorial.

“Somos responsables de construir el sistema de riego, no hemos tenido la transferencia de recursos que está sobre los USD100 millones”.

Cuestionó que en la elaboración de dicho decreto no haya participado el Ministerio de Agricultura y la Senagua, incluso no descartó que el presidente de la República, Lenín Moreno, lo haya firmado sin siquiera conocer el tema: “Hay otros intereses que están detrás. En los últimos 14 meses quieren gastar y decir que han hecho obra pública, pero no es lo correcto”.

Recordó que el Gobierno Nacional ha sido quien ha incumplido en la transferencia de recursos por lo que mediante acuerdos se ha logrado obtener presupuesto a cuesta gotas para hacer obras: “En Cotopaxi tiene una deuda de USD12 millones y tengo entendido que en Pichincha supera los USD20 millones, si esos recursos se transfirieran, podríamos hacer la infraestructura de los canales de riego y ellos complementarla”.

“Los Prefectos hemos sido buenas gentes, en el sentido que hemos aceptado convenios de pago con el Banco de Desarrollo por eso tenemos figuras como Fingad1, Fingad2 y ahora un Fingad3 (…) Ahora el Banco tiene que supervisar las obras y se crea un estamento de burocracia”.

Remarcó que la preocupación no es solo de los Prefectos sino también de los regantes que buscan saber qué pasa con la deuda, el pago y la decisión del Ejecutivo: “Han dicho que se les ha pasado la mano y es grave para el trabajo público”.

Guamán explicó que ya se ha enviado una carta al Presidente de la República indicándole la inconstitucionalidad del decreto y advirtió que luego de ello interpondrán una demanda ante la Corte Constitucional: “Y tercero hay asambleístas que llevarán el caso a la Comisión de Fiscalización para saber quién elaboró el decreto. Agotaremos los caminos legales y constitucionales, vamos hacer todo el esfuerzo y una coordinación con la Asamblea para identificar a los responsables para manipular y desconocer”.