Para el economista Pedro Páez, el país vive una crisis humanitaria.

Punto Noticias. Por el Ministerio de Trabajo han pasado cuatro ministros, todos vinculados al sector empresarial. Raúl Ledesma Huerta, empresario del sector bananero; Andrés Madero Poveda, gerente general de compañías privadas; Luis Poveda Velasco, asesor de las Cámaras de la Producción de Guayaquil; el actual ministro, Andrés Isch Pérez, accionista de la empresa Bkcetik S. A.

Fernando Ibarra, presidente del Parlamento Laboral, compartió que las políticas de quienes han dirigido la cartera de Trabajo beneficiaron a sus propios intereses. Leyes como la de Fomento Productivo y Apoyo Humanitario, sumados varios acuerdos ministeriales expedidos, afectaron a más de un millón de trabajadores, con despidos, reducciones salariales, no pago de indemnizaciones y pérdida de derechos.

Han sido cuatro años de atropello permanente a los derechos de los trabajadores. Hoy los trabajadores de las bananeras, florícolas, turismo, construcción y otros sectores están gravemente golpeados por esa forma de contrato precario, reclamó Ibarra.

Señaló que en este régimen gubernamental se promulgaron 11 nuevas formas de contratación, todas precarias, que no respetan la jornada de 40 horas semanales, que la han movido como les ha dado la gana.

Hoy ya no hay trabajo suplementario extraordinario, porque el trabajador está obligado a laborar lo mismo a las siete de la mañana como a las siete de la noche, lo mismo el lunes que el domingo, sin tener ningún recargo a su favor, protestó.

Condenó que se llegó al extremo, con la legalización de la morosidad patronal al IESS, de poner como condición para que un trabajador despedido acceda al derecho del seguro de desempleo acumular los últimos seis meses continuos de aportaciones, cuando se había autorizado al empleador a no pagar los aportes de los empleados. En consecuencia, cientos de miles de trabajadores no pudieron acceder a este seguro.

Para Pedro Páez, exministro coordinador de la Política Económica, las reformas económicas y laborales instrumentadas por el gobierno de Moreno son parte de una maquinaria que quiere destruir a la nación, impuestas por el Fondo Monetario Internacional.

Deploró que este régimen tiene a la ciudadanía engañada con jugarretas con los títulos. Ahora se habla de una ley de defensa de la dolarización, cuando, por el contrario, lo que hace es generar en toda la estructura de incentivos para que se destruya, para que explote la dolarización y nuevamente funcione la crisis bancaria de los años 90, que llevó a la expulsión de más de tres millones de compatriotas, sostuvo.

Recordó que la Ley de Fomento Productivo, en lugar de fomentar la producción, sumergió a la economía ecuatoriana en una depresión cada ves más terrible, vinculada a la Ley de Simplificación Tributaria que cargó con impuestos a pequeños productores y empresarios, que ni siquiera pueden vender sus productos.

Páez advirtió que este proceso está generando condiciones de miseria, de largo plazo, reconocido por el propio FMI, que señala que, con estas medidas, en ocho años no se podrá recuperar el producto interno bruto (PIB) del año 2017.

“Y se quiere convencerle a la gente que la política que permitió, con el expresidente Correa, duplicar el PIB es la política equivocada, es la década perdida, que de gana se invirtió en hospitales, puertos, carreteras. Hay que dejarse de ideologías, de venenos, caprichos y ubicar la magnitud de la crisis humanitaria que estamos viviendo”, alertó el economista.